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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTATACIÓN DE LAS NOTAS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE RECURSO DEBE REALIZARSE MEDIANTE UN EJERCICIO SUSTANTIVO DE VALORACIÓN POR EL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PLASMA SU POLÍTICA JUDICIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2162/2016. · Registro digital (IUS): 27070
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 809.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2162/2016. 31 DE AGOSTO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

III. Competencia

20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los diversos 11, fracción V, 21, fracciones III, inciso a), y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Número 9/2015 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo **********.

21. Cabe puntualizar que en el presente caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

22. Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo directo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que -al igual que los amparos directos en revisión- los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, esta Sala debe avocarse al mismo.

IV. Oportunidad.

23. El recurso de revisión interpuesto por la quejosa es oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos se advierte que la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, fue notificada a la quejosa, el **********,(8) surtiendo efectos legales el día siguiente hábil, es decir, el ********** de ese mismo día y año, computándose, por tanto, el término, ********** al **********, sin contar los días dos, tres, nueve y diez de abril de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

24. En estas condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficialía de Correspondencia Común de los **********, el doce de abril de dos mil dieciséis,(9) se puede colegir que se interpuso dentro del plazo legal.

V. Legitimación

25. El C. **********, representante legal de la quejosa, está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, en virtud de las siguientes consideraciones:

1) El C. **********, promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución determinante de crédito, personalidad que le fue reconocida en dicho juicio mediante auto de once de julio de dos mil catorce, al considerar que su representación había sido reconocida por la autoridad demandada.(10)

2) Así, el C. **********, en su carácter de representante legal de **********, interpuso demanda de amparo,(11) en contra de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil quince, dictada en el juicio contencioso administrativo.

3) Al respecto, mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil quince,(12) emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se admitió la demanda de garantías promovida por el C. **********, en representación de **********.

26. Considerando lo anterior, esta Primera Sala estima que el C. **********, se encuentra legitimado para interponer el presente recurso en representación de la quejosa, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo.

27. Adicionalmente, existe legitimación en el presente recurso, en virtud de que se combate la sentencia de amparo directo **********.

VI. Elementos necesarios para resolver

28. A fin de resolver el presente recurso de revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, así como los agravios que aduce en su escrito de revisión.

29. Demanda de amparo. La quejosa en el amparo **********, argumentó como conceptos de inconstitucionalidad, los siguientes:

Sexto. Que es inconstitucional la sentencia recurrida, al fundarse en el numeral 137 del Código Fiscal de la Federación, el cual es violatorio del artículo 17 de la Constitución Federal, ya que impide interponer medio de defensa, pues no prevé con exactitud y claridad todos los elementos que deben conformar las notificaciones personales.

Que ello tiene como consecuencia que se viole la garantía de acceso a la impartición de justicia, ante la correcta y deficiente redacción del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, por lo que al momento de interpretarse queda al arbitrio del notificador y de la autoridad fiscal, los requisitos formales de la notificación, lo que genera negar el acceso a la impartición de justicia a los gobernados, precisamente por la falta de elementos de ese numeral que permitan acreditar la procedencia de la notificación personal y, con ello, tener acceso a la administración de justicia pronta y expedita a través de los medios de defensa creados para ello.

Que es claro que resulta inconstitucional el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al permitir que se realicen notificaciones personales con requisitos ambiguos, lo que conlleva que en alguna de las notificaciones se haga mención en su redacción de ciertos requisitos y en otras se refieran diversos elementos.

Séptimo. Que resulta inconstitucional la sentencia, toda vez que se dictó con sustento en los numerales 134 a 137 y 152 del Código Fiscal de la Federación, los cuales vulneran lo previsto en el numeral 16 de la Constitución Federal, es decir, la garantía de seguridad jurídica.

Que como se citó en los agravios primero y segundo del escrito de ampliación de demanda del juicio de nulidad, el notificador-ejecutor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, no señaló testigos de asistencia que dieran fe de los hechos asentados en las diligencias de notificación de doce y quince de junio de dos mil nueve, lo que confirma que los preceptos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, no prevén la obligación de que el notificador designe dos testigos y, en eso radica precisamente su inconstitucionalidad.

Que es inconstitucional que los artículos en cita no prevén que deben ser designados testigos de asistencia que den fe de los hechos asentados en las diligencias de notificación, pues violan la garantía de seguridad jurídica, ya que es esencial en cuanto al requisito de la notificación que lo haga la persona autorizada por la autoridad fiscal y además se designen testigos de asistencia que den fe de los hechos asentados en las constancias respectivas, por lo que el no citar la obligación de que los notificadores se identifiquen en las diligencias, deviene en que éstas puedan realizarse sin cumplir con los requisitos que prevén las normas reclamadas.

Que si los numerales 135 y 152 del Código Fiscal de la Federación no determinan más que la formalidad de levantar un acta, no obstante que se debe respetar el principio de legalidad y sobre todo de inviolabilidad del domicilio de los gobernados, es claro que se está dejando en estado de indefensión a los gobernados.

Que los artículos controvertidos violan la garantía de seguridad jurídica, al no regular la necesidad de que el notificador, deba identificarse ante la persona con quien se entiende la diligencia, motivo por el cual estamos en presencia de una actuación contraria al principio de legalidad e inviolabilidad del domicilio.

Octavo. Que la sentencia es inconstitucional, al fundarse en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, el cual es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a que no establece los elementos y los requisitos que en forma específica debe contener una notificación, ya que no basta sostener que se debe encontrar debidamente circunstanciada, sino que para seguridad jurídica de los particulares, es necesario que se precisen todos y cada uno de los elementos que se deben tomar en consideración para que se determine esa situación.

Que la violación a la garantía de seguridad jurídica se da precisamente debido a que no se establecen con claridad los requisitos de las notificaciones y, por tanto, depende de la interpretación que se dé por parte de los tribunales.

Que ante la inseguridad en el caso del numeral 137 del Código Fiscal de la Federación, es necesario se precisen con claridad los elementos que deben cumplir las notificaciones personales, pues la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, ya sostuvo que el notificador debe levantar razón circunstanciada no sólo cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, sino al diligenciar cualquier notificación personal.

Que se considera que es inconstitucional el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, debido a que no es claro respecto de los requisitos de una notificación personal cuando se entiende con un tercero y, además es ambiguo sostener que éstas deben estar circunstanciadas, pues se carece de los elementos para determinar cuáles son los requisitos de una notificación para que se considere circunstanciada, dejando en manos del intérprete, decidir cuando la notificación personal con un tercero está legalmente realizada, motivo por el cual no puede sostenerse que en este tema ya exista cosa juzgada constitucional.

Citó como apoyo los requisitos que deben de cumplirse en relación con la notificación personal que prevé el numeral 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Que es precisamente por las razones señaladas, que existen una serie de criterios del Tribunal Colegiado de Circuito y de la Suprema Corte que incluso resultan contradictorios, lo que se acredita incluso con la tesis 2a./J. 60/2008.

Que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación viola el principio de seguridad jurídica, precisamente por la falta de claridad de los elementos que debe contener una notificación para considerarse circunstanciada, pues no debe haber perversidad en las actuaciones de la autoridad.

Que incluso prueba de la inconstitucionalidad del numeral 137 del Código Fiscal de la Federación, es que la Suprema Corte emite jurisprudencias para interpretar y resolver contradicciones de tesis, por lo que es claro y evidente que ese problema se genera por lo ambiguo que se encuentra redactado el citado artículo.

Noveno. Que es inconstitucional la sentencia recurrida, al fundamentarse en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, el cual es violatorio de la garantía de audiencia, ya que permite una serie de actuaciones e interpretaciones diversas que implican que la actuación de la autoridad sea válida legalmente, no obstante que se haya violado la garantía de audiencia.

Que ello es así, al permitirse por disposición del precepto controvertido los términos en que se desahoga la diligencia de notificación, pues no cita, en tutela de la garantía de audiencia, los elementos que permitan integrar correctamente la notificación y, con ello, tutelar la referida garantía.

Que los requisitos omitidos por la incorrecta redacción del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, consisten en que no se precisa que el notificador deba: i) cerciorarse de que se encuentra en el domicilio en donde se debe llevar a cabo la notificación; ii) precisar que se busca al representante legal o bien, al contribuyente por parte del notificador para que se encuentre en el domicilio en donde se debe llevar a cabo la notificación; iii) asentar su identificación con la persona con quien atiende la diligencia; y, iv) así como los puntos que deban asentarse en el acta para que se tenga por identificado con la persona que atiende la diligencia.

Que existe violación a la garantía de audiencia, pues el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no establece la serie de pasos que se deben realizar en la diligencia y que permitan dar seguridad jurídica al gobernado de que efectivamente se realizó la diligencia.

30. Sentencia de amparo. Las consideraciones por las que en el amparo **********, el ********** por sentencia de tres de marzo de dos mil dieciséis, declaró infundados e ineficaces los conceptos de violación resumidos en el apartado anterior, en síntesis son los siguientes:

El Tribunal Colegiado en el considerando octavo, analizó el concepto de violación octavo, en el que la quejosa esencialmente cuestiona la constitucionalidad del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, por transgredir los artículos 14 y 16 constitucionales, al no establecer los requisitos que debe contener una notificación, ya que no se puede tener un acta como legalmente circunstanciada si no se precisan todos y cada uno de los elementos que se deben tomar en consideración para determinar la anterior situación.

En principio, el Tribunal Colegiado determina que la norma impugnada fue aplicada a la quejosa en la notificación del mandamiento de ejecución de uno de junio de dos mil nueve, como se evidenció al transcribirse el citatorio y acta de requerimiento de pago de doce y quince de junio de dos mil nueve, respectivamente. Asimismo, indica que el referido precepto fue aplicado por la responsable en el considerando quinto del fallo reclamado, donde se analizó y concluyó sobre la legalidad de esa notificación, por lo que la impetrante de amparo está legitimada para alegar la inconstitucionalidad de dicho precepto.

Precisado lo anterior, el Tribunal Colegiado determina que el concepto de violación en estudio resulta inoperante, toda vez que sobre la interpretación de dicho precepto existen criterios de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan que sí se cumplen con las garantías de fundamentación, motivación y seguridad jurídica, los cuales son 2a./J. 15/2001 y 2a./J. 40/2006, además que de igual forma la Primera Sala del Alto Tribunal ya ha sostenido que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional, en la jurisprudencia número 1a./J. 57/2008.

Por lo que, concluye que de acuerdo con lo anterior y en completo apego a lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, toda vez que ya existe pronunciamiento por la Suprema Corte, respecto de la constitucionalidad del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, y que en uno de los criterios jurisprudenciales en comento se llegó a la conclusión de que tal precepto permite "... un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados ...", con la sola invocación de dichos criterios de jurisprudencia, se da puntual respuesta a los argumentos vertidos vía concepto de violación; de ahí que éstos resultaran inoperantes.

Además, señala que el hecho de que el numeral en comento haya sido motivo de jurisprudencias emitidas por el Alto Tribunal, no quiere decir que sea contrario a la Constitución, pues no debe soslayarse que la propia Suprema Corte ya determinó que no lo es.

Asimismo, se resuelve que también resulta inoperante el concepto de violación en el que la quejosa adujo: "... Así las cosas, sirve de apoyo a lo anteriormente señalado como analogía los requisitos que deben de cumplirse en relación con la notificación personal que prevé el numeral 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual establece ...", toda vez que no dice cómo sirvió de apoyo a su argumentación la analogía que hace con los requisitos que para la notificación personal, señaló el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; máxime que, como lo señalan las citadas jurisprudencias 2a./J. 40/2006 y 1a./J. 57/2008, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, la norma reclamada no viola la garantía de seguridad jurídica, al contener todos los elementos para realizar una notificación personal.

Por otra parte, se determina que es ineficaz el noveno concepto de violación.

En principio, el Tribunal Colegiado indica que es factible entrar al estudio de los argumentos de inconstitucionalidad que se vierten por afectación a la garantía de audiencia y desatención a las formalidades esenciales del procedimiento que en su primera premisa requiere de normas que garanticen una adecuada notificación, en virtud de que si bien una notificación -como la que regula el artículo 137-, de modo directo, no repercute en un acto privativo contra los gobernados sobre sus propiedades, posesiones o derecho, la regulación deficiente de ese tipo de notificaciones sí incide de modo indirecto en un acto de aquella naturaleza (privativo), ya que ante la determinación de un requerimiento a cargo del gobernado, sin la posibilidad de atacarlo oportunamente, repercutiría en la emisión del crédito y la obligación de cubrirlo en detrimento de su patrimonio.

Realizada esa precisión el Tribunal Colegiado señala que carece de razón lo aducido por la quejosa, toda vez que el referido artículo 137 permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y a la garantía de seguridad jurídica, pues en las diversas tesis jurisprudenciales antes invocadas de la Suprema Corte, se ha establecido que del análisis íntegro del citado precepto legal se evidencia que rige en general a todo tipo de notificación y que del propio numeral tildado de inconstitucional se desprende que al notificarse personalmente a la destinataria en su domicilio, en la constancia de notificación deberá hacerse constar quién es la persona que se busca y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicarla; con quién entendió la diligencia y, a quién le dejó el citatorio; datos ineludibles que aunque expresamente no se consignen en la ley, la redacción del precepto tácitamente los contempla.

Por lo que, señala que tales consideraciones sirven para contestar el concepto de violación en estudio, porque, en virtud de ellas, se puede arribar a la conclusión de que el numeral 137 en cita no viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, en tanto la forma en que se encuentra regulada la notificación personal por dicho precepto legal, permite que el destinatario tenga pleno conocimiento del acto de autoridad que debe cumplir para así estar en condiciones de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses.

Aunado a lo anterior, indica que el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la posibilidad de impugnar a través del juicio de nulidad la notificación de los actos administrativos, pues permite a los gobernados no sólo combatir aquellos actos de autoridad no notificados o notificados ilegalmente, sino también impugnar la notificación como un acto autónomo, dándoles la oportunidad de ser escuchados y ofrecer pruebas para desvirtuar la legalidad de una diligencia y acto que les cause afectación en su esfera jurídica.

Así, el Tribunal Colegiado indica que el estudio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, puede efectuarse también apreciando el contenido de la citada disposición, aplicable en la materia, aunque no sea la específicamente reclamada.

Igualmente, el Tribunal Colegiado señala que es infundado el sexto concepto de violación, en el que la quejosa aduce que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación es violatorio del artículo 17 de la Constitución, porque viola la garantía de acceso a la impartición de justicia.

Lo anterior, pues si el derecho de acceso a la impartición de justicia está reservada para que los gobernados puedan acudir a determinados órganos gubernamentales a plantear algún problema o circunstancia específica -hacer valer un derecho u oponer su defensa- respecto de un tercero o autoridad y que éstos sean resueltos y si los actos que despliegan tanto las autoridades jurisdiccionales, como las administrativas deben ser notificados y éstos reunir determinadas formalidades legales, ello conlleva a la conclusión de que el legislador estimó que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación tuviere como única finalidad el que se dé cumplimiento a una serie de formalidades, pero el texto del precepto en cuestión no podría de forma alguna violar el derecho de acceso a la justicia porque la literalidad del numeral en cuestión únicamente establece la forma en que las notificaciones deberán realizarse.

Por tanto, el artículo 17 constitucional no puede ser confrontado contra un precepto que únicamente refiere formalidades que deben cumplirse para que una notificación tenga validez, pues con ello no se trastoca el referido derecho.

En ese sentido, señala que bajo ninguna circunstancia el precepto violaría el derecho de acceso a la justicia, pues el hecho de que en la práctica se pueda llevar a cabo una diligencia de notificación sin que se reúnan los requisitos que dispone el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en todo caso sería un problema material y de mera legalidad, que no conlleva un vicio en la norma.

Además, indica que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no es ambiguo como lo refiere la quejosa, porque éste prevé datos ineludibles y elementos necesarios que permiten tener certeza de que la notificación personal satisface las formalidades que, para ese tipo de actos, exige la Norma Fundamental, por lo que es incorrecta la premisa de la cual la quejosa hace depender la inconstitucionalidad del citado artículo 137, consistente en que tiene elementos ambiguos que impiden el conocimiento del acto de autoridad notificado; de ahí que evidentemente no se da el vicio que refiere, y lo infundado de su argumento.

Finalmente, el Tribunal Colegiado determina que es infundado el séptimo concepto de violación, en el que la quejosa aduce en síntesis, que los artículos 134, 135, 136, 137 y 152 del Código Fiscal de la Federación son violatorios del artículo 16 de la Constitución, porque transgreden la garantía de seguridad jurídica.

Ello en virtud de que, debe reiterarse que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y a la garantía de seguridad jurídica, conforme a las diversas tesis jurisprudenciales antes invocadas del Máximo Tribunal.

Además, indica que la quejosa descansa la inconstitucionalidad de los artículos de mérito, en el hecho de que al no identificarse el notificador, no cita los preceptos legales que lo facultan para realizar la diligencia sin asistirse de dos testigos, lo que impide que el contribuyente tenga pleno conocimiento del acto administrativo; sin embargo, como ya se indicó, el sistema previsto en el Código Fiscal de la Federación para llevar a cabo las notificaciones en materia fiscal, está regulado de una forma que permite que el destinatario tenga pleno conocimiento del acto de autoridad que debe cumplir, para así estar en condiciones de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses, interponiendo los medios de defensa pertinentes y, en su caso, poder impugnar la propia notificación; evidenciándose, que la falta de identificación del notificador y la de asistencia de testigos, no generan la afectación que señala, es decir, no impiden que la persona a notificar tenga pleno conocimiento del acto administrativo.

Lo cual, se corrobora si se toma en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 142/2004-SS, ya analizó por qué el notificador no se debe identificar al momento de practicar una notificación, concluyendo que si bien los artículos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, no prevén la obligación de que el notificador se identifique en el momento en que lleva a cabo las diligencias correspondientes, tal elemento no es necesario, pues lo que resulta trascendental y de lo que se debe ocupar el legislador es de exigir una serie de requisitos que sin lugar a dudas generen la certeza de que el acto administrativo fue hecho del conocimiento del administrado, lo que se cumple cabalmente a través del artículo 137 del código tributario federal, por ser éste el precepto legal que regula la forma en que se deben llevar a cabo las diligencias de notificación.

Además, el Tribunal Colegiado señala que la exigencia de que se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de testigos, atiende a la necesidad de proteger la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 16 constitucional, requisitos que son recogidos por el propio Código Fiscal de la Federación en los artículos 44 y 46, que regulan la práctica de las visitas domiciliarias, es decir, aquella facultad de comprobación que necesariamente implica la entrada de la autoridad administrativa al domicilio de los particulares.

Por lo que determina, que si en las notificaciones de actos administrativos que se regulan por los artículos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, no se requiere de la intromisión al domicilio de los particulares, es evidente que para su práctica, no es necesaria la asistencia de testigos al momento de levantar el acta circunstanciada.

Asimismo, señala que no es inadvertido que una resolución determinante de crédito fiscal una vez notificada puede generar actos de intromisión al domicilio, como lo es el embargo que se lleva a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, además de ser etapas distintas, el proceso de ejecución se rige por sus propias reglas, las cuales en consonancia con el artículo 16 constitucional, prevén la necesidad de levantar actas circunstancias en la presencia de testigos, tal como se advierte de los artículos 152, 155, último párrafo, y 163, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Así, señala que para el desahogo de las diligencias de requerimiento de pago y embargo, acudirá un ejecutor designado, esto es, y que se deberá identificar ante la persona con quien entienda la diligencia, por lo que el contribuyente tiene la certeza jurídica de que quien practica la diligencia, es efectivamente un funcionario designado para tal efecto.

Y que la persona con quien se entienda la diligencia podrá señalar dos testigos y se observarán las mismas formalidades previstas en el artículo 137 antes mencionado, a través del cual, se otorga diversas prerrogativas que otorgan seguridad jurídica al interesado.

De ahí, señala que el hecho de que en los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación, no se disponga expresamente que los notificadores tengan la obligación de citar los preceptos legales que les faculta para realizar la diligencia, no viola la garantía de seguridad jurídica, dado que, el objeto de las formalidades específicas que disponen los numerales en cita, permiten un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales y el respeto a esa garantía.

Por tanto, concluye que el sistema de notificaciones previsto en los artículos 134, 135, 136, 137 y 152 del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 constitucional.

31. Recurso de revisión. En su recurso de revisión **********, hace valer lo siguiente:

Primero. Que la sentencia es ilegal y violatoria de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que no se encuentra debidamente fundada y motivada, al dejar de realizar un debido estudio de los conceptos de violación de la demanda de garantías.

Que si bien existen jurisprudencias respecto de la constitucionalidad del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, que se citan en la ejecutoria recurrida, debe tenerse presente la reforma constitucional que implica un cambio de paradigma del formalismo jurídico al respecto de los derechos humanos, por lo que es, con base en esos formalismos que se deben de resolver los medios de defensa y no trampas procesales en cuanto hace a los requisitos de las notificaciones y de la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.

Que el análisis de las disposiciones que se tildan de inconstitucionales no debe limitarse a los elementos formalistas que existían previos a la reforma sino atendiendo a la preferencia de la vigencia de los derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a la efectividad en el acceso a los medios de defensa, la cual se ve limitada por la interpretación que anterior a la reforma se había realizado por la Suprema Corte.

Que la jurisprudencia que se cita en la ejecutoria recurrida genera una afectación mayor al gobernado, ya que se pierde de vista que el artículo controvertido sí vulnera el artículo 17 constitucional, al no precisar todos los elementos que deben contener las notificaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27070-a3a99998/revision-en-amparo-directo-la-constatacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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