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Modo: Corpus Pro

CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. AUN CUANDO SE PRESENTEN FUERA DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 225 Y 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, CONSERVAN SU EFICACIA JURÍDICA Y, POR TANTO, EL JUEZ NATURAL DEBE ESTIMAR QUE EXISTE ACUSACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26861
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-01-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo II, Pág. 1078.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL TORRES PÉREZ Y LINO CAMACHO FUENTES. DISIDENTE: ARTURO MEJÍA PONCE DE LEÓN. PONENTE: JOSÉ MANUEL TORRES PÉREZ. SECRETARIA: HILDA TAME FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracción VII, y 17, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince, el cual derogó el Acuerdo General 11/2014 y éste a su vez, el diverso 14/2013, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios emitidos por los Tribunales Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Sexto Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado Arturo Mejía Ponce de León, en su carácter de integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y presidente del Pleno en Materia Penal del citado Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO.-La denuncia de contradicción de tesis deriva de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Sexto Circuito.

1) Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de trece de agosto de dos mil quince, resolvieron el juicio de amparo directo 85/2015, por unanimidad de votos, de la siguiente manera:

"QUINTO.-Resulta innecesario transcribir las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, toda vez que no serán objeto de estudio por este tribunal.-Lo anterior es así, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte, en suplencia de la queja de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, una infracción al procedimiento de segunda instancia, consistente en que la audiencia de vista se celebró sin la asistencia del Ministerio Público ni del defensor particular, lo que impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que la misma sea subsanada.-Ahora bien, de las constancias que obran en el toca de apelación 1244/1999, del índice de la entonces Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, actualmente Primera Sala en Materia Penal, se desprende lo siguiente: Que el sentenciado, aquí quejoso **********, interpuso recurso de apelación, en contra de la sentencia condenatoria de primera instancia, dictada el trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por la Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dentro del proceso **********, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro, asalto, robo de vehículo calificado y asociación delictuosa (fojas 299 a 436 del tomo IV del proceso).-Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve, los Magistrados de la Sala responsable declararon procedente el referido recurso; y al advertir que el sentenciado, aquí quejoso, no nombró defensor para que lo defendiera en segunda instancia, le nombraron al defensor de oficio (foja 5 del toca de apelación).-En proveído de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se tuvo al sentenciado ********** nombrando como su defensor particular en segunda instancia a las licenciadas ********** y **********, mismo que en ese acto protestaron el cargo conferido (fojas 21 vuelta y 26 del toca de apelación).-Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, se señalaron las once horas con cinco minutos del día dieciséis de noviembre de ese mismo año, para efecto de que tuviera verificativo la audiencia de vista respectiva (fojas 29 vuelta y 53 del toca de apelación), la cual se celebró en los siguientes términos: ‘En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 11:05 (once horas con cinco minutos) del día 16 (dieciséis) de noviembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), día y hora señalados para la celebración de la audiencia de vista en este toca, estando integrada la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los señores Magistrados, licenciados Elba Rojas Bruschetta, Carlos Enrique Hernández Ramírez y Francisco Javier Vázquez Motolinia, bajo la presidencia del último de los nombrados y secretaria con quien actúa licenciada María de los Ángeles Torres Olguín que autoriza y da fe, la que en este acto cuenta con un (sic) del sentenciado **********; asimismo, se hace constar, que corren agregados con anterioridad en autos del presente toca dos escritos, el primero del defensor particular del sentenciado **********, y el segundo por el propio sentenciado **********. Acto continuo, el señor presidente declaró abierta la audiencia, ordenando a la secretaria diera lectura a los escritos de cuenta, así como a las constancias que obran en primera instancia y a las constancias procesales desahogadas durante la tramitación del recurso de apelación interpuesto y la Sala acordó: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 276, 295, 296 y 297 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; agréguese a sus autos los escritos de cuenta, teniendo a los defensores, como a los sentenciados de referencia, expresando agravios los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno; declarándose vista la apelación en que se actúa, ordenando se dé cuenta con los autos a la Sala para dictar la resolución correspondiente con lo que se concluye el acto y se levanta la presente que previa lectura es ratificada y firmada por los que en ella intervinieron. Doy fe.’