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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. PARA QUE SE CONCEDA EL AMPARO POR NO REANUDARSE A MÁS TARDAR AL UNDÉCIMO DÍA DESPUÉS DE QUE SE ORDENÓ SU SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE ESA VIOLACIÓN PROCESAL AFECTE LAS DEFENSAS DE LA PERSONA QUEJOSA Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 747/2022. · Registro digital (IUS): 32372
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-04-26
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo V, Pág.4151.

AMPARO DIRECTO 747/2022. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MANUEL MUÑOZ BASTIDA. SECRETARIO: RAÚL RAMÍREZ RUIZ.

CONSIDERANDO

SEXTO. Estudio del asunto. ...

Consideraciones sobre el principio de concentración.

En otro aspecto, en relación con el principio de concentración, se debe destacar que pretende que el debate en el juicio se lleve esencialmente en forma ininterrumpida, esto es, en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión; ello persigue que las cuestiones litigiosas no se formulen separadamente para que el examen de éstas por el juez, en la medida de lo posible, se desarrolle en un solo acto, estableciendo la propia ley los casos de excepción.

Tratándose de la audiencia de debate o de juicio, los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen literalmente lo siguiente:

"Artículo 351. Suspensión La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días naturales cuando:

"I. Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata;

"II. Tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones;

"III. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública;

"IV. El o los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate;

"V. El Defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en caso de muerte o incapacidad permanente, o

"VI. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación.

"El Tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.

"El Tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable."

"Artículo 352. Interrupción Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un Tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo."

Los preceptos transcritos prevén las reglas que deben observarse por el órgano jurisdiccional y las partes a fin de que se lleve a cabo un correcto desarrollo de la etapa de debate o de juicio, señalándose, entre éstas, los supuestos de excepción que pueden concurrir en las audiencias y que permiten su suspensión, estableciéndose el lapso que debe mediar entre la celebración de una y otra audiencia, que es el de diez días como plazo máximo.

De igual forma, se contempla la consecuencia jurídica para la inobservancia de aquella regla, al prever el segundo de los artículos transcritos, que si la audiencia de debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpida y deberá ser reiniciada ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto y, además, todo lo actuado será nulo.

Para este órgano colegiado, el que las diversas audiencias de debate que conforman el juicio de origen no se hubieran reanudado en el plazo contemplado para tal efecto por la ley nacional procesal penal constituye una violación procesal, en plena observancia al criterio del Pleno Regional Centro-Norte en Materia Penal, al que en líneas posteriores se hará alusión.

Sin embargo, dicha violación procesal no debe analizarse con un enfoque jurídico positivista, para aplicar la norma por la norma, sino que debe apreciarse a partir del estudio de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como de diversos criterios sustentados por el Máximo Tribunal, relacionados con criterios que ponderaron las violaciones procesales que vulneran derechos sustantivos de los justiciables y su trascendencia al resultado del fallo.

Marco jurídico

En ese contexto, es importante recordar que toda violación procesal, para efectos de estudio y resolución del juicio de amparo, debe trascender para que pueda ser motivo de concesión del amparo, como lo disponen el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa disponen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior."

Ley de Amparo

"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

"I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo."

Como se aprecia, el precepto constitucional transcrito establece que en el amparo directo sólo se estudiarán las violaciones procesales "que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo", y se parte de la base de que la suplencia de la queja sólo procede en los casos previstos expresamente en la propia Ley de Amparo, supuesto en el cual el Tribunal Colegiado, advertida la violación procesal y la forma en que trascendió al resultado del fallo, deberá examinarla.

