CONFESIÓN. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO NO ES RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO O EL JUEZ DE LA CAUSA, Y EL IMPUTADO NO ESTÁ ASISTIDO POR SU DEFENSOR. PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. VALOR DE LOS TESTIMONIOS VERTIDOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO NO RATIFICADOS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL INCULPADO Y ADMITIDAS EN LA PREINSTRUCCIÓN. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE PROCURAR LOS MEDIOS Y MECANISMOS NECESARIOS Y EFICACES PARA DESAHOGARLAS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR. DIFERENCIAS CONCEPTUALES Y REQUISITOS DE VALIDEZ EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE OTORGAR VALOR PREPONDERANTE O DESPROPORCIONADO A SU DICHO, SIN ADICIONAR OTROS MEDIOS DE PRUEBA QUE SOPORTEN LA CREDIBILIDAD DE LA IMPUTACIÓN QUE DE AQUÉLLOS EMERGE, VIOLA LOS PRINCIPIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
AMPARO DIRECTO 14/2011. **********. 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día nueve de noviembre de dos mil once.
Sentencia
Mediante la que se resuelve el juicio de amparo directo 14/2011, promovido por **********, contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México, consistentes en el dictado y la ejecución, respectivamente, de la sentencia definitiva de veintiséis de junio de dos mil nueve, en el toca **********.
I. Antecedentes
1. Las acciones de interés jurídico penal. De manera preliminar, es importante conocer los antecedentes fácticos que dieron origen a la instrucción del proceso penal contra el demandante de amparo.
2. En la madrugada del treinta y uno de marzo de dos mil siete, en el cruce de **********, fue lesionado **********, cuando estaba a bordo del vehículo Chevrolet, tipo S-10, verde, con número de placas de circulación ********** del Distrito Federal.
3. El hecho fue comunicado por una persona que no fue identificada, al oficial de seguridad pública **********, quien estaba en la base de guardia cercana al lugar de los hechos. Ante el aviso el oficial ubicó el vehículo y al apreciar que en el interior de la cabina estaba la víctima, recostada sobre el asiento, de inmediato solicitó la asistencia de paramédicos de una corporación de emergencia. Una vez que la unidad de auxilio advirtió la magnitud de las heridas que presentaba **********, lo trasladó a un nosocomio para que recibiera atención médica. El suceso fue denunciado por **********, y motivó el inicio de la averiguación previa **********.
4. A pesar del auxilio médico oportuno, ********** falleció el dos de abril de dos mil siete. De acuerdo con los resultados de la necropsia, la muerte fue provocada por una herida en el cuello, realizada con un instrumento punzocortante, clasificada de mortal.
5. El veintitrés de octubre de dos mil siete, los oficiales de la policía ministerial ********** y ********** (adscritos al primer grupo de investigaciones de Naucalpan de Juárez, Estado de México) presentaron a **********, ahora quejoso, ante el agente del Ministerio Público de la localidad, por estar vinculado con el homicidio referido y le imputaron la comisión del ilícito de cohecho.
6. Los agentes policiales informaron que la detención derivó de las circunstancias siguientes: al transitar por la avenida Estacas, de la colonia San Bartolo Centro, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, un taxista que se presentó como **********, los interceptó para informarles que a la altura del mercado de San Bartolo, en esa avenida, estaba una persona que vestía pantalón de mezclilla y chamarra blanca, al que identificaba como uno de tres individuos que seis meses atrás agredieron a una persona que estaba a bordo de una camioneta en la colonia Lomas de Cartagena, Municipio de Tultitlán, Estado de México, de quien posteriormente se enteró que falleció. A continuación, los elementos de la policía ubicaron al individuo que les era señalado, quien resultó ser el actual quejoso **********, al cual se aproximaron y después de identificarse le preguntaron sobre su relación con los hechos y -según el informe- aceptó haber participado en los mismos. Por tal motivo, los policías lo detuvieron.
7. El informe policiaco agregó que en el trayecto a las oficinas ministeriales el detenido les ofreció entregarles la cantidad de **********, a cambio de que no lo presentaran al Ministerio Público. Propuesta que fue rechazada por los policías, quienes le informaron que esa conducta constituía un delito. La investigación policial arrojó como resultado que la imputación tenía relación con el homicidio de **********. Los agentes captores pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público, bajo la acusación de los delitos de homicidio y cohecho.