-De lo anteriormente transcrito, se pone de manifiesto que la audiencia de vista se verificó sin la comparecencia personal de las partes; no es obstáculo que en la audiencia se tuviera al defensor particular expresando agravios por escrito a favor del sentenciado, aquí quejoso, dado que en la audiencia de vista de que se trata, es obligatoria la presencia del defensor, como más adelante se precisará.-En efecto, de la transcripción de la audiencia de vista, en segunda instancia, se concluye que ni el defensor de oficio que le fuera nombrado al quejoso ni el defensor particular designado por el sentenciado, no asistieron a dicha diligencia, lo que evidencia que se vulnera el derecho fundamental a la garantía de defensa adecuada, tutelada por el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tal irregularidad se traduce en una violación a las leyes del procedimiento.-Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia número 382, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2006-PS, publicada a página 1398, Tomo I, Constitucional, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Quinta Sección, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Novena Época, que por identidad de razón se invoca, y que a la letra estatuye: ‘AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA. SI ANTE LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR NOMBRADO POR EL INCULPADO AQUÉLLA SE CELEBRA CON LA PRESENCIA DEL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DESIGNADO OFICIOSAMENTE EN EL ACTO DE LA DILIGENCIA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, SE VULNERA LA GARANTÍA DE DEFENSA ADECUADA.-De la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es necesario hacer saber al inculpado el derecho fundamental a la defensa adecuada para que esté en posibilidad de nombrar al defensor o persona de confianza que lo asista en el proceso, y sólo en el supuesto de que no lo haga, el Juez le designará uno de oficio, constituyendo un complemento de dicha garantía el hecho de que el defensor designado -sea particular o el de oficio- comparezca en todos los actos del proceso. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Penales al regular la tramitación de la segunda instancia, establece que: a) si el apelante fuere el acusado, al admitirse el recurso se le prevendrá para que nombre defensor que lo patrocine en esa etapa procesal; b) a la audiencia de vista deberán asistir el Ministerio Público, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado, y c) en el caso de que no se hubiere nombrado alguno, el tribunal lo hará de oficio; lo cual pone de manifiesto la importancia de esta audiencia, pues se pretende asegurar que el inculpado esté representado para garantizar su derecho de defensa, ya que de acuerdo con los artículos 373 y 382 de dicho código, es en la audiencia de vista donde las partes pueden ofrecer pruebas y realizar alegatos verbales. En las relatadas condiciones, se concluye que cuando ante la inasistencia del defensor particular designado por el inculpado a la audiencia de vista en segunda instancia, ésta se celebra con la presencia del defensor público federal, designado oficiosamente en el acto de la diligencia por el tribunal de alzada, se vulnera el derecho fundamental a la defensa adecuada tutelada por el citado precepto constitucional. Ello es así, en primer término, porque al no dar al inculpado la oportunidad de reiterar el nombramiento de defensor o nombrar uno distinto -sobre todo si se considera que, generalmente, el inculpado no comparece a la audiencia de vista en segunda instancia- se le coarta el efectivo ejercicio de dicha garantía, el cual consiste en el derecho de nombrar a la persona que desea lo defienda; y, en segundo lugar, porque de hacerse la designación en el momento mismo en que se celebra la referida audiencia, si bien se asegura la presencia del defensor, no se garantiza la eficacia de la defensa, en la medida en que no se le otorga el tiempo ni los medios para su preparación y alegar en la audiencia u ofrecer pruebas.’-No es óbice que dicha jurisprudencia se refiera a la interpretación de los artículos 373 y 382 del Código Federal de Procedimientos Penales, en tanto dichas disposiciones tienen sus correlativos en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como lo son los artículos 35, fracción II y III, 234, fracciones I, II, III y IV, 295 y 296, que dicen: ‘Artículo 35. En cuanto a la presencia de las partes en las audiencias, se aplicarán las siguientes disposiciones:... II. El Ministerio Público no podrá dejar de asistir a las audiencias que celebren para la vista del proceso. III. Será obligatoria, en la vista de la causa, la presencia del defensor, quien no podrá ausentarse de la diligencia sin autorización expresa del acusado.’