AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. SI NO SE REANUDA A MÁS TARDAR AL UNDÉCIMO DÍA DESPUÉS DE ORDENADA SU SUSPENSIÓN, EL JUICIO SE CONSIDERARÁ INTERRUMPIDO Y DEBERÁ REINICIARSE ANTE UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTINTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. SU DESAHOGO DEBE SER CONTINUO, SUCESIVO Y SECUENCIAL, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD QUE RIGEN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).
AMPARO DIRECTO 108/2022. 20 DE ABRIL DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RICARDO GARDUÑO PASTEN. SECRETARIA: GIGLIOLA TAIDE BERNAL ROSALES.
CONSIDERANDO
SÉPTIMO.—Antecedentes procesales. El procedimiento penal de primera instancia se resolvió bajo los lineamientos del sistema penal acusatorio adversarial y con base en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México.
Procedimiento del que se advierten los antecedentes relevantes siguientes:
1. El cinco de enero de dos mil quince, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, de esta entidad federativa, radicó el asunto bajo el número de causa de juicio oral ********** y señaló fecha y hora para la audiencia de juicio.
2. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el administrador del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla hizo constar que mediante resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, en el toca penal ********** se ordenó la reposición del procedimiento a partir de la última audiencia en la que el Juez Felipe Landeros Herrera tuvo conocimiento de la causa de juicio oral, para el efecto de que, respetando el principio de inmediación procesal, fueran recibidas y desahogadas las pruebas ofrecidas ante ese juzgador, por ser quien inicialmente conoció del proceso y ante quien se desahogaron diversas pruebas, mismas que convalidó, dejando sin efecto las actuaciones posteriores al haberse realizado ante diverso juzgador.(9)
3. El diecinueve de septiembre de esa anualidad, el Juez de juicio oral Felipe Landeros Herrera emitió sentencia de condena contra ********** –entre otros–, aquí quejoso, y emitió la pieza escritural en la que lo consideró penalmente responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de una persona de género masculino de identidad reservada de iniciales **********; antijurídico contenido y penado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se le atribuyó con el carácter de coautor material con codominio funcional del hecho.
4. En desavenencia con esa sentencia, el aquí accionante –entre otros– interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de la Región Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; órgano jurisdiccional que el siete de mayo de dos mil diecinueve, en los autos del toca de apelación **********, emitió la determinación de segunda instancia que en su versión escrita(10) concluyó con los puntos resolutivos que a continuación se insertan:
"Primero. Son infundados los agravios expresados por los sentenciados **********, ********** y ********** y, en suplencia de ellos, modifica la sentencia condenatoria dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en los considerandos IV y VI, y lo conducente a los puntos resolutivos primero y segundo, para quedar de la siguiente manera:
"Primero. **********, ********** y ********** son penalmente responsables en la comisión del hecho delictuoso de secuestro agravado (complementación típica con punibilidad autónoma por cometerse por dos o más sujetos, con violencia y la víctima ser mayor de sesenta años de edad), previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, en relación con los artículos 6, 7, párrafo primero, fracción II, 8, 9, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de la persona del sexo masculino de identidad resguardada.
"Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se les impone a cada uno de los sentenciados:
"Veintisiete años seis meses de prisión, que deberán compurgar en el lugar que designe la autoridad ejecutora de penas, contados a partir del treinta de septiembre de dos mil trece (cumplimiento de la orden de aprehensión), debiéndose descontar el tiempo que estuvieron en prisión preventiva, y que a la fecha de la presente resolución lo son dos mil cuarenta y seis días.
"Multa de dos mil doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la zona y época en que los hechos ocurrieron, y que ascendía a sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos, que da un total de ciento cuarenta y cinco mil setecientos diez pesos que, en caso de insolvencia económica debidamente acreditada, se sustituye por dos mil doscientos cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad; ello, en términos del artículo 29 del Código Penal Federal en vigor. Para el caso de insolvencia económica e incapacidad física debidamente probada de los sentenciados, a la luz del artículo 28 del Código Penal Federal, se sustituye la multa impuesta por confinamiento.
"...
"Segundo. (sic) Quedan firmes los demás puntos resolutivos.
"Tercero. Quedan notificadas de esta resolución las partes que han comparecido a la presente audiencia, en términos del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales aplicable; y a los no comparecientes se les hará por los conductos legales correspondientes."
