PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN.
AMPARO DIRECTO 196/2014. 12 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR ESPINOSA DURÁN. SECRETARIO: MARCO ANTONIO BELTRÁN MORENO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo que se atiende, sin que se advierta suplencia de la queja que aplicar, por las razones siguientes.
El quejoso aduce que se violó en su perjuicio la garantía fundamental contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a que todo sujeto se le respete el "debido proceso", que implica la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento y las demás previsiones que garantizan una defensa adecuada.
Aun cuando para invocar dicho dispositivo constitucional como violado en su perjuicio no formuló concepto de violación específico para patentizar esa transgresión, este Tribunal Colegiado, atendiendo a la suplencia de la queja que le asiste, determina que es infundado el planteamiento sujeto a análisis, toda vez que, contrariamente a lo estimado por el impetrante, con el dictado de la resolución que se combate a través de esta instancia, se han respetado los derechos fundamentales y preservado las reglas que rigen al procedimiento penal durante la substanciación de la causa criminal seguida en su contra, dado que se le concedió la prerrogativa para ejercer su defensa sin restricción alguna al proporcionarle la información obrante en autos sin limitantes, y con las facilidades para que aportara los medios probatorios que contrarrestaran las pruebas de cargo que obran en su contra y que conducen a establecer la responsabilidad penal que se atribuye; debido a que por lo que atañe a la defensa adecuada, la misma se respeta al no obstruir el libre ejercicio en su materialización, así como al asegurarse que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que se esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa eficaz.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de dos mil doce, página cuatrocientos treinta y tres, cuyo título dispone: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA."
El debido proceso se conforma de diversos componentes que lo integran, como lo son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; elementos que de no integrarse durante el desarrollo del proceso penal, dejarían al justiciable sin la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia ni la prerrogativa a tener una defensa oportuna y eficiente, que son presupuestos indispensables para que la autoridad responsable dicte una sentencia de condena como la que se combate.
En el caso concreto, tales exigencias fueron atendidas y respetadas por el Juez del conocimiento responsable, pues del examen minucioso practicado a las diligencias desahogadas en primera instancia y ante el tribunal de apelación, se advierte que desde la etapa de averiguación previa, el indiciado tuvo la oportunidad de comparecer ante el agente del Ministerio Público investigador a rendir su versión acerca de los hechos que le fueron atribuidos, tan es así, que el tres de abril de dos mil ocho, encontrándose ante la presencia del fiscal integrador, estando asistido por una defensora de oficio adscrita a las agencias del Ministerio Público, en ejercicio de su derecho constitucional, enterado de la imputación y de las personas que depusieron en su contra, así como de los derechos restantes consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho), negó la conducta antisocial que le fue atribuida, manifestando desconocer los hechos, reservándose, incluso, su derecho a declarar hasta estar asistido por un defensor particular, con lo que se dio por concluida la diligencia.
Reunidos los requisitos que alude el artículo 16 de la Constitución Federal, el representante social ejerció acción penal en contra de **********, por el delito de homicidio, con pedimento de orden de aprehensión al no actualizarse alguno de los supuestos de flagrancia o caso urgente, quedando registrado el asunto con el número de causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto.
