SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO PENAL. SU CONCESIÓN CUANDO LA PARTE OFENDIDA ES CITADA Y NO ACUDE A LA AUDIENCIA RELATIVA, PERO PREVIAMENTE ACEPTÓ CONCLUIR POR ESA VÍA LA CONTROVERSIA PENAL, NO VIOLENTA SUS DERECHOS HUMANOS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1250/2025. 28 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En 2017, se inició un proceso penal acusatorio en contra de dos hermanas por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal, tras simular la existencia de un contrato de arrendamiento con el fin de desalojar a su hermano de un inmueble que poseía.
Tras la solicitud de la defensa de las imputadas, la Jueza de Control decretó en su favor la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, en dicha audiencia no estuvo presente la parte ofendida, sino su asesor jurídico, por lo que posteriormente solicitó la revocación de la suspensión condicional. La autoridad jurisdiccional declaró infundada la petición y decretó la extinción y sobreseimiento del asunto.
En desacuerdo, la parte ofendida promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó esa determinación y la inconstitucionalidad del artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula el trámite de la suspensión condicional del proceso, pero se le negó la protección constitucional. Inconforme, interpuso el presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1250/2025, interpuesto por el señor Persona “A” en contra de la sentencia dictada en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo Primer número de expediente de su índice, así como el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la tercera interesada, señora Persona “B”.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta contrario o no al derecho de audiencia, igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El once de mayo de dos mil diecisiete, la señora Persona “B” promovió un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario en contra de su hermano Persona “A” en carácter de albacea de la sucesión a bienes de su padre Persona “C”, a fin de reclamar la rescisión del contrato de arrendamiento de fecha primero de junio de dos mil quince entre la señora Persona “B”, en calidad de arrendadora, y el señor Persona “C”, representado por la señora Persona “D”, como arrendatario del bien inmueble ubicado en la cerrada de Nombre de una privada, número Número de un inmueble, del fraccionamiento Nombre de un fraccionamiento, colonia Nombre de una colonia, alcaldía Nombre de una alcaldía, Ciudad de México.(1)
2. Al dar contestación a la demanda, el señor Persona “A” manifestó que nunca tuvo conocimiento de la celebración del contrato de arrendamiento y que la posesión que tenía del inmueble derivaba de la autorización que su padre le otorgó desde el año mil novecientos noventa y uno.
3. Aunque en apariencia el señor Persona “C” celebró un contrato de arrendamiento, dicho acto fue impugnado porque el consentimiento se asentó por medio de una apoderada legal y no directamente por él, sin evidencia de que tuviera conocimiento del contrato antes de su fallecimiento el treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Además, la demanda que originó el juicio civil se presentó después de su muerte en contra de su albacea.
4. Por ello, se consideró que el contrato de arrendamiento del primero de junio de dos mil quince fue simulado por las señoras Persona “B” y Persona “D”, ambas de apellidos Apellidos de personas “B” y “D”, con el fin de obtener la desocupación del inmueble que poseía el señor Persona “A”.(2)
5. Proceso penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra de las señoras Persona “B” y Persona “D”, ambas de apellidos Apellidos de personas “B” y “D”, por su probable participación en la comisión del delito de fraude procesal. Del asunto correspondió conocer al Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, que registró la carpeta judicial Segundo número de expediente.
6. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, el defensor de las imputadas presentó ante la Jueza de Control un escrito en el que expresaron que deseaban participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y, el nueve de febrero siguiente, el asesor jurídico del señor Persona “A” expresó estar de acuerdo, por lo que se programó fecha para la audiencia respectiva.
7. Audiencia intermedia. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se celebró la continuación de audiencia intermedia, a la que comparecieron el Ministerio Público, las imputadas y el asesor jurídico particular del señor Persona “A”.
8. Seguido el desarrollo de la audiencia, la defensa de las acusadas solicitó la suspensión condicional del proceso, lo que la Jueza de Control consideró procedente, de conformidad con los artículos 192, 193 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(3) por lo que decretó en favor de las señoras Apellidos de personas “B” y “D” la suspensión condicional del proceso por seis meses y fijó, entre otras, la obligación de cubrir el monto de la reparación del daño que se había pactado, consistente en Numerario.(4) Ninguna de las partes presentes se opuso a dichas manifestaciones.
