PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 100/2021. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO MONTERROSAS CASTORENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día uno de diciembre de dos mil veintiuno.
Vistos los autos para dictar sentencia en el amparo en revisión 100/2021; y,
Antecedentes:
1. PRIMERO.—Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en el que reclamó de las autoridades que se precisan, los actos siguientes:
"IV. Actos reclamados.
"Porque se violan en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en: los artículos 1o., 6o., 8o., 14, 16, 17, párrafo segundo, 18, 19, primer párrafo, 20, apartado ‘A’ fracciones V, VII, 21, 22, 40, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 21, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 9, 11, 12 y 13, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reclamo:
"1. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: H. Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el Decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la aprobación y expedición de los artículos citados dicen:
"La inconstitucionalidad del 201, fracción primera;
"‘201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez
"‘Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de Control verificará en audiencia los siguientes requisitos:
"‘I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; ...’
"La inconstitucionalidad del artículo 202, párrafo primero;
"‘Artículo 202. Oportunidad
"‘El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.’
"La inconstitucionalidad del artículo 205, párrafo primero:
"‘Artículo 205. Trámite del procedimiento
"‘Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el Juez de Control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado.’
"La inconstitucionalidad consiste en que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, conculcando los derechos fundamentales del imputado y me agravia porque al ser una exclusiva prerrogativa del Ministerio Público, al solicitarlo se me niega el derecho a tener acceso a dicho procedimiento vulnerando mis derechos: de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la ley Suprema de la Unión.
"2. Reclamo a las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación.
"3. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: secretario de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace al refrendo que otorgó al decreto presidencial que promulgó el decreto aquí mencionado.
"4. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: fiscal general de la República, de la Fiscalía General de la República, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace al refrendo que otorgó al decreto presidencial que promulgó el decreto aquí mencionado.
"5. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: Poder Legislativo del Estado de México, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la declaratoria de que el Estado de México incorporará en su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor en forma gradual a partir del día dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, en los distritos judiciales de Tenancingo y Tenango del Valle, y a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis en los restantes distritos judiciales de esta entidad, según publicación en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2017.
"6. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace a la aprobación, publicación y promulgación de la declaratoria de que el Estado de México incorpora en su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, según publicación en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2017.
"7. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas: secretario general de Gobierno del Estado de México, la inconstitucionalidad de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, artículo 205, párrafo primero, descritos en el acto reclamado número uno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, mediante el decreto ‘por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales’, en cuanto hace al refrendo de la aprobación, publicación y promulgación de la declaratoria de que el Estado de México incorpora en su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, según publicación en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2017.
"8. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; C. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación: **********:
"‘a) Se reclama a las autoridades señaladas anteriormente la negativa a dar trámite al procedimiento abreviado, solicitado por la defensa del imputado **********, el 21 de agosto de 2019, cuya negativa fue resuelta por el Juez de Control por auto de fecha 21 de agosto de 2019 y fui notificado el 23 de agosto de 2019, por el que se hace nugatorio mi derecho a solicitar también el procedimiento abreviado, al serme aplicados los inconstitucionales artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y artículo 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulnerando mis derechos fundamentales como imputado, consistentes en sus derechos: de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.’
"Me agravia cuando el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación nuc: ********** y nic: **********, resuelve en su auto de fecha 21 de agosto de 2019 lo siguiente:
"‘... con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de México, por el momento no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, lo anterior en razón de que no se cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 201, fracción I, del ordenamiento procesal en consulta, que refiere que dicho procedimiento deberá ser solicitado por el Ministerio Público, sin embargo a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales del imputado **********, con el escrito de cuenta dese vista al agente del Ministerio Público, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda, en relación a la manifestación del imputado de adherirse al procedimiento abreviado y hecho lo anterior se proveerá lo conducente ...’
"Mi solicitud y manifestación hecha al C. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México de fecha 21 de agosto de 2019, de adherirme al procedimiento abreviado fue resuelta de manera negativa en mi perjuicio, al serme aplicados los inconstitucionales artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El procedimiento abreviado como prerrogativa exclusiva de Ministerio Público y no del imputado me agravia y vulnera mis derechos de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.
"9. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; el C. Notificador adscrito al Juzgado de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación nuc: ********** y nic: **********, la notificación de fecha 23 de agosto de 2019, por la que me da a conocer el auto de fecha 21 de agosto de 2019, dictada por el Juez de Control.