Determinación contra la que ********** promovió juicio de amparo directo, que correspondió conocer a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el número 108/2022.
OCTAVO.—Relatividad de la ejecutoria. En observancia al principio de relatividad de la sentencia, también llamado "Formula Otero", inmerso en el párrafo primero del numeral 73 de la Ley de Amparo,(11) que consiste esencialmente en que las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos que lo hayan solicitado, sin realizar una declaración general de inconstitucionalidad, el pronunciamiento que se emite en esta resolución será sólo respecto de **********, por ser quien únicamente promovió el juicio de amparo directo que ahora nos ocupa.(12)
NOVENO.—Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Toda vez que el quejoso ********** cuenta con el carácter de sentenciado, se actualiza en su favor el supuesto contenido en el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por ende, debe analizarse la instancia constitucional que se resuelve aun respecto de cuestiones no propuestas en los conceptos de violación que se hacen valer, porque la suplencia de la queja permite analizar íntegramente el caso sometido a la jurisdicción de este tribunal, pese a la formulación incompleta o, incluso, ante la falta de aquéllos, en términos del párrafo segundo del numeral 79 de la ley de la materia.(13)
Bajo esa línea, son esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por el accionante, aunque para concluir de esa manera sea necesario suplir la deficiencia de la queja.
En efecto, a criterio de este Tribunal Colegiado, durante la etapa de juicio se vulneraron los principios de inmediación –contemplado en el artículo 4, inciso e), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México–,(14) concentración –previsto en el inciso c) del citado numeral–(15) y continuidad –previsto en el inciso d) del mismo dispositivo–,(16) que rigen el proceso penal acusatorio adversarial; cuestión que no fue advertida por el tribunal responsable, lo que impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, con base en las consideraciones siguientes:
Del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá, entre otros, por los principios de inmediación, concentración y continuidad.
En ese orden, resulta pertinente precisar que como se mencionó en la antes denominada contradicción de tesis 75/2014 –actualmente contradicción de criterios–, en junio de dos mil ocho fue reformado el texto de la Constitución Federal, a fin de implementar en nuestro país un sistema procesal penal de corte acusatorio y oral.(17)
Posteriormente, en abril de dos mil trece fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la denominada nueva Ley de Amparo –esto sin soslayar que en junio de dos mil once, de igual manera, en virtud de una histórica reforma a nuestra Ley Fundamental, fue incorporada la doctrina de los derechos humanos, así como el sistema de control convencional–.
Estas –tres– importantes reformas que en mayor o menor medida inciden en ámbitos procesales o adjetivos, lógicamente están encaminadas a fortalecer el carácter de Estado Constitucional de Derecho de nuestro país, pero ahora garante y protector de los derechos humanos.
Pues bien, partiendo desde una perspectiva cronológica, debemos hacer referencia que el dieciocho de junio de dos mil ocho fue publicada una trascendental reforma a nuestro sistema de justicia penal, por virtud de la cual fue implementado a nivel constitucional un proceso penal de corte acusatorio, mismo que, entre otras características, otorga preeminencia a la oralidad, como herramienta para agilizar y transparentar la actividad jurisdiccional en nuestro país.
Este sistema de enjuiciamiento penal representa un nuevo paradigma procesal penal, cuya inherente teleología lo es la de superar los vicios y defectos de un desgastado modelo procesal "mixto"(18) –mal llamado "inquisitivo"–, el cual ha caído en el descrédito y rechazo generalizado de la sociedad.
El fundamento de este nuevo modelo procesal se encuentra en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, de cuya simple lectura se advierte que los principios que rigen este nuevo esquema procesal son los siguientes:
- Principio de publicidad. Implica la prohibición de la secrecía de toda actuación judicial, a fin de que cualquier persona tenga la posibilidad de presenciarla en forma pública. Aunado a que el Texto Fundamental establece como derecho del imputado el ser juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal.(19)
- Principio de contradicción. Envuelve el derecho de las partes –acusador, imputado, defensor, víctima u ofendido y, en su caso, representante de éstos– para intervenir activamente en el desarrollo y debate de los planteamientos sometidos a control judicial, a fin de erigirse como impulsores de una temática procesal concreta, o bien, para controvertir la que fuera planteada por su contraparte. Por ello, el Texto Constitucional establece que las partes tendrán igualdad procesal –igualdad de armas– para sostener la acusación o la defensa.
