DECLARACIÓN DE UN TESTIGO PROTEGIDO. SI EN SU DESAHOGO SE VIOLÓ EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE DESARROLLE UN NUEVO JUICIO ORAL, SIN QUE ELLO VULNERE SU DERECHO A RESGUARDAR SU IDENTIDAD Y SEGURIDAD. DECLARACIÓN DE UN TESTIGO PROTEGIDO. SU DESAHOGO POR VIDEOCONFERENCIA CON LA PROYECCIÓN DE UNA IMAGEN DISTORSIONADA QUE IMPIDE QUE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO VEA AL TESTIGO, VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.
AMPARO DIRECTO 19/2024. **********.(1) 15 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT. SECRETARIO: JORGE YAIR TORRES ORTIZ.
Ciudad de México. Sentencia del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito correspondiente a la sesión ordinaria de quince de mayo de dos mil veinticinco.
VISTOS, para dictar sentencia en el juicio de amparo directo 19/2024, y:
Sumario
1. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, por sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, al resolver el juicio oral **********,(2) derivado de la causa penal **********,(3) por la comisión del delito abuso sexual agravado (diversos 2), en contra de **********,(4) le impuso la pena de dieciocho años de prisión y tres días multa; lo condenó al pago de la reparación de daño en favor de las víctimas de identidad reservada de iniciales ********** y **********, a la primera, por la cantidad de ********** 00/100 moneda nacional **********), y a la segunda, por el numerario de ********** 00/100 moneda nacional **********); además, a la destitución en el empleo o cargo público que detentaba el quejoso, así como a la suspensión de sus derechos civiles y políticos por un plazo igual al de la pena de prisión.
2. La agente del Ministerio Público, así como el sentenciado interpusieron recursos de apelación contra dicha determinación, los cuales correspondieron conocer al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito en el toca **********;(5) sin embargo, por cuanto hizo al medio de impugnación interpuesto por la representación social, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós,(6) se declaró inadmisible por extemporáneo; posteriormente, en cuanto al recurso ordinario del quejoso, mediante resolución emitida en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro,(7) se modificó la sentencia de primera instancia en los términos que se precisarán adelante.
3. El sentenciado promovió demanda de amparo directo contra esa determinación del que conoce este tribunal, de cuyo análisis se estima debe concederse la protección de la Justicia Federal para los efectos que se precisarán adelante.
RESULTANDO
I. Acción de amparo
4. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinticinco,(8) el quejoso (sentenciado) reclamó del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de este Circuito, la resolución dictada en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro,(9) en el toca **********.(10)
5. La autoridad responsable modificó la sentencia de primer grado, únicamente por cuanto hace a los resolutivos segundo y tercero de la determinación apelada, toda vez que el juzgador en su carácter de Tribunal de Enjuiciamiento asentó que se actualizaba la agravante de violencia física; por lo que, el tribunal de apelación suprimió esa agravante.
6. Además, conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal responsable dejó intocado las determinaciones en las que en primera instancia se resolvió condenar a la parte quejosa por la comisión del delito abuso sexual agravado (diversos 2), por el que se le impuso la pena de dieciocho años de prisión y tres días multa; se condenó al pago de la reparación de daño en favor de las víctimas de identidad reservada ********** y **********,(11) a la primera, por la cantidad de ********** 00/100 moneda nacional **********), y a la segunda, por el numerario de ********** 00/100 moneda nacional **********); además, a la destitución en el empleo o cargo público que detentaba el quejoso, así como a la suspensión de sus derechos civiles y políticos por un plazo igual al de la pena de prisión.