"10. Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas; C. Agente del Ministerio Público, licenciado Ricardo Olivares Hilario, adscrito a la Coordinación de Litigación de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: ********** y la carpeta de investigación nuc: ********** y nic: **********:
"‘a) Se reclama de las autoridades señaladas anteriormente la negativa y oposición de dar trámite al procedimiento abreviado, solicitado por la defensa del imputado **********, el 21 de agosto de 2019, cuya negativa del Ministerio Público; me fue notificada el 26 de agosto de 2019, según auto de fecha 26 de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el C. Juez de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que actúa dentro de la carpeta administrativa: **********, que se relaciona con la carpeta de investigación: nuc: ********** y nic: **********, diciendo el auto en su parte sustantiva:
"‘... Por recibido el escrito signado por el licenciado Ricardo Olivares Hilario, mediante el cual manifiesta su oposición al procedimiento abreviado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de México, este órgano de control queda enterado de la oposición del agente del Ministerio Público, a efecto de que en éste momento se apruebe la apertura del procedimiento abreviado, toda vez que refiere a la fecha no se encuentra cuantificado el monto de la reparación del daño, puesto que se encuentran pendientes de realizar diversos estudios a las víctimas a efecto de acreditar la reparación del daño moral causados a las mismas, por lo que con el escrito de cuenta, dese vista al imputado y a su defensor, lo anterior para los efectos legales correspondientes ...’
"La resolución del auto de fecha 26 de agosto de dos mil diecinueve referido, hace nugatorio mi derecho a solicitar también el procedimiento abreviado, ya que se puede solicitar en cualquier momento después de la vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, con los datos de prueba que existan en la carpeta de investigación y no hasta que el Ministerio Público termine de integrar totalmente la carpeta de investigación según su criterio, lo que vulnera mis derechos como imputado consistentes en mi derecho: de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; a los principios: pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal, principio de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.
"Se violan en mi perjuicio mis derechos fundamentales consagrados en: los artículos 1o., 6o., 8o., 14, 16, 17, párrafo segundo, 18, 19, primer párrafo, 20, apartado ‘A’ fracciones V y VII, 21, 22, 40, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos."
2. Por auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, estimó que no debía conocer del juicio de amparo promovido por **********, dado que el acto reclamado guardaba relación con la carpeta administrativa **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que otros quejosos promovieron el diverso juicio de amparo **********, del que conoció dicho juzgado, por lo que al existir conocimiento previo de dicho juzgado, remitió las constancias respectivas al órgano referido.
3. Por proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, tuvo por recibida la demanda de amparo y la registró con el número **********, aceptó el conocimiento del asunto y admitió la demanda de garantías. Previos los trámites de ley, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional y posteriormente, el veintiséis de diciembre del mismo año, se dictó sentencia en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables.
4. TERCERO.—Trámite y resolución del recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado el trece de enero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el quejoso, por propio derecho interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien por auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, se declaró incompetente por razón de la materia, para conocer del recurso de referencia y lo remitió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, al estimar que era quien debía conocer del asunto.
5. Por razón de turno, por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito tuvo por recibido el recurso de revisión aludido, el cual se registró bajo el expediente ********** y tras aceptarse la competencia declinada, por auto de siete de febrero siguiente lo admitió y dio vista a las partes para el efecto de que pudieran interponer revisión adhesiva.
6. Previos los trámites de ley, en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dicho órgano colegiado determinó sobreseer respecto a los actos reclamados al presidente de la República, a la secretaria de Gobernación, al fiscal general de la República, así como al gobernador y al secretario general de Gobierno del Estado de México, consistentes en el refrendo y publicación del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorio del Decreto 392, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del citado código nacional en el Estado de México; respecto de los actos reclamados al notificador adscrito al Juzgado de Control, con residencia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consisten en las notificaciones de los acuerdos de veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitidos en la carpeta administrativa **********; la aprobación y promulgación del Decreto 71 por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero y el artículo segundo transitorios del Decreto 392, de veintiuno de enero de dos mil quince, por el que se emite la declaratoria de inicio de vigencia del citado código nacional en el Estado de México, en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, reclamados a la LX Legislatura y el gobernador constitucional, ambos del Estado de México; y la negativa y oposición para que se dé trámite al procedimiento abreviado en favor del quejoso, reclamado al fiscal adscrito al Grupo de Litigación de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 7. Por otra parte, levantó el sobreseimiento respecto del proceso legislativo de creación y promulgación del decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico, de los numerales 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, que se reclama al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; así como de los autos de veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictados en la carpeta administrativa **********, en los que se negó dar trámite al procedimiento abreviado solicitado por la defensa del quejoso, que se reclaman a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México.
8. Por último, remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo conducente respecto los temas que resulten de su competencia.
9. CUARTO.—Trámite ante este Alto Tribunal. Recibidos los autos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión y por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado por su presidente, ordenó la formación del expediente respectivo bajo el número 100/2021 y su remisión a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
10. QUINTO.—Avocamiento. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó que ésta se avocaría al conocimiento del recurso y ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra ponente para la elaboración del proyecto respectivo.
CONSIDERACIONES:
11. PRIMERA.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y cuarto, fracción I, inciso b), contrario sensu, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; lo anterior, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto y derivado de la reasunción de competencia originaria en razón de que se cuestiona la regularidad constitucional de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya materia es de la especialidad de esta Sala. Se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido a que la materia sobre la que versa el amparo es de naturaleza penal, la cual es de la especialidad que corresponde a esta Primera Sala.
12. SEGUNDA.—Oportunidad y legitimación. No procede pronunciarse sobre la oportunidad del recurso de revisión, ni de la legitimación del recurrente, porque de tales aspectos se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto.
13. Tercera. Antecedentes. Para una mejor comprensión del presente asunto es necesario precisar los siguientes antecedentes:
I. Carpeta administrativa **********
1. El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa de referencia del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se dictó auto de vinculación a proceso a ********** y otro, por su probable participación en la comisión del delito de robo simple, en agravio de ********** y **********; y se modificó la medida cautelar inicialmente impuesta de prisión preventiva, a la diversa de presentación periódica ante ese órgano jurisdiccional.
Durante dicho proceso, la defensa del quejoso manifestó su intención de someterse a un procedimiento abreviado; sin embargo, en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Jueza de Control determinó improcedente dicho procedimiento con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a que sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción I, del código adjetivo indicado, que establece que dicho procedimiento deberá ser solicitado por el Ministerio Público.
No obstante, a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales de **********, ordenó que se diera cuenta al agente del Ministerio Público con el escrito de la defensa, para que manifestara lo que a su representación social correspondiera, en relación a la solicitud del imputado de adherirse al procedimiento abreviado y hecho lo anterior proveyera lo conducente.
2. Por oficio de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el representante social refirió que con fundamento en el artículo 201, fracción I, del código procesal referido, manifestaba su inconformidad con la petición planteada por la defensa del imputado, debido a que no se encontraba cuantificado el monto de la reparación del daño moral a la que tienen derecho las víctimas; además, señaló que se encontraba corriendo el plazo de la prórroga de investigación complementaria que se concedió con la finalidad de incorporarse el estudio psicodiagnóstico emitido en favor de las víctimas, y así descartar la modificativa agravante a la que se hace referencia en el artículo 290 fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de México y a su vez acreditar el quántum de la reparación del daño moral en favor de las víctimas.
3. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la Jueza responsable con fundamento en los artículos 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio por enterada de la oposición del agente del Ministerio Público de aprobarse la apertura del procedimiento abreviado, en consecuencia, dio vista al imputado y a su defensor con lo determinado para los efectos legales correspondientes.
II. Juicio de amparo
Demanda de amparo. Inconforme con dicha determinación **********, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto, en la que planteó los conceptos de violación que, en lo esencial, se precisan:
• Los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales son inconstitucionales e inconvencionales, al establecer que sólo el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado, dado que al ser una prerrogativa exclusiva de dicho ente, le impide al imputado tener acceso a dicho procedimiento, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 1o., 6o., 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales; 3, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen los derechos fundamentales de petición, a la terminación anticipada del proceso, de audiencia previa, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la no restricción de garantías salvo previsiones constitucionales; así como los principios pro persona, de legalidad, de certeza jurídica, de taxatividad, de plenitud hermenéutica, de exacta aplicación de la ley penal, de equidad procesal y de subordinación jerárquica a la Ley Suprema de la Unión.
• Los preceptos combatidos transgreden directamente el artículo 1o. constitucional, que establece que una ley secundaria u ordinaria –como lo son los numerales impugnados– no puede suspender ni restringir las garantías individuales contempladas en la Ley Fundamental, lo que en el caso acontece, en tanto que restringen sus derechos de petición, de audiencia y de acción judicial, consagrados en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución General, respectivamente.
Al respecto, sostuvo que se restringió su derecho de petición, debido a que la resolución recurrida que se fundó en los preceptos impugnados, expresamente lo limitan a intentar acceder a un procedimiento abreviado para ejercer su derecho a terminar anticipadamente con el proceso penal instaurado en su contra. Señala que parte de la base de que el derecho a acción es una especie del derecho de petición.
También se limitó su derecho de audiencia, reconocido en el artículo 14 constitucional, toda vez que la resolución recurrida dictada con fundamento en los artículos impugnados lo priva del derecho que tiene de acudir a las autoridades judiciales cuando le convenga a sus intereses, sin que previamente haya tenido oportunidad de argumentar en su favor ni haber tenido la oportunidad de aportar datos de prueba para apoyar sus puntos de vista; aunado a que de forma inminentemente futura no se le da la oportunidad de ser oído antes de que se le imponga la sanción o sanciones respectivas que trae una sentencia definitiva, ya que el imputado está a merced y voluntad del Ministerio Público, violando los principios de equidad procesal, igualdad entre las partes y el principio de contradicción para que las partes tengan las mismas armas y recursos para la acusación y defensa.
De igual forma, se restringe su derecho de acción, reconocido en el artículo 17 constitucional, conforme al que tiene derecho a acudir a los tribunales para obtener en forma expedita y gratuita la administración de justicia, pues los artículos impugnados ordenan que no puede intentar el procedimiento abreviado, que es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Al respecto, indica que el procedimiento abreviado como medio de conseguir la terminación anticipada del proceso en beneficio de las partes, ti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30545-24ba2d79/procedimiento-abreviado-los-articulos-201-fraccion-i-202 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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