- Principio de concentración. Se traduce en que el desarrollo de las actuaciones judiciales, a través de audiencias, deberán practicarse preferentemente en un solo acto procesal, sin aplazamiento de la decisión.
- Principio de continuidad. Entiende que el desarrollo de las audiencias deberá ser continuo, sucesivo y secuencial, hasta la definición judicial del objetivo que se planteó para su celebración.
- Principio de inmediación. Significa que toda audiencia se celebrará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y valoración directa de los elementos de prueba.
Así las cosas, se advierte que uno de los principales objetivos de la citada reforma consiste en lograr que la decisión tomada dentro de un procedimiento penal sea imparcial e informada, partiendo de que el encargado de emitir dicho fallo sea neutral y pasivo, al tener solamente la responsabilidad de considerar los argumentos en que se sustenten las hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público, así como las pruebas incorporadas por el imputado y su defensor. De esta forma, se otorga a las partes contendientes el desarrollo de un papel mucho más activo, al ser éstos los encargados de explicar y someter a consideración del órgano decisor las conclusiones de sus posturas, apoyados en los elementos en los que se basa su teoría del caso, y a través de un procedimiento concentrado e ininterrumpido.
Dentro de este nuevo modelo procesal, se privilegian los argumentos orales y los datos de investigación "inmediatos", en vez de argumentos escritos y pruebas "mediatas", pues el hecho de que las partes tengan la responsabilidad de presentar y examinar la evidencia, lógicamente incrementa la inmediatez en la confrontación de puntos de vista opuestos. Este nuevo procedimiento penal delega la carga de la investigación y la presentación de los datos en que se apoya la acusación o la defensa en las propias partes procesales, restableciendo así la imparcialidad del juzgador.
Luego, la inherente teleología de la reforma constitucional fue el abandono de un sistema "mixto-inquisitivo", a fin de adoptar un nuevo modelo acusatorio.
Por ello, es evidente que nos encontramos frente a un nuevo paradigma procesal penal que implica el abandono de un modelo desgastado e, incluso, rebasado en muchos de sus aspectos operativos, a fin de abrazar un modelo de enjuiciamiento de corte acusatorio mucho más acorde con las estrategias político criminales imperantes en Latinoamérica, que propugnan por el equilibrio procesal de las partes –igualdad de armas– y que expresamente reconoce a la presunción de inocencia como la piedra angular sobre la cual está construido.(20)
En suma, mediante la adopción de este nuevo esquema adjetivo el Constituyente pretendió legitimar una vez más esa importante función estatal dual derivada del ius puniendi que le es inherente:
i) la protección de los bienes jurídicos de más alta estimativa social y,
ii) el restablecimiento de la armonía y paz públicas mediante la adopción de innovadoras medidas de justicia retributiva.
Consideraciones de la Sala de las que se extrae que la reforma busca erradicar las malas prácticas que llevaron al agotamiento del proceso penal existente, como lo es la producción e incorporación de la prueba en etapas previas ante funcionarios distintos del juzgador –pruebas mediatas– y el desarrollo del proceso de manera segmentada, donde lo importante es el registro de los actos procesales, no así la experiencia vivencial que el juzgador pudiera extraer de los medios de prueba.
Principio de inmediación.
Bajo tal contexto es que el principio de inmediación es una de las principales directrices que rigen el sistema penal acusatorio imperante, mismo que coloca al juzgador en la mejor posición para la toma de la decisión sometida a su consideración.
En ese sentido, al resolver la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo directo en revisión 492/2017, consideró que la inmediación, desde la doctrina, suele diferenciar entre una inmediación general, que sólo exige la presencia judicial en las actuaciones que se desarrollan en el proceso, y la inmediación en sentido estricto, que requiere que sea precisamente el Juez que dicta la sentencia el que haya estado presente en las actuaciones judiciales. Los dos tipos de inmediación responden a dos finalidades que permiten calificar a este principio como una auténtica garantía procesal.
