SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 351 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE COMPUTARSE EN DÍAS NATURALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 60/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
B. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional Penal es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
12. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
C. LEGITIMACIÓN
13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendiente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
14. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los requisitos(3) para la existencia de una contradicción, son a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.
16. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.
17. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito (denunciante), resolvió el amparo directo 239/2022 de las características siguientes:
18. El quince de septiembre de dos mil veintiuno, la Décimo Tercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dictó sentencia en el toca **********, en la que confirmó la de primera instancia en donde se declaró a una persona penalmente responsable en la comisión del delito de robo con violencia.
19. Determinación contra la que se promovió demanda de amparo directo, de la que conoció dicho órgano colegiado, misma que admitió a trámite y ordenó su registro bajo el consecutivo **********.
20. Una vez agotado el procedimiento, mediante sesión virtual de quince de junio de dos mil veintitrés se dictó la resolución en la que negó el amparo solicitado.
21. En dicha ejecutoria se estableció que el concepto de violación referente a la existencia de una violación al procedimiento era infundado, ya que no se había suspendido el juicio por un periodo de tiempo mayor al permitido.
22. Toda vez que si bien, el numeral 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la audiencia de juicio puede suspenderse de forma excepcional por un plazo máximo de diez días, y el diverso 352 de la misma codificación refiere que en caso de no reanudarse la audiencia de debate a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión se tiene por interrumpida y todo lo actuado será nulo; lo cierto es que dichos artículos deben ser interpretados en concordancia con lo establecido en el diverso 94 del aludido código adjetivo, donde se desprende que, en los plazos judiciales no se computarán los días sábados, domingos, tampoco días inhábiles, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles.
23. De ahí que, contrario a lo afirmado por el quejoso, respecto a la excepción prevista en el artículo 351 del mismo ordenamiento, referente a que todos los días son hábiles para la actuación judicial, pero si la suspensión de la audiencia de juicio llega a su décimo día en uno que no sea laborable, entonces el plazo se extiende al siguiente día hábil, y en el mismo es donde debe reanudarse la audiencia, se advierte que dentro del plazo de la suspensión existen también días inhábiles.
24. Por tanto, al efectuar una interpretación armónica y sistemática entre el párrafo primero, y la segunda parte del último párrafo, ambos del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la ausencia de actividad judicial en días sábados y domingos, que la ley denomina "descanso de fin de semana" y aquella que se dé con motivo de los días declarados inhábiles, acorde a la legislación aplicable, no serán considerados suspensión ni aplazamiento de la audiencia de juicio, es decir, estos días serán excluidos del cómputo de dicho plazo. Por consiguiente, el modo en que debe computarse los plazos es por días hábiles.
25. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito resolvió el amparo directo 190/2022 de las características siguientes:
26. El trece de mayo de dos mil veintidós, la Undécima Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dictó sentencia en el toca **********, en la que confirmó la de primera instancia, donde se declaró que una persona era penalmente responsable de la comisión de los delitos de robo ejecutado con violencia y robo calificado.
27. Determinación contra la que el sentenciado promovió demanda de amparo directo, de la que conoció dicho órgano colegiado, misma que admitió a trámite y ordenó su registro bajo el consecutivo **********.
28. Una vez agotado el procedimiento, mediante sesión virtual de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la resolución en la que concedió el amparo solicitado para que se dejara sin efectos la sentencia reclamada, se ordenara la reposición del procedimiento a fin de que se reiniciara la audiencia de juicio ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto, declarando nulo lo actuado en esa etapa procedimental, respetando el principio de inmediación procesal.
29. Sentencia en la cual se estableció la existencia de una violación al procedimiento, toda vez que, en el desahogo de la audiencia de juicio oral se transgredió el principio de legalidad al haber suspendido la audiencia de debate y haberse señalado nueva data para su continuación, excediendo el plazo de diez días naturales en términos de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
30. En virtud de que, conforme al primero de los numerales, la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días naturales; mientras que el segundo de los artículos dispone que de no reanudarse la audiencia de debate a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, debe considerarse el juicio como interrumpido y, por consecuencia, será nulo, por lo cual debe ser reiniciado ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto.
31. Por tanto, de una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos en cita, se determina que el plazo máximo es de diez días naturales, incluyendo sábados, domingos y días festivos, porque el precepto señalado en primer término establece expresamente que serán días naturales, además, dispone que la suspensión será de forma excepcional, lo que corrobora que la suspensión debe ser por el menor tiempo posible, y ello permite incluir en el cómputo los días festivos, así como los sábados y domingos.