Al caso, se invoca, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 126/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, con número de registro digital: 2010151, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 2060, que literalmente dispone:

"VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deberán decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hacen valer, sea que se cometan en dichas resoluciones o durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como en relación con aquellas que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja. Ahora bien, el que la disposición constitucional no señale los requisitos que debe reunir la demanda de amparo directo para el estudio de las violaciones procesales, no significa que la ley secundaria no pueda hacerlo, en tanto que a ésta corresponde desarrollar y detallar los que deben cumplir las demandas para su estudio, ajustándose a los principios y parámetros constitucionales, esto es, deben ser razonables y proporcionales al fin constitucionalmente perseguido. Por tanto, el incumplimiento de la carga procesal a cargo del quejoso, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en precisar en la demanda principal y, en su caso, en la adhesiva, la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, traerá como consecuencia que el Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su análisis, excepto en los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que no pase por alto su obligación de atender a la causa de pedir expresada por los promoventes. Este requisito procesal además de resultar razonable, pues se pretende proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto, no puede catalogarse como excesivo y, por tanto, denegatorio de justicia y contrario al nuevo marco constitucional de los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. constitucional, porque las garantías judiciales se encuentran sujetas a formalidades, presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos y medios de defensa que deben observarse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, y efectiva protección de los derechos humanos."

Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución Federal, en su tercer párrafo, literalmente dispone:

"Artículo 17.

"...

"Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales."

El artículo transcrito dispone privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, lo que responde al propósito de facilitar el conocimiento y la resolución del asunto planteado por encima de las formalidades procesales, sobre la base de los principios de igualdad de las partes, el debido proceso y el ejercicio del derecho de cada persona en un procedimiento seguido en forma de juicio.

Al respecto, es pertinente señalar que los formalismos procesales han generado que la justicia sea lenta, por lo que ese modelo de impartirla, obliga a todas las autoridades a estudiar los conflictos que le son planteados, no sólo desde una óptica procesal, sino con la finalidad de resolver los problemas que afectan a las personas que acuden a los tribunales en búsqueda de una solución final y definitiva a sus asuntos, ello responde a la imperiosa necesidad de resolver de fondo los conflictos, privilegiar la impartición de justicia y hacer efectivo el derecho de que se administre justicia de forma pronta y expedita.

Conforme a lo anterior, es claro que el artículo 17 constitucional, tercer párrafo, abona al derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, pues implica la obligación para las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitar formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Se debe tener presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.

Por ende, con el contenido de ese artículo, se exige un cambio en la función de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial.

Al efecto, se invoca –por las razones que la integran– la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2023741, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, noviembre de 2021, Tomo II , página 1754, que dispone:

"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017).

"Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar.

"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión.

"Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la ‘cultura procesalista’, la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia."

Asimismo, tratándose de infracciones de índole procesal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, ya se ha pronunciado en el tenor de que sólo las infracciones procedimentales que trasciendan al sentido de la sentencia reclamada, en perjuicio de quien se agravie, son susceptibles de generar la protección constitucional solicitada.

Lo anterior se puede apreciar, entre otras, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 62/2020 (10a.), con registro digital: 2022560, de rubro: "EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA ASEGURAR LA DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE VERIFICAR QUE LA PERSONA QUE ASISTIÓ AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL CUENTE CON LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO; EL TRIBUNAL DEBE CONCEDER EL AMPARO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.", que en la parte conducente señala:

"...

"A ese respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido al derecho de debido proceso como las formalidades esenciales del procedimiento, que se dividen en dos especies, el ‘núcleo duro’ y el elenco de ‘garantías mínimo’.

"El núcleo duro contiene las garantías del debido proceso que permite que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen sus esferas jurídicas definitivamente, dichas garantías son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad.

"Por su parte, el otro núcleo identificado como el ‘elenco de garantías mínimos’ que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, incluye aquellas que corresponden a todas las personas pero también incluye a aquellas personas en estado de vulnerabilidad que requieren un refuerzo a su derecho y un trato diferenciado, como pudieran ser los grupos indígenas, que además del deber de estar asistidos por un licenciado en derecho, deberán estar acompañados de un intérprete.(27)

"En similar línea interpretativa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primordialmente de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Corte IDH, ha establecido que el derecho de defensa adecuada, se trata del conjunto de reglas que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de autoridad del Estado.(28) Conjunto de reglas que incluyen de manera destacada: ser oído con las debidas garantías por una autoridad estatal,(29) la existencia de un plazo razonable en la terminación de una causa,(30) que las sentencias sean recurribles(31) y la existencia de reglas que permitan que en las investigaciones, se conozca la verdad.(32) "El derecho de debido proceso, para el proceso penal, se ve cristalizado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura de su artículo segundo es posible advertir que dicho ordenamiento se enfoca en generar normas adjetivas para contribuir y asegurar el acceso a la justicia, toda vez que se concentra en definir reglas que contribuyen a la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento.(33)

"En ese cuerpo normativo, se regula el derecho de notificación del inicio del procedimiento y de subsecuentes actuaciones,(34) las formas y momentos para poder defenderse, los medios de impugnación,(35) los plazos que pueden durar los procedimientos, las reglas de competencia de las autoridades,(36) la defensa técnica que debe tener todo imputado,(37) las formalidades de las audiencias y de los actos que repercutan a la esfera jurídica de los sujetos de derecho:(38) normativa que en conjunto con el resto de la disposiciones del propio código dan contenido a las formalidades esenciales del procedimiento.

"...

"Lo anterior es así, pues la audiencia de juicio oral, así como la audiencia inicial se rige por la normativa desarrollada en la diversa contradicción de tesis, es decir: a su comienzo, también se deberán individualizar las partes;(47) el juzgador debe asegurarse que esté presente el defensor del imputado; el defensor debe ser licenciado en derecho;(48) la audiencia debe ser desarrollada de forma oral y ser videograbada;(49) se rige por las formalidades esenciales del procedimiento y por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, así como en la audiencia inicial, participa en su desarrollo el asistente de constancias y registros(50) y los Centros de Justicia Penal auxilian a los tribunales de enjuiciamiento para el control y registro de los defensores.(51)

"...

"Puntualizada la determinación anterior, corresponde ahora ocuparnos del estudio de fondo, esto es, dar respuesta a las preguntas que se plantearon en el cuerpo de la presente resolución.

"(A) ¿La falta de acreditación de ser licenciado en derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral, implica una violación al derecho de los imputados de defensa adecuada?

"De las normas jurídicas reguladas en el derecho positivo,(53) es posible advertir dos importantes categorías que contribuyen al funcionamiento y legitimación del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y las garantías.

"Los derechos fundamentales, cuyas características definitorias radican en su universalidad, indisponibilidad, inalienabilidad, inviolabilidad, intransigibilidad, su carácter personalísimo, así como su eficacia tanto horizontal como vertical;(54) de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones o prohibiciones.(55)

"En esa tesitura, es posible distinguir entre la expectativa propia que constituye el derecho fundamental, y las obligaciones o prohibiciones que existen para darle operatividad y funcionamiento.

"En atención a dicha distinción, doctrinarios como el constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli o el jurista Danilo Zolo, han hecho la diferenciación entre derechos fundamentales y garantías.(56) Las garantías que proponen y sobre las que esta Primera Sala realiza el presente estudio, constituyen normas jurídicas, cuya estructura responde a aquella de una regla,(57) y cuya única finalidad es maximizar la probabilidad de observar el cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales.(58)

"Esta misma distinción entre derecho y garantía (bajo la acepción antes descrita) ha sido sustentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples ocasiones.

"En la sentencia Salvador Chiriboga contra Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la adecuación a la normativa interna, para garantizar la plena observancia de los derechos fundamentales, implica la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichos derechos.(59)

"El mismo órgano internacional, en la sentencia Castillo Petruzzi y otros contra Perú, estableció la obligación de los Estados de crear normas para facilitar o permitir el ejercicio de derechos fundamentales.(60)

"De los anteriores casos y de la doctrina enunciada, debe concluirse que la violación a una regla que fue creada para maximizar la probabilidad de que se cumpla el derecho fundamental no implica que se violente este último, únicamente implica que no se puede asegurar que el derecho fundamental no fue violado.

"Por lo anterior, esta Primera Sala estima correcto aseverar que una violación a la regla no incide en la observancia del derecho fundamental. La finalidad de las garantías es asegurar que los derechos se cumplan, sin embargo, incluso la inexistencia de las garantías no implica que ese derecho se viole, únicamente que su cumplimiento no está garantizado.

"...

"Por tanto, la obligación de los Jueces de verificar las credenciales de los defensores en la audiencia de juicio oral representa un ejemplo de aquellas formas de ‘respeto’ y ‘medio legal’ al alcance de los juzgadores para hacer cumplir el derecho a ser defendido por un licenciado en derecho.

"En ese orden de ideas, la función de la regla de verificación es que el Juez tenga elementos objetivos y ciertos de que el imputado se encuentra asistido por un profesional del derecho y salvaguardado el derecho fundamental de defensa adecuada.

"...

"Si no se cumple, es decir, si el órgano jurisdiccional de primera instancia omite verificar las referidas credenciales del defensor en la audiencia de juicio oral, y posteriormente se emite una resolución acarreando el vicio o la irregularidad –en apelación– el tribunal de alzada se enfrenta a un vicio formal que debe ponderar si trasciende o no al fallo.

"Ahora bien, dada la facultad y obligación del tribunal de alzada de actuar frente a un error in procedendo (62) y en atención a la naturaleza de la omisión del tribunal de alzada, su actuación está regulada, en primer lugar por el artículo 481 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, al tenor de la suplencia de la queja.

"Efectivamente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, concluyó que debe armonizarse lo previsto en el artículo 481 con el 461, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para revelar la figura de la suplencia de la queja en las distintas etapas del proceso de apelación, pues ante la existencia de violaciones a derechos fundamentales, incluso ante la falta de agravios se deberá reparar la irregularidad.(63)

"...

"Manifiesta la irregularidad, el tribunal de alzada debe ‘reparar’ la omisión del juzgador de primera instancia con base en el artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a continuación se cita.

"‘Artículo 480.’ (Lo transcribe)

"Como podemos advertir, el precepto transcrito regula los casos en que los juzgadores de segunda instancia conocen de un recurso de apelación sobre el que deben decidir si se generó una violación grave al debido proceso. Para ese propósito, establece la obligación de los juzgadores de examinar que la sentencia, se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos fundamentales de las partes.

"Ahora bien, el incumplimiento tanto del Juez de enjuiciamiento como del tribunal de alzada (conforme a la normativa previamente desarrollada) de verificar las credenciales del defensor, constituye un vicio formal del procedimiento que debe ser estudiado en el juicio de amparo directo.

"Debe recordarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso a),(64) establece la obligación y, por tanto, la facultad de los Tribunales Colegiados de Circuito de pronunciarse respecto de todas las violaciones procesales que se hagan valer o que se adviertan en suplencia de la queja al resolver un juicio de amparo directo. Determinación que se ve armonizada con los artículos 170(65) y 174(66) de la Ley de Amparo.

"A ese respecto se ha pronunciado esta Suprema Corte en múltiples precedentes, tales como las tesis de jurisprudencia 1a./J. 30/2019 (10a.),(67) y 2a./J. 166/2008,(68) en donde en sus ejercicios de construcción respectivos, se ha establecido que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver amparos directos, deben pronunciarse respecto de cualquier violación procesal con posible trascendencia al resultado del fallo.

"Adicionalmente, la Ley de Amparo en su artículo 173, apartado B, fracción XIII,(69) hace constar que constituye una violación al procedimiento el hecho que el imputado no haya contado con una defensa adecuada en el proceso penal. En el caso concreto, la omisión de verificación de las credenciales por parte de los juzgadores de primer y segunda instancias, constituye un vicio en el procedimiento que debe ser estudiado por la autoridad de amparo a fin de poder verificar si en realidad el defensor contó o no con una defensa adecuada (haber sido defendido por licenciado en derecho) y de esa manera, cumplir con su mandato constitucional de verificar y enmendar los vicios procesales.

"Así, teniendo en cuenta que el Tribunal Colegiado es competente e incluso está obligado a analizar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, en lo particular violaciones al procedimiento, si se llega a enfrentar a la omisión por parte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32372-a362169e/audiencia-de-juicio-oral-para-que-se-conceda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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