ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. NO DEBE EMITIRSE EN FORMA ESCRITA, SINO EXCLUSIVAMENTE EN AUDIENCIA PRIVADA O POR EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE ALUDEN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, GARANTIZANDO LA ORALIDAD FÍSICA O VIRTUAL.
AMPARO EN REVISIÓN 167/2023. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FIDEL QUIÑONES RODRÍGUEZ. SECRETARIA: MARYLIN RAMÍREZ AVENDAÑO.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada vía remota, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.
VISTOS los autos para resolver el recurso de revisión penal 167/2023; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben:
"III. Autoridades responsables:
"Autoridad ordenadora:
"Los ciudadanos Jueces de Primera Instancia del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tuxtla, con domicilio en el Rancho San José del Ejido Lázaro Cárdenas, carretera internacional kilómetro uno, con residencia contigua al CERSS número 14 ‘El Amate’ del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
"2. Los ciudadanos Jueces de Primera Instancia del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo ‘El Canelo’, con domicilio en carretera Chiapa de Corzo-Villa de Acala, km 6 Nucatili, Chiapa de Corzo, Chiapas.
"3. Los ciudadanos Jueces de Primera Instancia del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, con domicilio en carretera Francisco Villa, con residencia contigua al CERSS número 8 ‘El Recreo’ del Municipio de Villaflores, Chiapas.
"Autoridades ejecutoras:
"1. Director general de la policía especializada, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, adscrito a la Dirección del Sistema Penal Acusatorio, con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
"2. Encargado y/o titular y/o gestor administrativo del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Dirección General de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en libramiento norte y rosa del oriente número 2010, El Bosque, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
"3. Encargado y/o titular de la Comandancia Regional Centro de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Plaza Ángel Albino Corzo s/n frente al parque, C.P. 29160, Chiapa de Corzo, Chiapas.
"4. Encargado y/o titular de la Comandancia Regional Fraylesca de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Villaflores, Chiapas, con domicilio en calzada de los Maestros sin número, C.P. 30470, Villaflores, Chiapas.
"IV. Acto Reclamado:
"De la ordenadora:
"La orden de búsqueda, aprehensión, presentación, citación, comparecencia y la ejecución de todas las anteriores libradas en mi contra.
"De las ejecutoras:
"El propósito determinado de cumplir con el mandato señalado." (fojas 3 y 4 del juicio de amparo indirecto **********)
Adujo que se violaron en su perjuicio sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 14, 16, 21, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (foja 4)
SEGUNDO.—Correspondió conocer del asunto a la Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, quien por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós la registró bajo el expediente **********, y desechó la demanda en relación con el acto reclamado consistente en la orden de citación; la admitió respecto de la orden de aprehensión y su ejecución, tramitando el incidente de suspensión por separado; asimismo, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; de igual forma, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y, por último, se reservó proveer respecto del tercero interesado hasta tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables. (fojas 7 a 12)
Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, la Juez de Distrito tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; asimismo, tuvo por recibida la documental que la autoridad responsable adjuntó, consistente en la copia certificada de la causa penal **********, de su índice; por otra parte, tuvo como terceros interesados a **********, en su calidad de víctima, a su asesor jurídico **********, y a Exar Leivi Pérez Hernández, en su carácter de fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer, Investigador 11, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (fojas 19 y 20), quienes fueron emplazados el veintitrés y veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. (fojas 42, 50 y 53, respectivamente)
Mediante acuerdo de veintiuno de diciembre del año próximo pasado, la Juez de Distrito tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, en funciones de Juez de Control, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. (foja 25)
En proveído de veintidós de diciembre siguiente, la Juez acordó de recibido los informes justificados rendidos por el jefe de grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía de Investigación, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el comandante regional Zona Centro de la Policía de Investigación, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas (foja 33) y, por auto de veintitrés de diciembre posterior, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable, director jurídico, en ausencia del director general de la Policía de Investigación, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (foja 37)
Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la Juez de Distrito tuvo por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Jueza de Control de la Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, y del comandante regional de la Zona Fraylesca, de la Dirección General de la Policía de Investigación, ambos con sede en Villaflores, Chiapas. (foja 62)
En proveído de veinte de enero siguiente, se tuvo por presentado el escrito signado por la víctima **********, por el cual revocó el cargo de asesor jurídico al licenciado **********, y nombró a ********** (fojas 66 y 67), quien fue emplazado a juicio el veintisiete de enero de la presente anualidad. (foja 75)
Mediante ocurso presentado de manera electrónica el quince de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa **********, por conducto de Abner Josué Esquinca Morales, su autorizado, presentó alegatos. (fojas 79 y 80)
Previo los trámites legales, el quince de febrero de dos mil veintitrés, la Juez de Distrito llevó a cabo la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que, por una parte, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; comandante regional Zona Centro de la Policía de Investigación; jefe de grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía de Investigación, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Juez de Control de la Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores y Regional de la Zona Fraylesca de la Dirección General de la Policía de Investigación, ambos con sede en Villaflores, Chiapas, sobreseyó en el juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y al director jurídico de la Policía de Investigación, en ausencia del director general, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal **********, negó el juicio de garantías. (fojas 82 a la 108)
TERCERO.—Inconforme con la resolución anterior **********, por conducto de **********, su autorizado, interpuso recurso de revisión del cual, por razón de turno, tocó conocer a este órgano colegiado, el que por auto de presidencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, lo admitió y registró con el toca 167/2023; asimismo, se dejaron los autos a la vista de las partes para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniere, derecho que no ejercieron. (fojas 12 y 13 del toca de revisión)
CUARTO.—Por acuerdo de presidencia de doce de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este tribunal precisó que por oficio digital SEADS/1094/2023, la secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, hizo del conocimiento que de conformidad con el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los Lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento, por determinación aprobada del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de abril del presente año, se designó a la licenciada Velia del Carmen López Rivera, como secretaria en funciones de Magistrada, a este órgano colegiado, en sustitución del Magistrado Víctor Manuel Méndez Cortés, con efecto a partir del uno de mayo del año en curso.