-‘Artículo 234. Son aplicables a la audiencia de vista del proceso, las siguientes disposiciones: I. Se verificará la audiencia concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público que no podrá dejar de asistir a ella. II. Si el defensor fuere particular y no asistiere a la audiencia sin contar para ello con la autorización expresa del acusado, se impondrá a aquél una corrección disciplinaria. III. Se nombrará al acusado un defensor de oficio, salvo lo dispuesto en la fracción siguiente. IV. Si el acusado está presente y designa a otra persona para que continúe su defensa en la propia audiencia, se tendrá a esa persona como su defensor...’-‘Artículo 295. Para la vista serán citados el Ministerio Público, el acusado y su defensor.’-‘Artículo 296. El día señalado para la vista, las partes alegarán por escrito, sin perjuicio de que lo hagan verbalmente si quisieren hacerlo; pero en este caso en autos sólo se asentará una síntesis de lo dicho por las partes.’-Habida cuenta de que la circunstancia de que en un criterio jurisprudencial del Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en un caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto, pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante.-Como sustento de lo razonado con antelación, se invoca la tesis aislada «2a.» XXXI/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 560, Tomo XXV, abril de 2007, materia común, del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD.-La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante.’.-De ahí que, si en la referida audiencia de vista, llevada a cabo por los Magistrados de la Sala responsable, no estuvo presente el defensor de oficio, ni el defensor particular designado por el inculpado cuya presencia era obligatoria a fin de hacer la defensa oral correspondiente del sentenciado **********, aquí quejoso, y alegar conforme a los intereses de su defendido, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita precedentemente, se vulnera el derecho fundamental a la garantía de defensa adecuada, por lo que es evidente que tal irregularidad constituye una violación a las leyes del procedimiento penal que afecta las defensas del peticionario de garantías, trascendiendo al resultado del fallo, en términos del artículo 173, fracciones I y XIII, en relación con la XXII, de la Ley de Amparo.-Así también, debe expresarse que de la lectura de la audiencia de vista antes transcrita, puede advertirse que, en el presente asunto, existe otra evidente violación al procedimiento que afectó las defensas del sentenciado, aquí peticionario, y trascendió al resultado del fallo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es una obligación del representante social acudir a las audiencias que se celebren para la vista del proceso penal, ya que de lo contrario, éstas no pueden celebrarse, y en el supuesto caso de que éstas sí se llevaren a cabo, ello traería como consecuencia una evidente violación al referido procedimiento.-En efecto, la institución del Ministerio Público en las distintas etapas del procedimiento penal tiene una función muy amplia y diversa, como es: realizar las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del indiciado, o en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar; puede solicitar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, reclasificar la conducta, promover pruebas, interrogar al indiciado al rendir su declaración preparatoria, así como a los testigos, participar en los careos, interponer en su caso los respectivos recursos y agravios, promover inclusive el sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado cuando aparezca que la conducta o los hechos no son constitutivos del delito o que aquél no tuvo participación, que la pretensión punitiva está legalmente extinguida o que existen en su favor causas excluyentes de responsabilidad; dentro de las diligencias practicadas ante y por los tribunales, con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o no de éste, puede dicha institución efectuar observaciones en cuanto a las características particulares y especiales del procesado, solicitar el embargo precautorio de bienes y ofrecer las pruebas que estime pertinentes, formular conclusiones acusatorias o, en su caso, de no acusación en contra del inculpado; de esa diversidad de funciones que realiza la representación social, resulta trascendente puntualizar que en aras de la vigilancia de la legalidad, su actuar puede incluso aprovechar a los procesados, ya sea que promueva el sobreseimiento y su libertad absoluta, y aun a través de la formulación de conclusiones de no acusación, lo que no ocurriría si no asiste a las audiencias correspondientes.-Ante esto, resulta inobjetable concluir que en el presente asunto por no haber asistido el representante social a la audiencia de vista el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que se celebró en el trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva, dictada dentro del proceso penal número **********, del índice del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, tal inasistencia constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del procesado, aquí quejoso, y trasciende al resultado del fallo, en términos del artículo 173, fracciones I y XIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36 y 286, fracción IX, ambos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado.-Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de criterio jurídico, la jurisprudencia número 336, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 92/97, visible en la página 305, Tomo III, Penal, Primera Parte, Segunda Sección, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Novena Época, del rubro: ‘AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).-El artículo 160, fracción X, de la Ley de Amparo señala que: «En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte las defensas del quejoso: ... X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del Juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto.». Atendiendo al tenor literal de la anterior hipótesis, parece ser que sólo constituye una violación procedimental la inasistencia del representante social federal a la audiencia de derecho correspondiente a la primera instancia y no así a la del trámite del recurso de apelación que se interpone en contra de la sentencia definitiva del orden penal. No obstante ello, cabe destacar que mediante la adición de la fracción XVII del propio precepto, referente a «... los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.», publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho, el legislador abandonó la aplicación estricta de los supuestos contenidos en esas fracciones, optando por una verdadera interpretación analógica, con afán de materializar el espíritu eminentemente protector de las garantías establecidas a favor de los gobernados y, concretamente, de aquellas personas que se encuentran sujetas a los procedimientos penales, cuya indefensión puede ser producida de múltiples y variadas formas y en torno a las cuales, en forma alguna el legislador está capacitado para enunciarlas taxativamente. De ahí que sea válido concluir, que la inasistencia del Ministerio Público de la Federación a la audiencia de vista que se celebra en el trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva del orden penal federal, también constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del procesado y trasciende al resultado del fallo. Lo anterior se robustece con lo establecido en los artículos 87 y 388, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Penales, los que interpretados armónicamente, entrañan la obligación del representante social federal de estar presente en todas las audiencias del proceso penal federal pues de lo contrario no podrán celebrarse y en caso de inasistencia, deberá reponerse el procedimiento.’-Luego, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta evidente el acatamiento que este órgano colegiado debe observar del aludido criterio jurisprudencial, ya que la aplicación de la jurisprudencia que ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ha sido transcrita en el párrafo que antecede, tiene el carácter de obligatoria en términos de lo dispuesto por el numeral antes invocado.-Es aplicable al caso particular, la jurisprudencia número 2502, de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 2949, Tomo II, Procesal Constitucional, Común, Segunda Parte, Décima Cuarta Sección, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Novena Época, que dice: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.-Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo: «La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales ...»; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio.’-Además, este órgano colegiado considera que en el caso a estudio, tiene aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 92/97, con base en que los preceptos de la legislación procesal federal que se invocan en la referida jurisprudencia, son similares en contenido y efectos jurídicos con los que existen en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, tal es el caso del artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Penales y el diverso 35 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dado que ambos preceptos legales coinciden en advertir que las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas; así como también los diversos numerales 388, fracción VII, de la Legislación Procesal Federal en cita y 286, fracción IX, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues ambos se refieren a las violaciones que son cometidas durante el procedimiento que dejen sin defensa al acusado y que en el caso particular las fracciones de esos artículos coinciden en establecer como una de ellas, que la celebración del juicio se realice sin contar con la asistencia del representante social; de lo que se colige que ambas legislaciones procesales mantienen una estrecha afinidad en cuanto a la aplicación de los preceptos legales citados con anterioridad.-Toda vez que han quedado evidenciadas violaciones de carácter procedimental, se hace innecesario el estudio de los motivos de inconformidad aducidos por el quejoso en su demanda de garantías, en cuanto al fondo del asunto, los que podrán ser subsanados en la nueva resolución que lleguen a pronunciar los Magistrados de la Sala responsable.-Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 168, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’-En cuanto a las diversas violaciones que alega el quejoso y que hace consistir de que fue objeto de tortura al momento de rendir su declaración ministerial, que el agente del Ministerio Público acusador presentó sus conclusiones en forma extemporánea y que el Juez que celebró la audiencia de vista no fue el que dictó la sentencia definitiva de primera instancia, las mismas son infundadas.-Efectivamente, en sus conceptos de violación el quejoso argumenta que al rendir su declaración preparatoria alegó tortura y, por ello, su confesión ministerial carece de valor probatorio.-El concepto de violación es infundado, porque en su declaración ministerial desahogada el dos de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante la Agencia del Ministerio Público Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde estuvo asistido de un defensor de oficio, nunca alegó que fue objeto de tortura por agentes ministeriales, sino por el contrario, manifestó que lo trataron bien y que realizó su declaración en forma voluntaria sin violencia, además de que obra la fe de integridad física en la que el representante social asentó que no presenta huellas de violencia física; por lo que su versión defensiva emitida en preparatoria no se encuentra apoyada con prueba alguna.-Igualmente, es infundado que la Juez de primera instancia que celebró la audiencia de vista no fue la que dictó sentencia, porque basta la simple lectura de las mismas, para advertir que la audiencia de vista se desahogó con la presencia de la licenciada Margarita Gayosso Ponce, Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, asistida de Gabriel Salomón López, secretario de Acuerdos, así como el agente del Ministerio Público, la defensora particular Catalina Fernández de Lara, y el inculpado **********, y a su vez la sentencia definitiva fue suscrita por la citada Juez asistida del secretario que autorizó y dio fe.-Respecto a que las conclusiones del agente del Ministerio Público, son totalmente extemporáneas y que, por lo tanto, no hubo acusación, el concepto de violación es infundado.-En efecto, los artículos 225 y 226 del código adjetivo de la materia establecen lo siguiente: ‘Artículo 225. Transcurridos los términos a que se refiere el artículo anterior, o recibidas las pruebas ofrecidas en tiempo, o si no se hubiere promovido prueba alguna, el Juez declarará cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, para que dentro de tres días formule sus conclusiones.’-‘Artículo 226. Si el expediente excediere de cincuenta fojas, por cada veinticinco de exceso o fracción, se aumentará un día al término señalado en el artículo anterior, sin que en ningún caso pueda exceder de quince días.’-Como se advierte del contenido de los dispositivos legales invocados, aunque el Ministerio Público formule conclusiones acusatorias fuera del término legal, tal situación no puede traer como consecuencia que dichas conclusiones dejen de tener valor alguno, pues no existe disposición alguna en el código adjetivo de la materia que así lo determine.-Luego entonces, aun cuando el representante social formuló conclusiones fuera del término de tres días concedido por el Juez del proceso, tal circunstancia de modo alguno trae como consecuencia que no sean tomadas en cuenta, porque como ya se dijo, no existe al respecto, ninguna disposición legal en el código adjetivo de la materia, ya que en todo caso el representante social ameritará, previo los trámites correspondientes, una sanción por parte de su superior, pero el contenido de las conclusiones tendrá que tomarse en cuenta por parte del juzgador.-Al caso tiene aplicación la tesis aislada sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 43, Volumen 83, Segunda Parte, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dispone: ‘MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES EXTEMPORÁNEAS. VALIMIENTO DE LAS.-Aunque el Ministerio Público formule conclusiones acusatorias fuera del término legal, tal situación no puede traer como consecuencia que dichas conclusiones dejen de tener valor, pues no existe disposición alguna que así lo determine. Cuando más, el representante social ameritará, previos los trámites del caso, una sanción por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26861-05102f20/conclusiones-del-ministerio-publico-aun-cuando-se-presenten · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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