I. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SU VIOLACIÓN TIENE COMO CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN TOTAL Y NO PARCIAL DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, CON UN JUZGADOR QUE NO HAYA CONOCIDO DEL CASO PREVIAMENTE.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1644/2021. 13 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO POR RAZONES ADICIONALES Y SE APARTA DE ALGUNOS PÁRRAFOS, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
SUMARIO
********** fue sentenciada por el actual Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma. Inconforme, la sentenciada interpuso recurso de apelación del que correspondió resolver al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual modificó la sentencia impugnada. En desacuerdo, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien concedió el amparo por advertir una violación al principio de inmediación. Contra este fallo se interpuso el recurso de revisión que ahora nos ocupa.
CUESTIONARIO
¿Se actualizan los requisitos que hacen procedente el recurso de revisión en amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo?
¿El Tribunal Colegiado se ajustó a la interpretación constitucional del principio de inmediación en la audiencia de juicio oral del proceso penal acusatorio, realizada por esta Primera Sala?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día trece de octubre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Correspondiente al amparo directo en revisión 1644/2021, interpuesto por *********, en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo directo **********.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos. El quince de febrero de dos mil quince, siendo aproximadamente las cinco horas, la víctima de identidad resguardada, dejó en su domicilio a ********** ubicado en Toluca, Estado de México. Esto, luego de haber salido con motivo del día del amor y la amistad, ya que guardaban una relación sentimental.
2. Al bajar del taxi en el que habían llegado, la víctima se quedó conversando con la madre de **********, momento en que arribó un automóvil ********** de color ********** del cual bajaron varios sujetos, quienes, de forma violenta, lo subieron al vehículo para después retirarse del lugar.
3. Esa misma tarde, los familiares de la víctima comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que pedían la cantidad de ********** por su liberación, llegando a una negociación en cuanto al pago, mismo que no se efectuó.
4. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, la víctima fue encontrada sin vida en una zona boscosa en **********. Las causas del fallecimiento se debieron a un traumatismo craneoencefálico producido por proyectil de arma de fuego.
5. Durante la investigación, se reveló que ********** proporcionó a los secuestradores información personal sobre la víctima. Asimismo, a través de llamadas y mensajes de texto, el día del secuestro ********** les informó el lugar en donde se encontraban y el momento en que llegarían a su domicilio. De igual forma, se vislumbró que la quejosa mantuvo comunicación con los secuestradores mientras éstos realizaban las negociaciones.
6. Juicio oral. Concluidas las etapas inicial e intermedia y una vez iniciada la etapa de juicio, el doce de noviembre de dos mil quince, se radicó la causa penal ante el entonces Juzgado Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, bajo el número **********, de la cual conoció el Juez **********.
7. El seis de junio de dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento a las partes que, por determinación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, la causa penal seguiría a cargo del Juez **********.
8. En audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Juez ********** del ahora Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, dictó sentencia condenatoria a ********** por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma,(1) cometido en agravio del masculino con identidad resguardada de iniciales ********** imponiéndole una pena de ciento veinticinco años de prisión, entre otras.
9. Recurso de apelación. Contra la anterior resolución, la sentenciada interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, bajo el Toca Penal **********.
10. En resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se modificó la sentencia impugnada, al reubicar el grado de culpabilidad equidistante entre el medio y el máximo, imponiéndole una pena de ciento diez años de prisión.
II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO
11. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo. Correspondió conocer de la demanda al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
12. En dicho libelo se señaló como derechos humanos vulnerados los previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismo que fue registrado bajo el número **********.
13. Por resolución emitida en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, al estimar que hubo violación al principio de inmediación.
14. Recurso de revisión. Inconforme, por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, así como por diverso remitido vía electrónica en esa propia fecha, la quejosa y su autorizada interpusieron recurso de revisión, respectivamente.
15. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el presidente de este Alto Tribunal, admitió el recurso de revisión y ordenó su registro con el número 1644/2021. Asimismo, ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y enviar el expediente a la Primera Sala para efectos de su avocamiento. Esto último aconteció en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno.
III. PRESUPUESTOS PROCESALES
16. Esta Primera Sala es constitucional y legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión,(2) mismo que fue interpuesto de manera oportuna(3) y por parte legitimada.(4)
IV. PROCEDENCIA
A. Cuestiones necesarias para analizar el asunto
17. Por ser una cuestión de estudio preferente, esta Primera Sala se avoca a determinar la procedencia del presente recurso de revisión. Para ello, resulta necesario tener en cuenta los argumentos medulares de la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios hechos valer, origen de esta revisión.
18. Conceptos de violación. En la demanda de amparo la quejosa expresó, en esencia, los conceptos de violación siguientes:
a) En el primer concepto de violación, reclamó que se violaron en su contra las formalidades del procedimiento y debido proceso, ya que se quebrantó el principio de inmediación. Al efecto, precisó que al inicio del juicio oral fue nombrado el Juez **********, quien presidió las primeras audiencias; no obstante, posteriormente éste fue sustituido por el Juez **********, mismo que dictó sentencia.
b) En el segundo concepto de violación, la quejosa señaló que el Tribunal de Enjuiciamiento quebrantó los principios de imparcialidad y presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal (sic), ya que, de forma inconstitucional e inconvencional, auxilió al Ministerio Público a citar testigos.
c) Al respecto, indicó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 14/2011 y los amparos directos en revisión 3007/2014, 3623/2014 y 4086/2015, ha desarrollado postulados sobre el derecho humano a interrogar testigos, estableciendo que éste tiene una relación estrecha con el principio de presunción de inocencia. Destacando que, de dichos precedentes, se obtiene que es el Ministerio Público quien tiene la carga de obtener la comparecencia de los testigos, pues el Juez es un tercero imparcial. Considerando aplicable la tesis 1a. XLVII/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL. POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN TIENE LA CARGA DE LOCALIZAR A LOS TESTIGOS DE CARGO A FIN DE LOGRAR SU COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ."(5)
d) Bajo tales argumentos, la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Esto, al considerar que quebranta el principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 constitucional, así como el principio de presunción de inocencia y la carga de la prueba.
e) En el tercer concepto de violación, la quejosa reclamó que no contó con una defensa técnica adecuada en su vertiente material.
f) En su cuarto concepto de violación, la quejosa refirió que no se colmaron los requisitos de fundamentación y motivación, por ello, la sentencia condenatoria vulnera sus derechos humanos. Ello, al considerar que las pruebas desahogadas en el juicio eran insuficientes para acreditar su plena responsabilidad.
g) En el quinto concepto de violación, la quejosa señaló que el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada modificaron los hechos por los cuales fue vinculada a proceso.
h) En el sexto concepto de violación, indicó que la sentencia condenatoria fue emitida con base en pruebas ilícitas, ya que la información obtenida de las empresas telefónicas quebranta su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas establecidas en el artículo 16 constitucional, ya que fue proporcionada sin la autorización del Juez de Control.
i) En el séptimo concepto de violación, la quejosa indicó que se le dictó sentencia debido a una indebida interpretación del artículo 11 de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestros (sic), ya que lo único que se le imputó fue que proporcionó información a los sujetos activos, sin embargo, ella no privó de la vida a la víctima. Por tanto, estimó que no debió de habérsele condenado por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma (hipótesis causa de muerte), sino por el de secuestro básico.
j) Bajo esa perspectiva, la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (sic), al considerar que es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales al no establecer de forma específica a quién se le debe imponer la pena si se le priva de la vida a la víctima.
k) En el octavo concepto de violación, reclamó que no se realizó una debida valoración probatoria, ya que existió insuficiencia y duda razonable respecto de su culpabilidad.
l) En su noveno concepto de violación, señaló una violación al principio de presunción de inocencia porque no se encuentra acreditada su responsabilidad penal.
m) En el décimo concepto de violación, indicó que le fue impuesta una injusta e inconstitucional pena de prisión, por lo que, en su caso, se debe realizar una nueva individualización de la prueba.
19. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado concedió el amparo solicitado, esencialmente, bajo los argumentos siguientes:
a) Declaró infundado el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 347 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, bajo el siguiente cuestionamiento: ¿La facultad que otorga al Juez para citar a los testigos el artículo 347 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, viola los principios de imparcialidad y presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal y carga de la prueba contenidos en los artículos 17, 20, apartado A, fracción V y apartado B, fracción I y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Su respuesta fue negativa.
b) Al respecto, el Tribunal Colegiado señaló que del precepto impugnado se desprende, entre otras cosas, que para examinar a los testigos se debe librar orden de citación, y conforme al diverso numeral 348, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se advierte que el encargado de emitirla es el Juez. Así, estimó que se trata de una acción que debe ser realizada por el juzgador en sentido plural, esto es, tanto para el imputado como para la fiscalía.
c) En ese sentido, señaló que el hecho de que el Juez cite a los testigos de la fiscalía no puede considerarse como una función auxiliadora, sino como el cumplimiento de una obligación.
d) Al efecto, robusteció su afirmación con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 3048/2014. Señaló que dicha ejecutoria se encuentra orientada a explicar el derecho de las partes a interrogar testigos y de la pertinencia de admitir, como excepción, la imposibilidad de localizarlos.
e) Asimismo, resaltó que la Primera Sala en dicho precedente abundó que en el amparo directo 14/2011, se dijo que la obligación de indagar o aportar datos que permitan localizar al testigo de cargo, no es un imperativo constitucional dirigido al juzgador, sino a la Representación Social. Aduciendo que tal afirmación encuentra su sustento en el principio de presunción de inocencia, porque es el Ministerio Público quien tiene el interés de perseguir una verdad con el fin de refutar la inocencia, por tanto, debe asegurarse de que los testigos en quienes descansa la acusación estén en condiciones de ser confrontados.
f) De este modo, el Tribunal Colegiado al exponer lo que la Primera Sala estableció en los precedentes que fueron citados por la propia quejosa en sus conceptos de violación, descartó que éstos fueran aplicables para declarar la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Ello, porque lo ahí establecido no debía entenderse como una restricción del juzgador para utilizar sus facultades legales para lograr la comparecencia de los testigos de cargo.
g) El Colegiado determinó que el artículo 347 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México no vulnera los principios acusatorios de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, imparcialidad e igualdad procesal, porque brinda igualdad de circunstancias, ya que el uso, por parte del Juez, de los medios necesarios para garantizar la presencia de los testigos no busca favorecer indebidamente a alguna de las partes.
h) Por otra parte, estimó infundado que el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, careciera de la fundamentación y motivación estipulada en los artículos 14 y 16 constitucionales. Ello, porque acorde con los parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la fundamentación y motivación legislativa, la competencia del Congreso de la Unión para expedir dicha legislación encuentra su fundamento en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, porque lo faculta para legislar en materia de secuestros. Lo anterior, porque su finalidad era unificar los tipos penales y sanciones, respecto de un delito relevante que aqueja a la sociedad nacional.
i) Asimismo, el Tribunal Colegiado señaló que, del análisis de la norma impugnada, se advierte que ésta prevé una agravante que se actualiza cuando la víctima de uno de los delitos previstos en la citada ley general sea privada de la vida, como consecuencia de las acciones de los autores o partícipes. Por tanto, declaró incorrecto la intención de la quejosa de que sea dividida la conducta de secuestrar al pasivo y la privación de la vida.
j) Al respecto, el Colegiado indicó que las agravantes únicamente prevén un supuesto que modifica la sanción de la conducta básica. En el caso, el legislador penó con mayor severidad el supuesto de que las víctimas fueran privadas de la vida con motivo del secuestro, con independencia de la forma en que los sujetos activos hubiesen participado en el plagio, pues la conducta de cada uno propició dicha pérdida.
k) También, el órgano de amparo determinó que la norma no genera inseguridad jurídica, ya que es muy clara en establecer que, si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del secuestro, se les impondrá las penas ahí establecidas.
l) En ese sentido, concluyó que el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro no resultaba inconstitucional.
m) Por otro lado, declaró infundado que la quejosa no hubiera contado con una defensa adecuada en sus vertientes material y técnica.
n) Al efecto, indicó que, para garantizar una defensa técnica adecuada, el acusado debe ser asistido por un defensor que tenga el carácter de profesional del derecho. Asimismo, señaló que la Primera Sala en el amparo directo en revisión 1182/2018, en una nueva reflexión, estableció que para que el imputado esté asistido de forma técnica y adecuada, el defensor tiene que satisfacer un estándar mínimo de diligencia; por tanto, ello implica que la defensa adecuada debe ser material, debiendo los órganos jurisdiccionales examinar caso por caso.
o) De este modo, el Colegiado realizó un análisis de la conducta de la defensora privada durante el juicio, concluyendo que no se vulneró el derecho de defensa adecuada en sus vertientes material y técnica.
p) En otro orden de ideas, declaró fundado que se transgredió en contra de la quejosa el principio de inmediación, en virtud de que sobrevino el cambio de un Juez durante la etapa de juicio oral, provocando con ello, que el juzgado que emitió la sentencia no percibiera de manera directa y personal el desahogo de todas las pruebas.
q) Para arribar a dicha conclusión, indicó que la Primera Sala en el amparo directo en revisión 492/2017 estableció las directrices para salvaguardar el principio de inmediación, señalando las consecuencias derivadas en la etapa de juicio oral, indicando que ello constituye un componente del debido proceso y su infracción en la etapa de juicio conduce a la reposición del procedimiento.
r) Señaló que no era procedente que se aplicara lo resuelto por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 6020/2018, y se ordenara la reposición total del procedimiento, porque en dicho asunto se estableció la hipótesis de que transcurre un largo tiempo entre la audiencia de juicio y el dictado de la sentencia.
s) No obstante, señaló que no había lugar a reponer el procedimiento en su totalidad, concediendo el amparo para los siguientes efectos:
1) Deje insubsistente la sentencia reclamada.
2) Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia y ordene que debe quedar sin efecto la audiencia de juicio oral, atento a los siguientes supuestos:
• Ordene la reposición parcial de la audiencia de juicio y que sea el Juez ********** quien termine el desahogo de pruebas, escuche los alegatos de clausura y dicte sentencia.
• En el caso de que por causa justificada dicho juzgador ya no pueda culminar con el proceso, entonces deberá ordenarse la reposición total del procedimiento, sin que la designación del Juez recaiga en **********, o en alguien que hubiese conocido del caso anteriormente. • Si la quejosa interpone recurso de apelación, el tribunal de alzada que intervenga en la audiencia de debate, no podrá estar integrado por los mismos Magistrados que emitieron la primera resolución.
20. Agravios. En desacuerdo con las consideraciones que sostuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, la quejosa interpuso el recurso de revisión que se analiza en esta instancia, en el cual, hizo valer los siguientes agravios:(6)
a) Como primer agravio, la quejosa señala que el Tribunal Colegiado realizó una incorrecta interpretación del artículo 347 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México. Al efecto, reitera que la Primera Sala en el amparo directo 14/2011 y en los amparos directos en revisión 3007/2014, 3623/2014 y 4086/2015, determinó que el derecho humano a interrogar testigos tiene estrecha relación con el principio de presunción de inocencia. Por tanto, es obligación del Ministerio Público presentar a los testigos sin auxilio judicial, porque en él recae la carga de la prueba.
b) En su segundo agravio, señala que el Tribunal Colegiado emitió un criterio incorrecto sobre el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, ya que dicho precepto emite un castigo indiscriminado que sanciona de igual manera a los autores y partícipes.
c) Aunado a ello, la quejosa manifiesta que el artículo en mención sí carece de fundamentación y motivación legislativa, así como de seguridad jurídica, ya que no señala a quién se le debe imponer la pena si se priva de la vida, ni tampoco especifica a quién se le debe imponer la pena máxima.
d) Reitera que la conducta que se le atribuye es que proporcionó información a los sujetos activos, por tanto, si bien podría imputársele el secuestro, ella no privó de la vida a la víctima, ni estuvo presente en ese momento, por lo que se le está condenando por analogía.
e) En su tercer agravio, la quejosa manifiesta que el Tribunal Colegiado desatendió los criterios emitidos por la Primera Sala respecto al principio de inmediación, porque ordenó parcialmente la reposición del procedimiento, siendo que el Máximo Tribunal determinó que debía hacerse una reposición total.
f) Finalmente, la quejosa agrega que el Magistrado ponente, pasó por alto el tiempo que ha pasado desde la celebración del juicio hasta la resolución de amparo, ya que el procedimiento se inició en el mes de noviembre de dos mil quince, por lo que no sería viable que el primer juzgador recuerde el asunto.
B. Análisis del asunto
21. A partir de la anterior síntesis argumentativa, corresponde formular el siguiente cuestionamiento:
¿Se actualizan los requisitos que hacen procedente el recurso de revisión en amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo?
22. La respuesta a esta interrogante es positiva, atento a las siguientes consideraciones:
23. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
24. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
A. Que el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
B. Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
25. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; también cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
26. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por tanto, la ausencia de cualquiera de esas propiedades es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.(8)
27. En el caso en concreto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa planteó como temas de constitucionalidad: i) la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México; ii) la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; iii) defensa adecuada en sus vertientes material y técnica; y, iv) violación al principio de inmediación.
28. Ahora bien, esta Primera Sala estima que el recurso de revisión es procedente respecto al tema de violación al principio de inmediación, pues se estima que el Tribunal Colegiado desconoció parte de los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar dicho principio.
29. En efecto, la quejosa en la demanda de amparo reclamó que se quebrantó en su contra el principio de inmediación porque el juicio oral fue concluido por un Juez distinto al que inicialmente presidió las primeras audiencias.
30. Al respecto, el Tribunal Colegiado declaró fundado su concepto de violación porque advirtió que sobrevino un cambio de juzgador durante la etapa de juicio oral, pues desde el inicio conoció el Juez **********, y posteriormente se incorporó el Juez **********, quien concluyó el juicio. Indicando que ello provocó que este último, al emitir la sentencia, no percibiera de manera directa y personal el desahogo de todas las pruebas.
31. En ese sentido, citó lo que esta Primera Sala estableció en el amparo directo en revisión 492/2017,(9) considerando que en el caso se cometió una violación al principio de inmediación. Al respecto, estimó que eran aplicables las jurisprudencias 1a./J. 55/2018 (10a.), 1a./J. 56/2018 (10a.), 1a./J. 59/2018 (10a.) y 1a./J. 54/2019 (10a.),(10) emitidas por esta Primera Sala, de rubros siguientes:
• "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA."(11)
• "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. PARA GARANTIZAR SU EFICACIA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO, EL JUEZ QUE DIRIGE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE SER EL QUE DICTE LA SENTENCIA, SIN DAR MARGEN A RETRASOS INDEBIDOS."(12)
• "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE JUICIO."(13)
• "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO."(14)
32. De este modo, concedió el amparo para que se ordenara la reposición parcial de la audiencia de juicio y fuera el Juez ********** quien terminara el desahogo de pruebas, escuchara los alegatos de clausura y dictara sentencia. En el supuesto de que, si por causa justificada dicho juzgador ya no pudiera culminar con el proceso, entonces debía ordenarse la reposición total del procedimiento, sin que la designación del Juez pudiera recaer en **********, o en alguien que hubiese conocido del caso anteriormente.
33. La quejosa-recurrente combate la anterior decisión. Así, procede revisar si los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado se apartan o no de la doctrina emitida por esta Primera Sala, la cual no sólo comprende la interpretación constitucional del principio de inmediación sino la consecuencia a su infracción en la audiencia del juicio oral del proceso penal acusatorio. De ahí que, se actualizan los requisitos de procedencia respecto de la violación a dicho principio.
V. ESTUDIO DE FONDO
34. Analizada la procedencia del recurso de revisión, la problemática en el presente asunto será estudiada, por cuestión metodológica, en función de la siguiente pregunta:
¿El Tribunal Colegiado se ajustó a la interpretación constitucional del principio de inmediación en la audiencia de juicio oral del proceso penal acusatorio, realizada por esta Primera Sala?
35. La respuesta es negativa. En ese sentido, es sustancialmente fundado el agravio de la quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, le asiste la razón a la recurrente en cuanto señala que el Tribunal Colegiado desatendió el criterio emitido por la Primera Sala respecto al principio de inmediación, pues ordenó parcialmente la reposición del procedimiento que se le instruyó en su contra.
36. Para comprobar lo anterior, esta Primera Sala retomará las consideraciones medulares del amparo directo en revisión 492/2017,(15) que se replican en los diversos 243
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30572-59495739/i-principio-de-inmediacion-en-el-proceso-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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