PRUEBA DE REFUTACIÓN. EL ASPECTO MATERIAL DE SU CONTENIDO, DETERMINA SU CARÁCTER DE PRUEBA INDIRECTA. PRUEBA DE REFUTACIÓN. EL REGISTRO DE LA ENTREVISTA DE UN TESTIGO QUE SE PRACTICÓ DURANTE LA INVESTIGACIÓN INICIAL, Y QUE CONSTA EN UN DISPOSITIVO DVD, VÁLIDAMENTE SE PUEDE OFERTAR CON ESE CARÁCTER. PRUEBA DE REFUTACIÓN. LA OPORTUNIDAD PARA SU OFRECIMIENTO Y SU TRÁMITE, DERIVAN DE SU CARÁCTER DE ELEMENTO DE JUICIO EXTRAORDINARIO. PRUEBA DE REFUTACIÓN. LEGITIMACIÓN PARA SU OFRECIMIENTO.
AMPARO DIRECTO 14/2023. 31 DE ENERO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La quejosa promovió amparo directo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, en la que se le consideró penalmente responsable, a título de partícipe inductora, del delito de Homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 110, 112, 123, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tabasco.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud del Tribunal Colegiado del conocimiento, ejerció su facultad de atracción, fundamentalmente para pronunciarse sobre la naturaleza jurídica, los requisitos, el objeto y los alcances de la prueba de refutación, establecida en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de establecer la condiciones para resolver si la entrevista de un testigo que se practicó durante la etapa de investigación inicial, cuyo registro obra en un dispositivo de video DVD, puede ser válidamente ofertada como prueba de refutación.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
A través de la cual, se resuelve el Amparo Directo 14/2023, promovido por **********, en contra de la sentencia que se dictó el trece de diciembre de dos mil diecinueve, por la Primera Sala Penal del Tribunal de Alzada en el Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Tabasco, en el Toca de oralidad **********.
El problema jurídico a resolver, consiste en determinar la naturaleza jurídica, los requisitos, el objeto y alcances de la prueba de refutación, establecida en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de fijar las condiciones para resolver si la entrevista de un testigo que se practicó durante la etapa de investigación inicial, cuyo registro obra en un dispositivo de video DVD, puede ser válidamente ofertada como prueba de refutación.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El uno de septiembre de dos mil diecisiete, **********, a bordo del vehículo **********, tipo **********, **********, placas **********, circulaba sobre la calle ********** y avenida **********, en Villahermosa, Tabasco, cuando fue interceptado por **********, quien viajaba a bordo de una motocicleta, y con un arma de fuego le disparó en dos ocasiones a la cabeza, lo que le causó diversas lesiones que le provocaron la muerte.
2. Causa penal **********. En audiencia inicial que se celebró el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Control de la Región Nueve con sede en Centro Tabasco, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********** y **********, por su probable intervención, de manera respectiva, con el carácter de autor material y autora mediata, en el hecho constitutivo de delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 110, 112, 123, fracción I, del Código Penal del Estado de Tabasco.
3. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Número Nueve, con sede en Villahermosa, Tabasco, emitió fallo de condena en contra de **********, por considerarla penalmente responsable del delito de homicidio calificado, como partícipe inductora, en agravio de **********.
4. Toca de oralidad **********. Inconformes con esa resolución, la sentenciada, el Ministerio Público y la parte ofendida, interpusieron sendos recursos de apelación, de los que conoció la Primera Sala Penal del Tribunal de Alzada en el Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Tabasco, donde se registraron con el número **********; y en sentencia que se dictó el trece de diciembre de dos mil diecinueve, se confirmó el fallo de primera instancia.
5. Para tales efectos, se consideró que la intervención de **********, quedó acreditada a través de la prueba circunstancial, que se conformó, principalmente, con la narrativa del testigo de cargo **********, autor material del delito, quien la señaló como la persona que le proporcionó los elementos y datos para privar de la vida a **********, mismos que aquélla conocía con motivo de la relación de trabajo que tenía con la víctima.
6. Lo expresado por el testigo de cargo, se obtuvo de diversas fracciones que se reprodujeron de un DVD, respecto de su entrevista, junto con tres testimoniales más, que fueron aportadas al juicio oral como pruebas de refutación.
7. Amparo directo **********. En escrito que se presentó el ocho de enero de dos mil veinte, **********, por propio derecho, promovió amparo directo, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, cuya presidencia, en auto de quince de enero siguiente, radicó la demanda con el número ********** y la admitió a trámite.
8. Luego, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ejerciera su facultad de atracción para conocer del amparo directo.
