AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 14 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: J. TRINIDAD VERGARA ORTIZ.
B) COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
14. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
A. LEGITIMACIÓN
15. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los integrantes del de un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
16. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ha interpretado que los requisitos(3), para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.
18. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.
a) El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic Nayarit, resolvió el amparo en revisión 24/2021 de las características siguientes:
19. El ocho de enero de dos mil veinte, el Juez de Control del Centro Regional de Justicia Penal, Región III, con residencia en Tepic, Nayarit, tuvo por recibido el escrito de acusación, ordenó dar el trámite correspondiente, es decir notificar el mismo a las partes y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia.
20. En contra de lo anterior, en audiencia de siete de febrero de dos mil veinte, el quejoso interpuso recurso de revocación, aduciendo que el escrito de acusación fue presentado en forma extemporánea, esto es, después de los quince días, medio de impugnación que fue resuelto en la propia audiencia, mismo que se declaró improcedente y por lo mismo, no se sobreseyó de forma oficiosa el proceso penal como así lo pretendía la parte quejosa.
21. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, el imputado, por propio derecho presentó demanda de amparo indirecto en contra de la determinación del Juez y acto ya precitados, entre otros actos; de la que conoció el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, misma que el veintitrés de enero del año precitado, registró con el número 48/2020 y la admitió a trámite.
22. Por auto de tres de marzo de dos mil veinte se tuvo al quejoso ampliando la demanda de amparo, señalando nuevas autoridades responsables y diversos actos reclamados.
23. El diez de diciembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la resolución en la que se determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos consistentes en: "(i) el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia impugnada por el juez de Distrito, respecto de los actos reclamados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit. (ii) la decisión de no tener como actos reclamados en el juicio, la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al peticionario y el proceso que se le sigue, posterior al plazo del cierre de investigación complementaria. (iii) ‘La parcialidad manifiesta del Juez de Control José Manuel Zepeda González dentro de la causa penal **********’ y su asignación como juez de control. (iv) la decisión de no tener como acto destacado, la omisión de poner en conocimiento del Fiscal General, la extemporaneidad de la acusación." y negar el amparo, por cuanto hace a los actos consistentes en: "1. La omisión de sobreseer de manera oficiosa la causa penal **********, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, de Tepic, Nayarit. 2. El auto de ocho de enero de dos mil veinte, dictado en la causa penal **********, en el que se recibió el escrito de acusación signado por la agente del Ministerio Público y se tuvo ésta por formulada, en el que además se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia en aquella causa penal –por el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo–. 3. La resolución dictada en audiencia de siete de febrero, dentro de la causa penal ********** en cita, relativa al recurso de revocación presentado en contra del auto de ocho de enero de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por presentada la acusación en contra del quejoso."
24. Determinación en contra de la cual el apoderado del quejoso interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, quien por resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, determinó modificar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
25. Para ello estableció que respecto a los cuatro primeros actos referidos, anteriormente, deben continuar rigiendo la sentencia, dado que no existe agravio enderezado a combatir los mismos.
26. Que por cuanto hace a los actos precisados en segundo término, no se analizan los agravios ni la resolución recurrida respecto de la negativa del amparo, ello a virtud de que advirtió que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.
27. Que el Pleno del Máximo Tribunal del país al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015 y explicar qué se debe entender, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por "actos de imposible reparación" estableció que el artículo 107 de la Ley de Amparo contiene dos señalamientos que permiten comprender el alcance de esa expresión.
28. "a) El primero, contenido en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, b) El segundo, contemplado en su fracción V, que norma el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos."
29. Que con base en esas disposiciones, se determinó que por actos de imposible reparación se debían entender aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Federal, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
30. Adujo que asimismo se dijo que sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva –la cual, de actualizarse, no necesariamente llega a trascender al resultado del fallo–.
31. Indicó que se establecieron dos condiciones para calificar la aludida imposibilidad: 1) que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que se indicó equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que éstos revistan la categoría de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza meramente formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento –momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva– consideraciones que dijo quedaron plasmadas en las jurisprudencias bajo los rubros:
32. "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P.J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
33. Señaló que toda vez que de las constancias se aprecia que en acuerdo ocho de enero de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de acusación, además ordenó dar el trámite correspondiente, y señaló hora para la celebración de la audiencia intermedia; en contra de lo anterior, en audiencia llevada el siete de febrero de dos mil veinte, la defensa del quejoso interpuso recurso de revocación, el cual en la misma diligencia fue declarado improcedente, y por tanto no se sobreseyó de forma oficiosa el proceso penal, como así lo pretendía la parte quejosa; debe considerarse que los actos reclamados, guardan una estrecha vinculación con la fase de la etapa intermedia, pues en principio en el auto de ocho de enero de dos mil veinte se tuvo recibido el escrito de acusación y se ordenó correr traslado con el mismo a las partes –previa declaratoria de cerrada la etapa de investigación complementaria–.
34. Sostuvo que dichos actos –cuya naturaleza es meramente procesal– ya son parte de la etapa intermedia y la cual, según el numeral 334 de la codificación procesal en cita, inicia precisamente con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; frente a ella, se encuentra la fase oral de dicha etapa, que inicia con la celebración de dicha diligencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio.
35. Estableció que, si el quejoso señaló como uno de los actos reclamados en lo medular la declaración de improcedencia del recurso de revocación interpuesto en audiencia de siete de febrero de dos mil veinte –el cual se hizo valer en contra del auto de ocho de enero de dos mil veinte, en el que se tuvo por recibido el escrito de acusación y el cual, según el quejoso, se presentó de forma extemporánea, es decir, después de los quince días referidos, se ordenó correr traslado a las partes con el mismo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia– es inconcuso que los efectos que produce dicho acto están relacionados con el plazo que tiene el representante social para presentar el escrito de acusación y, en su caso, de haberlo realizado de manera extemporánea, el juez de control, como garante del proceso penal, podrá actuar en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 325 de la codificación procesal en comento, es decir, dará vista con dicha situación al superior jerárquico del agente social, para que se pronuncie al respecto, lo cual –hasta ese momento– no acarrea una afectación material de derechos, puesto que el acto en mención no impide el libre ejercicio de alguno de ellos en forma presente.
36. Indicó que, en su caso dicha parte puede manifestar las excepciones que considere oportunas ante el Juez de Control, previo a la celebración de la audiencia intermedia, esto es, es una primera oportunidad para exponer cualquier irregularidad que hubiere ocurrido posterior a la formulación de la acusación, pero antes de la audiencia intermedia que pudiera poner en peligro el principio de igualdad procesal y de contradicción.
37. Expuso que aun en el supuesto de que no se llevara a cabo la audiencia anterior a la intermedia en la cual pudiera acordarse de conformidad un diferimiento por diez días, ya en el desarrollo de la audiencia intermedia, el juez de control escuchará a las partes, teniendo la obligación de cerciorarse que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio y, en caso de controversia, abrirá debate entre ellas y resolverá lo procedente (artículo 344, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo cual es una segunda oportunidad para analizar cualquier vulneración a los principios citados de igualdad procesal y contradicción.
38. Expresó que finalmente, al cierre de la audiencia intermedia, el Juez de Control dictará el auto de apertura a juicio oral en los términos anunciados en párrafos anteriores, siendo ésta una resolución terminal de la fase en comento en la cual pudiera repararse cualquier afectación que advirtiera en su perjuicio el acusado o su defensa, que incluso, de estimarse contraria a los derechos fundamentales, incluyendo los principios de igualdad procesal y contradicción, podría controvertirse a través del juicio de amparo indirecto, momento en el cual se podrían analizar todas las violaciones formales que se hubieren cometido en la tramitación de dicha fase y que hubieran trascendido a ella.
39. Adujo que con lo anterior, se desprende que los derechos involucrados con el acto reclamado no revisten la categoría de sustantivos sino de adjetivos, cuya afectación, además, no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento –momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva– y como en el caso, podría ser hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral.
40. Sostuvo que el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos sustantivos del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial.
41. Apoyando sus argumentos en la tesis número I.1o.P.113 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO."
42. También precisó que si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la tesis de jurisprudencia 74/2018 que solamente podrán ser analizadas en amparo directo aquellas violaciones que se hubieren cometido en la audiencia de juicio oral y no en etapas previas como lo son la inicial y la intermedia, ello no indica que, contrario sensu, en contra de todas las determinaciones dictadas en la fase inicial e intermedia proceda el juicio de amparo indirecto, puesto que éste tiene sus propias reglas de procedencia, en los términos previstos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, dentro de las cuales se incluye que el acto reclamado pueda ser considerado como de imposible reparación, según lo dispone su propia fracción V.
43. Que en todo caso, como se ya se dijo, si el acto reclamado genera consecuencias de índole procesal, al no producir una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento.
44. Apoyando estos argumentos en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2018868, de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."
45. Finalmente determinó que sobre todo porque la privación de libertad del quejoso no es producto jurídico del desechamiento del recurso de revocación y menos de la omisión de sobreseer en la causa penal de la que derivan los actos reclamados sino, en su caso, es una consecuencia directa e inmediata de la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada en audiencia de siete de diciembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal indicado; la cual no constituyó acto reclamado en el juicio de amparo indirecto.
46. Lo anterior dio origen a la tesis bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, resolvió el recurso de queja 37/2023 de las características siguientes:
47. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esa ciudad, **********, por conducto de su defensor particular **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra un acto del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno de Hermosillo, Sonora, que estimó violatorio de sus derechos fundamentales y que hizo consistir en el siguiente:
48. "IV. ACTO RECLAMADO: DE LA RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO EL AUTO DE FECHA veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********** que se instruye ante el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno con sede en Hermosillo, Sonora, en el que se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de fecha 20 de enero de dos mil veintitrés que dicta NO HA LUGAR acordar de conformidad la petición de la Defensa, en el sentido de que se programe AUDIENCIA PARA DICTAR SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, ante el evidente incumplimiento de parte del Ministerio Público y ... para formular en tiempo y forma la Acusación de la cual fueron debidamente notificados y requeridos conforme se establece en el artículo 325 del Código Nacional De Procedimientos Penales (CNPP), sin que se haya tomado en consideración, todas las circunstancias relativas al tema y sin que se haya realizado el procedimiento indicado en la ley de la materia previo a la toma de dicha medida ya que el computo del plazo realizado por la Juez de Control es Incorrecto y al momento de que la Vice Fiscalía de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó su escrito de Acusación el plazo YA ESTABA VENCIDO."
49. De dicha demanda correspondió conocer por razón de turno al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, quien por proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, su titular la radicó bajo el número de expediente ********** y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, la desechó de plano, con base en las siguientes consideraciones: 50. a) Que de la lectura integral del libelo constitucional se concluye que el acto reclamado es el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés dictado en la causa penal ********** del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esa ciudad, en el que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa del quejoso contra el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés en el que el Juez responsable acordó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de audiencia para debatir sobre el sobreseimiento de la indicada causa penal.
51. b) Que el artículo 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
52. c) Que para que esos actos sean calificados de esa manera necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate o lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.
53. d) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a las prerrogativas de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos–, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.
54. e) Consideraciones anteriores que dijo dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 bajo el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
55. f) Que además la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal y lesionara bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.
56. g) Indicó que las consideraciones planteadas en dicha ejecutoria dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."
57. h) Estableció que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Norma Fundamental o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte.
58. i) Que al tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo.
59. j) El Juez de Amparo también refirió que en el caso concreto el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés dictado en la causa penal ********** del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno, en el que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la defensa del quejoso contra el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés en el que el Juez responsable acordó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de audiencia para debatir sobre el sobreseimiento de la indicada causa penal; no es de imposible reparación porque no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, puesto que no se reclama una medida cautelar que en su caso se haya dictado y que afecte la libertad personal del quejoso.
60. k) Que también señaló que la determinación reclamada puede ser reparada en caso de que obtenga sentencia favorable y entonces el acto como tal no es de aquéllos dentro de juicio contra los cuales proceda el juicio de amparo indirecto, amén de que los posibles efectos podrían reflejarse en la sentencia definitiva, en la que de trascender en el sentido de la resolución dichas violaciones en perjuicio del inconforme estará en aptitud de reclamarla como violación procesal en el juicio de amparo directo.
61. l) Que estableció que por ello resulta evidente que el juicio de amparo indirecto no procede contra el auto que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, en el que el Juez responsable acordó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de audiencia para debatir sobre el sobreseimiento de la indicada causa penal, toda vez que constituye un acto intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos. Apoyando su determinación en la tesis número XXIV.1o.5 P (11a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
62. En conclusión el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, bajo la consideración de que el acto reclamado se traduce en una actuación intraprocesal que en exclusiva redunda en la afectación a derechos humanos de tipo adjetivo; aunado a que los efectos no son reales y actuales, sino que dependerán de que lleguen a trascender en el desenlace de la fase intermedia.
63. Argumentos que no compartió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien en sesión ordinaria resolvió, que contrario a lo que sostiene el Juez de Amparo, estimó que por una parte, el acto de imperio materia del reclamo, no sólo trasciende a la afectación de derechos procesales, sino que implica una transgresión directa a un derecho sustantivo del promovente, en tanto a que sus efectos existen, son reales y actuales desde el momento mismo de su dictado sin que para ello sea necesario esperar a las resultas de la etapa intermedia del proceso.
64. Señaló que de acuerdo con la mecánica procesal que en cuanto al tema prevén los arábigos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal acusatorio se compone de tres etapas, a saber, de investigación, intermedia y de juicio oral.
65. La primera de ellas (dividida en la investigación ministerial y judicializada) inicia con la denominada noticia criminis, o el conocimiento que sobre un evento o hecho posiblemente constitutivo de delito reciba la autoridad ministerial correspondiente y concluye con el proveído dictado por un juez de control que declara cerrada la fase de investigación complementaria.
66. La segunda (a su vez dividida en dos fases, una oral y otra escrita), cuyo objeto en términos de lo dispuesto por el arábigo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales se constriñe en exclusiva, al ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como a la depuración de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32422-39a9882e/amparo-indirecto-procede-contra-la-negativa-u-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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