Con base en lo anterior, el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado ordenó que se comunicara a las partes que la nueva integración de este órgano colegiado quedaba de la siguiente manera: Magistrados, presidente Fidel Quiñones Rodríguez y Jorge Mason Cal y Mayor, con la licenciada Velia del Carmen López Rivera, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada, para que en el plazo de tres días a partir de su debida notificación, en términos del numeral 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes realizaran las manifestaciones correspondientes. Sin que dentro del plazo concedido alguna de las partes presentaran escrito donde se planteara algún impedimento.
QUINTO.—Por acuerdo de diez de agosto siguiente, se ordenó turnar los autos al Magistrado Fidel Quiñones Rodríguez para la formulación del proyecto de resolución.
SEXTO.—El trece de septiembre de dos mil veintitrés, el presente asunto fue listado electrónicamente mediante el portal del Consejo de la Judicatura Federal, para verse en sesión ordinaria celebrada vía remota en la data que aparece en la presente ejecutoria, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales del nuevo esquema de trabajo; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo; 38, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo 43/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, así como al cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados referidos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil quince, relativo a la fecha de iniciación de funcionamiento de este tribunal; y artículo tercero, fracción XX, del reformado Acuerdo General 3/2013, del Pleno del citado Consejo, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de noviembre de dos mil veintidós; al tratarse de sentencia dictada en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en materia penal, dictada por un Juez de Distrito que reside dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano colegiado.
SEGUNDO.—El recurso de revisión hecho valer por el quejoso **********, por conducto de **********, su autorizado, fue interpuesto dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente:
a) La resolución impugnada se notificó por lista a la parte quejosa el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. (foja 109 del juicio de amparo indirecto)
b) Surtió sus efectos el diecisiete de febrero siguiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.(1)
c) Como el dieciocho y el diecinueve de febrero fueron sábado y domingo y, por ende, inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo; por tanto, el plazo de diez días para impugnar la resolución recurrida transcurrió del veinte de febrero al tres de marzo de dos mil veintitrés.
d) De dicho plazo deben descontarse el veinticinco y veintiséis de febrero, por haber sido sábado y domingo, respectivamente y, por ende inhábiles, conforme al numeral antes citado.
e) El recurso se presentó el tres de marzo de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; por tanto, fue presentado oportunamente, esto es, el último día del plazo legal.
TERCERO.—En la siguiente ejecutoria se realizará la cita de diversos criterios aislados y jurisprudenciales en los que se interpreta la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido no se opone a la legislación de amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que en tales tesis se interpretan disposiciones jurídicas que son de similar contenido. Por tanto, su invocación no se contrapone con el cuerpo normativo actual.
CUARTO.—Innecesaria transcripción de la sentencia recurrida. La sentencia impugnada, que obra a fojas ochenta y dos a la ciento ocho del juicio de amparo indirecto **********, se tiene por reproducida como si fuera insertada a la letra, toda vez que el artículo 74 de la Ley de Amparo no lo exige ni existe precepto legal que obligue al juzgador de alzada a transcribirla; además, se agrega copia certificada de la misma para constancia de su existencia y contenido a este expediente.
Tiene aplicación al caso la tesis XVII.1o.C.T.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115, con número de registro digital: 175433, que establece:
"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."
QUINTO.—Innecesaria transcripción de los agravios. No se transcriben los agravios correspondientes, en tanto que no existe precepto legal alguno que obligue a lo anterior, pues de la interpretación armónica de los artículos 73, 74, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se tiene que al dictar sentencia los Tribunales Colegiados únicamente deben observar los principios de congruencia y exhaustividad, así como los fundamentos legales en que se apoyen para confirmar o revocar la sentencia impugnada y los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que confirme, modifique o revoque la resolución recurrida y/o sobresea en el juicio de amparo, así como corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados.