La primera, presencia judicial, responde al propósito de garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones: el Juez, al estar presente en la audiencia supervisa que se hagan efectivos, por ejemplo, los derechos de defensa, de igualdad de armas y de audiencia, es decir, aporta al proceso la confianza de que se desarrolla con las garantías procesales necesarias para que no sea vulnerado el derecho fundamental a un juicio justo y, eventualmente, el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes.
La segunda finalidad específica de la inmediación estricto sensu, es la de situar al órgano judicial en las mejores condiciones de conocer el objeto del proceso: la ausencia de intermediarios que puedan distorsionar, voluntaria o involuntariamente lo transmitido, aporta al juzgador una posición óptima para ponderar todos los elementos y valorar correctamente, sobre todo en un sistema de libre valoración de la prueba, donde la inmediación juega un papel esencial al permitir las reglas de la sana crítica, sin influencias de intermediarios.(21)
Se afirma que la trascendencia de este principio sólo se manifiesta en un régimen de valoración libre de la prueba, pues en el sistema de prueba tasada es el legislador el que apriorísticamente establece el valor que el tribunal debe asignar a cada uno de los medios de prueba, de modo que esa apreciación en nada se ve alterada por el hecho de que el Juez mantenga o no un contacto directo con las partes y las pruebas de la litis.
La situación es diametralmente opuesta cuando la inmediación opera dentro de un esquema de libre valoración de la prueba, pues en este caso la implementación del principio no sólo facilita la obtención de un óptimo resultado en la apreciación, sino que desempeña un papel central para el correcto funcionamiento del modelo.(22) En este sentido, si se establece un sistema de prueba libre, necesariamente deben garantizarse la vigencia y el respeto del principio de inmediación, ya que su observancia es condición imprescindible para llevar a cabo una apreciación acertada de la evidencia del proceso.
En atención a los sujetos, la inmediación envuelve a tres polos distintos: a) al órgano judicial, b) a las partes y, c) a la opinión pública, siendo relevantes para este estudio únicamente los dos primeros. En lo que atañe al primero, el principio de inmediación está llamado sobre todo a eliminar cualquier tipo de interferencia entre el tribunal y la fuente de prueba.
La inmediación también abarca a las partes por su estrecha conexión con el principio de contradicción –donde la inmediación es su presupuesto– y porque las facultades que los códigos procesales suelen asignar a las partes se ejercen mediante una relación directa con los elementos de prueba. En este sentido, las manifestaciones de la inmediación son aquellas en virtud de las cuales el Juez o tribunal recibe personal y directamente de las partes sus argumentos de hecho y de derecho.
Desde este enfoque, la inmediación concede a las partes la ocasión de comunicar oralmente al tribunal sus puntos de vista, en una audiencia determinada o en la misma en que se ventila toda la causa, con el propósito de que el Juez o tribunal se compenetre más acabadamente del sentido y alcance de los argumentos y pretensiones; las partes pueden en su presencia confrontar sus razones y a veces ajustarlas; se obtiene mayor celeridad por medio de indicaciones o preguntas que, en ciertos casos, puede formularse señalando a las partes las oscuridades, vacíos o contradicciones de sus planteamientos o explicaciones; se supriman o abrevien algunos puntos controvertidos por tener un alcance distinto del que suponían las partes en su enfoque unilateral. Todo ello es posible esperar de este contacto entre partes y Juez o tribunal en comunicación oral e inmediata.
Por otra parte, la inmediación en su estricta dimensión judicial comprende tres facetas:
A. La percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión.
En este punto, la doctrina sostiene que si bien la inmediación es deseable por cuanto hace a las alegaciones de las partes, ello no es en todo caso imprescindible. Sostiene que aun es posible concebir un sistema eficaz, si se establece que las exposiciones y pretensiones de los litigantes se formulen por escrito o a través de otros intermediarios que las comuniquen al tribunal. Las distintas oportunidades que se pueden conceder a las partes para dar a conocer sus razones y refutar las del adversario, han de permitir en cierto modo que el debate quede claramente planteado.
Lo que no puede admitirse sin deterioro de la eficacia del proceso, es que se ignore la inmediación en la recepción de las pruebas personales.
Los hechos y actos jurídicos, cuando originan un proceso, son objeto de afirmación por parte de aquellos individuos a quienes afectan. Pero como el Juez es ajeno a esos hechos sobre los cuales debe pronunciarse, no puede lógicamente pasar por las simples afirmaciones de las partes, sino que debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones. Es menester comprobar la verdad o falsedad de esas afirmaciones con el objeto de formar su convicción al respecto. De manera que los Jueces en sus sentencias deben aplicar el derecho declarando el que debe imperar en el caso sometido a su consideración. Pero las normas de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, se refieren a situaciones o supuestos de hecho cuya existencia real es la condición que la norma exige para que sea aplicable la consecuencia jurídica que ella misma prevé.
Los que acuden a los estrados de la justicia, como actores o demandados, como Ministerio Público o acusado, invocan en su favor los efectos de una norma jurídica que les otorgaría la pretensión alegada. Para ello es necesario acreditar la exactitud de tales afirmaciones, es decir, será indispensable provocar en el Juez la convicción de que los hechos contenidos en la afirmación han ocurrido del modo que en ella se sostiene. Se han de probar las proposiciones para que el Juez aplique el derecho que es su consecuencia. De este modo, en su sentido procesal la prueba es –en consecuencia– un medio de verificación de las proposiciones que las partes formulan en el juicio.(23) Tiende a formar en el ánimo del Juez un estado de certeza respecto de la realidad de un hecho controvertido.
En ese sentido, si la prueba está dirigida al Juez para formar "su" convencimiento, no es posible concebir que él no intervenga personalmente en la realización de las audiencias que procuran precisamente mostrar la veracidad de los hechos que "él" deberá determinar si se acreditaron o no.
Así, con la vigencia de este principio se pretende acotar las distancias que originalmente separan a los intervinientes del proceso, de modo que sea posible la existencia de una comunicación directa entre ellos. Este contacto se produce gracias a que en la estructura del procedimiento se encuentra vigente el principio de oralidad y, por ende, también el de inmediación, los cuales tienen como pilar fundamental el desarrollo de audiencias y son precisamente estas instancias las que permiten que el Juez se vincule sin intermediarios con todos los intervinientes, recibiendo de primera fuente, sin "la indecisa penumbra de las impresiones de otra persona",(24) la información concerniente al caso, las alegaciones y peticiones de las partes y, por supuesto, el contenido de todas y cada una de las pruebas que se incorporen válidamente al proceso, conociendo de forma detallada, profunda y de primera mano los matices que dan forma al litigio que debe resolver.
En esta dinámica de audiencias, específicamente en cuanto a la prueba de los hechos, la expresión oral permite una mayor claridad y riqueza, pues se acompaña de una serie de elementos que habilitan para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el tono de voz, la fuerza expresiva, la prontitud de la respuesta. Un sector de la doctrina proclama que todos estos datos pueden ser de gran utilidad a la hora de valorar la información y llevar a cabo una reconstrucción más cercana de los hechos analizados, pues proporciona las condiciones óptimas para apreciar la sinceridad o credibilidad del dicho de un declarante.(25)
Expresamente se apunta que al Juez le bastaría con mantener un contacto directo con el resto de los intervinientes del proceso para adquirir un conocimiento suficiente de los hechos de la causa, lo que se manifiesta de forma más nítida respecto de las pruebas personales: declaración de las partes, testigos y peritos. Así, le alcanzaría con atenerse a lo visto y oído durante el desarrollo de las declaraciones para poder decidir acerca de la credibilidad de las personas que han rendido su testimonio, pues de acuerdo con esta postura, la inmediación lo habilita para percibir información no sólo de contenido verbal de la declaración, sino también mediante lo manifestado por el declarante a través de su lenguaje no verbal y paraverbal, a los que el Juez de la causa tiene un acceso privilegiado por su asistencia al acto en que se produce la prueba.
Lo anterior con los beneficios que dicho contacto atrae a favor del proceso, pues independientemente de lo debatible que pueda ser la valoración del lenguaje paralingüístico, lo cierto es que las teorías relacionadas con la valoración de las pruebas personales denotan ese vínculo directo entre el Juez, las partes y los declarantes; permite generar un dialogo de suyo pertinente, útil y ágil para que en el acto de la diligencia se soliciten aclaraciones o complementaciones que permitan esclarecer puntos oscuros o eliminar ambigüedades de la declaración, así como también admitir o rechazar las preguntas que se formulan al declarante y velar por el respeto de sus derechos.(26)
De ahí que la inmediación no es un método para que el tribunal valore la prueba o alcance su convencimiento, sino que se trata de una técnica de formación de la prueba, es decir, el modo en que debe incorporarse la prueba al proceso y que permite extraer toda la información relevante que de ella se desprende.(27)
B. La inmutabilidad del Juez (la identificación física del Juez que asiste a la formación de la prueba y el Juez que emite la sentencia).
Sobre esta dimensión de la prueba se estima que no es necesario relatar las consideraciones de la Sala, ya que dicho tema no es trascendente para la resolución del presente proceso, por lo que se estima que únicamente debe señalarse que los beneficios de la inmediación sólo se pueden concretar cuando es el mismo Juez que conoce de las pruebas el que emite la sentencia, pues de nada serviría el acercar al juzgador a la prueba, si va a ser otro el que resuelva el caso.
C. La actividad probatoria del proceso debe desarrollarse en el menor tiempo posible y sin interrupciones.
Desde este enfoque, el principio de inmediación impone una inmediata discusión y fallo de la causa, es decir, apenas producida la prueba, sin dar margen de demora o postergación alguna, debe exigirse que se formulen los alegatos de las partes ante el Juez o tribunal y, a su vez, apenas ocurrida la discusión de la causa, clausurado el debate, debe dictarse la resolución correspondiente.
De este modo se pretende asegurar las ventajas de la inmediación en el desarrollo de la causa y recepción de las pruebas, ya que el beneficio obtenido por la intervención directa y personal del Juez o tribunal se debilitaría gradualmente si se admitiera que los alegatos se postergan o, si luego de terminada la discusión, aquél dejara transcurrir largo tiempo sin pronunciar la sentencia, que debe reflejar lo más fielmente posible el conocimiento y las impresiones adquiridas por los Jueces durante la vista de la causa.
Este aspecto del principio de la inmediación en realidad no es sino una de las condiciones de su eficacia. En efecto, de nada –o de muy poco– valdría que el propio Juez escuche a las partes o participe de sus discusiones aclarando el sentido de la controversia, reciba la declaración del acusado o los testigos, se pidan explicaciones a los peritos, etcétera, si dichos actos los realiza en momentos aislados, distantes en mucho tiempo unos de otros, interferidos por cuestiones incidentales, y todo ello a tiempo lejano del instante en que se abocará a razonar y pronunciar su fallo.
En tal caso, las impresiones oportunamente recibidas y las aclaraciones arduamente logradas para muy poco servirían, ya que unas vivencias se habrían desvinculado de otras y todas ellas quedarían, si no olvidadas por completo, al menos esfumadas o deformadas con pérdida de su sentido unitario y verdadero. Es por ello que en postulaciones doctrinales se afirma que la oralidad, la concentración y la inmediación van indisolublemente unidas.
Concentración y continuidad.
Ahora bien, a partir de la relevancia que debe existir entre el contacto del Juez con la prueba, se puede destacar que el principio de inmediación guarda estrecha relación con los diversos de concentración y continuidad, ya que ambos posibilitan que el juzgador, al momento de dictar la sentencia, tenga presente en su memoria la impresión que le causó cada una de las pruebas desahogadas en la audiencia de debate y que éstas sean desarrolladas de manera inmediata y sucesiva o dentro del tiempo más cercano.(28)
En ese orden, cabe mencionar que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define a la concentración como: "la acción de concentrar o concentrarse cosas o personas que están dispersas o que se pueden dispersar."(29)
Por lo que la aplicación de ese principio al proceso penal debe entenderse como la posibilidad de realizar las audiencias en un solo día, o bien, en días consecutivos hasta su total conclusión.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, el cuatro de mayo de dos mil once, en lo que interesa, expuso que el principio de concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones.(30)
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4295/2019, en sesión de 28 de octubre de 2020, definió en qué consiste el principio de concentración y, al respecto, determinó:
"88. Por su parte, el principio de concentración consiste en que las audiencias se lleven a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, a fin de agilizar y hacer expedito todo el proceso, pues por una parte abonará a que el proceso se desarrolle en el menor número de audiencias y, por otra, que el juzgador pueda realizar la verificación total de los argumentos del debate y las pruebas desahogadas, de manera concentrada."
El
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32043-7d837c88/audiencia-de-juicio-oral-si-no-se-reanuda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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