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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 351 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SE ACTUALICE SU INTERRUPCIÓN Y SANCIÓN EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 352 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, BASTA CON QUE LA AUDIENCIA NO SE REANUDE AL UNDÉCIMO DÍA PARA QUE TODO LO ACTUADO SEA NULO Y DEBA REINICIARSE ANTE UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DIVERSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 50/2023. · Registro digital (IUS): 31888
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-10-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo IV, Pág.4071.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 50/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR, POR CUANTO HACE A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. UNANIMIDAD DE VOTOS, EN CUANTO AL FONDO, DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: DIEGO ALEXIS MORALES GÓMEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 62/2022 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al dictar el fallo en el amparo directo 216/2022.

2. La problemática jurídica consiste en determinar si la suspensión de la audiencia de juicio oral, por más de diez días naturales, que trae consigo su interrupción, a que se refieren los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que trascienda al resultado del fallo debe ser de manera reiterada o sistemática, o bien, basta que no se reanude al undécimo día, para que se declare nulo todo lo actuado y se reinicie ante un tribunal de enjuiciamiento distinto.

I. ANTECEDENTES

3. En sesión de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo directo 62/2022, en el cual consideró esencialmente que para sostener que la interrupción de la audiencia de juicio por más de diez días trasciende al resultado del fallo, se requiere que la interrupción sea reiterada o sistemática.

4. Lo anterior sostuvo, porque al juicio de derechos fundamentales lo rige la Ley de Amparo y no el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, no toda violación al código adjetivo penal implica una concesión de amparo, ya que requiere que se actualice una violación de las establecidas en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo.

5. El criterio sostenido se apoyó en la tesis con registro digital: 2025688, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, materia: penal, tesis: I.4o.P.9 P (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, enero de 2023, Tomo VI, página 6323, de rubro y contenido siguientes:

"AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. SU INTERRUPCIÓN REITERADA O SISTEMÁTICA POR MÁS DE DIEZ DÍAS NATURALES, EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 351 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y A LOS PRINCIPIOS DE CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA REINICIARLA ANTE UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTINTO.

"Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva de segunda instancia que confirmó la emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, en la que lo consideró penalmente responsable del delito imputado. La audiencia de juicio oral, una vez que se declaró formalmente abierta, fue diferida en diversas ocasiones y por diferentes motivos, por más de diez días entre una fecha y otra.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la interrupción de la audiencia de juicio oral por más de diez días trasciende al resultado del fallo y, por ende, implica una violación a las leyes del procedimiento que amerita reiniciarla ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto, cuando es reiterada o sistemática.

"Justificación: Conforme a los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de juicio puede suspenderse hasta por diez días naturales y si no se reanuda al undécimo día habrá interrupción con la consecuencia procesal de declarar nulo lo actuado y que aquélla se reinicie ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto. Con ello se procura que bajo el principio de inmediación el tribunal reciba no sólo la información derivada de las pruebas, sino también los alegatos de las partes en forma concentrada y continuada, lo que le permitirá sustentar una mejor sentencia. Sin embargo, para poder sostener que ello deja sin defensa al acusado y trasciende al sentido del fallo, se requiere que las interrupciones de la audiencia sean reiteradas o sistemáticas."

6. No pasa inadvertido que la tesis aislada invocada fue emitida en el amparo directo 29/2022, resuelta por el mismo Tribunal Colegiado, que no fue integrada a la litis de esta contradicción de criterios. No obstante, se trata del mismo criterio jurídico que incluso fue denunciado por el Pleno del Tribunal que la emitió, quien precisó que también fue reiterado al fallar el amparo directo que originó este asunto, esto es, el amparo directo 62/2022.

7. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés, resolvió el amparo directo 216/2022, en el que esencialmente sostuvo que si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, conforme a lo dispuesto en los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto y todo lo actuado será nulo.