En ese contexto, la falta de transcripción de los agravios no deja en estado de indefensión a las partes, visto que al resolver la controversia planteada, el tribunal debe efectuar el examen de los fundamentos y motivos en los que se sustenta la resolución objeto de la revisión, conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero en relación con los conceptos de agravio expresados, a menos de que se surta la suplencia de la queja deficiente.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con número de registro digital: 164618, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.—Resulta pertinente establecer que de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Federal, tomando en consideración la naturaleza del delito (violación), este tribunal estima que para evitar la identificación de la víctima debe suprimirse el nombre completo y sustituirlo por las iniciales correspondientes, tanto de la víctima como de los testigos protegidos.
Lo anterior, con la finalidad de evitar, en lo posible, mayor sufrimiento y la revictimización de esas personas, así como cualquier agresión o lesión a su integridad personal, como represalia por haber formulado denuncia depuesta en contra del imputado.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XIX.1o.P.T.4 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, página 2831, con número de registro digital: 2007645, de rubro y texto siguientes:
"DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las ‘máximas de la experiencia’ que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad de las víctimas del delito."
SÉPTIMO.—Deben quedar firmes los razonamientos expuestos en el considerando tercero del fallo que se revisa, con base en los cuales la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo ante la inexistencia de los actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; comandante regional Zona Centro de la Policía de Investigación; jefe de grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía de Investigación, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Juez de Control de la Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores y Regional de la Zona Fraylesca de la Dirección General de la Policía de Investigación, ambos con sede en Villaflores, Chiapas, porque al rendir sus informes con justificación negaron su existencia y, además, el primero de los mencionados señaló que no ha librado orden de búsqueda, aprehensión, presentación o comparecencia en contra del quejoso, sin que en el caso, tal como lo determinó la Juez Federal recurrida, hubiera prueba en contrario que desvirtuara tal negativa.
Por tanto, ya que el recurrente únicamente impugna la parte relativa del fallo constitucional que negó el amparo al quejoso, no así tal sobreseimiento, se estima que debe quedar firme el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, precisamente por la falta de impugnación a cargo de la parte procesal a la que causa perjuicio dicha determinación, en este caso, al quejoso.
Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 185, con número de registro digital: 174177, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES."
OCTAVO.—Los agravios expuestos resultan fundados, suplidos en su deficiencia técnica.
Suplencia de la queja deficiente.
El artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"III. En materia penal:
"a) En favor del inculpado o sentenciado; y."
Del precepto transcrito se obtiene que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia penal en favor del inculpado o sentenciado; por tanto, en el caso concreto procede suplir la queja deficiente en favor de la parte quejosa, por tratarse de un asunto en materia penal, donde el inconforme es el imputado.
Antecedentes de la sentencia recurrida.
Para una mejor comprensión del asunto es oportuno destacar sus antecedentes, los cuales se resumen de la siguiente manera:
1. Por oficio 00049/0098/2022, de nueve de marzo de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación **********, la fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Judicialización en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual 11 de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, solicitó al Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para Delitos Graves, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en contra de **********, por el delito de violación, en agravio de la pasivo **********. (fojas 1 y 2 de la causa penal)
2. Por auto de dieciséis de marzo siguiente, el Juez de Control registró la causa penal **********; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, por lo que ordenó la citación del indiciado ********** para que fuera escuchado en la audiencia citada. (fojas 4 y 5)
3. Previos diferimientos por incomparecencia del indiciado, en audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Control precisó que el acusado ********** no había comparecido a la audiencia inicial, a pesar de estar debidamente citado, por lo que dio por terminada la referida diligencia. (foja 142)
4. Mediante oficio 00408/1712/2022, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación **********, la fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Judicialización en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual 7, con residencia en esta ciudad, solicitó al Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para Delitos Graves, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que librara orden de aprehensión en contra de **********, por el delito de violación, en agravio de la pasivo **********. (fojas 149 a la 159 de la carpeta de investigación)
5. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para Delitos Graves, Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, tuvo por presentada la solicitud de orden de aprehensión, y determinó que en el término de veinticuatro horas resolvería lo conducente por el medio electrónico correspondiente (foja 160), por lo que procedió al estudio de la orden de aprehensión solicitada por el delito imputado al justiciable y, en resolución de dieciocho de noviembre posterior, emitió por escrito el mandamiento de captura respectivo. (fojas 162 a la 175)
6. En contra de la anterior determinación, el ahora recurrente ********** promovió juicio de amparo indirecto, del que por razón de turno correspondió conocer a la Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, quien la admitió ordenando su registro bajo el expediente **********, y dictó sentencia donde, por una parte, sobreseyó en el juicio de garantías y, por otra, negó la protección constitucional de la Justicia Feder
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31834-55a67c91/orden-de-aprehension-en-el-sistema-penal-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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