Corpus
Modo: Corpus Pro

CALIDAD DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FACULTE AL MINISTERIO PÚBLICO PARA DEFINIR ESA CALIDAD, NO VULNERA LOS DERECHOS DE IGUALDAD PROCESAL, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEFENSA ADECUADA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 655/2023. · Registro digital (IUS): 32193
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-01
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.2131.

AMPARO EN REVISIÓN 655/2023. 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Mediante escritos de 2 y 3 de agosto de 2022, una persona solicitó a la autoridad ministerial tener por nombrados a sus defensores particulares y que se le señale día y hora para que tenga verificativo su comparecencia ante dicha autoridad para ejercer sus derechos de defensa dentro de dos carpetas de investigación, respectivamente, de las cuales señaló tener conocimiento de que se seguían en su contra.

Mediante acuerdo de 16 de agosto de 2022, la autoridad ministerial dio respuesta a los escritos mencionados en el sentido de que no se puede atender a su solicitud, pues conforme al artículo 112, del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde al Ministerio Público la decisión de que se le tenga o no con el carácter de imputado en la investigación ministerial y hasta este momento no es así.

El solicitante promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del referido precepto. El juez de amparo sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico.

En desacuerdo con dicha sentencia, el quejoso interpuso un recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento revocó el sobreseimiento, agotó los aspectos de legalidad previos al estudio de fondo y dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte para resolver el reclamo de inconstitucionalidad planteado.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 655/2023, interpuesto por Persona "A" en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto Primer Número de Expediente de su índice.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz del derecho humano a una defensa adecuada, así como de los principios de seguridad jurídica e igualdad procesal.(1)

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(2) Mediante escrito recibido el dos de agosto de dos mil veintiuno, Persona "B", en su carácter de apoderado legal de la "Nombre de la Fundación" y/o "Otra Denominación de la Fundación 1" y/o "Otra Denominación de la Fundación 2", presentó formal denuncia en contra de Persona "A", en su carácter de Presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, y/o en contra de quien resulte responsable.

2. En la denuncia se hicieron del conocimiento hechos con apariencia de los delitos "rendir un informe previo negando la verdad", "desobediencia a un acto de suspensión debidamente notificado", previstos en los artículos 262, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, y así del diverso de "falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad", previsto en el precepto 247, fracción V, del Código Penal Federal, cometidos en agravio de la empresa a la que el denunciante representa, a partir de lo cual se dio inicio a dos carpetas de investigación.(3)

3. El dos de agosto de dos mil veintidós, el señor Persona "A" presentó un escrito ante la autoridad ministerial en la que señaló haber tenido conocimiento de la carpeta de investigación Segundo Número de Expediente seguida en su contra, por lo que solicitó tener por nombrados a sus defensores particulares y que se le señale día y hora para que tenga verificativo su comparecencia ante el órgano investigador para ejercer sus derechos de defensa.

4. De igual manera, el tres de agosto de dos mil veintidós, el señor Persona "A" presentó un escrito solicitando lo mismo que en la petición apenas señalada, pero respecto de la carpeta de investigación Tercer Número de Expediente en la que considera que tiene la calidad de imputado.

5. Acto reclamado. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, Persona "C", agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décima Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales, dio repuesta a los escritos presentados por el señor Persona "A" de dos y tres de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, conforme a lo siguiente:

a) El artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a las policías.

b) De conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal de manera que le permita allegarse de datos para esclarecer los hechos e identificar a quien participó en su comisión.(4)

c) De ese modo, el artículo 112, del mismo ordenamiento establece que en el proceso penal acusatorio oral se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito.(5)

d) De lo anterior, se advierte que corresponde al Ministerio Público la decisión de que se le tenga o no con determinado carácter en la investigación ministerial, lo cual debe dilucidar conforme a las investigaciones que lleve a cabo.

e) No recae en la percepción del promovente tener la calidad de imputado y, hasta este momento, no existen datos de prueba que establezcan que Persona "A" tiene esa calidad, por ende, no se puede fijar fecha y hora para que comparezca a ejercer derechos de defensa como lo solicitó en sus escritos.