8. La puesta a disposición de **********, motivó la integración de la averiguación previa **********, que se relacionó con la investigación inicial **********. Investigación ministerial que es el origen del proceso penal del que deriva la sentencia definitiva reclamada.
9. Trayectoria de la causa penal **********. Concluida la indagatoria, el veinticinco de octubre de dos mil siete el órgano ministerial estatal ejerció acción penal contra el actual quejoso, como probable responsable de los delitos de cohecho, cometido en agravio de la administración pública, previsto y sancionado en el artículo 128, párrafo primero y fracción II, del Código Penal del Estado de México, y homicidio calificado, perpetrado en agravio de **********, descrito y punible en términos de los numerales 241, párrafo primero, 242, párrafo primero y fracción II, y 245, párrafo primero y fracción II, del mismo ordenamiento penal.
10. La indagatoria fue asignada para su conocimiento al Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, quien le asignó el número de causa penal **********. El proceso penal se instruyó por los dos delitos materia del ejercicio de la acción penal.
11. El veintisiete de marzo de dos mil nueve, se dictó la sentencia de primera instancia, en la cual se declaró a **********, penalmente responsable de la comisión de los delitos por los que fue acusado. Por tal motivo, se le impusieron las penas de cincuenta y un años, nueve meses de prisión, la sanción económica equivalente a dos mil cuatrocientos días de salario mínimo, cuya conversión ascendió a **********, y la condena derivada de la reparación del daño material, que ascendía a **********. Además, de aplicarle como consecuencia jurídica del dictado de la sentencia condenatoria la suspensión de derechos políticos y civiles, así como la amonestación.
12. Trámite del recurso de apelación. Inconformes con la sentencia de primera instancia, ********** y su defensor interpusieron el recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, bajo el número de toca **********.
13. El veintiséis de junio de dos mil nueve, se resolvió el citado medio de impugnación, en el sentido de confirmar la sentencia condenatoria, con la precisión de que la pena de prisión se computaría a partir de la fecha en que el enjuiciado fue privado de la libertad personal. Inconforme con esa determinación, promovió juicio de amparo directo.
II. Trámite
14. Demanda de amparo. El quejoso **********, por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil diez, presentó la demanda de amparo directo en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
Autoridades responsables:
o Ordenadora: Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
o Ejecutora: Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México.
Actos reclamados:
o El dictado y la ejecución de la sentencia definitiva de veintiséis de junio de dos mil nueve, en el toca **********.
15. En la demanda de amparo se afirma la violación a las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la vulneración de los artículos 9 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El quejoso narró los antecedentes del asunto e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
16. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil once, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito admitió la demanda de amparo y ordenó registrarla con el número 24/2011. En el mismo acuerdo tuvo por emplazados al juicio de amparo y a las autoridades señaladas como responsables y a los terceros perjudicados.(1) Además, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito a dicho tribunal, quien mediante pedimento presentado el catorce de febrero siguiente, solicitó que se declararan infundados los conceptos de violación y se negara el amparo.
17. Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por escrito de dieciocho de febrero de dos mil once, presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los representantes legales del quejoso **********, solicitaron que el asunto se pusiera a consideración de los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de decidir si ejercían la facultad de atracción para resolver el juicio amparo directo, al estimar que reunía los requisitos de importancia y trascendencia, por las siguientes razones:
o El Ministerio Público omitió darle a conocer de manera explícita al inculpado los derechos y las garantías que en su favor consagra el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal.
o Actualizar los criterios relativos respecto a la prueba testimonial cuando se trata de un testigo singular, principalmente cuando es el único medio probatorio que existe para emitir una sentencia condenatoria.
18. El presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de veintiocho de febrero de dos mil once, determinó formar y registrar la solicitud de ejercicio de facultad de atracción bajo el número 45/2011. Asimismo, ordenó que se sometiera a la consideración de los Ministros integrantes de esta Primera Sala.
19. En sesión privada de nueve de marzo de dos mil once, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea decidió, de oficio, hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, respecto al amparo directo 24/2011, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil once, el presidente de esta Primera Sala admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción y la turnó al Ministro adoptante de la solicitud.