9. Solicitud de revocación de la suspensión condicional del procedimiento. El veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, el señor Persona “A” solicitó la revocación de la suspensión condicional del procedimiento, por lo que la Jueza de Control convocó a las partes para la audiencia relativa.
10. En audiencia de diez de octubre de dos mil veintidós la Jueza de Control resolvió improcedente la solicitud del replanteamiento de la suspensión condicional del procedimiento y declaró la extinción y sobreseimiento de la acción penal.
11. Recurso de apelación. En desacuerdo con lo anterior, el señor Persona “A” interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual dictó sentencia el cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, en la que confirmó la resolución impugnada.
12. Demanda de amparo directo. En contra de la resolución de segunda instancia, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el señor Persona “A” promovió un juicio de amparo directo, en cuya demanda expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
a) La autoridad responsable vulneró su derecho al esclarecimiento de los hechos, a que el culpable no quede impune y a la reparación integral del daño, contenidos en el artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política del país, al dictarse sentencia absolutoria.
b) En el pago por concepto de reparación del daño de Numerario no se contempló el daño moral, sino solo los tratamientos psicológicos al enterarse de que sus hermanas pretendían despojarlo del bien que ha ocupado por treinta y un años, el cual le fue donado por sus difuntos padres y tiene un valor aproximado actual de Numerario de pesos.
c) No asistió a la audiencia porque su asesor jurídico le indicó que no era necesario, por lo que no se enteró de la reparación del daño, ni de las condiciones impuestas. Su asesor tampoco le informó los alcances y consecuencias de la suspensión condicional del proceso.
d) Lo anterior transgredió su garantía de audiencia, de legalidad y de reparación del daño, pues no tuvo oportunidad de oponerse a la solicitud de suspensión condicional del proceso.
e) El artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional e inconvencional(5) al permitir que el Juez de Control resuelva el incidente de suspensión condicional sin haber contado con la asistencia de todas las partes contendientes, contraviniendo los principios de igualdad procesal y de acceso a la reparación integral del daño.
f) El artículo impugnado rompe con la igualdad entre las partes y deja inaudito el derecho de la parte ofendida a acceder a una integral reparación del daño, puesto que no contó con la oportunidad de exponer ante el resolutor sus consideraciones en relación a la salida alterna que propusieron las imputadas, violentado con ello su derecho de acceso a la jurisdicción.
g) Además, existe una antinomia entre el numeral 196, que habilita resolver sobre la suspensión condicional del proceso sin la presencia de las partes, y el artículo 192, fracción II, del mismo ordenamiento, que establece como uno de los requisitos de procedencia del medio alterno que no existe oposición fundada por parte de la víctima, sin autorizar que el asesor de pueda pronunciar al respecto.
h) Dicha contradicción entre los preceptos trasciende a la violación grave a la garantía de audiencia, igualdad, debido proceso, recurso adecuado, seguridad jurídica y sobre todo a la reparación integral del daño.
13. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que la registró con el número de expediente Primer número de expediente.
14. Mediante sentencia de treinta de enero de dos mil veinticinco, el referido órgano jurisdiccional negó el amparo solicitado, al tenor de las siguientes consideraciones:
a) Es infundado el argumento de inconstitucionalidad del precepto, pues cuando se propuso la posibilidad de llegar a una salida alterna y esta se autorizó por la Jueza de Control, el quejoso estuvo representado por el Ministerio Público, respetándose sus derechos previstos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política del país y cuando se propuso la suspensión condicional del proceso, el quejoso se encontraba presente con la asistencia de su asesor jurídico y con la del representante social.
b) De modo que el hecho de que el quejoso haya optado por ausentarse a la audiencia, a través de la cual la Jueza de Control autorizó la procedencia de la suspensión condicional al proceso, no irroga perjuicio alguno, puesto que sus intereses quedaron representados, circunstancia que no significa que el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales sea contrario a la Constitución Política del país.
c) Las manifestaciones tendentes a demostrar que su asesor jurídico le dijo que no era necesaria su asistencia a la audiencia, no sostienen la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
d) Fue correcta la determinación de tener por extinguida la pretensión punitiva por cumplimiento de la suspensión condicional del proceso, pues las imputadas cumplieron con las condiciones que les fueron impuestas.
e) Así, resultan infundadas las alegaciones que pretendían incluir hechos que no formaron parte de la vinculación a proceso y la reparación del daño, ni del plan autorizado en la suspensión condicional del proceso.