f) Además, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales para comparecer como imputado.(6) La reserva de información es un principio que se impone a las actuaciones relativas a la investigación de los delitos, la cual se resguarda hasta en tanto no se cumpla alguno de dichos supuestos.

g) En el caso tampoco se advierte que el promovente haya sido sujeto de actos de molestia de conformidad con el artículo 266, en relación con el diverso 218 del Código citado.(7)

h) Por todo lo expuesto, no ha lugar acordar de conformidad con la solicitud del promovente.

6. Demanda de amparo. En contra de dicho auto, el nueve de septiembre de dos mil veintidós el señor Persona "A" presentó una demanda de amparo indirecto en la que reclamó lo siguiente:

• La inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando como autoridades responsables de su discusión, aprobación, promulgación y publicación, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.

• El acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós por virtud del cual se niega las solicitudes del señor Persona "A" realizadas mediante los escritos de dos y tres del mismo mes y año, señalando como autoridades responsables a la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décima Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales, y al Fiscal en Jefe de la Célula 3 de la Dirección de Delitos previstos en Leyes Especiales de la Fiscalía General de la República.

7. El señor Persona "A" formuló, en esencia, los conceptos de violación siguientes en torno a la inconstitucionalidad del precepto impugnado:

a) El artículo impugnado vulnera el artículo 1o. constitucional según el cual los derechos no pueden ser restringidos ni suspendidos salvo en los casos y condiciones que la Constitución establece, no así por las autoridades constituidas. Lo cual también vulnera el principio de indisponibilidad de los derechos humanos.

b) A partir de dicho precepto, el quejoso queda real y materialmente restringido su derecho de defensa, sin que exista un parámetro de tiempo, modo y lugar que le permita saber a qué atenerse, hasta en tanto el Ministerio Público no haga ese señalamiento.

c) Se vulnera el derecho a la seguridad jurídica al dejar al quejoso en incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. El precepto impugnado no establece parámetros objetivos que la autoridad ministerial deba seguir para señalarlo y acceder a la categoría de imputado. Tampoco señala un tiempo en que debe hacerlo, permitiendo que la persona quede en incertidumbre personal, psicológica y legal.

d) El artículo impugnado viola el derecho a la igualdad ante la ley y procesal, en virtud de que el requisito de que exista un señalamiento del Ministerio Público para tener legitimación procesal dentro de la investigación inicial, no se establece tratándose de la víctima u ofendido de acuerdo con el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

e) Se vulnera el derecho a la debida fundamentación y motivación legislativa porque el legislador no justificó de manera reforzada esta diferenciación para obtener el carácter de imputado, respecto de quienes son víctimas u ofendidos, si lo que se busca es el esclarecimiento de los hechos.(8)

8. Sentencia de amparo indirecto. El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México conoció de la demanda, la cual registró con el número de expediente Primer Número de Expediente. Mediante sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dicho Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, pues consideró que se actualizó la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo,(9) pues los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa.

9. Sustentó su determinación en la jurisprudencia 95/2022, de la Primera Sala de este alto tribunal, de título: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD."(10)

10. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución del Juzgado de Distrito, el quince de diciembre de dos mil veintidós, el señor Persona "A" interpuso recurso de revisión, en el que alegó que en la sentencia recurrida se omitió el reclamo de inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

11. Trámite del recurso de revisión. El cinco de enero de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito admitió el recurso de revisión, lo registro con el número de expediente Cuarto Número de Expediente y ordenó darle el trámite respectivo.