9. Solicitud de atracción **********. El entonces Ministro Presidente de este Alto Tribunal, en auto de diecisiete de octubre siguiente, admitió a trámite la solicitud, la registró con el número **********, y la turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá; quien presentó la propuesta correspondiente ante esta Primera Sala, y en sesión de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer del asunto.
10. Trámite ante la Suprema Corte. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte, en auto de veintiséis de mayo siguiente, lo registró como Amparo Directo 14/2023, lo radicó en la Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
11. El Ministro Presidente de la Primera Sala, en sendos autos de dieciocho de agosto y once de octubre posteriores, ordenó avocarse al conocimiento del asunto, lo envió a su Ponencia para elaborar proyecto de resolución, y tuvo por recibida la intervención ministerial 112/2023.
I. COMPETENCIA
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el asunto, en términos de los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Ley de Amparo; 21 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno;(1) y los Puntos Primero, párrafo segundo, y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013,(2) porque se trata de un juicio de amparo directo de naturaleza penal, respecto del que se ejerció la facultad de atracción; sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
13. Resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad de la demanda de amparo y la legitimación de la promovente, porque el Tribunal Colegiado ya verificó esos aspectos.
III. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
14. El acto reclamado en el juicio de amparo, como se precisó en el correspondiente acuerdo de Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, lo constituye la sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve, que dictó la Primera Sala Penal del Tribunal de Alzada en el Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Tabasco, en el Toca de oralidad **********; cuya existencia se encuentra constatada a través del informe justificado que rindió esa autoridad, en sentido afirmativo, y envió los autos del citado toca penal, así como del juicio oral **********, entre los que obran tres Discos Versátiles Digitales (DVD), correspondientes a la audiencia de juicio; instrumentos que les corresponde el carácter de documentos públicos, conforme a los artículos 93, fracción VII, 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.(3)
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
15. Las partes no plantearon la posible actualización de alguna causa de improcedencia; y del estudio oficioso del expediente, no se desprende su existencia.
V. ESTUDIO DE FONDO
16. Esta Primera Sala, al resolver la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción **********, determinó que el asunto satisfacía los requisitos de interés y trascendencia para su estudio, en los términos siguientes:
"Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto reviste las características de interés y trascendencia, ante la necesidad de establecer un criterio orientador referente a la incorporación fragmentada por medio de la reproducción de un DVD que contiene la entrevista del testigo de cargo practicada en la etapa de investigación, esto ahora como prueba de refutación y con fundamento en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales así como confesar el hecho imputado, tópico sobre el cual aún no se cuenta con un precedente obligatorio.
Así es, ya que esta Primera Sala previamente se ha pronunciado sobre la regularidad constitucional de normas penales que contemplan excepciones a los principios de inmediación y contradicción, pero que no están previstas en la Constitución federal. En ese sentido, surge la necesidad de establecer un criterio que determine si la naturaleza específica de las pruebas de refutación permite la incorporación a través de un documento (DVD) la entrevista del testigo, obtenida durante la etapa de investigación, respecto del cual, no existe precedente emitido por este Alto Tribunal que resuelva un caso con dichas particularidades."(énfasis de origen)
17. En ese orden de ideas, para resolver el planteamiento sobre el que esta Primera Sala ejerció su facultad de atracción, primero se examinarán con base en los precedentes de este Máximo Tribunal, los principios de inmediación y de contradicción, que subyacen al sistema procesal penal acusatorio (I y II); luego, se definirá el marco normativo aplicable a la prueba de refutación, para realizar el análisis dogmático de su contenido (III); y finalmente, se constatarán las condiciones de interacción entre los mencionados principios del sistema adversarial y oral, frente a la prueba de refutación, como herramienta para superar contradicciones (IV).
I. El principio de inmediación en el sistema procesal penal acusatorio
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los Amparos Directos en Revisión 3495/2018(4) y 6020/2018,(5) consideró que para establecer los componentes del principio de inmediación era necesario tener en cuenta las razones y propósitos que el Poder Constituyente registró en el proceso de reforma constitucional, en el que plasmó las necesidades que pretendía solventar con la instauración del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral.
19. Se precisó que, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, se modernizó el procedimiento al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, lo que constituía un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administraba justicia en este ámbito.
20. Respecto del principio de inmediación, se refirió que el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal en vigor, dispone:
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
[...] II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; [...]"
21. Y en el dictamen de primera lectura, de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete, se expuso:(6)
"[...] Consideraciones
[...] En este sentido, cabe acotar que ningún sistema de justicia es totalmente puro, pues debe ser acorde con las exigencias de las sociedades de cada país. En el caso de la propuesta que se plantea, se pretende implantar un sistema acusatorio respetando sus fundamentales principios y características, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana.