a) Admisión
7. Por auto de quince de febrero de dos mil veinticuatro,(12) el entonces Magistrado Presidente de este órgano colegiado determinó lo siguiente:
i) Recibió un oficio proveniente del tribunal de apelación responsable, a través del cual rindió informe justificado, adjuntó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, certificación respectiva acuerdo de suspensión, así como las constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada;
ii) Desechó la demanda por notoriamente improcedente, únicamente respecto a los actos de ejecución atribuidos a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento y Juez de Ejecución, respectivamente, así como a la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Procesos, dependiente de la Guardia Nacional; y,
iii) Admitió la demanda promovida por el quejoso en contra de la sentencia dictada en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, en el toca **********,(13) derivado del juicio oral **********,(14) génesis de la causa penal **********;(15) asimismo, se tuvo como terceras interesadas a las víctimas de identidad reservada de iniciales **********, ********** y **********.(16)
8. La fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional no formuló escrito de intervención.
b) Turno e integración
9. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro,(17) se turnaron los autos a la ponencia a cargo del Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
10. En auto de veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro,(18) se tuvo por recibido el oficio SEADS/4241/2024, del Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se informó la adscripción de la Magistrada Ana Marcela Zatarain Barrett a este tribunal, en sustitución del Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez a partir del uno de enero y hasta el quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el citado Pleno lo determine.
11. Atento a lo anterior, en esa misma fecha, se returnó el presente asunto a la ponencia a cargo de la magistrada prenombrada, para la formulación de proyecto de resolución correspondiente.
12. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veinticinco,(19) se tuvieron por recibidos los oficios SEADS 70/2025 y SEADS 72/2025, firmados electrónicamente por Emmanuel González Estrada, Secretario Técnico AA de la Comisión de Adscripción, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de los cuales se designó, respectivamente, a Víctor Manuel Ramírez Díaz y Lorena Oliva Becerra, como Secretario y Secretaria en funciones de Magistrados en este tribunal, en sustitución –el primero– del Magistrado José Manuel Torres Ángel y –la segunda– de la Magistrada Michele Franco González, ambos con efectos del diez al quince de enero y del uno de febrero del año en curso, mientras subsistan las condiciones, o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine.
13. En otro orden, a través del proveído de seis de febrero del año en curso,(20) por oficio SEADS/264/2025 de veintidós de enero de ese mismo año, signado por Emmanuel González Estrada, Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la comisión del magistrado Oscar Espinosa Durán a este tribunal colegiado, con efectos a partir del uno de febrero al quince de agosto de este año o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine.
14. Por lo anterior, a partir de esa fecha este órgano está integrado por el Magistrado Presidente Óscar Espinosa Durán, la Magistrada Ana Marcela Zatarain Barrett y el Secretario en funciones de Magistrado Víctor Manuel Ramírez Díaz.
CONSIDERANDO
I. Competencia
15. Este tribunal es legalmente competente para conocer del presente asunto,(21) en atención a que se señala como acto reclamado una sentencia definitiva dictada por autoridad judicial en materia penal, con residencia en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este cuerpo colegiado.
II. Existencia del acto reclamado
16. El acto reclamado quedó legalmente acreditado con el informe que rindió la responsable, al cual anexaron los autos originales del toca **********,(22) la causa penal **********,(23) y 2 discos.(24)
17. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."(25)
III. Oportunidad de la demanda
18. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de ocho años que establece el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la sentencia definitiva reclamada –que modificó la de primer grado–, en que se impuso pena de prisión, data del veinticinco de enero de dos mil veinticuatro; por tanto, es evidente que la acción constitucional se ejerció en tiempo.
IV. Legitimación
19. De la sentencia reclamada se desprende que el quejoso tiene el carácter de sentenciado, por lo que está legitimado para promover este juicio de amparo, de conformidad con la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia.
V. Forma de análisis del acto reclamado
20. El estudio del presente asunto se hará con atención al principio de suplencia de la queja, previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que el quejoso tiene el carácter de sentenciado en el toca de apelación de origen.
VI. Innecesaria transcripción de constancias
21. No se transcribe el acto reclamado, consideraciones de la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por ser innecesaria su reproducción, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, basta que se precisen los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de conceptos de violación, se estudien y se les dé respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.
22. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."