12. Mediante sentencia emitida en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado del conocimiento revocó el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito y dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la constitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los siguientes términos:(11)

a) No se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juzgado de Distrito relacionada con la falta de interés jurídico del señor Persona "A", pues el acto reclamado consistente en la negativa del Ministerio Público de la Federación de permitirle el acceso a la carpeta de investigación se fundamentó en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido, el reclamo de inconstitucionalidad hecho valer por el quejoso respecto del precepto en que se sustentó dicho acto, implica que, dada la estrecha vinculación entre el acto y la norma, resulte procedente el juicio de amparo.

b) Señaló que el precepto legal impugnado es una norma que por su ámbito de aplicación resulta heteroaplicativa por lo que, de no reconocerse la viabilidad de controvertirlo, se dejaría en indefensión al quejoso, pues nunca podría controvertir la constitucionalidad de dicho precepto.

c) En virtud de lo anterior, al no actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, revocó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo.

d) En consecuencia, al advertir que subsiste el tema de constitucionalidad consistente en analizar el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso.

13. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por el señor Persona "A", ordenó su registro con el número de expediente 655/2023 y que se radicara en esta Primera Sala.

14. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Tribunal Pleno de este alto tribunal.

16. Lo anterior en virtud de que el recurso de revisión se interpone en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en materia penal, competencia de la Primera Sala, en la que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

II. OPORTUNIDAD

17. Es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna, pues ello fue analizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.(12)

III. LEGITIMACIÓN

18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el señor Persona "A" cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues tiene reconocido el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente recurso, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.(13)

IV. PROCEDENCIA

19. Esta Primera Sala considera que el presente asunto satisface los requisitos de procedencia a los que hacen alusión los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución política del país y 83 de la Ley de Amparo, así como a lo establecido en puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional en la que el Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento de un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido examinado por este alto tribunal.

20. Además, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó el sobreseimiento y, al considerar que no se actualizó diversa causa de improcedencia que imposibilite resolver el problema de constitucionalidad planteado por el quejoso, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciara sobre dicho problema de constitucionalidad.(14)

IV. ESTUDIO DE FONDO

21. Para dar claridad a lo que es materia de este análisis, se considera oportuno señalar que el presente estudio no abarca los reclamos que hace valer el señor Persona "A" sobre los aspectos relacionados con vicios propios del acto reclamado, cuya competencia originaria no corresponde a este alto tribunal.

22. En congruencia con lo anterior, se abordan exclusivamente los planteamientos de la parte quejosa vinculados con la inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre los cuales el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito reservó competencia a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

23. Dicho precepto es del contenido siguiente:

"Artículo 112. Denominación

"Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito.

"Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme."

24. En esencia, el señor Persona "A" combate sólo el primer párrafo de dicho precepto que es la parte que le fue aplicada en el acto reclamado, pues considera que resulta inconstitucional porque genera una indisponibilidad de los derechos humanos que derivan del artículo 1o. de la Constitución Política del país, con lo que se vulneran los derechos fundamentales de defensa, igualdad y seguridad jurídica.

25. En ese sentido, la metodología que seguirá esta ejecutoria consistirá en desarrollar los siguientes temas: 1) examen sobre si el precepto impugnado vulnera el derecho de defensa en una carpeta de investigación; 2) la regularidad constitucional de ese precepto en relación con el derecho a la igualdad; 3) estudio de la norma a partir de la garantía de seguridad jurídica. Todo lo anterior en el contexto de un proceso penal acusatorio.

IV.1 Examen sobre si el artículo impugnado vulnera el derecho de defensa dentro de una carpeta de investigación

26. El derecho a una defensa adecuada en el marco del proceso penal acusatorio está previsto en el artículo 20, apartado B, fracciones II, VI y VIII, de la Constitución Política del país.(15)

27. Para el Pleno de esta Suprema Corte la defensa adecuada dentro de un procedimiento penal se garantiza cuando se cumple un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados.(16)

28. Esta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la defensa formal de una persona inculpada en un proceso penal se garantiza cuando es proporcionada durante todas las etapas relativas por quien cuenta con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales de la persona acusado y evitar que sus derechos se vean vulnerados.(17)

