PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SE VULNERA CUANDO UNA SENTENCIA ES DICTADA POR UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, PERO UNO DE SUS INTEGRANTES NO PRESENCIÓ DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6777/2023. 17 DE ABRIL DE 2024. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona fue sentenciada por el delito de secuestro agravado, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 3 jueces, le impuso la pena de 50 años de prisión.
Uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento fue sustituido durante la audiencia de juicio, debido a su delicado estado de salud, por lo que dicho juzgador fue sustituido y se dictó el fallo condenatorio con una mayoría de 2 votos de los jueces que apreciaron todas las audiencias, con el voto en contra del juez que sustituyó al anterior. El juzgador substituto no conoció de manera personal y directa de las pruebas desahogadas al inicio de la audiencia de juicio.
Informe con la sentencia de condena, la enjuiciada interpuso un recurso de apelación, en el que el tribunal de alzada modificó la sentencia recurrida únicamente respecto a un coprocesado, pero subsistió la sentencia de condena en cuanto a la quejosa en este asunto.
Inconforme, la enjuiciada presentó un amparo directo, en el que el Tribunal Colegiado del conocimiento negó la protección constitucional solicitada. En desacuerdo con esa resolución, la quejosa interpuso el presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6777/2023, interpuesto por la señora Persona “A”,(1) en contra de la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente.
El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en una audiencia de juicio en la que el tribunal de enjuiciamiento se encuentra integrado por tres personas juzgadoras, el hecho de que una de ellas no hubiera presenciado la totalidad del desahogo de las pruebas, vulnera el principio de inmediación previsto en el artículo 20, párrafo primero, y apartado A, fracción II, de la Constitución Política del país y, de ser así, si procede o no ordenar una reposición total del procedimiento para efecto de que se desahogue de nueva cuenta la audiencia de juicio.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(2) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos, un sujeto se reunió con una mujer que dijo llamarse “Persona “B”, a quien conoció a través de la aplicación denominada “Nombre de una red social”. Después de convivir durante dos horas, la señora Persona “B” le pidió al sujeto que la llevara al domicilio de su hermana, ubicado en la calle Primer nombre de una calle, número Número de un domicilio, interior Número interior de un domicilio, fraccionamiento Nombre de un Fraccionamiento, en Nombre de una ciudad, Chihuahua.
2. Cuando arribaron al domicilio, la señora Persona “B” convenció al sujeto de ingresar. En el interior del inmueble, el sujeto se percató de la presencia de otras cuatro personas más, quienes portaban armas de fuego, con las que lo amagaron, lo ataron de las manos y lo privaron de la libertad. Entre las personas que estaban en el inmueble se encontraba la señora Persona “A” (quejosa).
3. La víctima estuvo privada de la libertad en dicho inmueble aproximadamente dos días, en los que la señora Persona “A” y otras personas realizaron llamadas en las que exigían un pago de Primera cantidad en letra a cambio de dejar en libertad a la víctima.
4. Tras diversas llamadas de negociación, se pactó el pago de Segunda cantidad en letra y Primera cantidad de dólares en letra, cantidades que serían entregadas el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el cruce de las calles Segundo nombre de una calle y Tercer nombre de una calle, en la colonia Nombre de una colonia, en Nombre de una ciudad.
5. En la fecha pactada, la señora Persona “A” se presentó en lugar de la entrega, acompañada de una niña, para recoger una mochila que contenía el dinero del rescate. Una vez que tomó la mochila, abordó un automóvil marca Primera marca de automóvil, tipo Primer tipo de automóvil, color Primer color de automóvil, en el que esperó hasta que arribó otro vehículo de la marca Segunda marca de automóvil, tipo Segundo tipo de automóvil, de color Segundo color de automóvil, conducido por el señor Persona “C”, a quien le entregó la mochila con el efectivo.
6. En ese momento, ambos conductores se percataron de la presencia de la policía, que realizaba un operativo, y pretendieron darse a la fuga. El automóvil Primera marca de automóvil, tipo Primer tipo de automóvil, de color Primer color de automóvil, fue interceptado y se detuvo a la señora Persona “A”. Por otro lado, los elementos de la policía persiguieron el diverso vehículo marca Segunda marca de automóvil, tipo Segundo tipo de automóvil, hasta el domicilio en donde se encontraba la víctima privada de la libertad. Cuando el señor Persona “C” descendió del vehículo, los policías procedieron a su detención y posteriormente liberaron a la víctima.