20. En sesión de once de mayo de dos mil once, se decidió -por mayoría de cuatro votos- ejercer su facultad de atracción para conocer del asunto. Esto, tras considerar que se actualizaban los extremos de importancia y trascendencia necesarios para atraer el juicio de amparo directo.(2)
III. Competencia
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente juicio de amparo directo, en atención a que, si bien la competencia originaria para resolver las demandas de esta naturaleza recae en los Tribunales Colegiados de Circuito,(3) en el caso se ejerció la facultad de atracción para conocer de él, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso d), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182, fracción III, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
IV. Oportunidad y procedencia
22. El juicio de amparo directo que se resuelve fue promovido con oportunidad y es procedente, al reclamarse una sentencia definitiva en materia penal por quien tiene el carácter de enjuiciado, mediante la cual se le impusieron diversas penas, entre ellas, la de prisión que representa un ataque a la libertad personal. En consecuencia, se trata de un acto judicial definitivo respecto del que es procedente el medio de control constitucional intentado y puede interponerse en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción II y 158 de la Ley de Amparo.
V. Existencia del acto reclamado
23. La existencia del acto reclamado a la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado que rindió, el cual fue presentado el veintisiete de enero de dos mil once, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito en Toluca, Estado de México, y recibido al día siguiente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Informe en el que la autoridad judicial señalada como responsable aceptó el acto reclamado, consistente en el dictado de la sentencia definitiva de veintiséis de junio de dos mil nueve, en el toca **********, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la causa penal **********. Y anexó los autos originales que integran el proceso penal, entre las que obra la sentencia definitiva reclamada. Constancias a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2o. de la Ley de Amparo.
24. Por otra parte, respecto a la autoridad responsable, director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México, a pesar de que no rindió informe justificado, el acto de ejecución que se le atribuye se tiene por cierto. En virtud de que el demandante de amparo sostiene que en dicha institución carcelaria está interno con motivo de la ejecución de la sanción privativa de libertad impuesta en la sentencia definitiva reclamada, cuya existencia aceptó la autoridad judicial responsable y entre las facultades de la autoridad penitenciaria referida se encuentra la ejecución de sanciones penales en la entidad, como se desprende de los artículos 1, 2, 4, fracción I, 5, 6, fracción I, 10, fracción I y 19, fracción IV, de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México(4) y 1 y 7 del Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México.(5)
VI. Elementos de estudio
25. La sentencia definitiva reclamada. La Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al dictar la resolución reclamada sostuvo, en síntesis, los argumentos siguientes:(6)
25.1 Metodología de análisis adoptada. La autoridad judicial responsable precisó que el estudio de los presupuestos jurídicos que sustentan la sentencia condenatoria se sujetaría a lo establecido en el artículo 256, en relación a los diversos 121, 124 y 128 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.(7) En consecuencia, los parámetros a colmar se basarían en la comprobación del "cuerpo de los delitos" materia de la acusación y la responsabilidad del acusado.
Además, estableció que la verificación de la apreciación de los principios reguladores de valoración de la prueba se realizaría en atención a lo dispuesto por los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.(8)
25.2. Análisis del cuerpo del delito de homicidio previsto en el artículo 241 del Código Penal del Estado de México,(9) cometido en agravio de **********.
o En la resolución reclamada se sostiene que el Juez de primera instancia no vulneró los principios reguladores de la valoración de pruebas, pues el estudio refleja una adecuada apreciación del caudal probatorio. Los medios de convicción considerados para sostener la comprobación de los elementos objetivos del delito se ponderaron al tenor de los argumentos que enseguida se exponen:
o Tiene eficacia jurídica probatoria el dictamen de necropsia practicado en el cadáver del occiso, en el cual se concluye que el fallecimiento derivó de las alteraciones provocadas por una herida inferida en el cuello, por un instrumento punzocortante, clasificada de mortal. Al cual se eslabona el acta médica de tres de abril de dos mil siete, donde se describen las lesiones al exterior y la media filiación del cadáver; y la pericial en materia de criminalística de campo y fotografía. Opiniones técnicas que -a consideración de dicho órgano- alcanzaban idoneidad jurídica al demostrar la privación de la vida del ofendido y la causa generadora.