Mediante resolución de dos de mayo de dos mil ocho, el Juez del proceso libró la orden de captura en contra del reo en cita, por el antijurídico de homicidio calificado, previsto y sancionado en los ordinales 241, 242, fracción II y 245, fracciones I, II y III, en concordancia con los dispositivos 6o., 7o. y 8o., fracciones I y III; y 11, fracción I, inciso d), del código punitivo local aplicable al momento del hecho delictivo, con notificación al subprocurador Regional de Justicia en Tlalnepantla para los efectos correspondientes; lograda la detención del indiciado, pues se encontraba interno en un centro de reclusión con motivo de diverso proceso seguido en su contra, se desahogó la audiencia de declaración preparatoria el doce de mayo de dos mil ocho, en la que se impuso de los derechos fundamentales que le confería el artículo 20, apartado A, constitucional, entre los que destacan, no ser obligado a declarar; el saber el nombre de sus acusadores y el delito que se le atribuyó (homicidio calificado); a ser careado con sus oponentes; a que se le reciban los testigos y pruebas de su conveniencia, además de que se le faciliten los datos para el adecuado ejercicio de su defensa; el derecho a defenderse por sí mismo, abogado o persona de su confianza, a lo que refirió ser su deseo designar al licenciado Rafael Borbollón Rodríguez, defensor de oficio adscrito al órgano jurisdiccional del proceso, mismo que aceptó y protestó el cargo que le fue conferido, entre otros; audiencia en la que una vez que se le dio lectura a las imputaciones que se le atribuyeron, no las aceptó ni reconoció los hechos, manifestó que los desconocía; en la propia diligencia el defensor oficial solicitó la duplicidad del plazo legal, con el propósito de ofrecer los testimonios a cargo de **********, ********** y **********, mismos que ante la incomparecencia el día y hora que se fijó para recibir su atesto, el reo y su defensor desistieron en su desahogo; concluida la dilación constitucional, por auto de dieciocho de mayo de dos mil ocho, el Juez del conocimiento dictó auto de formal prisión en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de homicidio calificado, contemplado en los ordinales 241, 242, fracción II y 245, fracciones I, II y III, en relación con el numeral 11, fracción I, inciso a), todos del código sustantivo penal local.
En la audiencia de ofrecimiento de pruebas, verificada el treinta de mayo de dos mil ocho, la parte acusada, por conducto de su representante legal ofertó diversos medios de convicción para acreditar sus pretensiones, tales como: ampliación de declaración de los testigos ********** y **********, ambas de apellidos ********** (órganos de prueba de identidad cadavérica); **********, **********, **********, ********** y **********; además del inculpado **********; careos constitucionales resultantes entre los deposados que fueran desahogados; documentales relacionadas con la buena conducta del imputado, como lo son cartas de recomendación y laborales.
Además, en diversas diligencias de desahogo de pruebas, la defensa del sujeto activo ofreció la ampliación de declaración de los oficiales de la policía: Salvador Buendía Munguía, Martín Flores Ramírez, Mauro Montiel Ortega y Karim Castillo Lozano; la inspección judicial en el lugar de los hechos para determinar la distancia a la que se encontraban los testigos ********** y **********, en relación con dónde cayó tirado el propio occiso **********; testimonios de **********, ********** y **********, último del cual se desistió en forma voluntaria y en su perjuicio; dictamen en materia de criminalística en mecánica de hechos a desarrollar por el perito David González Hinojosa.
Desahogados que fueron los medios de convicción apuntados, tanto el procesado en cuestión como la defensa particular que le asistió, ante la negativa a carearse con quienes depusieron en su contra, al momento del desahogo de la audiencia celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil trece, solicitaron el cierre de la instrucción, desistiéndose de las pruebas pendientes de desahogo; luego, se dio vista a la representación social para la formulación de las conclusiones acusatorias que aparecen glosadas de la foja mil ciento treinta y dos a la mil doscientos treinta y tres, en la que el fiscal realizó la acusación por el delito de homicidio calificado, cometido con premeditación, alevosía y ventaja, perpetrado en perjuicio de **********, invocando para tal efecto los artículos 241, 242 y 245, vinculados con los diversos 6o., 7o., 8o., 9o. y 11 del Código Penal del Estado de México, reclamando la condena por concepto de reparación del daño (moral y material), para indemnizar a los ofendidos que legalmente les asista el derecho al cobro; mientras que las conclusiones de inculpabilidad aportadas por la defensa obran de la foja mil doscientos treinta y seis a la mil doscientos cuarenta y tres de la causa penal.
Una vez que se declaró visto el proceso, por sentencia de primera instancia de veintiuno de noviembre de dos mil trece, se condenó a **********, ante la plena responsabilidad penal demostrada del delito objeto del reproche, imponiéndose las penas tanto privativas de libertad y reparatorias, como de multa correspondientes; inconforme con la resolución precedente, el justiciable de mérito interpuso el recurso de apelación respectivo que fue resuelto por la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, dentro del toca de apelación **********, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.
