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Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL RECONOCIDO EN LA FRACCIÓN V DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LO VULNERA. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LO VULNERA, SINO QUE LO GARANTIZA. DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y 10 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LO VULNERA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 592/2020. · Registro digital (IUS): 31095
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-12-02
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, Pág.739.

AMPARO EN REVISIÓN 592/2020. 19 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del diecinueve de enero de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión 592/2020, interpuesto por **********, contra la sentencia que dictó el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en el amparo indirecto **********; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Antecedentes.(1)

1). El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Común Número 06, en la Ciudad de León, Guanajuato, inició la carpeta de investigación **********, por el hecho con apariencia del delito de homicidio culposo, en agravio de **********.(2)

2). El treinta de noviembre siguiente, se determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la carpeta de investigación.

3). En contra de esa resolución, **********, en su carácter de ofendida –esposa del occiso–, el veintiuno de diciembre posterior, interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal de la Cuarta Región en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien en auto de veinticuatro de diciembre posterior, señaló:

"... Por recibido el día veintiuno del presente mes y año, escrito signado por el recurrente ********** dentro de la carpeta de investigación **********, relativo al cuadernillo electrónico número **********, mediante el cual interpone medio de impugnación en contra de la determinación de archivo emitida por el Ministerio Público, la cual le fue notificada el día 07 de diciembre de 2018, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve:

"Por lo que ocupa al pedimento, dese trámite al medio de impugnación interpuesto por **********, en contra de la determinación del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, misma que aduce le fue notificada a la recurrente en fecha 07 de diciembre de 2018, al satisfacerse los requisitos legales y en consecuencia procede su sustanciación en audiencia pública.

"Es por ello, que se ordena citar a los interesados a la audiencia pública, la cual tendrá verificativo a las 09:15 horas del día 28 de diciembre de 2018, en la sala número 1, que corresponde a la base de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ubicada en Calle Muñoz Ferro, Número 103 de la Colonia La Estación, con número telefónico **********.

Notifíquese personalmente a las partes . ..."

Notificación que se practicó en la misma fecha, a través del correo electrónico que para tales efectos señalaron la promovente y sus asesores jurídicos; ello, en los términos siguientes:

"Se notifica auto CP. **********

"1 mensaje

"**********

"Para: **********, **********

"24 de diciembre de 2018, 14:59

"Buen día:

"Licenciados ********** y **********, asesores jurídicos. C. **********, en su carácter de ofendida.

"Por este medio y con carácter de notificación le hago saber que, dentro del recurso ********** que se sigue dentro de la carpeta de investigación ********** donde interpusieron recurso de impugnación en contra de la determinación del Ministerio Publico; auto de fecha 24 de diciembre del 2018, en donde cita a audiencia pública, adjuntando el mismo a la presente.

"En términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se imprimirá copia del envió del presente mensaje para ser agregado a la carpeta digital administrativa.

"FAVOR DE ACUSAR RECIBO AL PRESENTE

"Atentamente

"Licenciada **********. Auxiliar de causa en carácter de notificador del Juzgado de Oralidad Penal, Sede León."

En audiencia pública de veintiocho de diciembre subsecuente, el Juez de Control de la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ante la inasistencia de la ofendida y sus asesores jurídicos, declaró sin materia el recurso innominado, en los términos siguientes:

"... 1. Ante la inasistencia de los asesores jurídicos licenciados ********** y **********, y de la ofendida **********, quienes fueron debidamente notificados y citados de la celebración de la presente audiencia.

"2. Por lo anterior y toda vez que la impugnante y sus asesores jurídicos no justificaron su inasistencia a la celebración de la presente audiencia ya que fueron notificados mediante correo electrónico en fecha 24 de diciembre a las 14:59 horas, el Juez de Control declaró sin materia la impugnación interpuesta por **********, dentro de la causa **********, con fundamento en el artículo 258, párrafo primero, segunda parte, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(3)

"3. De conformidad con los artículos 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene a todas las partes por notificadas ya que se les notificó a las partes ausentes y no fue su deseo acudir a la misma. ..."

2. SEGUNDO.—Amparo indirecto. En contra de esa resolución, la ofendida, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, promovió amparo indirecto, en el que consideró como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio, los previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Federal.

3. Conoció del asunto, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, cuya titular, en auto de veintitrés de enero siguiente, lo registró con el número **********; sin embargo, previo a su admisión, requirió a la promovente en dos ocasiones para que precisara, de manera respectiva, su nombre correcto y los actos concretos que reclamaba.

4. Esclarecido su nombre, la quejosa, en escrito que presentó ante el Juzgado de Distrito, el catorce de febrero posterior, precisó como acto reclamado, la omisión en que incurrió el Juez de Control, de pronunciarse sobre la petición que se le dirigió por escrito, en la que se solicitó que se otorgara un receso suficiente para que ella y sus asesores jurídicos tuvieran la oportunidad de trasladarse a San Francisco del Rincón, Guanajuato, a efecto de estar presentes en la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho; y reclamó la inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que también señaló como autoridades responsables:

• La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de quien reclamó la discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de febrero de dos mil dieciocho; en específico, su artículo 258.

• La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de quien reclamó la discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de febrero de dos mil dieciocho; en específico, su artículo 258.

• Al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de quien reclamó la promulgación y orden de publicación del citado decreto.

• La Legislatura LXIV del Congreso del Estado de Guanajuato, de quien reclamó, la expedición de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cinco de febrero de dos mil catorce.

• Del gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, de quien reclamó la promulgación y orden de publicación de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

5. En auto de dieciocho de febrero subsecuente, se tuvo por desahogada la prevención, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito.

6. El veintitrés de abril posterior, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia, que se engrosó el treinta y uno de mayo del mismo año, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó a la quejosa el amparo que solicitó.

7. Inconforme con esa resolución, la quejosa, en escrito que se presentó ante el Juzgado de Distrito el veinte de junio siguiente, interpuso recurso de revisión.

8. Conoció del asunto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, cuyo presidente, en auto de quince de julio de dos mil diecinueve, lo registró con el número **********, y lo admitió a trámite. Y en sesión de veinticuatro de octubre posterior, por mayoría de votos, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento de amparo, para el efecto de que la Juez de Distrito le notificara a la tercera interesada **********, de los informes justificados que rindieron la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el gobernador Constitucional y el Congreso del Estado de Guanajuato. Luego, continuará con el procedimiento respectivo, y en su momento, emitiera la sentencia que en derecho procediera.

9. Cumplido lo anterior, el veintinueve de noviembre subsecuente, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia que se engrosó el dieciséis de diciembre ulterior, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó a la quejosa el amparo que solicitó.

10. TERCERO.—Recurso de revisión. Inconforme con lo resuelto, la quejosa, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, el ocho de enero de dos mil veinte, interpuso recurso de revisión.

11. Conoció del asunto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, cuyo Presidente, en auto de cuatro de marzo siguiente, admitió a trámite el recurso y lo registró con el número **********. Luego, en sesión virtual de primero de octubre posterior, por unanimidad de votos, se determinó, por una parte, sobreseer en el juicio,(4) y por otra, que se actualizaba la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer sobre la constitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, se ordenó enviarle el recurso de revisión, que se recibió en el Alto Tribunal el nueve de diciembre subsecuente.

12. El presidente de la Suprema Corte, en auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno, registró el recurso con el número 592/2020, determinó asumir la competencia originaria para conocer del mismo, lo radicó en la Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

13. La presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte, en auto de veintiséis de marzo siguiente, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y lo envió a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y, 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia que se dictó en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, por un Juez de Distrito, en el que se reclamó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, como lo es el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto del que además, no existe jurisprudencia. Sin que fuera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque la resolución del mismo no implica fijar un criterio de importancia para el orden jurídico nacional, ni reviste algún interés excepcional.

15. SEGUNDO.—Oportunidad. Es innecesario pronunciarse sobre la oportunidad con que se hizo valer el recurso de revisión, porque el Tribunal Colegiado verificó ese aspecto.

16. TERCERO.—Legitimación. **********, está legitimada para interponer el recurso de revisión, pues en el juicio de amparo indirecto, tuvo la calidad de quejosa, en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo.

17. CUARTO.—Cuestiones necesarias para resolver el recurso. Para tales efectos, es necesario tener presente los conceptos de violación, la sentencia recurrida y los agravios expresados en su contra; pero única y exclusivamente en lo que es la materia de constitucionalidad por la que este Alto Tribunal reasumió su competencia originaria.

18. I). Conceptos de violación. En la demanda de amparo, la quejosa, en síntesis, argumentó:

Primero. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era contrario al artículo 10 del mismo ordenamiento legal, así como al derecho fundamental de igualdad procesal, previsto en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal,(5) y a los principios generales del derecho de justicia, equidad e igualdad. Ello, porque consignaba una sanción para la víctima o sus representantes legales por no asistir a la audiencia respectiva, pues se declaraba sin materia el recurso innominado previsto en el mismo numeral.

En el caso, existió justificación para la inasistencia y se solicitó un receso para la audiencia; sin embargo, el Juez de Control declaró sin materia el medio de impugnación que se promovió. En cambio, si el Ministerio Público no hubiera asistido a la audiencia, únicamente se le impondría una multa, y la audiencia se reprogramaría.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran casos en los que prevalecen los derechos de las víctimas e imputados, por encima de las reglas procesales; por ejemplo, cuando el Ministerio Público no formula acusación en el plazo de quince días, conforme a sus artículos 324 y 325, en lugar de decretarse sobreseimiento, el Juez de Control informa de esa circunstancia al superior jerárquico del omiso, para que en un plazo de otros quince días, se pronuncie al respecto.

Segundo. El artículo 258 impugnado, vulnera los derechos fundamentales de la quejosa, porque establece que no existe recurso en contra de la determinación que se emitiera al respecto.

Así, dicho numeral, en conjunto con la determinación del Juez de Control, vulnera los derechos fundamentales de la quejosa, al declarar sin materia el medio de impugnación que promovió, así como el derecho fundamental de acceso a la justicia; y en consecuencia, su derecho a que se esclarezcan los hechos, que se proteja al inocente y que se procure que el culpable no quede impune, y a que se le repare el daño.

19. II). Consideraciones de la resolución recurrida. La Juez de Distrito le negó a la quejosa el amparo que solicitó, en términos siguientes:

a). Se calificó de infundado el planteamiento sobre la inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(6) porque el principio de igualdad previsto en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal, implicaba básicamente que todas las personas que intervinieran en el procedimiento penal, recibieran el mismo trato y tuvieran las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa; lo que significaba que el juzgador de primer grado, estaba jurídicamente imposibilitado para asumir, motu proprio, la postura procesal de alguna de las partes, y emitir determinaciones que no correspondieran a lo pedido por los contendientes.

Así, existían diversas disposiciones que atendían al principio dispositivo que regían para procedimientos de corte oral, y que requerían, como condición sine qua non, la presencia de las partes para el desarrollo de las respectivas audiencias, pues sólo de esa manera podían materializarse los principios de inmediación, contradicción e igualdad, que regían al proceso penal acusatorio y oral, y que garantizaban el debido proceso.

A guisa de ejemplo, el último párrafo del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(7) señalaba que las partes debían estar presentes en la audiencia inicial; circunstancia que también tenía lugar tratándose de la audiencia de formulación de la imputación, prevista en el artículo 309 de la misma codificación,(8) que ordenaba la presencia necesaria de las partes, a fin de que pudiera tener verificativo la diligencia.

Lo mismo acontecía en las audiencias intermedia y de juicio oral, que en términos de los artículos 342, 344 y 349,(9) de dicha codificación adjetiva, demandaban la necesaria asistencia de las partes; pues sólo mediante la presencia de los interesados en las audiencias, era posible materializar los citados principios y dar sustento legal a las determinaciones que tuvieran verificativo y que pudieran afectar su situación jurídica.

En ese orden de ideas, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecía el derecho de la víctima u ofendido a impugnar, dentro del plazo de diez días, las determinaciones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; y al respecto, el Juez de Control, a efecto de resolver lo conducente, debía convocar a una audiencia para decidir en definitiva, y para ello, citaba a la víctima u ofendido, al Ministerio Público, y en su caso, al imputado y a su defensor. Así, el legislador determinó que ante la falta de interés de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, por no haber comparecido a la audiencia, a pesar de que fueron previamente citados, el juzgador debía declarar sin materia el medio de impugnación.

Por tanto, contrario a lo que alegó la quejosa, la medida legislativa de declarar sin materia el recurso de referencia, ante la inasistencia de la víctima u ofendido, era acorde al marco constitucional, al ser congruente con los principios de inmediación y contradicción que regían al procedimiento acusatorio y oral, en términos del artículo 20 constitucional.

Ello, porque la observancia a esas máximas procedimentales, sólo podían tener verificativo con la comparecencia de las partes a las audiencias, que era donde debían instar de manera directa ante el juzgador, lo que estimaran acorde a sus intereses. En el entendido que el Juez de primer grado, estaba jurídicamente imposibilitado para asumir, motu proprio, la postura procesal de alguna de las partes y emitir determinaciones que no correspondieran a lo pedido por los interesados; pues la igualdad de las partes, en términos del marco constitucional,(10) era otro de los principios que regía al proceso acusatorio.

Además, la medida legislativa de declarar sin materia el recurso de referencia, por la inasistencia de la víctima u ofendido, era acorde al marco constitucional, porque superaba un test de proporcionalidad.

En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se relacionaba con el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción y debido proceso de quienes tenían el carácter de víctimas dentro del proceso penal, pues establecía el derecho de la víctima u ofendido a impugnar, dentro del plazo de diez días, las determinaciones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, ante la posibilidad de que ese tipo de resoluciones afectaran los intereses de la parte ofendida. Al respecto, el Juez de Control debía convocar a una audiencia para decidir en definitiva; y para ello, citaba a la víctima u ofendido, al Ministerio Público, y en su caso, al imputado y a su defensor; pero como limitante a esa prerrogativa, se establecía que en el supuesto de que el ofendido o sus representantes legales no comparecieran a la audiencia, a pesar de que se les citó previamente para tal efecto, el juzgador debía declarar sin materia el medio de impugnación.

Por tanto, se podía concluir que la norma impugnada efectivamente condicionaba el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes tenían el carácter de víctimas u ofendidos, al imponerles como condición para ejercer su derecho accionario, su presencia física en la audiencia de impugnación que se preveía.

Sin embargo, esa intervención legislativa perseguía un fin constitucionalmente válido, porque del análisis de su teleología, se advertía que lo que se pretendía al declarar sin materia el medio de impugnación, como consecuencia de la inasistencia de la víctima u ofendido, era la preservación de los principios de inmediación, contradicción e igualdad; porque esas máximas constitucionales precisaban de la instancia directa de las partes y de la imparcialidad del juzgador en cada una de las etapas del procedimiento.

La medida restrictiva resultaba idónea para preservar los principios de inmediación, contradicción e igualdad, porque existía una clara correspondencia entre la presencia necesaria de los interesados en las audiencias y la materialización de esos principios constitucionales.

La medida también era necesaria, porque no existían otras menos lesivas e igualmente idóneas para lograr el fin que se perseguía; a guisa de ejemplo, si el legislador hubiera optado por imponer una multa u otra medida análoga, en el supuesto de la incomparecencia del accionante, y permitiera el desahogo de la audiencia sin que estuviera la parte que la instó; ello haría nugatorios los citados principios procesales, pues se permitiría al juzgador de primer grado, sustituir a la parte interesada y resolver, motu proprio, en detrimento de su contraria, lo que era jurídicamente inadmisible, porque transgredía las directrices básicas que regían al procedimiento acusatorio.

Sin que el diferimiento de la audiencia constituyera una medida menos lesiva, porque con ello también se transgredían los principios de seguridad jurídica, celeridad e igualdad procesal, en beneficio para la víctima y en detrimento del justiciable; por lo que era equitativo que el legislador hubiera establecido la deserción del medio de impugnación, ante la incomparecencia del interesado.

Finalmente, el grado de realización del fin perseguido, era mayor al grado de afectación que se provocaba al derecho fundamental con la medida impugnada, porque con ella se garantizaba la observancia efectiva de los principios constitucionales que regían al procedimiento acusatorio; lo que era de interés público. Y por el contrario, la afectación que se generaba con la implementación de esa medida al justiciable, en este caso, a las víctimas u ofendidos, tenía verificativo sólo en el supuesto de su incomparecencia a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados.

Así, la limitante no se aplicaba de manera general; sólo se actualizaba en el supuesto anterior, lo que se tornaba objetivo y racional que el legislador hubiera establecido para ese supuesto, a título de sanción procedimental, que se declarara sin materia el medio de impugnación por el desinterés tácito del accionante.

b). Tampoco transgredía el orden constitucional, el hecho de que no procediera recurso alguno en contra las determinaciones que se tomaran en la audiencia que preveía el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para corroborar lo anterior, nuevamente se corrió un test de proporcionalidad.

Así, se estableció que la norma impugnada tenía injerencia en el alcance o contenido de la prerrogativa fundamental al debido proceso; específicamente, en el derecho a la segunda instancia, porque en términos de la fracción II del apartado C del artículo 20 constitucional,(11) esa prerrogativa exigía que toda persona que en el proceso penal tuviera el carácter de víctima u ofendido, debía tener acceso a todos los recursos en los términos que previera la ley.

Limitación legislativa que perseguía un fin constitucionalmente válido, porque en su teleología, el legislador buscó preservar los principios de celeridad y concentración, que implicaban, en el primer caso, la necesidad de definir la situación jurídica del justiciable en el menor tiempo posible; y en el segundo caso, precisaba, en esencia, del mayor número de actos procedimentales en el menor número de audiencias. Directrices que regían al proceso acusatorio, y se encontraban implícitas en el artículo 20 constitucional;(12) porque a través de la audiencia que preveía el numeral impugnado, se lograba la revisión de la determinación ministerial elevada ante la autoridad judicial, y ante ese esquema procesal de revisión, el Constituyente permanente estimó innecesario someter a una segunda revisión la postura ministerial.

La medida también resultaba idónea para preservar los principios de celeridad y concentración que regían al proceso oral, porque existía correspondencia entre esos principios y lo innecesario de prever en la norma la existencia de una segunda revisión judicial, con relación a la determinación ministerial impugnada.

La medida implementada era necesaria, porque no existían otras medidas menos lesivas e igualmente idóneas para lograr el fin que se perseguía; pues de implementar la procedencia del algún recurso o medio de defensa, cualquiera que fuera, se contravendrían los citados principios de celeridad y concentración.

Por último, el grado de realización del fin perseguido, era mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental con la medida impugnada, porque con ella se garantizaba la observancia efectiva a los principios constitucionales que regían al procedimiento acusatorio, lo que era de interés público; mientras que la afectación que se generaba con la implementación de la medida al justiciable, en este caso, a las víctimas u ofendidos, tenía verificativo sólo en el supuesto de que lo resuelto en la audiencia, resultara adverso a los intereses de la accionante.

Máxime que el accionante contaba con el medio extraordinario de defensa que le significaba el amparo, por lo que no podría sostenerse que la inexistencia de algún recurso ordinario, le generara indefensión al justiciable. Se invocó como ilustrativa, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL LEGISLADOR CUENTA CON FACULTADES PARA LIMITAR VÁLIDAMENTE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN ESTE TIPO DE JUICIOS."

Consecuentemente, se concluyó que la norma impugnada se ajustaba a los estándares de constitucionalidad y respetaba los derechos fundamentales de la quejosa.

c). Por otra parte, se concluyó que no existía un trato diferenciado entre los artículos 10, 324 y 325, respecto del 258, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.(13)

Ello, porque el derecho humano a la igualdad jurídica, había sido definido por la Suprema Corte desde dos perspectivas; la primera, desde el punto de vista de la igualdad ante la ley; y la segunda, desde la óptica del derecho a la igualdad en la propia ley.

La primera de esas directrices, estribaba en que las normas jurídicas se aplicaran de modo uniforme a todas las personas que se encontraran en una misma situación; mientras que la segunda, requería que la autoridad legislativa ejerciera un control objetivo en el contenido de la norma, y evitara diferenciaciones legislativas basadas en aspectos de carácter social, político, cultural, económico o de cualquier otra índole, sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad.

Lo que se sustentó en la jurisprudencial, de rubro: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO.", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese orden de ideas, se concluyó que la disposición reclamada no transgredía el derecho a la igualdad jurídica en alguna de sus vertientes, porque los artículos con los que la confrontó la quejosa, regulaban aspectos totalmente diferentes, que no se relacionaban ni podían equipararse en modo alguno entre sí.

Ello, porque los artículos 10, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regulaban el supuesto en que el representante social incumplía con su obligación de formular acusación, luego de concluida la etapa de investigación complementaria, por lo que el juzgador debía informar de ese hecho al superior jerárquico del Ministerio Público, a efecto de que fuera éste el que agotara ese acto procesal en el plazo de quince días. Mientras que la disposición impugnada, regulaba una hipótesis en la que la parte ofendida no se presentaba a la audiencia de impugnación sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal.

Por tanto, los supuestos diferían respecto de sus hipótesis fácticas, así como del momento procedimental en que se ubicaban; además, tendían a salvaguardar intereses jurídicos de distinta naturaleza, pues el numeral impugnado, buscaba tutelar los principios de igualdad procesal entre las partes, seguridad jurídica y celeridad del procedimiento, mientras que los restantes preceptos legales, tendían a asegurar la prosecución y sanción de los ilícitos penales, evitando su impunidad por posible omisión procesal del representante social, lo que era un aspecto de interés social. De ahí la imposibilidad de formular un ejercicio comparativo entre las consecuencias jurídicas que cada norma preveía.

d). La disposición reclamada tampoco transgredía el principio de equidad, en su perspectiva de igualdad en la propia ley, porque su contenido no refleja

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31095-39ef71d4/derecho-a-la-igualdad-procesal-reconocido-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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