29. También ha establecido que la defensa material implica que no basta que una persona inculpada sea asistida por alguien que sea profesional en derecho, sino que es necesario que se garantice que esa persona esté capacitada para ejercer su defensa en el procedimiento penal, por lo que las fallas o deficiencias de la defensa no afecten directamente el sentido del fallo, entre otras.(18) 30. Lo anterior tiene un significado amplio que, conforme a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica que todas las personas sometidas a un procedimiento de naturaleza penal tienen derecho a una defensa que debe contar con las cualidades de ser oportuna,(19) técnica,(20) eficaz(21) y material.(22)

31. Conforme a lo expuesto, adverso a lo señalado por el recurrente, no se desprende que el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnere el derecho fundamental de defensa adecuada.

32. Lo anterior, pues dicho precepto establece como lineamiento que la calidad de una persona señalada como imputada dentro de una investigación ministerial sólo tendrá ese carácter siempre que el ministerio público así lo determine, lo cual guarda congruencia con el artículo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del país, que dispone la atribución exclusiva de esa autoridad de investigar los delitos y de plantear el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, salvo el caso en que sea promovida por particulares.(23)

33. De esta manera, la fijación de la calidad de una persona como imputada deriva de que el órgano investigador, en vista de las constancias que integran el expediente considere que existen datos que revelen la probabilidad de que aquella cometió un delito, por lo que es a partir de momento y no antes que se activan los derechos que asisten a una persona imputada dentro del procedimiento penal.

34. Ahora, el precepto impugnado no debe leerse de manera aislada para identificar si la ausencia de reconocimiento de la calidad de persona imputada puede limitar los derechos de quien pudiera estar relacionada con una investigación penal.

35. Esta Primera Sala ya se ha pronunciado al respecto al resolver el amparo en revisión 347/2022,(24) pues declaró la regularidad constitucionalidad de los artículos 113, fracción VIII, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(25) que regulan las hipótesis que justifican el derecho de las personas a acceder a los registros de una carpeta de investigación, cuando: a) sean detenidas, b) hayan sido citadas para una entrevista o para recibir su declaración, o c) sean sujetas de un acto de molestia.

36. Para el análisis de este caso, es particularmente importante la última de esas hipótesis, pues opera aun sin que la persona en contra de la cual efectivamente se emite un acto de molestia tenga reconocida alguna calidad dentro de la indagatoria.

37. Si se actualiza ese supuesto, surge la obligación de garantizar el derecho a la presunción de inocencia, pues desde ese momento, el ministerio público (o el juez de control) deberá resolver en el término más breve posible sobre la calidad con la que cuenta la persona sujeta de cualquiera de dicho acto.

38. Esto es, que al ser señalada como autora o participe de la comisión de un hecho delictivo se detona su derecho a ser reconocida como imputada y a ser tratada como inocente hasta en tanto se demuestre su responsabilidad penal en la comisión del delito que se le atribuye.(26)

39. En ese sentido, al precepto impugnado establece un nivel de protección a las personas que están relacionadas con una investigación penal, primero, porque sólo puede establecer esa calidad el ministerio público, en segundo lugar, porque en tanto no surjan datos que revelen su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso denunciado, no deberán sufrir actos vinculados a partir del reconocimiento de esa calidad.

40. De ser así, los referidos artículos 113, fracción VIII, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los mecanismos a seguir cuando una persona, con la calidad de imputada o no, resienta actos emitidos por una autoridad ministerial.

41. Por lo tanto, no se desprende que la norma reclamada, por sí, impida o limite el ejercicio de una defensa adecuada, lo que permite declarar infundado el reclamo hecho valer en este sentido.

