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Modo: Corpus Pro

DERECHO PROCESAL DE LA VÍCTIMA A SOLICITAR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR AL HECHO DELICTIVO. EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE ESTA MEDIDA PROVISIONAL, INTERPRETADO DE MANERA CONFORME, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD PROCESAL, INMEDIACIÓN Y CONTRADICCIÓN, QUE RIGEN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. DERECHO PROCESAL DE LA VÍCTIMA A SOLICITAR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR AL HECHO DELICTIVO. EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE ESTA MEDIDA PROVISIONAL, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 217/2022. · Registro digital (IUS): 32069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-19
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, Pág.1792.

AMPARO EN REVISIÓN 217/2022. 1 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La parte quejosa impugnó vía juicio de amparo indirecto la determinación emitida en una audiencia en la que el Juez de Control, con fundamento en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó diversas medidas provisionales tendentes a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de ocurrir los hechos denunciados, relacionados con diversos acuerdos que se tomaron en una asamblea general ordinaria de una sociedad mercantil, específicamente, la revocación de su administrador único y el aumento del capital. Respecto de ese precepto formuló conceptos de violación alegando su inconstitucionalidad por transgredir el derecho fundamental de seguridad jurídica y a los principios de inmediación, contradicción e igualdad procesal.

El Juez de Distrito que conoció del juicio constitucional, negó el amparo, porque consideró que la sola circunstancia de que el artículo reclamado no contemplara de forma taxativa que debía darse intervención al imputado para el otorgamiento de medidas provisionales, no constituía en sí misma un vicio de inconstitucionalidad, ya que desde su concepción a nivel constitucional esas medidas se regían por el principio de contradicción, además, el precepto combatido debía observarse de manera orgánica con el cuerpo legal del que formaba parte.

Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, en cuya resolución, el Tribunal Colegiado del conocimiento, a falta de precedente, remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia para la asunción de su facultad originaria.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día primero de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

A través de la cual, se resuelve el amparo en revisión 217/2022, interpuesto por **********, por propio derecho, y en representación de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia que dictó el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto **********.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en analizar la regularidad constitucional del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en específico, para determinar si resulta contrario o no al derecho fundamental de seguridad jurídica y a los principios de inmediación, contradicción e igualdad procesal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, se celebró la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad mercantil **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que entre otras determinaciones, se acordó: i) revocar al señor **********, como administrador único de la sociedad, y se designó en ese cargo al señor **********, con las facultades y poderes que fueron revocados; y ii) aumentar el capital social de la empresa, en su parte variable, en un monto de $********** (********** de pesos M.N.), para quedar en la cantidad total de $********** (********** pesos M.N.).

2. Inconforme con lo anterior, la Sociedad Mercantil **********, Sociedad Anónima de Capital Variable (accionista de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable), a través de **********, en su carácter de presidenta del Consejo de Administración, promovió en la vía ordinaria mercantil, acción de oposición, y solicitó como medida cautelar la suspensión de la ejecución de las resoluciones adoptadas en la mencionada asamblea.

3. De la demanda tocó conocer al Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, donde se radicó como juicio ordinario mercantil **********, y previo desahogo de una prevención para acompañar copias del escrito inicial, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, la admitió a trámite, y decretó la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos:

"... Como lo solicita, se decreta la suspensión de las resoluciones adoptadas de la asamblea general ordinaria de accionistas de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en calle **********, número **********, colonia **********, Municipio de **********, San Luis Potosí, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guarden y no se ejecuten las resoluciones tomadas en la aludida asamblea de accionistas, hasta en tanto se falle el asunto de origen. Y, en el caso de que se haya iniciado ya el cumplimiento de las decisiones tomadas en dicha asamblea, la medida cautelar que se concede, tendrá el efecto de que no se continúe con dicha ejecución; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

"En efecto, la medida decretada se concede al haberse solicitado expresamente por la parte actora, y acorde a lo establecido en la Ley que establece el derecho de oposición que hace valer la accionante, además de que para su efectividad evidentemente se fijará garantía bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada la oposición.