[...] El hecho de que las diligencias generalmente se consignen por escrito, se ha traducido, en la mayoría de los casos, en opacidad a la vista de los ciudadanos, toda vez que el Juez no está presente en la mayoría de las audiencias, pues delega frecuentemente sus funciones a auxiliares. Un muestreo representativo del CIDE en las cárceles de Morelos, DF y el estado de México, en 2006, revela que el 80 por ciento de los imputados nunca habló con el Juez.
[...] Estructura del artículo 20
La creación del proceso acusatorio exige la reestructuración del artículo 20 para dar cabida a los principios del debido proceso legal. Con el objeto de concentrar al máximo las reglas que disciplinan este tipo de procesos se decidió estructurar el artículo en tres apartados.
El apartado A comprende el diseño y las reglas generales del proceso penal en sus distintas fases, investigación sometida a control judicial, etapa de preparación de juicio oral, audiencias que requieren contradicción y juicio. Los apartados B y C prevén, respectivamente, los derechos de la persona imputada, y los de la víctima u ofendido.
Apartado A. Principios del proceso
[...] La fracción II de este apartado establece los principios de inmediación y de libre valoración de la prueba.
El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el Juez en una audiencia, de modo tal que éste esté en aptitud de determinar, previa una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión. Este método eleva enormemente la calidad de la información con la que se toma la decisión, toda vez que además de permitir un contacto directo con la fuente de prueba, la resolución se adopta después de escuchar a las dos partes [...]"
22. Sobre esa base, se precisó que el principio de inmediación se integraba, en primer lugar, por la necesaria presencia del juez en el desarrollo de las audiencias.
23. Ello, porque en los procesos orales, el mecanismo institucional que permitía a las personas juzgadoras tomar decisiones, era la realización de una audiencia, en la que las partes podían –cara a cara– presentar sus argumentos de manera verbal, la evidencia que apoyaba su decisión y controvertir lo que la contraparte afirmaba. Se dijo que, en la tradición procesal anglosajona, esta idea podía parecer sencilla y evidente, pero constituía una revolución para el funcionamiento del recién incorporado sistema de justicia penal, ya que las nociones de que la persona juzgadora debía estar presente en la audiencia y que en ella debía resolver el asunto, aunque de cierta forma estaban previstas en los códigos procesales del sistema penal tradicional, en realidad no operaban.
24. De manera que con la redacción de la fracción II, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, el principio de inmediación aseguraba la presencia de la persona juzgadora en las actuaciones judiciales, al establecer que "Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez", con lo que se pretendía evitar una de las prácticas más comunes que llevaron al agotamiento del procedimiento penal mixto o tradicional, en el que la mayoría de las audiencias no eran dirigidas físicamente por el Juez, sino que su realización se delegaba al secretario del juzgado. Y en esa misma proporción, también se delegaba el desahogo y la valoración de las pruebas. En esa vertiente, el principio de inmediación tenía como objetivos garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes.
25. El segundo elemento que integraba el principio de inmediación, era la exigencia de percibir directa y personalmente los elementos probatorios que serían útiles para la decisión.
26. Como se podía constatarse, para el poder reformador de la Constitución, el principio de inmediación "presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el Juez en una audiencia, de modo tal que esté en aptitud de determinar, previa una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión".
27. Propósito que adoptaba las nociones del principio de inmediación en su sentido estricto, lo que implicaba reconocer que en la etapa de juicio era donde cobraba plena aplicación, pues el contacto directo que la persona juzgadora tenía con los sujetos y el objeto del proceso, lo colocaban en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que surgiera de las pruebas personales, es decir, de aquellas que para su desahogo requerían de la declaración que en juicio rindiera el sujeto de prueba, como la testimonial, la pericial o la declaración del acusado.
28. Lo que quería decir que en la producción de las pruebas personales, la presencia de la persona juzgadora en la audiencia, le proporcionaba las condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañaban a las palabras del declarante, lo que había sido denominado como componentes paralingüísticos, y que incluían el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas, sonrojo, etcétera. De manera que el Juez, gracias a su inmediación con la prueba, podría formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, para luego de motivar su valor y alcance probatorio decidiera la cuestión esencial del asunto, que era si el delito estaba o no demostrado.
29. De ahí que en esta vertiente, el principio de inmediación se configuraba como una herramienta metodológica de formación de la prueba; es decir, el modo en que debía incorporarse la prueba al proceso, y que permitía a la persona juzgadora percibir toda la información que de ella se desprendía.
30. En ese sentido, no debía confundirse la inmediación con la corrección en la motivación sobre la valoración y alcance demostrativo de la prueba personal, es decir, debía distinguirse la herramienta metodológica de formación de la prueba, del manejo que realizaba la persona juzgadora con la información que como resultado arrojara la prueba.
31. El tercer elemento que conformaba al principio de inmediación, radicaba en la exigencia de que la persona juzgadora que intervenía en la producción de las pruebas personales, fuera la misma que emitiera el fallo del asunto y que ello ocurriera en el menor tiempo posible.
32. Desde este enfoque, el principio de inmediación demandaba que la sentencia fuera dictada por la misma persona juzgadora que hubiera presenciado la práctica de las pruebas, ya que el contacto personal y directo con el material probatorio lo ubicaba en una situación idónea para fallar el caso.
33. Asimismo, imponía una inmediata discusión y fallo de la causa, es decir, apenas producida la prueba, sin dar margen de demora o postergación alguna, debía exigirse que se formularan los alegatos de las partes ante el órgano de enjuiciamiento, y a su vez, apenas ocurrida la discusión de la causa, clausurado el debate, debía dictarse el fallo correspondiente. 34. De este modo, se asegurarían las ventajas de la inmediación en el desarrollo de la causa y recepción de las pruebas, ya que el beneficio obtenido por la intervención directa y personal de la persona juzgadora, se debilitaría gradualmente si se admitiera un cambio del Juez, pues privaría al proceso de todos los efectos positivos de este principio.
35. De igual forma, si se permitiera que los alegatos se postergaran o si luego de terminada la discusión, el Juez dejara transcurrir largo tiempo sin pronunciar la sentencia, que debía reflejar lo más fielmente posible el conocimiento y las impresiones adquiridas por los jueces durante la vista de la causa; pues de poco valdría que la propia persona juzgadora escuchara a las partes o participara de sus discusiones para aclarar el sentido de la controversia, recibiera la confesión, la declaración de los testigos, pidiera explicaciones a los peritos, etcétera, si tales actos los realizaba en momentos aislados, distantes temporalmente unos de otros, interferidos por cuestiones incidentales, y todo ello a tiempo lejano del instante en que se avocaría a razonar y pronunciar su fallo.
36. Con la precisión de que, para nuestro sistema de justicia penal, el principio de inmediación no podía llegar al extremo de exigir que la persona juzgadora que emitiera la sentencia, fuera la misma que conociera de la causa penal desde su inicio, porque en ese sentido, el Poder Reformador privilegió el objetivo de garantizar la imparcialidad judicial y evitar que los jueces que intervenían en las etapas preliminares conocieran del juicio oral; ello, porque:
"Para los efectos de garantizar la imparcialidad judicial y evitar que los jueces se contaminen con información que no haya sido desahogada en el juicio, se prevé que éste se desarrolle ante un Juez o tribunal distinto al que haya conocido del caso previamente, en la fracción IV. Se trata de la separación de los órganos de jurisdicción de la primera instancia.
Una vez que se ha cerrado la investigación y se ha formulado una acusación, el Juez de control que dicta el auto de vinculación y la resolución de apertura a juicio, deja de ser competente para conocer del juicio. La idea con esta previsión es que el Juez o el tribunal del juicio no tenga sino el auto de apertura en el que se indique cuál es la acusación y la prueba que será desahogada en el juicio y que el órgano de decisión escuchará por primera vez."(7)
37. Y el cuarto elemento que permitía configurar la inmediación, como principio procesal, era su caracterización como componente del debido proceso, cuya infracción en la audiencia de juicio oral, irremediablemente conducía a la reposición del procedimiento.
38. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sostenido que el debido proceso se definía como el conjunto de actos de diversas características que tenían la finalidad de asegurar, tanto como fuera posible, la solución justa de una controversia; y había señalado, que uno de los fines fundamentales del proceso era la protección de los derechos de los individuos.(8)
39. En el procedimiento penal, la verificación de los hechos que las partes sostenían, llevaba consigo una serie de exigencias que eran indiscutibles, entre las que se encontraba el principio de inmediación, al constituir la herramienta metodológica de formación de la prueba, es decir, el modo en que debía incorporarse la prueba al proceso y que permitía a la persona juzgadora percibir toda la información que de ella se desprendiera.
40. Por tanto, la infracción al principio de inmediación en la etapa de juicio oral, constituía una falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual, irremediablemente conducía a la reposición del procedimiento; es decir, a que se repitiera la audiencia de juicio, porque sin inmediación la sentencia condenatoria que se emitiera carecía de fiabilidad, en tanto que no se habría garantizado la debida formación de la prueba, y por ende, no habría bases para considerar que la persona juzgadora dispuso de pruebas de cargo válidas para sentenciar.