En consecuencia, es evidente que en el proceso criminal que se siguió en contra de **********, adversamente a lo considerado en la demanda constitucional, no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque tuvo conocimiento del hecho que se le atribuyó, la oportunidad de defenderse mediante la aportación de todas las pruebas que estimó convenientes para su defensa y de alegar lo que a su interés convino, antes de que se pronunciara la sentencia ejecutoriada; además, impugnó la resolución a través del recurso de apelación, medio ordinario de defensa que prevé la ley de donde procede el acto controvertido; por tanto, es dable concluir que en el caso no se violentaron las reglas esenciales del procedimiento de donde dimana el acto combatido en este juicio, ni se transgredió la garantía contemplada en el artículo 14 de la Constitución General de la República.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, cuyo rubro es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
Es oportuno destacar que previo a la emisión del acto que constituye ahora la materia de la controversia constitucional, una vez formuladas las conclusiones de las partes contendientes, el uno de octubre de dos mil doce, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cuautitlán, en esta entidad federativa, dictó sentencia de primer grado en la que se determinó el reproche criminal del reo con motivo de la ejecución del delito de homicidio calificado, misma que fue impugnada en forma oportuna mediante el recurso de apelación, que fue resuelto por sentencia de diez de enero de dos mil trece, dentro del toca penal **********, en la que se concluyó reponer el procedimiento en razón de que se cometieron diversas violaciones procesales que llevaron a mermar la garantía de defensa del imputado (al desahogar diligencias con la presencia de un defensor que no designó el reo y sin haber aceptado y protestado el cargo que le fue conferido; no concederle el uso de la voz al imputado al finalizar las audiencias), en virtud de lo cual se instruyó declarar nulo todo lo actuado a partir de las inconsistencias halladas en las formalidades del proceso, dejando insubsistentes en forma categórica las audiencias públicas de desahogo de pruebas celebradas en los días tres y dieciocho de noviembre de dos mil ocho; uno y quince de julio y veintiuno de septiembre, éstas de dos mil diez; cinco de octubre del mismo año; ocho y veintiuno de febrero de dos mil once, circunstancia que permite justificar la existencia aparente de dos sentencias de primer y segundo grado, debido a que al ordenarse la reposición del proceso para enmendarse las deficiencias encontradas por la alzada, ameritaba que se desarrollaran nuevas audiencias y que se resolviera nuevamente el asunto; actuaciones que bajo ningún argumento podrán ser el fundamento de la sentencia de condena que se examina.
En otro tópico, resulta inexacto que con motivo de la resolución que se controvierte en esta instancia constitucional, se haya vulnerado lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que del análisis efectuado a dicho acto, se advierte que la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, al dictar la sentencia reclamada, no violó los principios de seguridad jurídica y legalidad, consagrados en dicho numeral, desde el momento en que emitió la resolución combatida en forma fundada y motivada, al haberse invocado tanto los dispositivos legales que relacionan el delito que fue atribuido con sus calificativas materia de estudio, así como los numerales que sirvieron de sustento para la valoración de las pruebas que tomó en consideración para el dictado de la sentencia de condena sujeta a examen; aunado a la cita de los artículos inherentes al dolo, grado de intervención y escala de la culpabilidad a la que arribó.
Además expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para estimar que se encontraban demostrados los elementos del tipo penal y agravantes invocados, que se le recriminan a la parte quejosa y que hacen que se acredite plenamente la responsabilidad en su comisión; forma de intervención; dolo; los aspectos relativos a la individualización de la pena, reparación del daño, amonestación y suspensión de derechos correspondientes, con lo que advierte este Tribunal Colegiado, que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, que conducen a negar que haya una transgresión a algún derecho fundamental que amerite sea subsanado por conducto de esta instancia constitucional.
Ello, en atención a la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
Habiendo superado las cuestiones procesales que pudieran conducir a una concesión para efectos, este Tribunal Colegiado aprecia que la sentencia materia de impugnación a través de esta vía constitucional, que consideró al quejoso penalmente responsable en la comisión de homicidio con modificativas (premeditación, alevosía y ventaja), consagrado y sancionado conforme a los numerales 241, 242, fracción II y 245, fracciones I, II y III, del código punitivo vigente al momento en que ocurrieron los hechos; es legal, porque basó la resolución en las reglas de valoración de la prueba conforme a lo previsto en los artículos 254 y 255 del código adjetivo criminal local, pues los elementos probatorios existentes en autos, debidamente relacionados y valorados en su conjunto de manera lógica y natural, más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, conforme a lo reseñado por el tribunal de alzada del conocimiento, permiten establecer que las pruebas resultan eficientes y contundentes para acreditar la conducta delictiva a examen, tal como lo exigen los numerales 121 y 128 del ordenamiento legal antes invocado, así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, sustancialmente en los mismos términos expuestos por la Sala responsable.