"En consecuencia, requiérase a la parte actora para que dentro del término de tres días exhiba ante este juzgado fianza por la cantidad de $********** (********** PESOS ********** M.N.), con el propósito de garantizar los posibles daños y perjuicios que con dicha medida pudieran ocasionarse, en caso de declararse infundada la oposición de las resoluciones adoptadas en la citada asamblea.

"Cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que el asunto es de cuantía indeterminada, puesto que lo que se reclama es la oposición de los acuerdos tomados en la asamblea general de accionistas antes citada.

"Aunado a que de la interpretación del artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se evidencia la suspensión de la ejecución de los acuerdos o resoluciones tomados en la asamblea de accionistas de una sociedad, constituye una medida precautoria que podrá decretarse para evitar que la ejecución de esas resoluciones provoque la ineficacia de la sentencia que llegue a dictarse; luego, se insiste en que es procedente la misma en el caso, al haberse ejercitado la acción de oposición contra aquellas determinaciones, sin que sea factible realizar un estudio de la acción ejercida respecto a las prestaciones reclamadas, pues ello evidentemente tendrá lugar al momento de dictarse una sentencia sobre el fondo de lo solicitado, en su caso; además de que la medida sólo restringe el derecho de ejecutar los acuerdos tomados, de manera preventiva, provisional y no definitiva. ..."

4. En contra de ese acuerdo, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto, que se registró con el número **********, en el índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y se resolvió el trece de enero de dos mil veinte, en el sentido de negar el amparo solicitado.

5. Por escrito que se presentó el nueve de marzo de dos mil dieciocho, **********, en su carácter de apoderado legal y accionista mayoritario de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, formuló querella y/o denuncia, ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en la que señaló que tuvo conocimiento de que la sociedad mercantil **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en octubre de dos mil diecisiete, celebró una asamblea general ordinaria de accionistas en la que fue removido el señor **********. Además, que el propósito de esa asamblea irregular fue apropiarse del control corporativo de la sociedad y de sus activos, pues no se cumplieron los requisitos legales para convocarla, y se simuló el aumento de capital de la sociedad sin acreditar su pago, a fin de que algunos accionistas dejaran de ser minoría.

6. El mismo día, se inició la carpeta de investigación **********, y el veintisiete de marzo siguiente, **********, en su carácter reconocido de asesor jurídico de la víctima, formuló petición al Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales del Sistema Penal Acusatorio, para que presentara solicitud de audiencia al Juez de Control, con la finalidad de discutir sobre el otorgamiento de medidas especiales previstas en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de ocurrir los hechos denunciados.

7. El Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, recibió la solicitud formulada, y el veintiséis de abril posterior, al celebrar la audiencia de control en la causa penal **********, concedió las siguientes medidas de restablecimiento provisional:

"I. Deberá dejarse sin efectos o suspenderse de manera provisional todos los acuerdos adoptados en la asamblea de fecha 4 (cuatro) de octubre del año 2017.

"II. El administrador general único y director general ********** designado en dicha asamblea, deberá abstenerse de ejercer dicho encargo.

"III. De manera provisional y con motivo de las medidas decretadas, la administración de la sociedad deberá quedar a disposición del anterior administrador general único el C. **********, quien ejercía dicho encargo hasta antes de la asamblea de fecha 4 (cuatro) de octubre del año 2017.

"IV. La participación o tenencia accionaria deberá de permanecer como se encontraba antes de la fecha 4 (cuatro) de octubre del año 2017.

"V. El comité técnico del fideicomiso bajo el número ********** del banco, ********** en donde la empresa **********, S.A. de C.V. es fideicomitente y fideicomisaria, deberá ser representado provisionalmente por las mismas personas que detentaban dicho cargo hasta antes de la asamblea de fecha 4 de octubre del año 2017, quienes son los C. **********, **********, **********, todos ellos en su carácter de miembros propietarios y por los C. **********, ********** y ********** en su carácter de suplentes.

