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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. LOS ARTÍCULOS 351 Y 352 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VIOLAN EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6080/2024. · Registro digital (IUS): 33524
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1288.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6080/2024. 21 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: En el mes de octubre de dos mil dieciséis, dos personas ocuparon de manera furtiva un inmueble ubicado en la avenida **********, número **********, bloque **********, andador **********, colonia **********, código postal **********, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6080/2024, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión ordinaria virtual del seis de junio de dos mil veinticuatro, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 140/2023.

El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el recurso es procedente y en su caso, resolver si los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales contravienen el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable regulado por el artículo 20 de la Constitución Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El cinco de septiembre del año dos mil, la víctima ********** adquirió por contrato de compraventa el departamento ********** del conjunto habitacional ubicado en la avenida **********, número **********, bloque **********, andador **********, colonia **********, código postal **********, en la Alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México. La anterior compraventa la celebró con el vendedor ********** con autorización de su esposa ********** por el pago de la cantidad de $********** (**********).

2. La víctima y su difunto esposo ocupaban dicho departamento como oficina a la cual acudían de tres a cuatro veces por semana, en ocasiones diario a realizar diversas actividades laborales. En el mes de junio de dos mil dieciséis, la ofendida le comentó al administrador del conjunto habitacional ********** que saldría de viaje por lo que se ausentaría por tres semanas. A principios del mes de octubre de dos mil dieciséis, ********** y ********** (desde ahora quejosos) ocuparon de manera furtiva el departamento, quitando los candados y cambiando las chapas.

3. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las doce horas, la víctima se presentó al departamento, donde se percató que los candados de seguridad ya no estaban, aunado a que no pudo abrir la cerradura. Ante esto, la víctima tocó la puerta y salió la acusada **********, a lo que la víctima le preguntó del porqué estaba en el inmueble, a lo que la quejosa le dijo “este es mi departamento y no tengo por qué hablar con Usted, esta es mi casa y hazle como quieras, y no me estés molestando”, de igual manera el acusado ********** dio la misma contestación a la víctima.

4. Causa Penal. El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, radicó la indagatoria y la registró con el expediente **********. Agotadas las etapas procesales respectivas conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio y oral, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, se emitió fallo de condena en contra de los quejosos al considerarlos penalmente responsables del delito de despojo, por lo que se les impuso en audiencia de individualización de sanciones una pena de diez meses y tres días de prisión.

5. Apelación. Lo interpuso la Agente del Ministerio Público y la defensa pública de los sentenciados. Correspondió conocer a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en funciones de Tribunal de Alzada Oral Unitario. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el toca penal **********, se dictó sentencia en la que se modificó la sentencia apelada sólo por lo que hace a la individualización de las penas, imponiendo seis meses dieciséis días de prisión y setenta y ocho días multa.

6. Juicio de amparo. En contra de la sentencia definitiva antes reseñada, el trece de noviembre de dos mil veintitrés, los quejosos promovieron amparo directo ante la autoridad responsable. En la demanda, precisaron que se violaron sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17,19 y 20 de la Constitución Federal. Por su parte la tercera interesada hizo valer el amparo adhesivo.

7. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a quien correspondió el conocimiento de la demanda, la registró asignándole el expediente 140/2023.(1) El seis de junio de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que por unanimidad de votos concedió el amparo.

8. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, por escrito presentado el uno de julio de dos mil veinticuatro, la parte tercera interesada interpuso el medio de impugnación que ahora se resuelve.

9. Trámite ante esta Suprema Corte. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de agosto de dos mil veinticuatro, tuvo por recibido el asunto, lo registró como amparo directo en revisión 6080/2024, lo admitió y ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración del proyecto de resolución y envió los autos a la Primera Sala para el trámite de radicación y avocamiento correspondiente. Esto último tuvo lugar en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

I. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(2) esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como de los puntos Segundo, fracción III, inciso B), y Tercero del “Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito”, modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, la cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala y no es de interés excepcional para que conozca el Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

11. La sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito fue notificada por medio de lista a la parte tercera interesada el lunes diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, dicha notificación surtió efectos el martes dieciocho del mismo mes y año. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del miércoles diecinueve de junio al martes dos de julio de la anualidad citada, descontando los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio del año en cita por ser sábados y domingos, por tanto, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.

12. En ese orden de ideas, si el escrito de revisión se presentó el lunes uno de julio de dos mil veinticuatro, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la parte tercera interesada cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, pues tal carácter le fue reconocido en el juicio de amparo de origen, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

14. A fin de resolver sobre la procedencia de este recurso de revisión, es necesario reseñar los argumentos esenciales expuestos en los conceptos de violación formulados por el quejoso en la demanda de amparo principal y las que se contienen en el amparo adhesivo del tercero interesado, así como las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida y los agravios hechos valer en el recurso de revisión.

15. Conceptos de violación. En la demanda de amparo principal, los quejosos manifestaron lo siguiente:

a) Primero. Aducen que se violaron los principios constitucionales de concentración, continuidad e inmediación, ya que las audiencias en la etapa de juicio no se llevaron a cabo de manera continua, sucesivas ni secuenciales. Destacaron que el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, para garantizar la continuidad en los procesos, en caso de suspensión, la reanudación no podrá ser después de undécimo día, de suceder de esa forma, se debería declarar nulo todo lo actuado y se reiniciará ante un tribunal de enjuiciamiento distinto.

b) Manifestaron que en este caso se han desarrollado tres juicios. Por lo que hace al último juicio, del cual derivó la sentencia de condena, destacó que las audiencias no se desahogaron de manera continua, pues existieron interrupciones que sobrepasaron en exceso los diez días naturales a que hace referencia el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

c) Advirtieron que al Tribunal de Alzada se le planteó dicha violación en el escrito de agravios del recurso de apelación, sin embargo, la Sala responsable le contestó que las interrupciones fueron justificadas y no se les puede atribuir esa demora al juzgador. Cuestionaron que esa contestación carece de fundamentación y motivación, aunado a que la violación a los principios del sistema acusatorio no tiene justificación dentro del marco legal.

d) Reiteraron que de una interpretación sistemática y gramatical de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe entenderse que basta con una ocasión que se suspenda la audiencia de juicio por más de diez días naturales para que todo lo actuado sea nulo y deba reiniciarse todo lo actuado ante un tribunal de Enjuiciamiento distinto.

e) Segundo. Indicaron que el Juez **********, quien presidió el Tribunal de Enjuiciamiento, estaba impedido para conocer del asunto, debido a que conoció previamente del juicio e inclusive fue él quien invalidó las actuaciones desahogadas con anterioridad. Precisaron que, con ello, se inobservó el principio de imparcialidad.

f) Destacaron que en la resolución del recurso de apelación ********** del índice de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se determinó la violación a diversos derechos fundamentales. En esa proporción, mencionaron que se confunden los términos de saneamiento con el de nulidad, pues en el caso, cuando se viola un derecho humano no es posible que el mismo funcionario que conoció del asunto haga un ejercicio de saneamiento, pues ello implica una nulidad de actuaciones.

g) Tercero. Argumentan que fue incorrecto que se haya incorporado una prueba documental que no fue ofertada oportunamente desde la etapa intermedia. Expusieron que la Fiscalía en audiencia de juicio introdujo, de manera ilustrativa durante el desahogo de la testimonial de la víctima, una prueba documental consistente en el contrato de compraventa de cinco de septiembre de dos mil, con el cual se pretendió demostrar la adquisición del inmueble motivo del despojo.

h) Sobre dicha incorporación probatoria, destacaron que promovieron una demanda de amparo indirecto,(3) la cual se sobreseyó al considerar que no se trataba de un acto de imposible reparación, es decir, dicho acto no podía ser analizado en ese momento, pues para ello era necesario que repercutiera y trascendiera en el resultado del fallo. Destacaron que con la promoción del presente amparo ya es posible el análisis de dicha incorporación probatoria, porque dicha probanza fue considerada dentro de la sentencia de condena.

i) Cuarto. Refirieron que se les violó el derecho a elegir libremente a su defensor, contenido en los artículos 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal y 17, 113, fracción XI y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, destacó que, en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Enjuiciamiento, a partir del debate, consideró que para evitar nulidades al advertir que su defensa evidenció negligencia y manifiesta incapacidad, les designaron un nuevo defensor público, cuando ellos estaban conformes con la participación del defensor que hasta ese momento estaba conociendo del asunto.

j) Añadieron que el defensor público asignado de manera oficiosa fue incapaz de realizar un correcto interrogatorio a la supuesta víctima del delito, pues no logró cuestionar adecuadamente la credibilidad de su versión de los hechos.

k) Quinto. Se inconformaron con el hecho de que la declaración de la víctima se haya recabado mediante videoconferencia. Narraron que la víctima en principio alegó cuestiones de enfermedad y luego mencionó estar radicando en el país de Canadá. No obstante, consideran que en el desahogo de dicha testimonial no se observaron las reglas de asistencia jurídica internacional previstas en los artículos 433 a 455 del Código Nacional de Procedimiento Penales.

l) Sexto. Alegaron que fue arbitraria la admisión y desahogo de la prueba de refutación. Narran que, en la jornada procesal de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se incorporaron dos documentales y la declaración de la víctima, así como la declaración del notario público 167 de la Ciudad de México, el Licenciado **********, todo con el fin de acreditar la propiedad del inmueble relacionado con el despojo. Explicaron que las pruebas de refutación surgen cuando un medio de prueba no ha sido ofrecido oportunamente, pues no fue posible prever su necesidad. En esa proporción, consideraron que se tenía conocimiento previo de que era necesario su desahogo, por lo que, no era posible justificar su desahogo bajo la figura de prueba de refutación.

m) Séptimo. Mencionaron que la valoración del material probatorio fue incorrecta y no son suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Señalaron que el Tribunal de apelación dejó de analizar las pruebas de descargo que presentó la defensa. Cuestionó la veracidad de la testimonial de la víctima, así como de los testigos de cargo que en realidad se trata de amigos de la prepa de la víctima.

16. Amparo adhesivo. La parte tercera interesada hizo valer los conceptos de violación que a continuación se reseñan:

a) Primero. Afirma que la demanda de amparo debió declararse improcedente porque los quejosos se limitaron a reproducir los conceptos de agravios que se hicieron valer en el recurso de apelación, del cual se originó el acto reclamado y ya fueron resueltos y analizados por la autoridad responsable.

b) Segundo. Cuestionó el primer concepto de violación de los quejosos, en el que mencionaron que se violaron los principios de concentración y continuidad de las audiencias. Recalcó que es falso que hayan existido tres juicios, pues en todo caso, sólo existe una reposición del procedimiento derivado del recurso apelación **********, del índice de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde se determinó declarar la nulidad de todo lo actuado porque se encontraron deficiencias en la defensa del quejoso y en la asesoría jurídica de la víctima, por lo que, se ordenó que se realizaran nuevas designaciones de los profesionales en derecho que asistían a las partes.

c) Indica que debe tomarse en consideración que no se pudo llevar a cabo la audiencia programada el seis de diciembre de dos mil veintidós, debido a las manifestaciones que estaban realizando los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. De igual manera, debe tomarse en consideración que el diferimiento de algunas audiencias fue por causa atribuible a la defensa de los imputados quienes pretendían desahogar las testimonial a cargo de **********, quien se encontraba enferma y fuera de país; asimismo, la reprogramación de las audiencias se hizo tomando en consideración las vacaciones que tomarían los defensores de los imputados. De igual manera, debe tomarse en cuenta que los hoy quejosos renunciaron al plazo establecido en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

d) Tercero. Debatió el argumento de los quejosos consistente en que el Juez que presidió el Tribunal de Enjuiciamiento se debía excusar del asunto por conocimiento previo. Explicó que los quejosos falsearon la información, pues en el caso, el motivo de la reposición (apelación **********) fue para que se garantizara el derecho de defensa de las partes y no propiamente por las razones que señalaron los quejosos en su demanda de amparo.

e) Cuarto. De igual manera, afirman que los quejosos falsearon la información cuando refieren a la forma en que se incorporó la documental del contrato de compraventa del cinco de septiembre de dos mil. Explicó que dicho documento nunca se incorporó como prueba, sino que se trata de un ejercicio de litigación con el fin de que se pueda llegar al esclarecimiento de los hechos. Añadió que el Ministerio Público utilizó dicho documento como apoyo a la memoria de la víctima al momento de desahogar su testimonio sin que ello implicara una prueba independiente.

f) Quinto. Mencionó que no es cierto que se haya coartado el derecho de elección de defensor a los quejosos. Precisó que de una revisión del audio y video de las audiencias se puede observar que el Tribunal de Enjuiciamiento cuestionó a los quejosos sí era su deseo seguir con sus defensores, a lo que expresaron su conformidad de seguir siendo representados por las profesionales que se encontraban a lado de ellos. De igual manera, en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Enjuiciamiento les asignó un nuevo defensor adicional, siguiendo con la representación del licenciado en derecho que previamente ya habían asignado los quejosos, esto para respetar de manera conjunta la voluntad de las partes y asegurar el derecho de defensa adecuada.

g) Sexto. Cuestionó el concepto de violación vinculado en que la declaración de la víctima se desahogó mediante videoconferencia. Al respecto, destacó que la videoconferencia se desahogó bajo los parámetros legales, debido a que la misma se realizó en la plataforma informática del Poder Judicial de la Ciudad de México, de ahí que, la conexión y la seguridad de la información estuvo a cargo de la autoridad judicial.

h) Séptimo. Mencionó que fue legal el desahogó de la prueba de refutación. Que sirve para refutar la autenticidad, veracidad de un documento o prueba desahogada durante el juicio. Así, se advierte que la parte imputada pretendió presentar un contrato de cesión de derechos y un contrato de compraventa para justificar la posesión del inmueble, por ello, al tener conocimiento de esa circunstancia durante el juicio fue necesario que se desahogaran las pruebas de refutación que ofertó la representación social. i) Octavo. Argumentó que la valoración de las pruebas fue correcta porque se logró demostrar el delito de despojo y la responsabilidad penal de los quejosos. De igual manera, refirió que las pruebas de descargo eran insuficientes para desvirtuar la acusación.

17. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos que sostuvo el órgano jurisdiccional en la sentencia recurrida son los siguientes:

a) El Tribunal Colegiado de Circuito, concedió el amparo a los quejosos al advertir una violación a las reglas fundamentales del procedimiento.

b) Observó que la autoridad responsable soslayó que el Tribunal de Enjuiciamiento transgredió lo dispuesto en los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que iniciado el debate, suspendió las audiencias sin continuarlas dentro de los diez días naturales siguientes, razón por la cual, se consideró que el juicio fue interrumpido y se ordenó la reposición del procedimiento para que se reinicie ante un tribunal de enjuiciamiento distinto.

c) Destacó la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual tuvo el propósito de regular el sistema procesal penal acusatorio, en el que se permitiera combatir la criminalidad, la impunidad, así como procurar e impartir justicia de manera clara y expedita. Mencionó que la exposición de motivos de la reforma constitucional hizo énfasis en que el sistema penal tradicional no cumplió con el objetivo para el que fue creado, de ahí que, era necesario que el nuevo sistema garantizara procesos que cumplieran con los principios de celeridad, inmediatez, seguridad jurídica, entre otros.

d) Expuso que los principios del sistema acusatorio son de suma trascendencia. Así, el principio de concentración consiste en que la presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate se desarrollarían ante juez competente y las partes, en una audiencia continua, sucesiva y secuencial. Por su parte, el principio de continuidad consiste en que las audiencias no se interrumpieran, salvo en casos excepcionales previstos en la legislación ordinaria; en caso de interrumpirse se deben reanudar en un plazo breve y, de no ser ello posible, se ordenará su repetición.

e) Refirió que los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la valoración de pruebas se hará de manera libre y lógica, lo cual no puede lograrse si el juzgador por el simple transcurso del tiempo ha perdido de vista algunos detalles que puede ser de trascendencia para la solución del juicio. Añadió que los principios de concentración, continuidad e inmediación permiten que el juez tenga de manera directa la impresión que causaron cada una de las pruebas que se desahogaron durante la audiencia de debate.

f) Explica que cuando las audiencias de juicio se interrumpen de manera prolongada no sólo se afectan los principios constitucionales que rigen al sistema acusatorio, sino que además se afecta la memoria de todas las impresiones que produjeron los testigos o las pruebas desahogadas durante el juicio, lo cual incide en la valoración probatoria.

g) Por lo anterior, observó que, en el caso en concreto, el Tribunal de Enjuiciamiento incumplió con los principios de concentración y continuidad. Consideró que la responsable pasó por alto que las audiencias relativas al juicio fueron aplazadas y transcurrieron más de diez días naturales para su continuación, contrario a lo que prevé el artículo 351, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

h) Señaló que se debía atender a los criterios PR.P.CN. J/18 P(4) y PR.P.CN. J/17 P (11a.),(5) emitidos por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, en los cuales se establece que basta que con una ocasión la audiencia de juicio se suspenda por más de diez días para que el debate se considere interrumpido y la etapa de juicio deba ser reiniciada ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y se declare nulo todo lo actuado. Asimismo, señaló que las tesis del Pleno regional establecen que los días referidos se deben computar como días naturales.

i) El Tribunal Colegiado advirtió las siguientes interrupciones del juicio oral: i) Del dieciocho de noviembre al uno de diciembre de dos mil veintidós (doce días); ii) Del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (sesenta días); iii) Del veinticuatro de febrero al diez de marzo de dos mil veintitrés (catorce días); iv) Del diez al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (dieciséis días); v) Del veintisiete de marzo al diecisiete de abril de dos mil veintitrés (veintiún días).

j) Concluyó que la reanudación entre las audiencias rebasó más de diez días naturales, de ahí que, se inobservaron los principios de continuidad y concentración, por lo que consideró que se tenía que ordenar la reposición de la audiencia ante un tribunal de enjuiciamiento distinto.

k) No inadvirtió que, en audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, las partes manifestaron su voluntad de renunciar al plazo previsto en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para abordar dicha particularidad, destacó que el artículo 17 de la Constitución Federal reconoce el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales expeditos, dentro de los plazos y términos fijados por las leyes. Destacó que ese derecho comprende tres etapas (una previa a juicio; una judicial y una posterior al juicio).

l) En relatas circunstancias, determinó que es inaceptable la posibilidad de renunciar al plazo previsto en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues continuar con las audiencias fuera del plazo legal, no solo contraviene la ley y la jurisprudencia, sino que deja transcurrir un largo tiempo sin pronunciar la sentencia. Expuso que poco valdría que el Juez escuche a las partes o partícipe de sus discusiones recibiendo una confesión, recabando la declaración de los testigos o pidiendo explicaciones a los peritos, si los actos probatorios los realiza en momentos aislados y a destiempo del instante en que se pronuncie el fallo.

m) Manifestó que la determinación adoptada, no sólo es en beneficio del imputado, sino también en favor de la representación social y las víctimas, ya que en el sistema de justicia oral existe igualdad de las partes.

n) Los efectos de la concesión de amparo se hicieron consistir en lo siguiente: i) Se deje insubsistente la sentencia reclamada; ii) Se ordene la reposición del procedimiento para el efecto de que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral, la cual deberá ser celebrada por un tribunal de enjuiciamiento distinto al que materializó la violación a las reglas del debido proceso; iii) se deberá requerir al nuevo Tribunal de Enjuiciamiento para que cumpla con los principios de continuidad, concentración e inmediación; iv) Finalmente, la autoridad responsable deberá ordenar al nuevo tribunal que, en libertad de jurisdicción resuelva lo que a derecho proceda.

o) Por último, declaró sin materia el amparo adhesivo hecho valer por la víctima, dado su carácter accesorio del juicio principal.

18. Agravios. En desacuerdo con la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión en el que hizo valer los motivos de disenso siguientes:

a) Primero. Señala que se violaron los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal; asimismo, impugna la constitucionalidad de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Explica que los artículos violan el derecho de las partes a probar los extremos de su acción y en caso de la defensa para acreditar la teoría del caso. Añadió que los preceptos impugnados violan el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales se establece un plazo en el que debe desarrollarse el procedimiento penal.

b) Estima que el Tribunal Colegiado de Circuito debió realizar un estudio exhaustivo de los perjuicios que generó al quejoso y las consecuencias de la reanudación. Estima que se debe tomar en cuenta que: i) No se afectó el derecho de libertad, ya que los imputados no se encontraban privados de la libertad durante el proceso; ii) No se afectaron los derechos civiles y políticos; iii) No se violentó el derecho de posesión; iv) Debe tomarse en cuenta que fueron los mismos quejosos quienes solicitaron la ampliación para la reanudación de las audiencias; v) Debe tomarse en cuenta que dichos plazos corrieron en periodo de pandemia, mismos que algunas partes y testigos resultaron afectados; vi) Fue la propia defensa que promovió la interrupción de las audiencias; y, vii) Se privilegió el derecho del imputado de probar su inocencia.

c) Segundo. Alega que el Tribunal Colegiado privilegió los formalismos procesales por encima del derecho humano de impartición de justicia. Se inconformó de la aplicación retroactiva de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, dijo que se apartaron de los objetivos del procedimiento penal consistentes en el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños se reparen.

d) Menciona que la aplicación del criterio trae como consecuencia la revictimización de la parte tercera interesada, debido a que: i) Es víctima de un delito de despojo; ii) Fue víctima porque el Ministerio Público y la asesora pública la dejaron en estado de indefensión al dejar de ofrecer pruebas para acreditar el acto delictivo; iii) Una parte del proceso se llevó sin material probatorio y faltó debida diligencia del Ministerio Público y el asesor jurídico; iv) La audiencia de juicio se llevó a cabo con un Juez de Control que se habilitó como tribunal de enjuiciamiento; v) Se pretende llevar a cabo por tercera ocasión la audiencia de juicio, haciendo nugatorio su derecho a contar con una justicia pronta y expedita.

e) Indica que se debió tomar en consideración el calendario de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33524-8bfa986f/suspension-de-la-audiencia-de-juicio-oral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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