o Además, la Sala estimó que los anteriores medios de prueba se vinculaban lógica y jurídicamente con los testimonios de ********** y **********, quienes identificaron el cadáver de quien respondía al nombre de **********.
o Luego, para definir las circunstancias en las cuales se suscitaron los hechos que desencadenaron en la muerte de la víctima, asignó eficacia jurídico demostrativa al testimonio del oficial de seguridad pública **********, en cuanto expresó que el treinta y uno de marzo de dos mil siete, alrededor de la una horas con treinta minutos, estaba en la base de guardia ubicada en la colonia Lomas de Cartagena, Municipio de Tultitlán, Estado de México, hasta donde llegó un individuo -que no proporcionó su nombre- y le informó que sobre el Boulevard Ciudad Labor y Boulevard Cartagena, de la misma colonia, estaba un sujeto herido, a bordo de una camioneta verde, con placas de circulación **********, del Distrito Federal. Acudió al lugar indicado y al observar que en la cabina del vehículo estaba un individuo recostado sobre el asiento, sin heridas visibles, solicitó apoyo a personal de protección civil. Los paramédicos que lo auxiliaron revisaron a la persona hallada y decidieron trasladarlo a un hospital porque estaba lesionada. Resaltó que al lugar del hallazgo se presentó **********, quien le informó que era suegra de la víctima, pero ignoraba la manera en que fue herido.
o Para corroborar esta premisa de análisis, la Sala responsable otorgó pleno valor probatorio al testimonio de **********, quien coincidió en expresar que el treinta y uno de marzo de dos mil siete su hermano fue lesionado con una arma blanca en el cuello, razón por la que recibió atención médica en diversos hospitales. Y agregó que el lesionado pudo hablar con **********, a quien textualmente le dijo "**********, y el de la tienda saben lo que sucedió, no conozco al que me agredió"; con ello ********** se refirió a su expareja y a una persona que estaba en una tienda, a quien la testigo no conocía.
o El mismo rango demostrativo ubicó la autoridad judicial responsable al testimonio de ********** -citado por segunda ocasión-. La testigo sostuvo haber acudido al hospital, al cual fue trasladado **********, porque estaba lesionado, a quien le preguntó por lo sucedido y éste le informó que no sabía quién lo había herido, pero que todo había pasado porque acudió a ver a su expareja **********, por lo que ella y un individuo al que refirió como "el de la tienda", si sabían quién lo agredió.
o A criterio de la Sala, los anteriores testimonios tenían eficacia jurídica probatoria al aportar datos de las personas que sabían quién había sido el agresor y la dinámica en que se desarrolló el hecho delictivo, en el cual el pasivo perdió la vida por una lesión inferida con un instrumento punzocortante a la altura del cuello. Aunado a que por la edad, instrucción y capacidad psicofísica de los testificantes, se advertía que tenían el criterio necesario para narrar lo que sustentaron. Además, por su probidad, independencia de posición y antecedentes personales denotaban total imparcialidad, objetividad, congruencia y el deseo de que se investigara la verdad para castigar al responsable de la agresión. Adicionalmente, porque la narrativa se refería a hechos susceptibles de apreciarse por los sentidos y no por inducciones ni referencias de otros; la cual también era precisa y clara, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho y las circunstancias esenciales; sin que existieran datos para afirmar que los testimonios se obtuvieron por fuerza, miedo, engaño, error o soborno. Y las declaraciones se emitieron en términos de lo dispuesto por los artículos 98, 110, 193, 196 y 202 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
o En este tenor, también se otorgó valor probatorio a la inspección ministerial del vehículo Chevrolet, tipo S10, verde metálico, placas de circulación **********, del Distrito Federal. Al respecto, se afirmó que se trata de una prueba objetiva que demuestra la existencia del vehículo en el cual se encontró herido al sujeto pasivo, misma que fue realizada por la institución ministerial en ejercicio de la facultades de investigación conferidas en términos de los artículos 21 de la Constitución Federal, 120 y 157, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