"VI. Cualquier institución de crédito deberá abstenerse de reconocer como nuevo administrador general único a la persona designada mediante la asamblea del día 4 de octubre del año 2017, con motivo de la medida provisional que se solicita."

8. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Control libró exhorto al Juez en turno del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Villa de Reyes, San Luis Potosí, a efecto de que se diera cumplimiento a las medidas provisionales decretadas.

9. Amparo indirecto. En escrito que se presentó el doce de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, **********, por propio derecho, y en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, y administrador único de la sociedad mercantil **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamó su intervención en el proceso legislativo relativo a la aprobación, expedición y promulgación del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2. Del Congreso de la Unión, reclamó su intervención en el proceso legislativo relativo a la aprobación, expedición y promulgación del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3. Del Juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí, reclamó la omisión de hacer cumplir la resolución incidental dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, dentro del juicio de amparo **********, así como su abstención a preservar la materia de dicho juicio constitucional; y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, de facto o de iure que derivaran de los actos reclamados.

4. Del Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, reclamó el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el que ordenó como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la asamblea general ordinaria de accionistas de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dejando o suspendiendo los efectos de esa asamblea; la orden de detención o aprehensión o comparecencia o presentación, dictada contra de **********; y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos que derivaran de los actos reclamados.

5. Del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Estado de Nayarit, del fiscal general del Estado de Nayarit, y del director de Investigación Criminal (Ministerial) del Estado de Nayarit, reclamó la tramitación e integración de una carpeta de investigación seguida a espalda del quejoso y su representada; y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, que derivaran de los actos reclamados.

6. Del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral con residencia en Santa María del Río, San Luis Potosí; de la directora general del Instituto Registral y Catastral del Estado; del Registrador Público de Santa María del Río, San Luis Potosí; del Oficial Judicial adscrito a la Sala Base del Sistema de Justicia Penal Acusatorio con residencia en Santa María del Río, San Luis Potosí, reclamó la inminente intervención en la cumplimentación y diligenciación del exhorto derivado del auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit; y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, que derivaran de los actos reclamados.

7. Del procurador de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, del director de Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí; del agente o encargado de la Policía Ministerial de Villa de Reyes, San Luis Potosí, reclamó su inminente intervención en la materialización de la orden de detención o aprehensión o comparecencia o presentación, dictada contra el quejoso; y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, que derivaran de los actos reclamados.

10. Conoció del asunto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, cuyo titular, en auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, lo registró con el número **********, y requirió al promovente para que exhibiera las copias necesarias de la demanda de amparo para el debido trámite del asunto.

11. Desahogada la prevención, en auto de diecinueve de junio siguiente, respecto del acto reclamado al Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, consistente en la omisión de hacer cumplir la resolución incidental dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, dentro del juicio de amparo **********, así como su abstención a preservar la materia de dicho juicio constitucional; y todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, de facto o de iure que derivaran de los actos reclamados. El Juez de Distrito del conocimiento resolvió de oficio y de plano decretar la separación de los procedimientos de amparo y ordenó remitir el testimonio correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que el referido acto reclamado se registrara y turnara como asunto nuevo.

12. Asimismo, desechó de plano la demanda con relación a los actos reclamados al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Estado de Nayarit, fiscal general del Estado de Nayarit y director de Investigación Criminal (Ministerial) del Estado de Nayarit, por considerar actualizada de forma manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la reclamada tramitación e integración de la carpeta de investigación no eran actos de imposible reparación que irrogaran perjuicio a los derechos sustantivos del quejoso.

13. Luego, admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los restantes actos reclamados, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, señaló como terceros interesados al Ministerio Público que intervino en la audiencia de la que derivó el acto reclamado, así como a **********, quien se ostentó como apoderado legal y asesor victimal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito.

14. La parte quejosa, en escrito que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, amplió la demanda de amparo, respecto del Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, de quien reclamó:

• La audiencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, celebrada dentro de la causa penal **********, derivada de la carpeta de investigación **********.

• La resolución dictada dentro de la referida audiencia.

• El auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro de la citada causa penal.

15. En escrito que se recibió en la misma oficina de correspondencia, el diecisiete de agosto siguiente, la parte quejosa nuevamente amplió la demanda de amparo, en cuanto al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, de quien reclamó:

• El acta mínima de la audiencia de actos de control judicial de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal **********.

16. Asimismo, la quejosa atribuyó el carácter de autoridades ejecutoras, al representante legal de **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; al Comité Técnico del Fideicomiso de Actividades Empresariales **********, contratado con la institución bancaria señalada; así como a **********, como particular ejecutor.

17. En auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se admitieron a trámite las ampliaciones de demanda, únicamente respecto de la audiencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que se atribuyó al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, y de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras; por tanto, se requirieron los informes justificados correspondientes.

18. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia, en los términos siguientes:

• Se sobreseyó en el juicio, respecto de los actos que reclamaron al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, consistentes en la orden de detención, aprehensión, comparecencia o presentación dictada contra el quejoso **********, y su ejecución que se atribuyó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Policía Ministerial del Estado y al Encargado de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Villa de Reyes, San Luis Potosí.

• Se negó la protección constitucional contra los actos que reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Congreso de la Unión, consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. • Concedió el amparo contra los actos que se reclamaron del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Base Santa María del Río y del Oficial Judicial de su adscripción, y de la directora del Registro Público de la Propiedad, y del encargado del Registro Público de la Propiedad, con residencia en Santa María, San Luis Potosí, así como de **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, y del Comité Técnico del Fideicomiso de Actividades Empresariales **********, contratado con la institución bancaria señalada, relacionados con la concesión y ejecución de las medidas cautelares solicitadas por la parte quejosa. Y para el efecto de que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, realizara lo siguientes:

a) Dejara insubsistente la audiencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, verificada en autos de la causa penal ********** y el acta levantada con motivo de la misma, así como el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el que se dispuso el envío del exhorto derivado de dicha actuación; y,

b) Ordenara la reposición del procedimiento a fin de que se cite a los imputados a fin de que manifiesten lo que a su derecho corresponda con relación a las medidas solicitadas por el denunciante, hecho lo cual, prosiguiera con el trámite correspondiente y con libertad de jurisdicción, resolviera lo que estime pertinente.

c) En el entendido de que la nueva audiencia, en que se dé cumplimiento al fallo protector, debía ser presidida por un nuevo Juez de Control que al efecto se designara, pues de no hacerlo así, se corría el grave riesgo de quebrantar los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que rigen en el sistema acusatorio y oral.

19. Recurso de revisión. En desacuerdo con lo resuelto, **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en escrito que se presentó ante la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de revisión.

20. Conoció del asunto el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, cuyo presidente, en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, admitió a trámite el recurso y lo registró con el número **********; luego, en sesión ordinaria virtual de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, determinó remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que reasumiera su competencia originaria y se pronunciara respecto de la constitucionalidad el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

21. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ministro presidente de este Alto Tribunal, en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, determinó asumir la competencia originaria para conocer del recurso, lo registró con el número 217/2022, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

22. La presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de diecinueve de agosto siguiente, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y lo envió a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

23. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y, 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia que se dictó en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, por un Juzgado de Distrito, en el que se cuestionó la regularidad constitucional de una norma de carácter general del orden federal, como lo es el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya materia es de la especialidad de esta Sala, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

24. Es innecesario pronunciarse sobre la oportunidad con que se hizo valer el recurso de revisión, porque el Tribunal Colegiado verificó ese aspecto, y determinó que se interpuso en tiempo.

III. LEGITIMACIÓN

25. El autorizado del quejoso está legitimado para interponer el recurso de revisión principal, porque tiene reconocido ese carácter en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN

26. Conceptos de violación. La parte quejosa, con relación al tema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, hizo valer, en síntesis:

• El artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

Las garantías de seguridad jurídica postulaban la certeza que debía tener el gobernado de que su persona, familia, posesiones o derechos, serían respetados por la autoridad; pero si se producía una afectación, debía ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución y las leyes secundarias.

Los artículos 14 y 16 constitucionales, establecían el derecho fundamental a la seguridad jurídica, sobre el que la Primera Sala de la Suprema Corte, en la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", señaló: "... las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión."

El precepto reclamado era inconstitucional, porque la garantía de seguridad jurídica tenía por objeto generar en los gobernados un estado de confiabilidad y calculabilidad de las consecuencias que generaran sus actos, evitando de esta manera el engaño, frustración, sorpresa y arbitrariedad; por tanto, las normas no debían ser aisladas sino interpretarse como parte integrante de un sistema jurídico.

Así, la seguridad jurídica consistía en la expectativa del ciudadano, razonablemente fundada, sobre cuál había de ser la actuación del poder en la elaboración y aplicación del derecho por todas las autoridades, en este caso judiciales. En efecto, la actuación del Estado mexicano, estaba limitada por el derecho, concretamente por el principio de legalidad, conforme al cual, todo ejercicio del poder público debía estar sometido a la voluntad de la ley, que se traducía en que las autoridades sólo podían hacer aquello que les estaba permitido.

• Las garantías constitucionales salvaguardaban la correcta aplicación de la ley; precisamente, las garantías de seguridad creaban una especie de "coto vedado", restringiendo la actividad del Estado que únicamente podía intervenir en ciertos casos si se cumplían los requisitos del Texto Constitucional. La seguridad jurídica implicaba la certeza que debía tener el gobernado de que su persona, papeles, familia, posesiones o derechos, serían respetados por la autoridad; y si ésta debía afectarlos, tenía que ajustarse a los procedimientos previamente establecidos por la ley.

Las garantías de seguridad jurídica habían sido definidas como derechos subjetivos públicos que podrían oponerse a los órganos estatales, ya que podrían hacerse valer ante sujetos pasivos públicos, es decir, el Estado y sus autoridades, para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, ya sean privativos o de molestia, para que no caigan en indefensión o incertidumbre jurídica.

Así, las garantías de seguridad jurídica partían de la premisa que debían observarse requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, a la vez que privilegiaban que no cayeran en estado de indefensión o incertidumbre jurídica. En ese sentido, el legislador estaba obligado a consignar en las leyes, el procedimiento adecuado para oír a los gobernados y darles oportunidad de defenderse; lo que no se observó al momento de expedirse el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Si bien, dicho numeral postulaba y privilegiaba la posibilidad de que la presunta víctima solicitara y obtuviera una medida que le permitiera que se le restituyeran sus bienes u objetos, o bien, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho; también lo era que el legislador fue omiso en prever que la medida provisional resultaba susceptible de afectar los derechos de terceros, ya que no permitía escuchar en derecho y de manera previa al otorgamiento de la medida, a la persona física o moral que pudiera verse afectada con la misma.

• En esa tesitura, la omisión legislativa era inconstitucional, porque que la eventual afectación a derechos de terceros, traería consigo la obligación del promovente de la medida de resarcir al tercero los daños o perjuicios; o al menos, generarle responsabilidad en caso de que fuera desestimada su denuncia. Además, el legislador pasó por alto establecer si era necesario escuchar a la contraparte de la víctima, previo a la concesión de la medida; silencio que se reprochaba al legislador, porque ante una figura de tales consecuencias, debió establecer claramente las bases necesarias para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32069-38b864fe/derecho-procesal-de-la-victima-a-solicitar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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