15. Recurso de revisión. Inconforme, el señor Persona “A” interpuso un recurso de revisión en el que expuso, esencialmente, los siguientes agravios:
a) El artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional, que prevé que no será motivo de impedimento para resolver el incidente de suspensión condicional ante la inasistencia de la parte ofendida en la audiencia respectiva, lo que es contrario a los principios de acceso a la justicia, a la jurisdicción, reparación integral del daño y audiencia.
b) El artículo 192, fracción II, del mismo ordenamiento establece que para la procedencia de la suspensión condicional del proceso no debe existir oposición fundada por parte de la víctima.
16. Recurso de revisión adhesiva. Por su parte, la señora Persona “B” interpuso un recurso de revisión adhesivo en el que expuso, esencialmente, los siguientes agravios:
a) La figura de asesoría jurídica como representante de la víctima u ofendido se encuentra establecida como un derecho en la Constitución Política del país, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas.
b) La Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 291/2019(6) determinó que la asesoría jurídica no solo representa a la víctima sino también tiene la facultad de hacer valer sus derechos o ejercitar un proceso a nombre de la víctima.
c) Entonces no existe acto de aplicación del artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la audiencia de autorización de suspensión condicional se realizó con la presencia del asesor jurídico en representación de la parte ofendida.
d) Del artículo 57 del mismo ordenamiento, el cual regula los supuestos de ausencia de las partes, se desprende que es evidente que el legislador estableció que ante la ausencia del ofendido o víctima la audiencia debe continuar, al tenor del principio de continuidad.(7)
e) El hecho de que el precepto impugnado contemple que la audiencia de suspensión condicional del proceso se celebrará aún sin la presencia de la parte ofendida, además de ser acorde a lo que señala el artículo 57 del multicitado código y privilegiar el principio de continuidad, no vulnera ningún derecho ya que la víctima estará representada por el asesor jurídico.
f) El numeral controvertido es acorde a lo que dispone el artículo 17 constitucional, pues la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso no debe suspenderse por incomparecencia del ofendido ya que afectaría el derecho a una justicia pronta del imputado y las partes.
17. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el amparo directo en revisión, lo registró con el número de expediente 1250/2025 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
18. Por acuerdo de siete de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.
19. El diez de abril de dos mil veinticinco, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del amparo directo en revisión 1250/2025. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.
I. COMPETENCIA
20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de los presentes recursos de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, 83 y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(8) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.
21. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual es competencia de la Primera Sala y no es necesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. OPORTUNIDAD
22. Revisión principal. La sentencia recurrida fue notificada personalmente al autorizado del quejoso el jueves trece de febrero de dos mil veinticinco, por lo que surtió efectos viernes catorce del mismo mes y año.
23. Por ello, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes diecisiete al viernes veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero, por ser sábados y domingos; de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.(9)
24. Por tanto, si el escrito de agravios se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.(10)
25. Revisión adhesiva. La tercera interesada, señora Persona “B” hizo valer, resulta oportuno porque la admisión del recurso principal le fue notificada mediante lista a las partes el diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, surtiendo efectos al día siguiente, es decir, el veintiuno del mismo mes y año.
26. Por lo que el plazo para la presentación del recurso adhesivo corrió del veinticuatro al veintiocho de marzo del presente año.