32. Además que el segundo de los numerales refiere que la reanudación será al undécimo día, lo que corrobora los días naturales de que se habla.
33. Aunado a que respecto al campo de aplicación del principio de inmediación, no solamente comprende la obligación del juzgador de presenciar y valorar directamente la prueba, sino la posibilidad material para que esté en condiciones de realizarlo, por ello, en caso de que la audiencia de juicio se suspenda por un plazo que sea superior a los diez días naturales, se considerará que la inmediación necesaria entre el Juez y la prueba se ha perdido por el simple transcurso del tiempo y la posible pérdida de forma natural de los detalles verificados al momento de desahogarse los medios de prueba en la memoria del juzgador, en cuyo caso el Tribunal de Enjuiciamiento tendrá que declarar nulo todo lo actuado, lo cual comprenderá cualquier medio de prueba que se hubiese desahogado, esto al señalar que deberá designarse un diverso Tribunal de Enjuiciamiento.
34. Por tanto, cuando se advierta la inobservancia a los principios de concentración, continuidad e inmediación del Sistema Penal Acusatorio, tal proceder constituye una falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual irremediablemente conduce a la reposición del procedimiento, esto es, a que se repita la audiencia de juicio, porque sin inmediación la sentencia carece de fiabilidad, ya que no se habrá garantizado la debida formación de la prueba y, por ende, no habrá bases para considerar que el Juez o el Tribunal de Enjuiciamiento dispuso de pruebas de cargo válidas para emitir su sentencia de condena.
35. Idénticos razonamientos emitió el aludido Tribunal Colegiado, al resolver los diversos amparos directos 259/2022, 142/2022, 277/2022 y 264/2022.
36. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el amparo directo 84/2022 de las características siguientes:
37. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó sentencia en el toca **********, en la que revocó la resolución absolutoria dictada a una persona en la causa penal ********** del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que lo condenó por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo agravado, cometido en casa habitación y con violencia.
38. Determinación contra la que el sentenciado, por conducto de su defensor particular promovió demanda de amparo directo, de la que conoció dicho órgano colegiado, misma que admitió a trámite y ordenó su registro bajo el consecutivo **********.
39. Una vez agotado el procedimiento, mediante sesión virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dictó la resolución que concedió el amparo solicitado para que se dejara sin efectos la sentencia reclamada, dictara otra en la que declarara nulo todo lo actuado en la audiencia de juicio oral, a fin de que se reiniciara ante un Juez que no haya conocido del caso y privilegiara los principios de concentración y continuidad; esto es, en días consecutivos, de manera sucesiva, continua y secuencial, evitando interrupciones.
40. Sentencia en la cual se estableció transgresión a los principios de concentración y continuidad que rigen el proceso penal acusatorio.
41. Lo anterior, en razón que de los artículos 7o. y 8o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los principios de concentración y continuidad imponen que las audiencias se lleven a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial que, preferentemente, se desarrollen en un mismo día o en días consecutivos, hasta su conclusión; es decir, sin dar margen de demora o postergación, con las excepciones establecidas en la legislación de referencia.
42. De ahí que, el nuevo sistema impone la obligación del Juez oral de desahogar, de preferencia, todas las pruebas en una sola audiencia; si materialmente no es posible, las audiencias deben celebrarse en días consecutivos hasta su conclusión; lo cual implicaría que el juzgador no lleve a cabo juicios diversos simultáneamente intercalando audiencias de uno y otro procesos, ya que evidentemente su concentración se divide en todos los procedimientos.
43. Por tanto, de los preceptos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la audiencia de juicio podrá suspenderse, en forma excepcional, por un plazo máximo de diez días naturales, y en caso, que ello no ocurra, implica que el juicio se considere interrumpido y, por lo que, deberá declararse nulo todo lo actuado y designarse un nuevo tribunal, pues se estima que la inmediación del juzgador con las pruebas se fragmentó por el simple transcurso del tiempo.
44. Por regla general, se deberá desarrollar la audiencia en un solo día o en días consecutivos, privilegiando los principios de concentración y continuidad; y excepcionalmente se suspenderá cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual no deberá exceder del plazo legalmente establecido (diez días naturales).
45. Idénticos argumentos sostuvo el aludido Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos 138/2022, 223/2022, 259/2022 y 216/2022, los cuales dieron origen a la jurisprudencia de rubro: "AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. SI NO SE REANUDA A MÁS TARDAR AL UNDÉCIMO DÍA DESPUÉS DE ORDENADA SU SUSPENSIÓN, EL JUICIO DEBE CONSIDERARSE INTERRUMPIDO, REINICIARSE ANTE UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTINTO Y LO ACTUADO SERÁ NULO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 351 Y 352 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."
46. La anterior relatoría muestra que los Tribunales Colegiados relacionados con la contradicción de criterios, al pronunciar sus decisiones, se vieron en la necesidad de emplear el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada de cada caso que sometieron a su consideración.
47. Esto es, en todos los casos, ejercieron un razonamiento jurídico para dotar de contenido a los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales y determinar si el plazo que establece el primero de los numerales relativo a la suspensión de la audiencia de juicio, debe computarse en días hábiles o naturales.
48. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. El segundo requisito se cumple respecto del Tribunal Colegiado (denunciante), cuyo criterio se resumirá como postura "A"; con el Tribunal Colegiado que representa la postura "B", y el diverso Tribunal Colegiado que representa la postura "C".
49. Así, este Pleno Regional considera que existen dos posturas contradictorias diversas definidas con claridad en esta contradicción, entre las cuales existe un punto de toque.
50. Por un lado, llamaremos postura "A" a la defendida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito (amparo directo 239/2022); como postura "B", a la defendida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito (amparos directos 142/2022, 259/2022, 277/2022 y 264/2022); y como postura "C", a la defendida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (amparos directos 84/2022, 138/2022, 223/2022, 259/2023 y 216/2022).
51. Tribunal Colegiado de la postura A. El órgano colegiado adherente a esta postura(4) señaló que los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben ser examinados en concordancia con lo dispuesto en el diverso 94 del mismo ordenamiento, el cual regula la forma de computarse los plazos judiciales en el proceso penal acusatorio.
52. Así, interpretó que del último numeral se advierte que en los plazos judiciales no se computarán los días sábados, domingos, tampoco los días inhábiles decretados en la legislación aplicable; salvo que se trate de actos relativos a providencias precautorias; puesta a disposición del imputado ante el órgano jurisdiccional; a resolver la legalidad de la detención; formulación de la imputación; y resolver respecto a la procedencia de las medidas cautelares; en su caso; a decidir sobre la procedencia de la vinculación a proceso, por tanto, todos los días se computarán como hábiles.
53. Analizó la hipótesis en cuanto a que existe una contradicción en torno a la excepción prevista en la última parte del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a que tratándose de la audiencia de juicio, todos los días son hábiles para la actuación judicial, pero si la suspensión de la audiencia llega a su décimo día en uno que no sea laborable, entonces el plazo se extiende al siguiente día hábil, y ahí es donde debe reanudarse la audiencia, es decir, se acepta que dentro del plazo de la suspensión existen también días inhábiles.
54. Concluyó que de una interpretación armónica y sistemática entre el párrafo primero, y la segunda parte del último párrafo, ambos del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ausencia de actividad judicial en días sábados y domingos, que la ley denomina "descanso de fin de semana" y aquella que se dé con motivo de los días declarados inhábiles, acorde a la legislación aplicable, no serán considerados suspensión ni aplazamiento de la audiencia de juicio, es decir, esos días serán excluidos del cómputo de dicho plazo. Por lo que, deben computarse los plazos por días hábiles.
55. Tribunal Colegiado de la postura B. El Tribunal Colegiado de tal postura,(5) debió desentrañar si el Tribunal de Enjuiciamiento durante la etapa de juicio oral, cometió una violación al procedimiento, ya que se transgredió el principio de legalidad al haber suspendido la audiencia de debate y haber señalado nueva data para su continuación, con exceso del término de diez días naturales en términos de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
56. Sin embargo, contrario al Tribunal Colegiado de la postura "A", determinó que de una interpretación sistemática y teleológica de tales preceptos el plazo máximo es de diez días naturales, esto es, incluyendo sábados, domingos y días festivos, ya que el primero de los preceptos establece expresamente que serán días naturales; dispone que la suspensión será de forma excepcional, lo que corrobora que la suspensión debe ser por el menor tiempo posible; de ahí que es dable incluir en el cómputo los días festivos, así como sábados y domingos. Refirió que el segundo de los numerales hace referencia expresa a la reanudación al undécimo día, lo que corrobora los días naturales en cuestión, y no como lo estimó la postura "A".
57. Destacó que conforme al campo de aplicación del principio de inmediación, no sólo comprende la obligación del juzgador de presenciar y valorar directamente la prueba, sino la posibilidad material de que esté en condiciones de realizarlo, por tanto, cuando la audiencia de juicio se suspenda por un plazo superior a los diez días naturales, se considerará que la inmediación entre el Juez y la prueba se ha perdido, en cuyo caso el Tribunal de Enjuiciamiento tendrá que declarar nulo todo lo actuado, lo que comprenderá cualquier medio de prueba que se hubiese desahogado, ello al señalarse que deberá designarse un diverso Tribunal de Enjuiciamiento.
58. Concluyó que la inobservancia de los principios de concentración, continuidad e inmediación, del Sistema Penal Acusatorio, constituye una falta grave a las reglas del debido proceso, por lo que, irreparablemente conduce a la reposición del procedimiento, esto es, a que se repita la audiencia de juicio, ya que sin inmediación, la sentencia carece de fiabilidad, pues no se habrá garantizado la debida formación de la prueba y, por ende, no habrá bases para considerar que el Tribunal de Enjuiciamiento dispuso de pruebas de cargo válidas para emitir su sentencia condenatoria. 59. Argumentos torales que dicho Tribunal Colegiado plasmó al resolver los diversos amparos directos 142/2022 (fojas 52 y 53); 259/2022 (fojas 53 a 57); 277/2022 (fojas 134 a 136) y 264/2022 (fojas 63 a 66).
60. Tribunal Colegiado de la postura C. El Tribunal Colegiado adherente a esta postura(6) también interpretó los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señaló que del primero de los numerales se obtiene que la audiencia de juicio podrá suspenderse, en forma excepcional, por un plazo máximo de diez días naturales (como lo señaló el Tribunal Colegiado de la postura "B").
61. Así, señaló que el segundo de los preceptos constituye una sanción a la violación del principio de concentración, ya que de no desarrollarse la audiencia de manera concentrada (de preferencia en un solo día o, en su caso, en días consecutivos, de manera continua, sucesiva y secuencial hasta su total conclusión), implica que el juicio se considere interrumpido y, por tanto, deberá declararse nulo todo lo actuado y designarse un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento.
62. Concluyó que aun cuando el artículo 351 del código adjetivo nacional permite la suspensión de la audiencia de juicio, ello es de carácter excepcional; ya que por regla general se deberán privilegiar los principios de concentración y continuidad, desarrollando la audiencia en un solo día o en días consecutivos, y sólo excepcionalmente se suspenderá, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en ese numeral; suspensión que no deberá exceder del plazo legalmente establecido de diez días naturales.
63. Argumentos torales que dicho Tribunal Colegiado plasmó, al resolver los diversos amparos directos 138/2022 (fojas 38 a 41); 223/2022 (fojas 25 a 28); 259/2022 (fojas 25 a 28) y 216/2022 (fojas 22 a 24).
64. En resumen, todos los Tribunales Colegiados contendientes se enfrentaron con la hipótesis de cómo debe computarse el plazo de la suspensión de la audiencia de juicio que prevé el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
65. Así, el Tribunal Colegiado denunciante (adherente a la postura A), consideró que de la interpretación de los artículos 351 y 352, en relación con el diverso 94, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo debe computarse en días hábiles.
66. Por el contrario, el resto de los Tribunales Colegiados (posturas B y C), señalaron que de una interpretación sistemática y teleológica de tales preceptos (excepción del precepto 94), el cómputo de la suspensión de la audiencia de juicio es en días naturales, incluyendo sábados, domingos y días festivos.
67. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple respecto del Tribunal Colegiado adherente a la postura A, y los Tribunales Colegiados de las posturas B y C. El punto de contacto a dilucidar es el siguiente:
68. ¿Cómo debe realizarse el cómputo del plazo relativo a la suspensión de la audiencia de juicio que prevé el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en días hábiles o naturales?
69. Sin que sea óbice, para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los argumentos sustentados por dos de los tribunales contendientes, no constituyan propiamente una tesis jurisprudencial, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen ese requisito.(7)
II. ESTUDIO DE FONDO.
70. Este Pleno Regional se percata que a efecto de resolver el cuestionamiento, resulta necesario realizar una interpretación de tres cuestiones diferenciadas.
71. En primer término, la compleja interrelación que existe entre el principio de igualdad procesal como modalidad del debido proceso y a la igualdad jurídica, que demanda una razonable paridad de posibilidades en el ejercicio de las pretensiones de las partes en un juicio, y que se erige como una regla de actuación del juzgador como director del proceso. En segundo término, se impone recordar la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los principios de continuidad, concentración e inmediación del proceso penal acusatorio. En último término, interpretación de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, a efecto de establecer si la naturaleza de los días (hábiles o naturales) para realizar el cómputo del plazo relativo a la suspensión de la audiencia de juicio, vulnera o no tales principios.
72. A. DEBIDO PROCESO. EN SUS CONCEPTOS ADJETIVO Y SUSTANTIVO. En principio, nos referiremos al debido proceso "adjetivo", que a su turno enlaza –bajo un concepto de amplio alcance– con el acceso formal y material a la justicia,(8) y sobre el que se utilizan diversas denominaciones, en ocasiones equivalentes y a veces relativas a cuestiones aledañas de mayor o menor amplitud,(9) que han ingresado en las disposiciones y la tradición jurídica de los Estados modernos.(10)
73. VERSIÓN SUSTANTIVA. Este tópico ha sido examinado por la jurisprudencia norteamericana,(11) y considerada por parte de la doctrina de nuestra región. Bajo ese concepto, el debido proceso constituye "un medio de controlar la razonabilidad de las leyes".(12) Esto hace referencia a la tutela de los derechos esenciales del individuo frente al arbitrio del poder público en el ámbito ejecutivo y legislativo, no sólo en el instrumental o procesal.(13) Por ende, integra una vía para la revisión del sentido de una norma, conforme a las circunstancias de los nuevos tiempos.(14)
74. VERSIÓN ADJETIVA. Generalmente caracterizado por invocación de los elementos que lo integran y cuyos méritos derivan de la conformidad entre el enjuiciamiento y la ley, pero también entre ambos y la justicia.(15) Esto conduce a establecer un tipo de proceso que tribute a la justicia,(16) es decir, un "juicio justo".(17) Bajo el concepto de debido proceso se reúnen y consolidan, pues diversos derechos del justiciable.(18)
75. Visto de primera intención, parecería concentrarse la materia bajo el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente a "Garantías judiciales", y acaso también bajo las normas de "Derecho a la protección judicial", recogidas en el artículo 25.(19)
76. En ese artículo 8, figuran tanto las garantías judiciales generales (párr. 1),(20) como las garantías judiciales penales (párr. 2), en una extensa relación que se contrae solamente al enjuiciamiento criminal. En el artículo 8, pesa esta materia, a tal punto que el párrafo 2 se refiere directamente a ella sin perjuicio de la interpretación extensiva que la Corte Interamericana ha provisto, gravitación natural si se toma en cuenta que el sistema penal entraña una zona crítica de los derechos humanos,(21) en la que éstos entran en muy severo riesgo y suelen sufrir las más graves afectaciones. El artículo 25, atañe a la existencia de un recurso sencillo y rápido, además de efectivo, que ampare al sujeto en el ejercicio de sus derechos. Es notorio, aquí el ascendiente del juicio de amparo, y en todo caso el precepto ha recogido la institución de este nombre, de la que el habeas corpus es un aspecto específico.(22)
77. DEBIDO PROCESO. CONCEPTO. El debido proceso, que constituye un límite a la actividad estatal, se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.(23) En materia penal incluye tanto las garantías mínimas previstas en el artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como otras adicionales que pudieran ser necesarias para la integración de este concepto.(24) Requiere, en consecuencia, que "un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables."(25)
78. A propósito del contenido y alcance del debido proceso legal protegido por la Convención Americana, la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que éste abarca varios extremos, entre ellos el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos.(26) La Corte destaca la observancia de este principio en procesos que pueden culminar en la imposición de pena de muerte.(27)
79. PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL COMO MODALIDAD DEL DEBIDO PROCESO.
80. En primer término, se destaca que el derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran variedad de normas de rango constitucional. El artículo 17(28) de la Constitución,(29) reconoce el derecho humano que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales expeditos, dentro de plazos y términos fijados por las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial.
81. Conforme a los criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a tal precepto constitucional y a lo dispuesto en los tratados internacionales, se ha concluido que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella; ello, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31844-05fc4428/suspension-de-la-audiencia-de-juicio-oral-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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