VII. Decisión del tribunal
23. En suplencia de la queja deficiente, este Tribunal Colegiado advierte que se vulneraron en perjuicio del justiciable el principio de inmediación por la forma en cómo se desahogaron los testimonios de las víctimas de identidad reservada de iniciales ********** y **********, lo que conduce a otorgar el amparo para los efectos que en su oportunidad se precisarán, pues ello permite salvaguardar los derechos del quejoso, ya que es obligación analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales.
24. Sin que lo anterior contravenga el numeral 189 de la Ley de la Materia, pues si bien este órgano colegiado está obligado a estudiar los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, lo cierto es que aquéllos deben redundar en el mayor beneficio para el quejoso, lo cual en el caso concreto no sucede, tal y como se verá más adelante.
25. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a.CXCIX/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 165907, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O NULA."
–Violación al principio de inmediación–
26. Para una mejor comprensión de la transgresión a estudio, resulta pertinente realizar diversas precisiones, motivo por el cual el estudio se dividirá en los siguientes tópicos: a) prueba testimonial y la identidad de las víctimas u ofendidos y testigos; b) restricciones a conocer la identidad de las víctimas u ofendidos y testigos, así como la excepción a dicha restricción; c) el principio de inmediación en la prueba testimonial en el sistema penal acusatorio; y d) análisis concreto del asunto.
A) Prueba testimonial y la identidad de las víctimas u ofendidos y testigos
27. El derecho a conocer la prueba y la identidad de las víctimas u ofendidos y testigos, en principio, se encuentra recogido dentro del marco constitucional mexicano, en el debido proceso, en el artículo 14 Constitucional, que dispone:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho ..."
28. Del precepto plasmado se advierte que, tratándose de actos privativos, se deben cumplir las "formalidades esenciales del procedimiento", que tiene una doble finalidad:
I) Función de tutela del ciudadano imputado al imponer limitaciones de procedimiento en el poder del Estado para privarlo de derechos reconocidos, pues le otorga la tutela más amplia posible, frente a excesos o actuaciones indebidas de los órganos estatales, tanto durante la investigación, como en la acusación, con el fin de buscar un equilibrio procesal, un juicio equitativo, un proceso ajustado a la ley, sin oscurantismos, pruebas prohibidas, ni indefensiones.
II) Función de servir de base a las demás garantías fundamentales del proceso. Sólo a través de un proceso justo, se puede cristalizar la presunción de inocencia, la adecuada defensa, el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley, la no retroactividad, el ser justado bajo estándares de prueba lícita, etcétera.
29. Sin embargo, antes de hacer mención a las múltiples garantías que componen el debido proceso, es necesario primero determinar las bases del debido proceso al tratarse de actos privativos.
30. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por cuanto hace a los actos privativos, en términos del invocado precepto constitucional, es necesario que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, el debido proceso, que con independencia de la materia de que se trate, contiene un núcleo duro (que es lo que conocemos como derecho de audiencia) y se compone de los cuatro elementos siguientes:
a) La notificación del inicio del procedimiento;
b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
c) La oportunidad de alegar; y
d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
31. Sin embargo, al tratarse del ius puniendi, es decir, en materia de actividad punitiva del Estado, dentro de los derechos al debido proceso, existe una segunda capa o núcleo, que las define el Máximo Tribunal como derechos mínimos que debe tener toda persona, consistentes en:
32. El primero, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo:
I. Derecho a contar con un abogado (defensa).
II. A no declarar contra sí (no autoincriminación).
III. A declarar o no declarar.
IV. A estar presente en el proceso.
V. A un recurso efectivo.
VI. A ser juzgado con pruebas lícitas, es decir, a que no se admitan pruebas ilícitas.
VII. A ser juzgado en un plazo razonable.
VIII. Derecho a la intimidad y privacidad.
IX. De ser informado de sus derechos.
X. Se respecte el principio de igualdad entre las partes.
XI. Que se presuma su inocencia hasta en tanto no se determine su responsabilidad (presunción de inocencia), esto, en sus cuatro vertientes.