o Por otra parte, la Sala responsable consideró que el Juez de primer grado se ajustó a los principios reguladores de la valoración de pruebas para otorgar eficacia jurídica al testimonio ministerial de **********, para efecto de establecer la forma en que fue privado de la vida **********. El testigo afirmó que presenció las circunstancias en las que fue lesionado el sujeto pasivo, al expresar textualmente lo siguiente:
"... al inicio de la segunda semana de marzo de dos mil siete, empezó a trabajar en el sitio de taxis ubicado en el asta bandera de Tultitlán, que se pone nada más en las noches y los fines de semana; y al estar laborando en ese sitio, un día a finales del mes de marzo, realizó como a las cero horas con treinta minutos, aproximadamente, un servicio llevando a una pareja a un domicilio en la colonia Lomas de Cartagena, en el Municipio de Tultitlán, después de haber realizado dicho servicio y al venir por el Boulevard Cartagena con dirección a la avenida López Portillo, se paró en una tienda ubicada sobre el Boulevard Cartagena que está cerca de un módulo de policía, ya que tenía que comprar unos cigarros y al dirigirse hacia la unidad que traía siendo un vehículo Volkswagen, Derby, color blanco, se percató que a una distancia de aproximadamente ocho metros sobre el mismo Boulevard Cartagena y con la misma dirección hacia la avenida López Portillo, se encontraba una camioneta de color verde, tipo Pick-Up, siendo la S10, de la marca Chevrolet, y en las afueras de dicha camioneta estaban tres sujetos, a quienes veía claramente ya que la luz artificial que existe en el lugar es buena, mismos sujetos que estaban en la ventanilla del lado del chofer y le estaban gritando y manoteando a una persona que se encontraba a bordo de dicha unidad del mismo lado del piloto, y al manotearles también el piloto de la camioneta, alcanzó a escuchar que el piloto les gritó 'no les voy a dar nada', en eso estos tres sujetos empezaron a golpear insistentemente al piloto de la camioneta y uno de ellos rompe una botella de vidrio y con lo que se quedó en la mano le empezó a dar de golpes al piloto de la camioneta, y que cuando terminaron de golpearlo estos sujetos salieron corriendo y pasaron junto a su unidad, que los vio perfectamente, y es el caso que el día de hoy al estar por el estacionamiento del mercado de San Bartolo en este Municipio de Naucalpan de Juárez, México, vio a uno de los sujetos que ese día habían intervenido en la golpiza del sujeto que estaba a bordo de la unidad de la marcha Chevrolet, S10, color verde, siendo precisamente el que había tomado la botella y la había roto y con los filos que le habían quedado en la mano le había propinado golpes a dicho piloto, por lo que se dio a la tarea de buscar una patrulla, percatándose de un vehículo que venía y les hizo señales y se identificaron como judiciales y les dijo lo que sabía y le consta, por lo que fueron en busca de este sujeto, regresando con el sujeto a bordo, a quien enfrente de ellos lo reconoció plena y legalmente como el que había golpeado con una botella rota al sujeto que estaba a bordo de la camioneta Chevrolet, color verde ..."
Al respecto, la Sala dijo que -indudablemente y como lo había afirmado el juzgador- con el dicho de ese testigo se ubicaba al actual quejoso en el lugar donde fue agredida la víctima. Agregó que la declaración se vertió con las formalidades legales establecidas en los artículos 193, 196, 200, 201 y 204 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
o A continuación, la Sala contestó el argumento planteado por la defensa en el sentido de que no debía otorgarse valor probatorio al testimonio del taxista pues, a su juicio, no se había recabado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 16, 202 y 203 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México,(10) toda vez que el testigo no había rendido la protesta de ley antes de declarar. Aclara que no obstante se asienta en la diligencia que se le hizo saber en la protesta no se asentó la contestación del testigo, en sentido positivo o negativo, antes de proceder al declarar. Respecto a esta irregularidad, la Sala señaló:
"... no es dable sostener que tal incumplimiento anule la fuerza probatoria de dicho testimonio, pues es criterio jurisprudencial que una de las finalidades específicas del procedimiento punitivo es la búsqueda de la verdad histórica o real del evento que se reputa delictuoso y, por otra parte, en razón de que la ausencia de una formalidad de ese tipo no desvirtúa lo asentado ante autoridad legalmente facultada para realizar este tipo de actuaciones ..."
o A continuación, la autoridad judicial responsable declaró infundada la impugnación de la defensa contra el testimonio de **********, quien consideró que debía negársele valor probatorio porque no fue identificado con documento idóneo al practicarse la diligencia. En contraposición, la sentencia reclamada señala:
"Símil circunstancia acontece, con la omisión de identificar al citado testigo **********, mediante documento idóneo, pues no se debe perder de vista que la valoración de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, y si bien ello no significa que lo haga de manera arbitraria; sin embargo, se advierte que el juzgador en la causa penal que nos ocupa, atendió a la circunstancia de que en el testigo de mérito concurrieron los siguientes requisitos, como fueron: la edad del testigo, capacidad e instrucción, que tenga el criterio necesario para juzgar; que por su probidad, la independencia de su posición y sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro; que la declaración sea precisa y clara, sin dudas ni reticencias, ya sea sobre la sustancia del hecho, o bien sobre sus circunstancias esenciales, y que no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. Acorde con lo expuesto, se concluye que sí (sic) un testigo no fue identificado en la diligencia respectiva, esta circunstancia no es suficiente, en sí misma, para restarle eficacia probatoria a su dicho pues, por una parte, tal exigencia de conformidad con la legislación procesal vigente en nuestro Estado, no constituye una condición sustancial para la valoración de la prueba testimonial y, por otra, la ponderación de ese deposado se deberá efectuar en concordancia con los requisitos antes expuestos, los cuales, como ya se encuentran satisfechos, ..."(11)
o A continuación, respecto de ese mismo testimonio, la Sala agregó que no existía motivo para dudar de su autenticidad o veracidad, pues en autos no obraban datos para presumir que con el mismo se pretendía perjudicar al sentenciado, y menos aún para afirmar, como lo hizo la defensa, que la declaración era prefabricada. Afirmación de la defensa que la Sala calificó de temeraria por carecer de pruebas que la justificaran.
o Admitió que, como lo señalaba la defensa, resultaba cuestionable que el testigo se presentara a denunciar seis meses después de los hechos y no inmediatamente, sobre todo si cerca del lugar donde ocurrió el delito estaba un módulo de policía. Sin embargo -consideró-, esos sucesos de ninguna manera debían influir para demeritar las afirmaciones del denunciante en cuanto a la dinámica de los hechos, pues no se debe olvidar que al tratarse de un ser humano éste piensa y actúa de manera diversa a otros, lo que para unos es irracional para otros es razonable. De ahí que a su parecer resultaron infundadas todas las argumentaciones y elucubraciones del defensor en cuanto a lo ilógico del actuar del testigo.
o Por otro lado, la Sala responsable consideró infundado el argumento del quejoso en el sentido de que el testigo **********, había falseado los datos de su identidad y localización. Al respecto, la Sala argumentó que, pese a que se agotaron todos los medios que el juzgador tuvo a su alcance para lograr la comparecencia del testigo, no fue posible localizarlo; y que; sin embargo, ello de ninguna manera demostraba que hubiese falseado los datos referidos, en virtud de que el domicilio proporcionado efectivamente existía, tal como se podía comprobar con los diversos oficios que obran en autos. Incluso -continuó la Sala- se demostró que el testigo efectivamente vivía en dicho domicilio, pues de acuerdo a la razón asentada por el notificador judicial el veintiséis de abril de dos mil ocho, el domicilio ubicado en la **********, existe. Además, la Sala tomó en cuenta que una vecina del número **********, había manifestado que el mencionado testigo era dueño del inmueble marcado con el número **********, de la citada colonia y que era vecino de muchos años, aunque había dicho que no sabía si habitaba en esa casa.
o Adicionalmente, la Sala estimó que si bien era verdad que el testimonio de **********, se había emitido seis meses después de acontecidos los hechos, esa circunstancia no le restaba valor probatorio, dado que la ley no contemplaba, como impedimento para valorar un testimonio, el hecho de que éste fuera vertido con meses posteriores a los hechos.
o Los Magistrados agregaron que si bien, en otros caso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23358-b96464d4/confesion-carece-de-valor-probatorio-cuando-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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