Los medios probatorios tomados en consideración permiten establecer como hecho circunstanciado cierto y demostrado: que el veinte de marzo de dos mil siete, al ir ********** circulando a bordo de una bicicleta sobre la calle Guerrero, en la colonia **********, Municipio de Tultitlán, Estado de México, con dirección a la colonia Prados Sur, fue interceptado por **********, quien iba del lado del copiloto a bordo del vehículo Chevrolet, tipo Corsa, blanco, cuando al encontrarse frente al sujeto pasivo, le disparó con el arma de fuego que portaba en la mano derecha, provocando que cayera; enseguida, ********** descendió del automotor, acercándose al lugar donde se encontraba la víctima boca abajo, volviendo a detonar el arma de fuego en diversas ocasiones, provocándole las heridas que le ocasionaron la muerte; acción que se consumó por el sujeto activo con pleno desprecio de la norma penal que prohibía de manera implícita lesionar el bien jurídico denominado vida y que justifica la prevalencia del reproche por parte del Estado, al haber actuado en términos de lo dispuesto en el inciso d), fracción I, del artículo 11 del código sustantivo penal local.
En este sentido, es menester precisar que el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México establece los requisitos que deben colmarse para emitir una resolución que decrete la responsabilidad penal de todo gobernable sujeto a proceso; dicho precepto a la letra consagra lo siguiente:
"Artículo 256. Sólo se condenará al acusado cuando se compruebe la existencia del cuerpo del delito y su responsabilidad. En caso de duda debe absolverse."
Por su parte, los diversos artículos 121 y 128 del código adjetivo aludido establecen:
"Artículo 121. El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se justifique la existencia de los elementos objetivos del tipo; así como los normativos y los subjetivos, cuando aparezcan descritos en éste. La probable responsabilidad penal del inculpado, se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes se pruebe directa o indirectamente su participación dolosa o culposa y no exista acreditada en su favor alguna otra causa de exclusión del delito. Respecto de los tipos que se señalan podrán acreditarse los elementos objetivos que se refieren en la forma que se indica."
"Artículo 128. Para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para disponer las medidas de investigación que estimen conducentes con apego a las disposiciones legales."
De los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de una sentencia que condene a un procesado, deben acreditarse los siguientes requisitos:
a) Que se compruebe la existencia del cuerpo del delito, lo cual se verificará cuando se justifique la existencia de los elementos objetivos del tipo; los normativos y los subjetivos cuando aparezcan descritos en éste;
b) Que se acredite la responsabilidad del procesado; y,
c) Que de los medios probatorios existentes en el sumario, se pruebe directa o indirectamente la participación dolosa o culposa del acusado, y que no exista acreditada en su favor alguna otra causa de exclusión del delito.
El delito de homicidio consagrado en el artículo 241 del Código Penal vigente del Estado de México, al momento de que ocurrió el evento antisocial con el que se condenó al reo, señala:
"Artículo 241. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro."
Los elementos corpóreos de este ilícito exigen:
La existencia del sujeto activo con vida; y
Que el nexo de atribuibilidad conduzca a establecer que la acción llevó a privar de la vida a aquél.
Valorados los elementos probatorios que consideró el tribunal de apelación, se llega a establecer que fue apegado a la Norma Constitucional el que tuviera por acreditado el tipo penal sujeto a examen y que determinara la plena responsabilidad de **********, en la comisión del delito a examen, toda vez que las pruebas con las que arribó a esa conclusión fueron las siguientes:
Registros ministeriales de identidad cadavérica rendidos por ********** y **********, ambas de apellidos **********, de veintitrés de marzo de dos mil siete, ante el representante social, en los que en forma coincidente señalaron que una vez que tuvieron a la vista sobre la plancha anatómica del anfiteatro que se ubica junto a las oficinas de la fiscalía, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, lo reconocieron plenamente como la misma que fuera hermano de las emitentes y como quien en vida respondiera al nombre de **********; era soltero; contaba con una edad entonces de ********** años; señalando la primera de las declarantes que la fecha de nacimiento del occiso era el **********.
Versión narrativa aportada por **********, con motivo de la comparecencia voluntaria hecha ante el representante social, el once de febrero de dos mil ocho, en la que, en su calidad de testigo presencial de los hechos manifestó: Que el veinte de marzo de dos mil siete, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, momento en el que se encontraba en las afueras de un local habilitado como vulcanizadora y que se ubica sobre la calle Guerrero, en la colonia **********, en el Municipio de Tultitlán, en esta entidad, cuando estaba inflando la llanta de un triciclo que utiliza para realizar sus labores, de pronto, sobre la misma calle en mención y sobre el carril de extrema derecha, pasó ********** a bordo de una bicicleta, mismo que conocía desde hacía más de treinta años, debido a que era vecino del lugar, hermano de **********, quien era albañil y trabajaba con el deponente; al tiempo en que ********** pasó frente al declarante, aproximadamente a un metro sobre el carril de extrema derecha con dirección a la colonia Prados Sur, a una velocidad cercana a los veinte kilómetros por hora, el hoy occiso lo saludó, regresándole el saludo el dicente, pero sin que aquél disminuyera su velocidad; agregó que detrás del sujeto pasivo sobre el mismo carril, circulaban tres vehículos; el primero tipo Grand Marquis, café, del que no vio mayores características, el segundo de ellos un Pointer azul, sin ver más, y el último de los mencionados era un automóvil tipo Corsa, blanco, que tenía en el parabrisas la leyenda "**********", sin poder precisar otra característica del mismo; automotores que circulaban a una velocidad que oscilaban entre los veinte o veinticinco kilómetros por hora; ya que avanzó el occiso aproximadamente treinta metros del lugar en que el deponente estaba, fue cuando se percató que los conductores antes descritos, pasaron junto a ********** los dos primeros vehículos, deteniéndose unos metros delante de éste; observó cómo el conductor del automóvil Corsa quedó al costado izquierdo de **********, a una distancia de un metro, precisamente frente a una tienda cuya razón social desconoce, pero que tiene una banqueta de aproximadamente un metro de ancho; pudo advertir que el sujeto que viajaba en el asiento del copiloto del Corsa, sacó de sus manos por la ventanilla de la portezuela del mismo lado (derecho) un arma de fuego que portaba, de la que no pudo percatarse de las características, le apuntó al cuerpo a **********, escuchando cómo le disparó con ella en varias ocasiones, provocando que la víctima cayera de la bicicleta sobre la banqueta en cita; luego, vio cómo descendió del vehículo Corsa el sujeto que portaba el arma de fuego que responde al nombre de **********, porque lo conoce de vista el declarante por ser vecino del lugar, se acercó al lugar en donde se encontraba herido el pasivo, detonando varias veces más el arma contra el cuerpo del difunto, aproximadamente cinco disparos; una vez que ********** dejó de disparar, éste abordó nuevamente el auto en cuestión, reinició su marcha el conductor, haciendo lo mismo el Grand Marquis y el Pointer, retirándose del lugar a una velocidad de cincuenta a sesenta kilómetros por hora.
Aclara que pudo ver que el conductor del Corsa blanco, era el hermano de **********, quien responde al nombre de **********, que es de complexión delgada, tez morena, veinticinco años de edad aproximadamente, cabello largo y negro, sin barba ni bigote, sin seña particular. Posteriormente, una vez que los sujetos se retiraron del lugar de los hechos, se acercó inmediatamente a **********, quien intentaba incorporarse, aún se movía, por lo que le preguntó ¿qué te pasó?, respondiendo "ya me pegaron"; le interrogó quién había sido, contestando "**********"; aclarando que pudo ver que la víctima estaba muy sangrado de la cara y de varias partes del cuerpo, mismo que en todo momento trataba de incorporarse; le preguntó ¿qué hacía? diciéndole el lesionado que "le avisara a los hermanos".
Agrega que como en el lugar ya se encontraban quince personas aproximadamente, se dirigió hacia el domicilio del deponente, ubicado sobre avenida **********, en el lote **********, de la colonia **********, Municipio de Tultitlán, lugar en el que también vive **********, hermano del ahora occiso; al llegar a la casa de **********, pasados cinco o seis minutos, dado que las viviendas de ambos se localizan a una distancia de quinientos metros del lugar en que ocurrieron los hechos, no lo encontró, pues la señora **********, quien es la inquilina, le dijo al declarante que aquél había ido a comer, entonces decidió esperarlo, escuchando el sonido de las sirenas que se acercaban a donde minutos antes había dejado mal herido a **********; cuando regresó de comer **********, pasado aproximadamente una hora, le hizo saber que ********** había herido al hermano de **********, diciéndole ********** que se fueran; se dirigieron al lugar de los hechos, sobre la calle Guerrero, en la colonia **********, Municipio de Tultitlán; al llegar ya no encontraron al ahora difunto, que ********** le manifestó al deponente que no se preocupara, que se fuera a casa, razón por la que el emitente se retiró del lugar.
Añadió que la media filiación de **********, es de complexión robusta, tez morena, cara redonda, ojos grandes oscuros, cabello castaño oscuro y quebrado, sin bigote ni barba, cejas pobladas, estatura de aproximadamente un metro con ochenta centímetros, cerca de treinta y cinco años de edad, que puede ser localizado en la **********, colonia **********, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México; agregando que ********** es conocido en el lugar por ser muy agresivo y a causa de ello, no se presentan ante la fiscalía otros testigos de los hechos.
Desarrollo cronológico descriptivo que refrendó el testigo **********, al momento del desahogo de las audiencias de veinticuatro de julio y veintiuno de agosto, ambas de dos mil ocho, en las que al ampliar su versión narrativa, a preguntas de la representación social y de la defensa, en lo que interesa señaló: Que sí había gente en la calle en el momento en que pasaron los tres vehículos y una persona le disparó en varias ocasiones al hoy occiso; que aclara que el que vio cómo le disparó fue el emitente; al preguntarle sobre la actitud que presentó el procesado ********** en el momento en que le disparó a **********, contestó que "bajó con coraje y empezó a disparar"; recuerda que fueron de cinco a seis balazos los que le dispararon el día de los hechos; al interrogarle si se pudo percatar en qué parte del cuerpo presentaba los disparos el ahora difunto, señaló que no vio de qué parte, pero que observó que de la barba hacia abajo estaba lleno de sangre; no vio qué marca era la pistola; al tiempo en que ********** le dispara al sujeto pasivo, este último estaba "atontado", como queriendo defenderse, pero ya no podía, nada más se movía; que los demás sujetos que estaban en los vehículos Grand Marquis y Pointer, en el instante en que le disparaban al sujeto pasivo, se encontraban esperándolo o protegiéndolo; desde que vio a ********** a bordo del Corsa, hasta el momento en que le disparó a la víctima y se dio a la fuga, transcurrió aproximadamente uno o dos minutos.
La actitud que tenía el occiso cuando le dijo al declarante que le había pegado **********, fue la de alguien desesperado, pero ya estaba tirado en el suelo y se quería levantar; cuando ********** le dijo al emitente que le avisara a los hermanos, se encontraban nada más él y el declarante; del otro lado de la banqueta -al ser de doble sentido- se encontraba la gente (quince personas aproximadamente), eran vecinos que se acercaban para ver qué había pasado; la visibilidad que existía en el lugar de los hechos era clara, dado que era la una o una y media del día; a una distancia de aproximadamente treinta metros observó que el sujeto que viajaba como copiloto en el Corsa, portaba un arma de fuego; conoce a ********** desde mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos noventa, porque traía su carrito de basura; al tiempo en que ********** le dijo que ya le habían pegado, estaba solo, ya venía la gente del otro lado de la calle.
En otra ampliación realizada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25832-1c23f73c/prueba-testimonial-en-materia-penal-su-apreciacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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