27. De tal forma que, si el recurso se presentó el veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, se concluye que su interposición se realizó dentro del plazo de cinco días establecido en el diverso 82 de la citada ley reglamentaria.(11)
III. LEGITIMACIÓN
28. Este alto tribunal considera que el señor Persona “A” cuenta con la legitimación para interponer el recurso de revisión y la señora Persona “B”, para hacer valer revisión adhesiva, pues el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del juicio de amparo les reconoció el carácter de parte quejosa y tercera interesada, respectivamente, en términos del artículo 5, fracciones I y III, inciso d), de la Ley de Amparo.(12)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
29. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:(13)
a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.
30. Al respecto, en caso de que se surta el requisito de constitucionalidad, se debe actualizar el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo que exige que esta Suprema Corte advierta que resolver el asunto dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
31. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
32. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
33. Precisado lo anterior, esta Primera Sala del alto tribunal considera que el presente asunto cumple con los requisitos de procedencia descritos porque no subsiste algún tema de constitucionalidad de interés excepcional que deba analizarse en esta instancia.
34. Lo anterior, pues el recurrente, señor Persona “A”, quien es el ofendido en el asunto penal de origen, reclamó a través de un juicio de amparo directo la resolución en la que se declaró improcedente la revocación de la suspensión condicional del proceso, en la que también se declaró extinta la acción penal, al haberse cumplido las condiciones de ese medio alterno de solución de la controversia penal. 35. Lo anterior, pues consideró que no estuvo presente en la audiencia que se desahogó con fundamento en el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el procedimiento para decretar la suspensión condicional del procedimiento penal, lo que hizo valer ante la autoridad responsable —foja 17 del acto reclamado—, del cual reclamó su inconstitucionalidad al considerar que es contrario a su derechos de audiencia, igualdad, debido proceso, acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
36. Al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró infundados sus planteamientos y negó la protección constitucional, por lo que el quejoso interpuso este recurso de revisión en el que insiste en que la norma reclamada es inconstitucional.
37. En ese sentido, subsiste ese planteamiento de constitucionalidad que torna procedente este recurso de revisión, el cual reviste un interés excepcional considerando que esta Primera Sala no cuenta con precedente obligatorio que haya examinado la regularidad constitucional del referido precepto.
38. Asimismo, es procedente la revisión adhesiva hecha valer por la tercera interesada, a través de la cual pretende sustentar las consideraciones del acto reclamado.
V. ESTUDIO DE FONDO
39. En este caso, el señor Persona “A” reclama la inconstitucionalidad del artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala lo siguiente:
Artículo 196. Trámite
La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud.
En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso.
La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal.
40. Este precepto se enmarca en las formas de solución alterna del procedimiento penal acusatorio y define el trámite a seguir cuando el imputado o el Ministerio Público han solicitado al juez de control solución consistente en la suspensión condicional del proceso, la cual debe decidirse en audiencia.(14)
41. Dicha solución judicial es decretada cuando se aprueba un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento de las personas imputadas a las condiciones fijadas por el órgano jurisdiccional para garantizar una efectiva tutela de los derechos de la parte ofendida.
42. Para ello, esencialmente el delito atribuido en el auto de vinculación a proceso no debe contener una pena de prisión superior a la media aritmética de cinco años y no debe haber oposición por parte de la víctima u ofendido del hecho delictuoso.
43. Bien, el artículo impugnado regula la citación de las partes para la celebración de la audiencia relativa a calificar el plan de reparación del daño y las condiciones que debe cumplir la persona imputada para garantizar los derechos de la parte ofendida, lo cual evidentemente ocurre después de que una de las partes ofreció esa solución alterna y la víctima u ofendido no se opuso a la misma.
44. Entonces la norma regula que con dichos requisitos el juez de control celebrará una audiencia en la que decidirá sobre el plan de reparación propuesto y las condiciones que deben cumplirse, lo cual podrá resolver aún si no se presentan las partes, previo citatorio. Esta solución alterna no impide el ejercicio de la acción civil.
45. Decretada la suspensión podrá ser revocada si la parte imputada incumple con el plan de reparación o las condiciones fijadas y se continuará con el procedimiento penal, de lo contrario, se tendrá por extinguida la acción penal y se sobreseerá la causa.(15)
46. Desde la perspectiva del recurrente, la norma impugnada es contraria a los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, audiencia, igualdad y reparación integral del daño, al regular que la aprobación del plan de reparación y de condiciones pueda realizarse aun sin la presencia de las partes.
47. Para resolver estos planteamientos la metodología que seguirá esta ejecutoria consistirá en desarrollar los siguientes temas: 1) la regularidad constitucional de ese precepto en relación con el derecho al debido proceso y de audiencia; 2) análisis del precepto impugnado desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia; 3) estudio de la norma a partir del derecho a la igualdad; 4) examen de la norma impugnada en contraste con el derecho a la reparación integral del daño.
V.1 Regularidad constitucional de la norma impugnada en relación con el debido proceso y el derecho de audiencia.
48. Al resolver el amparo directo en revisión 5425/2022,(16) la Primera Sala de este alto tribunal sostuvo que el derecho fundamental de debido proceso puede desprenderse, entre otros preceptos, de los artículos 1º, párrafos primero a tercero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafos primero, segundo y cuarto a octavo, así como de las distintas garantías en los procedimientos penales contenidas en el artículo 20, todos de la Constitución Política del país.(17)
49. Para esta Primera Sala, el debido proceso se entiende como el derecho de una persona imputada a que se celebre un proceso penal en su contra en el que se respeten todos sus derechos fundamentales, todas las garantías y todos los principios establecidos en la Constitución Política del país y en los tratados internacionales que contienen normas en materia de derechos humanos de los que México es parte, con el propósito de que estén en condiciones de defenderse adecuadamente.(18)
50. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado como parte del debido proceso el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento que integran la garantía de audiencia y considera como tales: (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, (iii) la oportunidad de alegar; y (iv) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Mientras que la Primera Sala de este alto tribunal agregó un elemento más: (v) la potestad de impugnar dicha resolución.(19)
51. Asimismo, esta Primera Sala ha determinado que el debido proceso cuenta con dos núcleos duros de garantías: a) el primero, identificado como las formalidades esenciales apenas indicadas, y b) el segundo, es el elenco de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado.
52. Particularmente para la materia penal existe una combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley que protege a quienes pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico al pertenecer a algún grupo vulnerable.(20)
53. Esto último se refleja en dos ámbitos de aplicación diferenciados:
a) El que corresponde a las personas sometidas a un proceso jurisdiccional en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento a fin de otorgarles la posibilidad de una defensa efectiva; y
b) El que permite a las personas procesadas hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal.(21)
54. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha categorizado al debido proceso con el estatus ius cogens y lo ha conceptualizado como un límite a la actividad estatal, compuesto por el conjunto de requisitos que deben observarse por las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.(22)
55. Por lo tanto, se requiere que una persona pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.(23)
56. Lo anterior abarca otros extremos, entre ellos, el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos.(24)
57. En ese sentido, adverso a lo señalado por el recurrente, no se desprende que el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnere el derecho fundamental del debido proceso en relación con la garantía de audiencia.
58. En principio, porque la norma establece como condición para ese trámite que se haya verificado que la parte ofendida o víctima del delito no haya expresado su oposición a esta forma alternativa de conclusión del procedimiento penal, lo que en el caso fue efectivamente verificado,(25) pues en audiencia intermedia el ofendido, señor Persona “A”, expresó que no tenía oposición a esa salida alterna, de lo cual se dio cuenta en la sentencia de amparo recurrida.
59. Además, lo establecido en el precepto impugnado no sólo permite continuar con una solución alterna cuando ésta ha sido propuesta y la parte ofendida no tiene oposición a ella, sino que ordena la citación a las partes para la audiencia.
60. También señala que en caso de incomparecencia, previa citación, se decidirá resguardando los derechos de precisamente de la parte ofendida o víctima en el hecho delictuoso, aun sin su inasistencia a esa sesión.
61. En ese sentido, es posible advertir que la norma impugnada brinda suficientes garantías a las partes para concluir anticipadamente el juicio, por una parte, descansa el trámite que regula en las condició
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33463-cc4248f5/suspension-condicional-del-proceso-penal-su-concesion-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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