7. Juicio penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra de la señora Persona “A” y del señor Persona “C”, del que correspondió conocer al Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, que registró la causa penal con el número de expediente Tercer Número de Expediente, de la que derivó el juicio oral Segundo Número de Expediente.
8. El mencionado Tribunal de Enjuiciamiento se encontraba integrado por los Jueces Primer nombre de Juez, Segundo nombre de Juez y Tercer nombre de Juez, quienes estuvieron presentes durante la audiencia de juicio celebrada los días cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, quince, diecisiete, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiocho, veintinueve y treinta de junio, en las que se desahogaron diversos medios de prueba.
9. Posteriormente, el Juez Segundo nombre de Juez presentó un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y severa por neumonía atípica catalogada como COVID 19, derivada del virus SARS-CoV-2, e insuficiencia renal aguda y diabetes mellitus tipo 2. En consecuencia, en audiencia de cinco de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Segundo nombre de Juez informando que se encontraba incapacitado para comparecer a la audiencia de juicio, por lo que se determinó suspenderla por el plazo de diez días naturales.
10. En la reanudación de la audiencia de juicio, celebrada el catorce de julio siguiente, se dio cuenta de que el estado de salud del Juez Segundo nombre de Juez no era favorable, pues se encontraba hospitalizado en terapia intensiva y presentaba complicaciones a corto plazo, por lo que no se podía determinar una fecha de mejoría o de alta para que pudiera reincorporarse a sus funciones jurisdiccionales. Por tanto, el Juez Segundo nombre de Juez fue sustituido en el Tribunal de Enjuiciamiento por el Juez Cuarto nombre de Juez, quien se integró a la terna de juzgadores hasta el dictado de la sentencia.
11. Se continuó con el trámite del asunto y la audiencia de juicio culminada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la nueva integración del Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de la señora Persona “A” y del señor Persona “C” por la comisión del delito de secuestro agravado, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) por lo que les impuso una pena de cincuenta años de prisión, entre otras sanciones.(4)
12. Recurso de casación. Inconformes con esa resolución, la señora Persona “A” y el señor Persona “C” interpusieron sendos recursos de apelación, de los que conoció la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, que los registró con el número de expediente Cuarto Número de Expediente.
13. Mediante resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el referido tribunal de apelación modificó la sentencia recurrida pues, por una parte, reiteró el fallo de condena emitido en contra de la señora Persona “A”. Por otra, absolvió al señor Persona “C” y ordenó su inmediata libertad.
14. Demanda de amparo directo. En contra de la sentencia de apelación, el doce de abril de dos mil veintitrés, la señora Persona “A”, por su propio derecho, presentó una demanda de amparo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:
a) La resolución impugnada vulnera los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20, 21 y 23 de la Constitución Política del país; 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
b) Solicitó que se aplicara la metodología relativa a juzgar con perspectiva de género, en virtud de que la señora Persona “A” pertenece a un grupo vulnerable.
c) Se evidenció que la incriminación en contra de la señora Persona “A” se basó en pruebas fabricadas, pues los agentes captores declararon que las circunstancias de la detención no les constan de manera personal y no dieron razón de cada una de las actividades de las personas que intervinieron en el operativo, lo que implica que la detención en flagrancia fue fabricada.
d) La autoridad responsable pasó por alto lo resuelto respecto a su coinculpado y tuvo por acreditada, de manera ilegal, la responsabilidad penal de la señora Persona “A”. Además, debido a la inconsistencia de las pruebas de cargo y a las falacias fácticas, no se demostró más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de la señora Persona “A”, lo que vulneró el debido proceso, la defensa adecuada y la presunción de inocencia.(5)
e) La víctima y su hermano, quien negoció el monto del rescate, señalaron en un inicio que la voz de la persona que pidió el dinero era de un hombre “ya grande” y posteriormente cambiaron su versión para señalar que la voz era de una mujer.
f) Hay imprecisión del lugar en dónde fueron detenidas las personas sentenciadas; el paradero de uno de los vehículos que participaron en el hecho; el señalamiento respecto a que se abatió a una persona sin saber quién fue y donde quedó el cadáver; el nombre de los agentes que la abatieron; y la hora exacta en que ocurrió la liberación de la víctima, entre otras.
g) En virtud de las inconsistencias descritas, con el solo dicho preponderante de la víctima no se sostiene la acusación y se actualiza una duda razonable sobre la participación de la señora Persona “A” en los hechos, lo que trajo como consecuencia que se transgrediera el derecho humano de acceso a la justicia y la presunción de inocencia, particularmente en su vertiente de regla probatoria y estándar de prueba.
h) Pese a que se acreditó la tortura de la señora Persona “A”, la autoridad responsable determinó que sólo había lugar a investigar las malas prácticas por parte de los elementos de la policía investigadora, pero que no era suficiente para exculparla.
i) La responsable no realizó una valoración probatoria para determinar la aplicación de las reglas de exclusión de aquellas pruebas que tengan el carácter de ilícitas, por la relación que tienen con los actos de tortura.(6)
j) No se tomó en cuenta el parámetro de control de regularidad constitucional aplicable para la presunción de inocencia, como sucedió en el amparo directo en revisión 715/2010, donde se sostuvo que ese principio se trata de un eje rector del proceso que busca evitar juicios anticipados y que exige una sentencia fundada y congruente.(7)
k) La autoridad responsable no se cercioró de que estuvieran desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio,(8) ni descartó la existencia de contradicciones que dieran lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.(9)
l) La resolución impugnada vulnera el principio de inmediación, pues pasa por alto que la sustitución de uno de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento implicó que las pruebas se desahogaron frente a un juzgador distinto que no estuvo presente en el momento en que se produjo la prueba.
m) El acto reclamado transgredió los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los magistrados integrantes de la Sala responsable debieron advertir que en la sentencia se controvierte el principio de inmediación.(10)
n) En el amparo directo en revisión 243/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la inmediación impone el contacto directo y personal que debe tener la persona juzgadora con los sujetos de prueba durante la realización de la audiencia de juicio, pues le permite percibir mejor y de manera directa toda la información que surja de las pruebas.(11)
o) El juzgador sustituto no percibió directamente la prueba, de manera que no pudo formular preguntas para esclarecer los hechos, lo que trascendió al resultado del fallo y dejó en estado de indefensión a la señora Persona “A”.(12) Por tanto, la resolución impugnada vulnera el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, al no concretar en la resolución las razones expuestas por las partes.
p) El Ministerio Público solicitó una pena de prisión basada en supuestos falaces y, aunado a eso, la autoridad jurisdiccional incorporó argumentos para enderezar y justificar la petición de la condena, por lo que se le impuso la sanción de cincuenta años de prisión que es excesiva e inconstitucional.
15. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, que la registró con el número de expediente Primer Número de Expediente. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, el mencionado órgano colegiado dictó sentencia en la que negó la protección constitucional, por las siguientes consideraciones:
a) De conformidad con en el amparo directo en revisión 2655/2013, es inaplicable la metodología para juzgar con perspectiva de género,(13) en el que se estableció que preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el género.(14)
b) Si bien, en el caso, la señora Persona “A” pertenece a un grupo históricamente discriminado, el hecho de que solicite ser juzgada bajo la metodología de la perspectiva de género no significa que deba aplicarse, pues no se advierten elementos objetivos que permitan establecer una situación de poder o un contexto de desigualdad estructural basado en el género, mucho menos que se deba resolver favorablemente a los intereses de la enjuiciada.
c) En ese sentido, no se advierte ni se alegó alguna situación que permita determinar que la señora Persona “A” se encontraba en un plano de desigualdad que la llevara a cometer el delito por el que fue acusada. Por el contrario, la señora Persona “A” fue señalada por la propia víctima como la persona que se encontraba a cargo del grupo delictivo.
d) La señora Persona “A” alegó que se vulneró el principio de inmediación en virtud de que se varió la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, lo cual resulta infundado debido a que si bien uno de los jueces que dictó el fallo de condena no conoció directamente las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio, el tribunal de juicio se encontraba integrado por tres personas juzgadores, dos de las cuales sí presenciaron el desahogo de la totalidad de las probanzas, quienes votaron por el fallo condenatorio.
e) En el caso, las primeras audiencias fueron presenciadas por los Jueces Primer nombre de Juez, Segundo nombre de Juez y Tercer nombre de Juez y, posteriormente, debido al complicado diagnóstico de salud que presentaba el Juez Segundo nombre de Juez, se determinó sustituirlo por el Juez Cuarto nombre de Juez, quien integró la terna hasta la emisión de la sentencia.(15)
f) En consecuencia, al haberse dictado la sentencia de condena por un tribunal de enjuiciamiento integrado por tres juzgadores, dos de los cuales presenciaron el desahogo de la totalidad de las pruebas y votaron a favor de la sentencia de condena, a nada benéfico conduciría ordenar la reposición del procedimiento para que se desahogue nuevamente la audiencia de juicio, sino únicamente implicaría retrasar la impartición de justicia. Además, el juez sustituto, que compartió la sentencia de condena, conoció del desahogo de las pruebas por medio de las videograbaciones.
g) Esa determinación no vulnera el derecho a la defensa adecuada de la enjuiciada, como lo expone en su demanda de amparo, en virtud de que estuvo asistida por su defensor en todo momento, quien formuló alegatos, ofreció pruebas, preguntó, repreguntó y, en general, veló por los intereses de la acusada.
h) Lo anterior, sin pasar inadvertido el criterio sustentado en la jurisprudencia 59/2018, que se titula: “PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE JUICIO”.(16) Sin embargo, en ese asunto se trataba de una persona juzgadora unitaria, y en el presente asunto se trata de un tribunal de enjuiciamiento integrado por tres juzgadores.
i) Son infundados los argumentos relacionados con la exclusión de la prueba ilícita, efecto corruptor, insuficiencia probatoria y presunción de inocencia, tendentes a desacreditar la valoración realizada por la autoridad responsable para emitir la sentencia de condena.
j) En el caso, si se acreditó que la señora Persona “A” fue sometida a coacción, es de estimar que las versiones de los agentes captores, tal como lo determinó la responsable, deben excluirse del caudal probatorio, pues los actos de tortura trascendieron al resultado de esas declaraciones,(17) sin que ello actualice un efecto corruptor y se deban invalidar el resto de las pruebas obtenidas por otros medios lícitos. Además, no es necesario dar vista al ministerio público con la denuncia de los posibles actos de tortura en virtud de que la responsable y lo ordenó en la resolución impugnada.
k) En ese sentido, a pesar de que se acreditaron los actos de tortura, no se actualiza el efecto corruptor alegado por la señora Persona “A”, ya que la conducta de la autoridad no provocó condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad en todo el material probatorio, sino que únicamente de aquellos que derivaron de la detención de la parte quejosa y su coimputado, como los testimonios de los elementos aprehensores, pero no el resto del material probatorio que se obtuvo de manera independiente.(18)
l) Tampoco se afectó el derecho de defensa, pues se aportaron pruebas para acreditar los hechos de tortura, lo que desembocó en la exclusión de los testimonios de los agentes policiales.
m) Por otro lado, las pruebas no excluidas y desahogadas en juicio resultan suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado y la responsabilidad penal de la señora Persona “A”, por lo que, contrario a lo alegado, resultan objetivamente eficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que impera en su favor, sin que las pruebas de descargo tengan alcance de generar una duda razonable que exculpe a la parte quejosa.(19) n) No asiste la razón a la señora Persona “A”, al señalar que la absolución de su coimputado debe beneficiarle, pues con independencia de que se actualizaron actos de tortura y se excluyeron las declaraciones de los elementos aprehensores, existen diversos medios de convicción que son suficientes para acreditar el delito y la responsabilidad penal, lo que no sucedió en el caso del señor Persona “C”.
o) El hecho de que no se hubiera acreditado la detención en la que supuestamente se ubica el intercambio realizado entre la señora Persona “A” y el señor Persona “C” no es suficiente para estimar que no se acredita el delito y la responsabilidad penal, pues como lo señaló la responsable, aun cuando pueda existir duda respecto al momento de la recolección del dinero, si existe prueba más allá de toda duda razonable para determinar que la señora Persona “A” participó en la privación de la libertad de la víctima.
p) Es infundado el argumento de la parte quejosa que señala como inconstitucional y excesiva la pena de cincuenta años impuesta en su contra, debido a que, en atención al grado de culpabilidad en que se le ubicó, se le impuso la pena mínima aplicable para el delito de secuestro agravado.
q) Es infundado que la pena prevista en los artículos 10, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro vulnere el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22 de la Constitución Política del país.(20)
r) Lo anterior, en virtud de que el legislador estableció la pena impugnada a partir de aspectos relacionados con la política criminal, como la incidencia delictiva. Aunado a que, después de contrastar la pena impugnada con aquellas previstas para diversos delitos que protegen el mismo bien jurídico, se concluye que la pena de cincuenta a noventa años de prisión es proporcional.
s) Bajo las consideraciones anteriores, al resultar infundados los conceptos de violación y no existir queja deficiente que suplir, procede negar el amparo a la señora Persona “A”.
16. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, la señora Persona “A” interpuso un recurso de revisión, en el que, esencialmente, expuso los siguientes agravios:
a) La resolución recurrida vulnera los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 apartado A, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 173, Apartado B, fracciones III, VI y VIII, de la Ley de Amparo.
b) El Tribunal Colegiado trasgredió el artículo 1° de la Constitución Política del país, pues el derecho debe interpretarse y aplicarse de la manera que más favorezca a las personas, por lo que se debe aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional que más proteja los derechos de las personas.
c) El juez de control no verificó que no se vulneraran los derechos humanos de la señora Persona “A”, pues si fue víctima de tortura entonces el órgano jurisdiccional estaba obligado a excluir cualquier medio de prueba obtenido mediante la violación a los derechos humanos, lo cual no ocurrió.
d) Si bien no se podía excluir la prueba obtenida (sin precisar cuál), si era posible restarle valor probatorio, pero se convalidó la prueba de forma contraria a lo previsto en la Constitución Política del país y a los Tratados Internacionales.
e) El Estado impuso una sanción altamente punitiva, aun cuando la víctima fue liberada antes de los tres días y sin sufrir daño alguno, por lo que, tratándose de reinserción social, la pena privativa de libertad de cincuenta años impuesta implica media vida de una persona en prisión.
f) La señora Persona “A” no impidió la conducta delictiva por su condición de mujer y no tenía conocimiento de la conducta delictiva, lo cual no fue tomado en consideración.
17. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión, lo registró con el número de expediente 6777/2023 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
18. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.
20. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo penal en el cual se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad, lo cual es competencia de la Primera Sala y no se advierte necesidad de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. OPORTUNIDAD
21. La sentencia recurrida fue notificada por lista a la señora Persona “A”, el lunes veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.
22. Dicha notificación surtió efectos el martes veintiséis del mismo mes y año, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del miércoles veintisiete de septiembre al martes diez de octubre de dos mil veintitrés, descontándose los días treinta de septiembre y primero, siete y ocho de octubre del mismo año por haber sido inhábiles.(21)
23. Por tanto, si la señora Persona “A”, por su propio derecho, presentó su escrito de agravios el cinco de octubre de dos mil veintitrés, se concluye que el recurso se interpuso de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
24. Esta Suprema Corte considera que la señora Persona “A” cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito le reconoció el carácter de quejosa en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(22)
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
25. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan los siguientes requisitos:
a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso previo entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(23)
26. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
27. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
28. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
29. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es procedente este recurso de revisión.
30. En efecto, en la demanda de amparo, la señora Persona “A” expuso que se vulneró el principio de inmediación en virtud de que uno de los tres integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento no presenció el inicio de la audiencia de juicio y, por tanto, no estuvo presente durante el desahogo de las pruebas.
31. El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito sostuvo que si bien las primeras audiencias fueron presenciadas por los Jueces Primer nombre de Juez, Segundo nombre de Juez y Tercer nombre de Juez y, posteriormente, debido al complicado diagnóstico de salud que presentaba el Juez Segundo nombre de Juez, se determinó sustituirlo por el Juez Cuarto nombre de Juez, quien integró la terna hasta la emisión de la sentencia, ello no vulneró el principio de inmediación.(24)
32. Arribó a dicha conclusión, debido a que al haberse dictado la sentencia de condena por un tribunal de enjuiciamiento integrado por tres juzgadores, dos de los cuales presenciaron el desahogo de la totalidad de las pruebas y votaron a favor de la sentencia de condena, a nada benéfico conduciría ordenar la reposición del procedimiento para que se desahogue nuevamente la audiencia de juicio, sino únicamente implicaría retrasar la impartición de justicia. Además, consideró que el juez sustituto, que compartió la sentencia de condena, conoció del desahogo de las pruebas por medio de las videograbaciones.
33. Además, consideró inaplicable la jurisprudencia 59/2018, de la Primera Sala, de tema: “PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENAT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33142-ea8311b2/principio-de-inmediacion-en-el-sistema-penal-acusatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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