8. El fallo en comento generó jurisprudencia por reiteración, con registro digital: 2026253, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materia: Penal, Tesis: II.2o.P. J/4 P (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, abril de 2023, Tomo III, página 2364, de rubro y contenido siguientes:

"AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. SI NO SE REANUDA A MÁS TARDAR AL UNDÉCIMO DÍA DESPUÉS DE ORDENADA SU SUSPENSIÓN, EL JUICIO DEBE CONSIDERARSE INTERRUMPIDO, REINICIARSE ANTE UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTINTO Y LO ACTUADO SERÁ NULO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 351 Y 352 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

"Hechos: En el amparo directo promovido contra la sentencia definitiva dictada en el sistema penal acusatorio adversarial, se advirtió que la autoridad responsable no apreció que la audiencia de juicio no se reanudó a más tardar al undécimo día después de ordenada su suspensión.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en términos de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de juicio oral podrá suspenderse, en forma excepcional, por un plazo máximo de diez días naturales, y de no reanudarse a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, el juicio se considerará interrumpido, deberá ser reiniciado ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo.

"Justificación: De los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene que la audiencia de juicio podrá suspenderse, en forma excepcional, por un plazo máximo de diez días naturales cuando: I. Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata. II. Tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones. III. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. IV. El o los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. V. El defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en caso de muerte o incapacidad permanente; y, VI. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación; motivo por el cual, si la audiencia de debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpido el juicio, deberá ser reiniciado ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo; en la inteligencia de que no será considerado como suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. Es importante establecer que ese proceder constituye una sanción a la violación de los principios de concentración y continuidad, pues al no desarrollarse la audiencia de manera concentrada (de preferencia en un solo día o, en su caso, en días consecutivos, de manera continua, sucesiva y secuencial hasta su total conclusión), implica que la inmediación del juzgador con las pruebas se fragmentó por el simple transcurso del tiempo, ya que al momento de dictar sentencia no tendrá presente en su memoria la impresión que le causó cada una de las pruebas desahogadas en la audiencia de debate, por lo que, por regla general, se deberán privilegiar los principios de concentración y continuidad, y desarrollar la audiencia en un solo día o en días consecutivos, y sólo se suspenderá cuando se actualice alguno de los supuestos mencionados, lo cual no debe convertirse en la regla general; por ello, el juzgado o tribunal oral deberán implementar la logística necesaria (preparar el juicio, ordenar y verificar la correcta y legal citación de las partes y los testigos), para lograr el desahogo del juicio en los términos que el nuevo sistema exige, previendo, desde luego, las eventualidades o contingencias para celebrar audiencias de manera continua, sucesiva y secuencial, sin interrupciones; evitando en todo momento generalizar la suspensión (excepción a la regla)."

II. TRÁMITE

9. Mediante oficio firmado electrónicamente por los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se denunció la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

10. El dos de junio de dos mil veintitrés, se radicó el asunto como contradicción de criterios 50/2023 y se admitió a trámite, por lo que se solicitó a los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remitieran copia certificada digital de las ejecutorias dictadas en los amparos directos 62/2022 y 216/2022, respectivamente.

11. Igualmente, el Magistrado presidente de este Pleno Regional solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre la materia que nos ocupa y se realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.

12. Además, quedó precisado que el posible tema jurídico a analizar es el siguiente:

"Determinar si en una audiencia de juicio oral, que se suspende por más de diez días, dicha interrupción, debe ser de manera reiterada o sistemática para que trascienda al resultado del fallo y amerite reiniciarlo (ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto), o bien, sólo se requiere el transcurso de este tiempo para que al onceavo día, deba iniciarse de nuevo."

13. Una vez agotado el trámite del asunto, mediante acuerdo de presidencia de quince de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por integrada la contradicción de criterios y se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.

III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

14. Conforme al contenido del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

15. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla, lo que fue constatado en la sesión respectiva por la secretaria de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

IV. COMPETENCIA

16. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I y 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

17. Lo anterior, al tratarse de una contradicción entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Penal de los Circuitos Primero y Segundo, que pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.

V. LEGITIMACIÓN

18. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los Magistrados que integran el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes dictaron uno de los fallos contendientes.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

19. En este caso la contradicción de criterios denunciada es existente.

20. Por contradicción de "criterios" debe entenderse aquella discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.

21. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis con registro digital: 205420, Instancia: Pleno, Octava Época, Materias: Común, Tesis: P. L/94, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, noviembre de 1994, página 35, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

22. Y la jurisprudencia con registro digital: 164120, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia: Común, Tesis: P./J. 72/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

23. De acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

24. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios, es necesario analizar cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

25. La finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, para que una contradicción sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

I. Los órganos jurisdiccionales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

II. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes. III. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

26. Con lo cual se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

27. En este caso, sí existe una contradicción de criterios, porque se cumplen los requisitos para su existencia.

28. Los Tribunales Colegiados contendientes conocieron de juicios de amparo directo en los que luego de analizar los requisitos de procedencia, concedieron la protección de la Justicia de la Unión a los respectivos quejosos, quienes combatieron sentencias definitivas.

29. Con lo anterior, se actualiza el requisito identificado como I para la existencia de la contradicción de criterios, esto es, los órganos jurisdiccionales contendientes resolvieron la cuestión litigiosa puesta a su consideración –amparo directo que combatió una sentencia definitiva– en la que tuvieron la necesidad de ejercer su respectivo arbitrio judicial, para concluir que era procedente conceder el amparo y protección federal.

30. En ambos casos se consideró que existió una suspensión por más de diez días naturales de la audiencia de juicio oral, lo que de conformidad con los artículos 351 y 352, en correlación con el diverso 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, trae consigo su interrupción y, por ende, su reinicio ante un Tribunal de Enjuiciamiento diverso, por ser nulo todo lo actuado.

31. Empero, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que para que la violación trascienda al resultado del fallo, la interrupción de la audiencia de juicio en los procesos penales debe ser de forma reiterada o sistemática, porque el juicio de derechos fundamentales lo rige la Ley de Amparo y no el Código Nacional de Procedimientos Penales.

32. Por ende, no toda violación al código adjetivo penal implica una concesión de amparo, ya que requiere que se actualice alguna de las violaciones establecidas en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo.

33. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito consideró que únicamente el transcurso de los diez días naturales, en términos de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, actualiza una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, por lo que, conforme a la fracción XIX del artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo, lo procedente era conceder el amparo y la protección federal, para efecto de que el juicio se reinicie ante un Tribunal de Enjuiciamiento diverso y todo lo actuado sea nulo.

34. Existe un diferendo en los criterios adoptados por los tribunales contendientes, pues en ambos asuntos de origen se combatieron sentencias de segunda instancia, donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró necesario que la interrupción del juicio sea de manera reiterada o sistemática, mientras su homólogo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito argumentó que únicamente por el transcurso del lapso previsto en el código adjetivo, debe considerarse viciado el proceso de origen, con trascendencia al resultado del fallo y, por ende, procedente la concesión del amparo.

35. Diferendo que actualiza el requisito identificado en párrafos anteriores como II.

36. Por último, surge la pregunta genuina que este Pleno Regional debe resolver, esto es: ¿La suspensión de la audiencia de juicio oral, por más de diez días naturales, que trae consigo su interrupción a que se refieren los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que trascienda al resultado del fallo debe ser de manera reiterada o sistemática, o bien, basta que no se reanude al undécimo día, para que se declare nulo todo lo actuado y se reinicie ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto?

37. Con lo cual se actualizan los tres requisitos para la existencia de la contradicción de criterios, previamente reseñados.

VII. DECISIÓN

38. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ORIGEN Y ETAPAS.

39. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, entre otras disposiciones, los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de implementar en toda la República un sistema procesal penal oral acusatorio.

40. En el transitorio segundo del referido decreto, se precisó que debía entrar en vigor en un plazo no mayor de ocho años, para lo cual los Estados y la Federación deberían emitir la legislación secundaria correspondiente.

41. Mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como quedó establecido en el artículo 20 constitucional, conforme el texto reformado que se encuentra vigente hasta el día de hoy.

42. Posteriormente, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la legislación secundaria que implementaría el referido sistema procesal penal.

43. Así, quedaron sentadas las bases del modelo de impartición de justicia penal, en el que además de los principios previamente reseñados, se establecieron las etapas que tiene el proceso, conforme el artículo 211 del referido código adjetivo, esto es, i) etapa de investigación, que a su vez se divide en inicial –que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación– y complementaria que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; ii) etapa intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y, iii) la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento.

44. Respecto la importancia de los principios del sistema procesal penal de corte acusatorio y oral, así como sus diferentes etapas, quedó precisada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia con registro digital: 2018868, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias: Común y Penal, Tesis: 1a./J. 74/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 175, de rubro y texto siguientes:

"VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide –investigación, intermedia y juicio– cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla gen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31888-7fcaa24e/suspension-de-la-audiencia-de-juicio-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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