II. El principio de contradicción en el sistema procesal adversarial y oral
41. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 2458/2022,(9) estableció que la génesis del principio de contradicción, yace en los artículos 8.1 y 8.2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14, párrafo segundo, y 20, fracciones III, primera parte, y IV, segunda parte, ambos de la Constitución General de la República; que disponen:
"Artículo 8. Garantías Judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
[...] f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos."
"Artículo 14.
[...] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [...]
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
[...] III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio.
[...] IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral [...]"
42. Mientras que en la legislación secundaria, el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define al principio de contradicción en los términos siguientes: "las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código".
43. En la misma línea, en el Amparo Directo en Revisión 6888/2018,(10) esta Primera Sala estableció que los principios sobre los que se edificaba el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, eran interdependientes y su observancia permitía la plena garantía de los derechos de inculpados y víctimas frente al sistema de justicia penal. Por tanto, los mismos eran directrices a seguir, tanto para los legisladores secundarios como para los operadores jurídicos en su aplicación a casos concretos.(11)
44. Y en lo que concretamente correspondía al principio de contradicción, se recordó que el artículo 14.3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(12) reconocía como derecho de toda persona acusada, en plena igualdad, de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
45. Al respecto, se dijo que el Comité de Derechos Humanos había interpretado que esta garantía era importante para asegurar una defensa efectiva por los acusados y sus abogados, lo que conllevaba, además, a sostener que los acusados tenían las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos y a interrogarlos y contrainterrogarlos en los mismos términos que tenía la acusación. Con la precisión de que su ejercicio no era ilimitado, sino que implicaba el derecho a que se admitiera a testigos pertinentes para la defensa y a tener oportunidad de interrogar a los testigos de cargo e impugnar sus declaraciones.(13)
46. De manera correlativa, se destacó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 6.1 y 6.3, inciso d),(14) estipulaba el principio de igualdad de armas entre la acusación y la defensa, así como el derecho a interrogar o de hacer interrogar a los testigos; como principios fundamentales del proceso penal que posibilitaban la real impugnación por parte del acusado de los cargos en su contra, y como piedras angulares del derecho a un proceso penal contradictorio. Ello implicaba la facultad de tener conocimiento de las observaciones y pruebas presentadas por la otra parte, comunicar a la defensa todas las pruebas pertinentes, que tenían en su poder las autoridades a favor o en contra del acusado.(15)
47. A guisa de ejemplo, se citó la Constitución estadounidense, que reconocía la cláusula de confrontación, así como el derecho a interrogar y contrainterrogar testigos; y particularmente, la cláusula VI garantizaba que la persona inculpada tuviera el derecho a confrontar a quienes testificaran en el juicio, lo cual conllevaba el derecho implícito a que la persona inculpada, por regla general, estuviera presente en el juicio, aunque excepcionalmente y bajo determinadas circunstancias, esa presencia pudiera verse limitada. Principios que si bien constituían ejes fundamentales en los juicios penales, en la medida que implicaban la posibilidad de defenderse; la propia jurisprudencia norteamericana había reconocido que el derecho general de los acusados a confrontarse cara a cara con los testigos no era absoluto y podrían presentarse medidas alternativas para asegurar la esenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33519-07713331/prueba-de-refutacion-el-aspecto-material-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS REGLAS CONTENIDAS AL RESPECTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VULNERAN EL DEBIDO PR (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- PRUEBA DE REFERENCIA. REQUISITOS PARA QUE PUEDA CONSTITUIR PRUEBA VÁLIDA. TESTIMONIO DE OÍDAS. ES UNA FORMA ESPECÍFICA DE PRUEBA DE REFERENCIA POR LO QUE, POR REGLA GENERAL, NO (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DERECHO PROCESAL DE LA VÍCTIMA A SOLICITAR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR AL HECHO DELICTIVO. EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE (AMPARO EN REVISIÓN)
- PRUEBA ANTICIPADA DESAHOGADA SIN LA PRESENCIA DEL ACUSADO. NO PUEDE SER UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA JUSTIFICAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA. (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU ADMISIÓN, INADMISIÓN, EXCLUSIÓN O NO EXCLUSIÓN, EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN O INTERMEDIA, POR VIOLAC (XVII.1o.P.A.92 P (10a.))
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE SE VULNERÓ AL DESAHO (II.3o.P.50 P (11a.))
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA (1a. LVII/2018 (10a.))
- PRUEBA ANTICIPADA DESAHOGADA SIN LA PRESENCIA DEL ACUSADO. NO PUEDE SER UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA JUSTIFICAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA. (1a./J. 86/2025 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis