PRUEBA DE REFERENCIA. REQUISITOS PARA QUE PUEDA CONSTITUIR PRUEBA VÁLIDA. TESTIMONIO DE OÍDAS. ES UNA FORMA ESPECÍFICA DE PRUEBA DE REFERENCIA POR LO QUE, POR REGLA GENERAL, NO ES SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 167/2023. 31 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: SANTIAGO MESTA ORENDAIN.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 31 de enero de 2024, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 167/2023, interpuesto contra la sentencia de 24 de noviembre 2022 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo 96/2022.
El problema jurídico a resolver es determinar si las declaraciones sobre referencia de terceros (o testimonios de oídas) cumplen con los requisitos constitucionales para constituir prueba de cargo válida, susceptible de destruir el estatus de inocente de una persona acusada de un delito.
ANTECEDENTES
1. Carpeta de enjuiciamiento **********. El 13 de noviembre de 2020, se dictó sentencia condenatoria contra de **********, ********** y otras 4 personas, por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado (por cometerse por con grupo de más de 2 personas, integrantes de una institución de seguridad pública y con violencia)(1) pues, en audiencia de juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró demostrado que:
Aproximadamente a las 21:10 horas del 18 de diciembre de 2019, ********** se encontraba con su novia **********, cuando recibió una llamada de su amiga **********, quien le pidió ayuda porque elementos policiales le estaban diciendo que su auto tenía un reporte de robo. ********** se dirigió a donde estaba su amiga, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde observó a una patrulla y varios elementos policiales, entre los que estaban ********** y **********. ********** les comentó que sabía que el vehículo estaba a nombre de su amiga y exhibieron la tarjeta de circulación. Los elementos policiales lo rodearon, lo jalonearon y lo subieron a la parte trasera de la patrulla MX354C1. Lo desapoderaron de su teléfono y su cartera y lo amenazaron con abrir una carpeta de investigación en su contra por poseer un vehículo robado y drogas ilícitas si no les entregaba $100,000, y lo trasladaron al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la calle Dr. Vértiz, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Aproximadamente a las 22:44 horas de ese mismo día, elementos policiales adscritos a Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron la patrulla en las afueras de las instalaciones de la fiscalía, detuvieron a ********** y ********** y a otros 4 acusados y liberaron a **********
2. Por lo anterior, se impuso a ********** y a ********** una pena de 75 años de prisión, entre otras sanciones.
3. Toca penal **********. Inconformes, ********** y ********** interpusieron recurso de apelación y, el 31 de agosto de 2021, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia de condena, pero bajó el grado de culpabilidad al mínimo y redujo la pena de prisión a 50 años.
4. Amparo directo 18/2022. El 2 de febrero de 2022, ********** y ********** interpusieron demanda de amparo contra la sentencia del toca penal **********, y señalaron como conceptos de violación los siguientes:
a. Se transgredió su derecho a una administración de justicia imparcial, pues el Tribunal de Enjuiciamiento no llamó la atención a los testigos de cargo para que contestaran las preguntas que la defensa formulaba, interrumpió a la defensa durante los contrainterrogatorios y formuló opiniones sobre el alcance de las preguntas de la defensa.
b. Se transgredió su derecho de libertad probatoria, porque sus defensores se desistieron de pruebas de descargo y en ningún momento se explicó lo que conllevaba ese desistimiento.
c. En términos del artículo 20, apartado A, fracción II de la Constitución, las pruebas las debe recibir directamente el juzgador. No obstante, fueron condenados sin prueba directa para demostrar que privaron de la libertad a la víctima o que la hubiesen extorsionado, pues las supuestas víctimas no comparecieron al juicio y se les condenó únicamente con el dicho de los elementos captores, a quienes no les constan los hechos, por lo que son meros testigos de referencia o "de oídas". Ello los deja en estado de indefensión, pues no tuvieron oportunidad de contrainterrogarlos.
d. No existe prueba de cargo suficiente para soportar una sentencia de condena, por lo que se violaron sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia (como regla probatoria y estándar de prueba).
5. El 4 de mayo de 2022, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió el amparo a los quejosos por las siguientes razones:
a. Es infundado que el Tribunal de Enjuiciamiento actuó de forma parcial, pues intervino en ejercicio de sus funciones como rector del debate y no interfirió en perjuicio de los quejosos o con la finalidad de condenarlos.
b. Es infundado que se transgredió su derecho de libertad probatoria, pues el desconocimiento de las consecuencias de un desistimiento de pruebas no es atribuible al órgano jurisdiccional, máxime cuando los quejosos no le hicieron saber alguna inquietud sobre el tema y tuvieron la oportunidad de consultarlo con sus defensores.
c. Se vulneró el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 17 constitucional, pues el tribunal de alzada refirió que limitaría su análisis a los agravios expresados por los quejosos, sin analizar la acreditación de todos los elementos del delito, a pesar de que ese análisis es ineludible para estar en condiciones de reparar aquellas violaciones a derechos humanos que pudiera advertir en suplencia de la queja.
d. Resulta innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación, porque en su caso, podrán ser materia de estudio en diverso juicio de amparo.
6. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado ordenó a la autoridad responsable dejar insubsistente el acto reclamado y dictar otra resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, realizara el examen integral y exhaustivo de la sentencia de primera instancia y se pronunciara sobre los elementos del delito, la responsabilidad de los acusados, la valoración de las pruebas y la individualización de las penas.
7. El 26 de mayo de 2022, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una nueva sentencia dentro del toca de apelación **********, en la que reiteró la responsabilidad de los quejosos y las penas impuestas.
8. Amparo directo 96/2022. El 18 de agosto de 2022, los quejosos interpusieron demanda de amparo en contra de la nueva sentencia de apelación, en la que señalaron como conceptos de violación los siguientes:
a. Conforme los artículos 14 y 20, apartado A, fracción II, de la Constitución, el juzgador debe valorar los medios de convicción de forma libre y lógica, y exponer las razones que lo conduzcan a ese fin, lo cual en el caso no acontece pues se limita a citar a testigos sin hacer un análisis ponderado.
b. Se transgredió su derecho al debido proceso y presunción de inocencia (como regla probatoria y estándar de prueba), pues se le condenó con pruebas insuficientes para superar el estándar de prueba de la duda razonable, ya que la fiscalía se desistió de las testimoniales de **********, ********** y **********, y se les condenó con base en las declaraciones de los agentes aprehensores, a quienes no les constan los hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad o la finalidad de extorción, sino que son "testigos de referencia."
La admisión del testigo de referencia es cuestionable, pues rompe la inmediación entre el testigo y el hecho percibido, lo cual genera una pérdida de información.
La prueba de referencia solamente es admisible cuando es imposible conseguir el testimonio directo y se cuenta con una pluralidad de testigos que se corroboran, lo cual no es el caso.
El Tribunal de Enjuiciamiento no tiene libertad absoluta para valorar las pruebas, ya que si bien no existe un sistema de prueba tasada y se tiene libre valoración, esta debe estar fundada en argumentos lógicos.
9. El 24 de noviembre de 2022, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió sentencia en la que concedió el amparo a los quejosos pues consideró que:
a. Son inoperantes los conceptos de violación relativos a los artículos 14 y 20 de la Constitución, pues esa transgresión está comprendida dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, que fueron analizadas en el amparo directo 18/2022.
b. Son infundados los conceptos de violación contra la valoración probatoria, pues los medios de prueba son aptos, suficientes y pertinentes para demostrar que un grupo de más de dos personas, integrantes de una institución de seguridad pública, privaron de la libertad a la víctima con la finalidad de extorsionarla.
La valoración de los medios de prueba se ajusta a los principios de la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, pues la víctima, aun cuando no pudo ser sometida al contradictorio en el debate de juicio oral, realizó manifestaciones ante uno de los elementos captores (Juan Huerta Vázquez), quien los expuso al Tribunal de Enjuiciamiento.
c. Son igualmente infundadas las afirmaciones en el sentido que era necesaria la presentación de alguno de los testigos presenciales, por lo que el deposado de los aprehensores es un "testimonio de referencia", porque aun cuando un declarante por referencia de terceros no puede ser considerado como testigo de aquello que no presenció, esto no quiere decir que una narración ante la autoridad de lo que se supo por referencia de otros no puede ser útil, toda vez que sería lógico pensar que por no ser testigo presencial puede controvertirse la racionalidad de su planteamiento, cuando del resto de los órganos de prueba se corroboran con sus aseveraciones.
Máxime que, conforme al artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene amplia libertad para atribuir valor a las pruebas desahogadas en el juicio, ya que no tienen uno previamente asignado, sino que su ponderación debe regirse por las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. De ahí que lo trascendente serán las razones objetivas que se plasmen en la sentencia respecto al valor probatorio que les confiera.
Partiendo de esa base, el dicho de los elementos captores puede generar convicción como dato de lo que la víctima les informó, pues encuentra vínculo objetivo con las pruebas restantes. Por tanto, de esa valoración conjunta puede inferirse la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad de los acusados, con independencia de la ausencia de la víctima para declarar sobre los hechos materia del proceso.
d. Los medios de prueba son insuficientes para acreditar la agravante de "violencia" pues tales extremos solo pudieran haberse demostrado con la asistencia de la víctima al contradictorio. Esto no da lugar a conceder el amparo, pues se consideró acreditada la agravante contenida en el artículo 10, fracción II, inciso a, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, de modo que no incide en el sentido del fallo.
e. El tribunal de alzada no justificó por qué optó por imponer la penalidad relativa a la agravante de haber sido integrantes de una institución de seguridad pública, y no por la prevista en la fracción I, del artículo 10, inciso b, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que contempla una multa menor a la impuesta.
10. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado concedió el amparo para efectos de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución impugnada y dicte otra en la que reitere los aspectos relacionados con la acreditación del hecho delictivo y responsabilidad de los quejosos; establezca que no hay medios de prueba suficientes para actualizar la agravante de violencia; reitere que el grado de culpabilidad es el mínimo; y establezca de manera motivada por qué optó por la penalidad prevista para la fracción II, del artículo 10, y no la de la fracción I del mismo artículo y fije el nuevo quantum de la pena, sin agravar la situación legal de los promoventes.
11. Recurso de revisión 167/2023. El 6 de enero de 2023, el autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo 96/2022. Como agravios, señaló que:
a. El Tribunal Colegiado interpretó directamente la Constitución al señalar que los testimonios de referencia son válidos para sustentar una sentencia condenatoria pues, el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución otorga al órgano jurisdiccional una amplia libertad para atribuir las pruebas desahogadas en juicio, ya que no tienen uno previamente asignado, sino que su ponderación debe regirse por las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Sin embargo, esa interpretación no concuerda con la esencia del proceso penal acusatorio, pues no considera el escenario de los testigos de referencia, que requiere ciertos lineamientos o parámetros para su valoración.
Al testigo de oídas no le consta la supuesta extorción y no puede establecerse si la víctima directa varió las circunstancias del hecho, porque no compareció a juicio a deponer su testimonio.
b. El Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional porque no prevé bases objetivas para valorar las declaraciones de testigos de referencia, a la luz del artículo 20, apartado A, fracciones I y VIII, y B, fracción I, de la Constitución; de manera similar a lo que disponía el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.(2)
c. Al habérsele condenado con pruebas de referencia, se le condenó con una "laguna probatoria" y se transgredió su derecho a la presunción de inocencia (en su vertiente de estándar de prueba).
d. Se le condenó sin la contradicción requerida para una correcta valoración de la prueba, ya que no se contó con los testimonios de las víctimas durante el proceso y se dieron por ciertos sus dichos sin que se les permitiera ejercer su derecho a la contradicción, lo que los dejó en estado de indefensión.
e. Hubo una indebida motivación por parte del Tribunal Colegiado, pues jamás justificó por qué la decisión de la autoridad responsable, sobre la valoración de las pruebas, fue correcta.
12. Por auto de 13 de enero de 2023, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión, turnó el asunto a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y ordenó su radicación a la Primera Sala.
13. El 8 de mayo de 2023, la Presidencia de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos al ministro ponente.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 1/2023. Toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo.
II. OPORTUNIDAD
15. El recurso fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo.
16. De las constancias de autos se advierte que la sentencia de amparo fue notificada a la parte quejosa el martes 6 de diciembre de 2022 y surtió sus efectos el día siguiente, por lo que el plazo de 10 días para la interposición del recurso transcurrió del 8 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023.(3) Por tanto, si se presentó electrónicamente el 5 de enero de 2023,(4)debe calificarse como oportuno.
III. LEGITIMACIÓN
17. El recurrente cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, pues el escrito de agravios fue presentado por **********, a quien se le reconoció el carácter de autorizado de los quejosos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.
IV. PROCEDENCIA
18. Conforme al artículo 107 de la Constitución General y 81, fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia del amparo directo en revisión se actualiza, entre otros supuestos, cuando en la sentencia de amparo se establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución con el cual el promovente se inconforme (problema de constitucionalidad), y el tema revista un interés excepcional en materia de derechos humanos, porque dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
19. En estos términos, se estima que en este caso sí se satisfacen los requisitos para la procedencia del presente recurso de revisión.
20. Desde su primer demanda de amparo los quejosos impugnaron la constitucionalidad de sustentar una sentencia condenatoria en declaraciones "testigos de oídas" o de referencia.
21. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado declaró infundado el argumento, pues consideró que, conforme al artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene amplia libertad para atribuir valor a las pruebas desahogadas en el juicio, ya que no tienen uno previamente asignado, sino que su ponderación debe regirse por las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, por lo que lo trascendente son las razones objetivas que se plasmen en la sentencia sobre el valor probatorio que les confiera.
22. Por tanto, concluyó que un testigo de referencia puede generar convicción sobre lo que el testigo les informó, aun cuando no pudo ser sometido a un ejercicio de contradicción, si encuentra vinculo objetivo con las pruebas restantes.
23. Finalmente, la quejosa controvierte la interpretación, pues argumenta que no concuerda con la esencia del proceso penal acusatorio, que exige ciertos parámetros para la valoración del testigo de referencia, pues versa sobre hechos que no percibió e impide someter al testigo directo a contradicción, lo que lo deja en estado de indefensión.
24. De tal suerte que subsiste una cuestión de constitucionalidad susceptible de ser analizada en el presente medio de impugnación.
25. En segundo lugar, se actualiza una cuestión de interés excepcional en materia de derechos humanos, pues este análisis implica emitir un criterio sobre la incidencia del testigo de referencia en los principios de inmediación y contradicción y su impacto en la admisibilidad y valoración de la prueba. Por lo demás, no se advierte que exista un pronunciamiento específico respecto este tema.
V. ESTUDIO DE FONDO
26. Con base en lo anterior, se tiene que la materia de esta resolución es determinar si las declaraciones sobre referencia de terceros (o testimonios de oídas) cumplen con los requisitos constitucionales para constituir prueba de cargo válida, susceptible de destruir el estatus de inocente de una persona acusada de un delito.
27. Para resolver esta problemática, primero se delimitará qué es lo que se entiende por testimonio de oídas, como forma específica de la prueba de referencia. Luego, se hará un relato de la doctrina de esta Primera Sala sobre los principios de contradicción e inmediación, como herramientas para la formación de la prueba, y sus implicaciones para la admisibilidad de otras pruebas de referencia. Finalmente, se analizará si la prueba de referencia, y el testimonio de oídas, es admisible como medio de prueba en nuestro proceso penal, ante el desistimiento de la fiscalía en su ofrecimiento del testigo directo. El testimonio de oídas como prueba de referencia
28. Como ya se ha anticipado, en este caso, el quejoso se inconforma con que el Tribunal Colegiado haya considerado prueba válida a las manifestaciones del elemento policial Juan Huerta Vázquez en las que refirió que ********** le dijo "que lo traían desde hacía una hora, ... por un supuesto reporte de robo de un vehículo y que querían cien mil pesos para dejarlo ir"(5) para acreditar la privación de la libertad y la finalidad de extorción, con el argumento de que dicho elemento policial "es quien de manera directa se entrevistó con la víctima de identidad resguardada". Según el quejoso, dichas declaraciones no merecen valor probatorio pues son "testimonios de referencia" o "de oídas", lo cual atenta contra su derecho a controvertir la declaración de las víctimas, que son la fuente verdadera de la información, y transgrede también la norma constitucional que requiere que todo medio de prueba se desahogue directamente ante el tribunal de enjuiciamiento, sin intermediarios.
29. Por testimonio de oídas entendemos la declaración de un testigo que dice haber percibido una comunicación de un tercero, con la cual se pretende acreditar que lo comunicado por el tercero es cierto.
30. El testimonio de oídas es, entonces, una forma de prueba de referencia, entendida en términos generales como toda declaración (escrita, oral, corporal o de cualquier otra índole) realizada fuera de juicio oral, que se introduce a juicio oral con el propósito de demostrar la veracidad de su contenido.
31. En este sentido, también es prueba de referencia, por ejemplo, la incorporación de testimoniales mediante lectura, pues con ella se introducen a juicio oral declaraciones de una persona que no comparece a la audiencia de juicio, para demostrar los hechos sobre los que declaró en un momento previo a la etapa de juicio oral.
32. No cualquier mención al dicho de un tercero es una prueba de referencia, sino sólo aquélla con la que se pretende demostrar la veracidad de lo que dijo el tercero. No es testimonio de oídas ni prueba de referencia, entonces, la referencia al dicho de otra persona cuando con ella sólo se pretende demostrar la existencia de comunicación, que el tercero dijo algo, con independencia de si lo que dijo es cierto o no, como cuando se utiliza para impugnar la credibilidad de un testigo, o porque la comunicación del tercero constituye un elemento del tipo, o en cualquier otro contexto en el que la existencia de la declaración sea relevante para la demostración de los hechos materia de la acusación, siempre y cuando quien da cuenta de la comunicación hubiera tenido conocimiento directo de esa comunicación.
33. También es importante destacar que un mismo testigo puede ser directo sobre algunas cuestiones (que dice conocer por haberlas percibido con sus propios sentidos) y de oídas respecto de otras (que dice conocer porque alguien más se lo dijo). Por tal motivo, la distinción no siempre puede establecerse con base en la persona que rinde el testimonio, sino de las manifestaciones que pretenda introducir y la forma en la que dice haber adquirido conocimiento de ellas.
34. Típicamente, la prueba de referencia representa dos clases de problema para el proceso legal: uno de valoración de la prueba (o epistemológico) y otro de formación de la prueba (o de derechos procesales).(6)
35. El problema de valoración de la prueba responde a la complejidad de establecer la credibilidad de una persona que no comparece a juicio(7) y a la que usualmente no se le ha tomado protesta de decir verdad.(8)
36. Si en audiencia de juicio, persona A declara que escuchó a persona B decir que vio a persona C hacer X y persona B no comparece a juicio, difícilmente podrá atribuírsele un valor probatorio adecuado a la testimonial de persona A para demostrar que persona C hizo X, pues persona B no estará disponible para comprometerse a decir la verdad, so pena de incurrir en responsabilidad penal (con lo cual se busca reducir la posibilidad de que cuente mentiras); o para informar si lo que persona A le atribuye haber dicho es cierto, cómo obtuvo conocimiento de ello, en qué circunstancias lo percibió, si tiene algún interés personal en el asunto, o cualquier otra cuestión relevante para determinar racionalmente la credibilidad de persona B y su capacidad para demostrar los hechos sobre los que se pronuncia.
37. Según la postura asumida por el Tribunal Colegiado en la sentencia reclamada, este problema de la prueba de referencia no la hace incompatible con nuestra Constitución pues, en términos del inciso A del artículo 20 de la Constitución Federal, nuestro sistema procesal penal se rige por un sistema de valoración de la prueba libre y lógica, lo cual permite considerar las deficiencias epistemológicas de la prueba de referencia y atribuirle un valor adecuado en función de las circunstancias específicas del caso y del resto del cúmulo probatorio.
38. Por el otro lado, desde la perspectiva de la formación de la prueba, o de derechos procesales, el problema de la prueba de referencia tiene que ver con los requisitos con los que deben contar todos los elementos de prueba para considerarse prueba válida susceptible de ser considerada para la emisión del fallo.
39. En este sentido, el artículo 20 de la Constitución Federal establece que, para efectos de la sentencia penal, solo será prueba aquella que haya sido desahogada en audiencia de juicio (fracción III), en presencia del juez (fracción II) y de manera pública, contradictoria y oral (fracción IV).
40. Bajo esta óptica, el problema de la prueba de referencia no tiene que ver con su alcance probatorio, sino con el derecho fundamental a un debido proceso. Específicamente, con el derecho de la persona imputada a confrontar y controvertir los medios de prueba en los que se sustenta la acusación (principio de contradicción) sin intermediarios ante el Tribunal de Enjuiciamiento que habrá de valorarlos para emitir su sentencia (principio de inmediación).
41. En el presente caso no se controvierte el método de valoración probatoria, pues hay coincidencia respecto a que el sistema vigente es el de la libre valoración probatoria. La controversia que persiste, y que no fue atendida por el Tribunal Colegiado, tiene que ver con los requisitos constitucionales para la formación de la prueba. Específicamente, si la prueba de referencia es susceptible de ser valorada, en atención a sus implicaciones en los principios de inmediación y contradicción. Por tanto, desde esta perspectiva se continúa con el análisis del presente recurso de revisión.
La prueba de referencia ante los principios de contradicción e inmediación
42. Esta no es la primera vez que esta Primera Sala analiza la constitucionalidad de una prueba de referencia en nuestro sistema procesal penal.
43. En el amparo directo en revisión 3048/2014,(9) esta Primera Sala analizó la regularidad constitucional de sustentar una sentencia condenatoria en testimoniales desahogadas fuera de juicio (en sede ministerial), ante la imposibilidad de localizar a los testigos para que comparezcan ante el órgano jurisdiccional rector de la causa, conforme al sistema penal mixto.
44. En aquel asunto se retomaron las consideraciones con las que esta Primera Sala resolvió el amparo directo 14/2011(10) y los amparos directos en revisión 3007/2014,(11) 3623/2014(12) y 4086/2015,(13) y se estableció que, incluso en el sistema mixto, son indispensables los principios de inmediación y contradicción como garantías procesales para no dejar al inculpado en estado de indefensión.
45. La falta de comparecencia de un testigo a rendir o ratificar su declaración, señaló esta Primera Sala, supone que el imputado no pueda realizar ninguna de las estrategias defensivas que cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone; o (ii) cuestionar la credibilidad de los atributos de la declaración, lo que puede llegar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer (argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o la calidad de la observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable).
46. Consecuentemente, concluyó que el no permitir al acusado someter a un medio de prueba a las garantías de inmediación y contradicción vulnera su derecho fundamental previsto en el inciso f) del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(14)
47. En el amparo directo en revisión 243/2017,(15) esta Primera Sala volvió a analizar la constitucionalidad de incorporar declaraciones rendidas por testigos fuera de juicio, otra vez en sede ministerial pero ahora ya en el sistema procesal penal acusatorio.
48. En este caso, la Primera Sala volvió a destacar la importancia de los principios de contradicción e inmediación como componentes centrales del debido proceso, y especificó que en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio dichos principios se traducen en una herramienta metodológica de formación de la prueba. Es decir, regulan el modo en que debe incorporarse la prueba al proceso penal acusatorio a fin de garantizar que los hechos no se demuestren a cualquier costo y por cualquier medio, sino sólo a través de las pruebas obtenidas con pleno respeto a los derechos f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32498-d14eea74/prueba-de-referencia-requisitos-para-que-pueda-constituir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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