IV.2 La regularidad constitucional del precepto impugnado en relación con el derecho a la igualdad

42. Respecto de la garantía de igualdad, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7653/2019,(27) determinó que está reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política del país y prohíbe la discriminación con base en categorías sospechosas que atenten contra la dignidad humana, como lo es el origen étnico o nacional, así como cualquiera otra instancia que tenga como resultado el menoscabo de los derechos fundamentales de las personas.(28)

43. En distintos precedentes, este alto tribunal se ha pronunciado acerca de las distinciones entre la igualdad ante la ley y la igualdad sustantiva.(29)

44. Dentro de esta última vertiente se ubica el principio de igualdad procesal alegada por el recurrente, en virtud del cual las partes en una controversia deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales.(30)

45. Este principio constituye una manifestación del debido proceso, pues permite a los justiciables acceder ante las autoridades para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones simétricas. Esto es, que las partes en una determinada contienda deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno (igualdad de armas).(31)

46. El derecho fundamental de igualdad procesal está garantizado en el artículo 20, apartado A, fracción V, segunda parte, de la Constitución Política del país, el cual señala lo siguiente:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"De los principios generales:

"...

"V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; ..."

47. Precisado lo anterior, el precepto 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la atribución del ministerio público de establecer la calidad de imputada a una determinada persona, sin embargo, de su contenido no se desprende que produzca ventajas indebidas o condiciones que resulten discriminatorias para quien estando relacionado con una investigación ministerial, aun no tiene la calidad de persona imputada, en relación con quien materialmente forma parte de ella. Específicamente las personas denunciantes.

48. Lo anterior, porque quien denuncia un hecho que considera delictuoso puede o no tener una cualidad más importante dentro de la investigación que se inicie, dependiendo si se trata de la víctima o la parte ofendida del delito, en cuyo caso, tienen a su favor una serie de derechos reconocidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política del país,(32) y en otras normas secundarias como el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Ley General de Víctimas.

49. Dentro de esas prerrogativas se encuentra la de intervenir en la investigación aportando datos de prueba con el propósito de acreditar la existencia de un hecho delictuoso, así como la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión.

50. Ese derecho no puede ser restringido por la autoridad ministerial, por el contrario, tiene la obligación constitucional de investigar ese hecho con la colaboración de la víctima u ofendido, pero el inicio de la indagatoria, incluso el curso de la misma, si no incide en los derechos de una persona que pudiera tener relación con la investigación, el ministerio público no debe brindarle la calidad de imputada si, a pesar de los esfuerzos de quien le hizo del conocimiento los hechos, no existen datos que permitan atribuirle esa calidad.

51. Lo anterior, a menos que la autoridad emita en su contra un determinado acto que detone el otorgamiento de las garantías que le asisten como persona imputada o a establecer a la brevedad la calidad con que cuenta, atendiendo a lo resuelto en el citado precedente 347/2022,(33) de esta Primera Sala.

52. Así, de la redacción de la norma impugnada no se desprende que genere condiciones asimétricas entre quien presenta una denuncia y una persona que estando vinculada con una investigación no cuenta con la calidad de imputada por parte del ministerio público.

53. Esto, pues sus distintas condiciones jurídicas justifican un tratamiento diferenciado, de manera que una persona que no forma parte de la indagatoria desde un inicio, podrá tener acceso a ella hasta que tenga una calidad específica reconocida, en este caso, de imputada cuando existan elementos que justifiquen su categorización en ese sentido, lo que torna infundado el motivo de inconformidad planteado en este apartado.

IV.3 Análisis del precepto impugnado desde la perspectiva de la garantía de seguridad jurídica

54. La garantía de seguridad jurídica en materia penal encuentra sustento en los artículos 14, párrafos primero a tercero, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política del país.(34)

55. Esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 346/2021, determinó que la seguridad jurídica impide que los gobernados se ubique en una condición de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión.(35)

56. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la seguridad jurídica genera estabilidad en las situaciones jurídicas, y es parte fundamental de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad democrática, misma que es uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa un Estado de Derecho, siempre que se funde en una real y efectiva certeza de los derechos y libertades fundamentales.(36)

57. Por su parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte ha señalado que la garantía de seguridad jurídica debe permitir que el gobernado conozca los elementos mínimos para hacer valer su derecho y para que, sobre este aspecto, la autoridad no in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32193-26d0628d/calidad-de-persona-imputada-dentro-de-una-investigacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.