33. El segundo, que es la combinación del elenco mínimo de derechos con el de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo:
I. El derecho a la notificación y asistencia consular (extranjeros)
II. El derecho a contar con un traductor o intérprete.
III. Al tratarse de indígenas, que preferentemente conozca sus usos y costumbres.
IV. El derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras, de igual naturaleza.
V. Personas con discapacidad.
VI. En general, el que la autoridad, en atención a las particularidades del caso, lleve a cabo los ajustes razonables para garantizar la equidad.
34. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 218 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
35. Así como la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO."
36. Por cuanto al proceso penal acusatorio, el debido proceso se encuentra expresamente establecido en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone:
"Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen."
37. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el concepto de "debido proceso legal", consiste en que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías por un Juez o Tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos, unas garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal.(26)
38. En relación con las garantías del artículo 8.2, en primer lugar, se aborda el alcance de estas garantías, destacando que si bien éstas han sido asociadas al proceso penal, la Corte Interamericana Derecho Humanos en ciertos casos ha determinado que no son exclusivas de él, consagrando un carácter amplio del debido proceso; entre ellas, el derecho a conocer la prueba y la identidad de las víctimas u ofendidos y testigos.
39. Ahora, el artículo 20, Apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
(...)
B. De los derechos de toda persona imputada:
(...)
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley."
40. A su vez, por declaración de testigo se entiende, el medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que emite una persona que no sea sujeto necesario del proceso acerca de una percepción sensorial adquirida fuera del mismo, relativa a un hecho pasado y dirigida al fin de la prueba, esto es, a formar el convencimiento del juzgador sobre la verdad de un hecho de interés para el proceso.(27) 41. Esto es, la prueba testimonial está contemplada dentro de los medios probatorios establecidos en la ley y consiste en una relación de hechos conocidos por quien declara, a través de la cual se ayuda al esclarecimiento de cuestiones relacionadas con el objeto de la controversia (artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
42. Debido a su naturaleza jurídica, la prueba testimonial no persigue como finalidad allegar al juicio datos técnicos o especializados sobre la cuestión a debate, sino que su objetivo es que las personas que de alguna manera conocieron, a través de sus sentidos, un hecho que resulta de interés en el juicio, lo expongan ante la autoridad judicial para que ésta valore su dicho al emitir el fallo sobre la controversia suscitada entre las partes.
43. Así, el testigo es la persona que se encontraba presente en el momento en que el hecho tuvo lugar, y tiene el carácter de un tercero que informa al Juzgador o Juzgadora respecto de un acontecimiento percibido sensorialmente por aquél.
44. De ahí que, tanto el acusado como su defensa desean conocer la mayor cantidad posible de información respecto de la identidad de los testigos de cargo, pues ello los dota de mayores elementos para intentar desacreditar al testigo y/o a su testimonio. Así, por ejemplo, solo al conocer su identidad, podrá advertir si existe algún vínculo especial respecto de la víctima, cuestión que eventualmente puede tener alguna utilidad de desacreditación.(28)
45. Motivos por los cuales, los Tribunales de Enjuiciamiento, dentro de sus facultades, se ven en la necesidad de que la información que se produzca en juicio sea de buena calidad para que así también lo sea la decisión adoptada conforme a ella (la sentencia). En un sistema adversarial, como el nuestro, la forma en que se intenta garantizar la calidad de la información en juicio es por medio de dotar a las partes de las mayores herramientas posibles para contradecir la información que aporta la contraria.(29)
46. Por ende, que exista una contradicción intensa en el juicio no es solo un interés individual de cada imputado, es también un interés sistémico cuya protección en este sentido está encargada a los Tribunales.
47. Lo anterior se corrobora con el artículo 8, punto 1, 2, inciso f), de la Convención Americana de Derechos Humanos que estatuye:
"Artículo 8. Garantías Judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
(...)
