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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. SI PARA SU PERFECCIONAMIENTO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN NEGADA O DE LA EMISIÓN DE UN AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS A FAVOR DEL INCULPADO, SE REQUIERE DE LA APORTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS, ÉSTOS NECESARIAMENTE DEBEN DESAHOGARSE POR EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2012. · Registro digital (IUS): 23852
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Pág. 875.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito -sin especialización o de una misma especialización- sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que, a la fecha, no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Segundo Circuito.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefensión de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Segundo Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis; en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima -como se aprecia en el apartado siguiente- y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma- y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el referido Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región se encuentra facultado para tal efecto.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(2) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Pleno o en Salas (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte, en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.

La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no tanto en los resultados-, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que, respectivamente, a la letra establecen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(4)

Primer y segundo requisitos: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********. Como antecedentes del asunto, se informan los siguientes:

a) El diecisiete de marzo de dos mil diez, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley, a favor del quejoso/inculpado por el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado en el artículo 173 del Código Penal para el Estado de México.

b) Dicho auto de libertad con reservas fue emitido en virtud de que, previamente, el quejoso promovió demanda de amparo indirecto en contra del auto de formal prisión, de quince de octubre de dos mil nueve, que inicialmente fuera dictado en su contra. Juicio de garantías respecto del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, mismo que determinó conceder la protección constitucional impetrada, al estimar que el dictamen ofertado por la representación social local, a fin de demostrar la falsedad del documento, presentó diversas deficiencias.

c) De esta forma, el veintisiete de abril de dos mil diez, con el objeto de "perfeccionar" el ejercicio de la acción penal -recordemos que el Juez Penal de instancia decretó "auto de libertad con reservas" a favor del indiciado-, el agente del Ministerio Público estatal ofertó ante el propio Juez natural la prueba pericial en materia de grafoscopia a cargo de un perito oficial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

d) Admitida que fue la prueba por el órgano jurisdiccional, mediante escrito de veintisiete de mayo de dos mil diez, el perito designado aceptó y protestó el cargo conferido y, una vez que realizó los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la probanza ofertada, el ocho de junio de la referida anualidad, rindió el respectivo dictamen ante el propio Juez de la causa, mismo que ratificó el veintidós siguiente.

e) De esta forma, una vez que fue desahogada la referida probanza, la representación social local nuevamente determinó ejercer acción penal -ahora "perfeccionada"- en contra del indiciado/quejoso, por considerarlo probable responsable en la comisión del referido delito de uso de documento falso. No obstante lo anterior, el catorce de junio de dos mil diez, el juzgador penal determinó negar la orden de aprehensión solicitada.

f) Inconforme con el sentido de dicho fallo judicial, el representante social estatal interpuso recurso ordinario de apelación en su contra, cuyo conocimiento recayó en la Cuarta Sala Unitaria Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, misma que, mediante resolución de tres de diciembre de dos mil diez, determinó revocar el auto apelado y, en su lugar, ordenó librar la orden de aprehensión solicitada por el mismo delito, materia de la consignación ministerial.

g) Dicho mandamiento de captura fue constitucionalmente reclamado vía juicio de amparo indirecto por parte del inculpado, respecto del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, quien determinó sobreseer y negar el amparo solicitado.

h) Una vez más, inconforme con el sentido de dicha determinación, el amparista interpuso el respectivo recurso de revisión, del cual conoció uno de los tribunales contendientes, específicamente el 1) Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual, en sesión de nueve de junio de dos mil once, en suplencia total de la queja deficiente, declaró fundados los agravios planteados por la parte quejosa, y resolvió lo que a continuación se transcribe:

"SÉPTIMO. ... En efecto, contrariamente a lo estimado por el Juez de Distrito, este Tribunal Colegiado considera que, en la especie, la orden de aprehensión reclamada en vía de amparo indirecto es violatoria del artículo 21 constitucional. ... ya que se libró tomando un nuevo dato obtenido de un medio de prueba que fue desahogado ilegalmente ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, pues éste, de acuerdo al numeral 21 constitucional, no podía desahogar pruebas y menos girar los oficios necesarios para que tal prueba fuese realizada y, con ello, que la representación social perfeccionara el ejercicio de la acción penal contra el ahora quejoso. Circunstancia la anterior que implicó que la autoridad judicial perfeccionara la acción penal, sustituyéndose en las funciones que le eran propias a la representación social, en franca contravención a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, en relación con los diversos 184 y 148 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues los datos posteriores, a través de los cuales el Ministerio Público procedió nuevamente contra el ahora quejoso (perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal), no debieron obtenerse de pruebas desahogadas ante el Juez de la causa. Se afirma lo anterior, porque es la representación social quien tiene reservada constitucionalmente esta función y no el órgano jurisdiccional que dictó el auto de libertad, esto es, el Juez de la causa. Sin embargo, como cuestión previa, se considera importante aclarar que los suscritos para arribar a dicha conclusión realizamos una interpretación sistemática de dichos numerales y atendiendo el principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Federal. Así, debe decirse que dicha interpretación exige a los órganos jurisdiccionales y, con mayoría de razón, a los órganos de control constitucional, optar por la interpretación que derive en un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. En efecto, los órganos de control constitucional, como lo es el diverso que integramos, en el despliegue y ejercicio del control de la ley, deben optar, en la medida de lo posible, por aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma, a fin de garantizar la supremacía constitucional. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 176/2010, publicada en la página 646, diciembre de 2010, Tomo XXXII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Una vez destacado lo anterior, debe decirse que el artículo 21 constitucional confiere al Ministerio Público las facultades de investigación y persecución de los delitos, por lo que dicha institución es titular del monopolio del ejercicio de la acción penal y, por su parte, los numerales 184 y 148 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigentes al caso que nos ocupa, dicen: ‘Artículo 184. Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no sujeción a proceso, en su caso, sin perjuicio de que con datos posteriores de prueba se proceda nuevamente en contra del mismo inculpado. En este caso el Ministerio Público adscrito se sujetará al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 148 de este código.’. ‘Artículo 148. En el caso de que la orden de aprehensión o de comparecencia sea negada, ésta podrá librarse, previo perfeccionamiento de la acción penal, inclusive con otros medios de prueba que se aporten ante el Juez de la causa dentro de los siguientes noventa días, por el Ministerio Público adscrito. ...’. Una interpretación sistemática de los artículos anteriores, en armonía con el artículo 21 de la Constitución Federal y de acuerdo al principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Federal, permite hacer las afirmaciones siguientes: I. En primer lugar, que si el Juez de la causa dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a proceso, según sea el caso, con posterioridad, si así lo determina, el agente del Ministerio Público adscrito podrá proceder nuevamente contra el mismo inculpado con datos posteriores de prueba, dentro del plazo de noventa días, esto es, que podrá, si así lo decide, perfeccionar su ejercicio de la acción penal. II. Que tales numerales no establecen expresamente ante qué autoridad deben aportarse esos datos posteriores de prueba, es decir, si ante el Juez que, como en el caso, dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, o bien, ante el Ministerio Público que integró la averiguación previa, pues el primero de los antes transcritos sólo dice que se podrá ‘proceder nuevamente’ y que será en el plazo establecido en el segundo de los artículos (nótese no conforme al procedimiento dicho en tal numeral, sino sólo respecto al tiempo). Circunstancia la anterior, que nos lleva a establecer que, en lo que a esa parte se refiere, tales preceptos son oscuros, lo que de suyo obliga a este órgano de control constitucional a realizar una interpretación, con la finalidad de dilucidar quién debe desahogar tales medios de prueba y realizar todos los actos tendentes a lograr que tales pruebas puedan realizarse, como girar oficios y hacer solicitudes a otras autoridades, de los cuales se obtengan esos nuevos datos para que la representación social proceda nuevamente contra el inculpado. Ante la oscuridad advertida, y al realizar una interpretación de tales artículos conforme a la Constitución, los ahora suscritos consideramos que esos medios de pruebas deben ser desahogados por la representación social, quien debe girar todos los oficios y realizar las peticiones que estime pertinentes para que tal medio de prueba pueda llevarse a cabo y, una vez que lo haga, proceder nuevamente, en su caso, contra el inculpado, ante el Juez de la causa, esto es, ya desahogados, llevarlos ante la autoridad judicial junto con el nuevo pliego de ejercicio de la acción penal. Ello es así, porque, al ser el Ministerio Público el encargado de investigar los delitos, es él quien debe allegarse y desahogar el nuevo acervo probatorio para acreditar, como en el caso, algún requisito de procedibilidad, o bien, el cuerpo del delito o la probable responsabilidad penal del indiciado, toda vez que es la representación social quien tiene reservada constitucionalmente esta función (artículo 21 de la Carta Magna) y no el órgano jurisdiccional que dictó el auto de libertad. En efecto, interpretarlo de otra forma sería contrario al numeral 21 de la Constitución Federal, pues nos llevaría al extremo de que los Jueces, al desahogar pruebas en esas circunstancias, se conviertan en órganos encargados de perfeccionar la acción penal, como aconteció en el caso, en el cual el Juez de la causa, entre otras cosas, ordenó que se giraran oficios al notario público número ... del Estado de México a la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla y a la Cuarta Sala Unitaria Penal de Tlalnepantla, ambas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a efecto de que le permitiera al perito ... diversos documentos y el acceso a algunos tocas de apelación, los cuales le servirían para realizar su dictamen, aceptó y protestó el cargo del citado perito, y realizó la diligencia correspondiente, a través de la cual tuvo a dicho experto ratificando tal dictamen (fojas 913 y 956 del tomo II del anexo). Circunstancia la anterior que, se insiste, no es acorde con el referido precepto constitucional, pues con ello el Juez está perfeccionado un medio de prueba, que posteriormente le sirvió de sustento y base a la representación social para ejercer nuevamente acción penal. Sirve para apoyar el criterio anterior la tesis VI.1o.P.264 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que ahora este tribunal comparte, publicada en la página 1034, mayo de 2009, Tomo XXIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AUTO DE LIBERTAD POR FAL

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23852-a8cb3333/accion-penal-si-para-su-perfeccionamiento-con-motivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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