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos."
B) Restricciones a conocer la identidad de las víctimas u ofendidos y testigos.
48. Ahora, el artículo 20, Apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación ..."
49. Lo cual se encuentra regulado por los artículos 12, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas; y 109, fracción XXVI, 366 y 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen:
"Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
(...)
VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos."
"Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:
(...)
XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;"
"Artículo 366. Testimonios especiales
Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad víctimas del delito y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el Órgano jurisdiccional a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado.
Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial, por estar físicamente impedidas, serán examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por sistemas de reproducción a distancia.
Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa.
"Artículo 367. Protección a los testigos
El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable.
De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable."
–Excepción a la restricción aludida
50. Sin embargo, tal obligación debe ponderarse y aquilatarse de forma que no vulnere el derecho de adecuada defensa del acusado, ni los principios que rigen el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el caso concreto, el principio de inmediación en su componente de la percepción directa y personal que deben tener los Tribunales de Enjuiciamiento.
51. Al respecto, la Corte Interamericana ha destacado que el derecho referido se vulnera cuando una legislación imposibilita el derecho de interrogar a testigos que fundamentan la acusación contra las personas imputadas.(30)
52. No obstante, la citada Corte ha destacado que si bien, por un lado, la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio del derecho de defensa, por otro lado, el deber de las autoridades de garantizar los derechos a la vida y la integridad de los testigos sin rostro "puede justificar la adopción de medidas de protección" de aquéllos.(31)
53. En ese sentido, ha destacado que en dichos supuestos se debe analizar si las reservas de identidad "se adoptaron sujetas a control judicial, fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que se trata de una medida excepcional y verificando la existencia de una situación de riesgo para el testigo."(32)
54. Concretamente, en el caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que en la utilización de testigos de identidad reservada, debe analizarse que tal medida esté suficientemente contrarrestada por medidas de contrapeso, tales como:
a) Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; y,
b) Debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; con el objeto de que pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración, e incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, pues expuso:
"... Para pronunciarse en el presente caso, la Corte también tomará en cuenta si en los casos concretos el Estado aseguró que la afectación al derecho de defensa de los imputados que se derivó de la utilización de la medida de reserva de identidad de testigos estuvo suficientemente contrarrestada por medidas de contrapeso, tales como las siguientes:(33) a) la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración,(34) y b) debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33725-f79b4a44/declaracion-de-un-testigo-protegido-si-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA CELEBRACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS AUDIENCIAS INICIAL, DE JUICIO ORAL O DE ALGUNA DE SUS JORNADAS MEDIANTE EL SISTEMA (AMPARO DIRECTO)
- RETRACTACIÓN DE TESTIGO. NO SE ACTUALIZA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CUANDO LA VÍCTIMA O TESTIGO EN EL JUICIO ORAL SE DESDICE TOTAL O SUSTANCIALMENTE DE LO DECLARADO EN LA ETAPA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SE VULNERA CUANDO UNA SENTENCIA ES DICTADA POR UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, PERO UNO DE SUS INTEGRANTES NO PRESENCIÓ DE M (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- I. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SU VIOLACIÓN TIENE COMO CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN TOTAL Y NO PARCIAL DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, CON UN JUZGADOR QU (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE SE VULNERÓ AL DESAHO (II.3o.P.50 P (11a.))
- DECLARACIÓN DE UN TESTIGO PROTEGIDO. SI EN SU DESAHOGO SE VIOLÓ EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE DESARROLLE UN NUEVO JUICIO O (I.9o.P. J/21 P (11a.))
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SE VULNERA CUANDO UNA SENTENCIA ES DICTADA POR UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, PERO UNO DE SUS INTEGRANTES NO PRESENCIÓ DE M (1a./J. 29/2025 (11a.))
- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONCEDIDO POR SU VIOLACIÓN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, AL HABER PARTICIPADO DOS O MÁS JU (II.1o.P. J/8 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis