REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO EN LA SENTENCIA RECURRIDA SE REALIZÓ EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO O SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA OMISIÓN DE REALIZARLO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2857/2012. 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS; VOTARON CON SALVEDAD: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(1)
SEGUNDO. El recurso de revisión principal se interpuso dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; al respecto se toma en cuenta que la sentencia recurrida se le notificó por lista el dieciocho de junio de dos mil doce (foja 184 del juicio de amparo directo), notificación que surtió sus efectos el día diecinueve siguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que el aludido plazo transcurrió del veinte de junio al cinco de julio de dos mil doce, descontándose los días veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, así como el primero de julio del año en curso, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el punto segundo, inciso i), del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que si el recurso de revisión se presentó el veintinueve de junio de dos mil doce en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito del Decimosegundo Circuito, resulta oportuno.
Asimismo, por acuerdo de presidencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de octubre de dos mil doce se tuvo por presentada la adhesión al recurso interpuesto por el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia del subprocurador fiscal federal de Amparos, de los directores generales de Amparos contra Leyes y de Amparos contra Actos Administrativos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público.
Dicha revisión adhesiva fue presentada en tiempo, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, al advertirse que el auto de admisión del recurso principal fue notificado al secretario de Hacienda y Crédito Público el once de octubre, notificación que surtió sus efectos el día doce siguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que el aludido plazo transcurrió del quince al diecisiete de octubre, descontándose los días trece y catorce de octubre, todos del año en curso, por ser inhábiles.
Por lo que si el recurso adhesivo fue presentado el cinco de octubre ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que éste se presentó antes de que le fuera notificado a la autoridad tercera perjudicada el acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal, en el cual se admite a trámite el recurso de revisión 2857/2012 y, por tanto, se puede concluir que el recurso adhesivo fue interpuesto oportunamente.
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por su aplicación a contrario sensu, la tesis aislada emitida por esta Segunda Sala, de contenido siguiente:
"REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA SI NO FIGURÓ COMO PARTE EN EL JUICIO RELATIVO NI EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Del último párrafo del artículo 83 de la Ley de Amparo, que prevé que en todos los casos a que se refiere el propio precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, se advierte que no cualquier persona tiene legitimación para adherirse al recurso de revisión principal, sino sólo las partes en el juicio de amparo que hayan obtenido resolución favorable a sus intereses. En ese sentido, cuando en un amparo directo se reclama la sentencia pronunciada en un juicio de nulidad en la que se reconoció la validez de una resolución dictada por una autoridad fiscal que involucra el interés fiscal de la Federación, pero ni en el amparo ni en el juicio contencioso administrativo correspondiente el secretario de Hacienda y Crédito Público figuró como parte o se apersonó como tal en términos del artículo 3o., fracción II, inciso c), párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en defensa de dicho interés, resulta que dicho secretario carece de legitimación para adherirse a la revisión principal interpuesta contra la sentencia que niega el amparo, pues además de no tener el carácter de parte en el juicio correspondiente, tal sentencia le es indiferente por referirse a un acto emitido por una autoridad diversa." (Novena Época. Registro IUS: 162732. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, materia común, tesis 2a. VI/2011, página 1301)
TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, en tanto que lo presentó **********, en su carácter de autorizado de **********, quien figuró como quejosa en el juicio de amparo, de donde deriva la resolución sujeta a revisión, habida cuenta que la sentencia recurrida le perjudica por haberse negado el amparo.
De igual forma, ********** tiene debidamente acreditada su personalidad como autorizado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que así le fue reconocida por el Tribunal Colegiado de origen.
No pasa desapercibido, que en sesión del dieciséis de mayo de dos mil doce, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 5/2012, esta Segunda Sala modificó la jurisprudencia número 2a./J. 199/2004, en la que se establecía que el autorizado en el procedimiento contencioso administrativo estaba facultado para promover el juicio de amparo, para establecer a través de la jurisprudencia número 2a./J. 90/2012 (10a.), que dicho autorizado no tiene tal facultad.
Dicha jurisprudencia número 2a./J. 90/2012 (10a.), aprobada en sesión privada del ocho de agosto de dos mil doce y pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece:
"AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria."
Sin embargo, la propia Segunda Sala, en la tesis número LXV/2012 (10a.), también aprobada en la sesión privada del ocho de agosto de dos mil doce, derivada de la citada solicitud de modificación de jurisprudencia, sostuvo que si en un juicio de amparo el interesado aplicó en su favor, estando vigente, la jurisprudencia número 2a./J. 199/2004, conforme a la cual el autorizado en los referidos términos podía promover el juicio de amparo directo, como ocurre en el caso, debe continuarse con la secuela legal para no privarlo de la oportunidad de ser oído tan sólo por el cambio de criterios.
La tesis número LXV/2012 (10a.), pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, es del rubro y texto que a continuación se insertan:
"MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: ‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, de rubro: ‘JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.’, estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta. Ahora, esta determinación tratándose de procedimientos de modificación de jurisprudencia en los que se resuelve abandonar una anterior, no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se hubiese hecho de una jurisprudencia superada bajo ese mecanismo, cuando se refiera a la procedencia de algún medio de impugnación, ya que si el interesado se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para adoptar una vía legal de defensa, la interrupción de la jurisprudencia modificada no debe privarlo de la posibilidad de continuar con una instancia ya iniciada, porque uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica y sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa a los intereses de quien, constreñido por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo que aquélla le ordenaba. Consecuentemente, al pretender aplicar la jurisprudencia 2a./J. 199/2004 modificada que define nuevas condiciones para la procedencia del juicio de amparo directo promovido en un procedimiento contencioso administrativo, debe primero analizarse si el interesado aplicó en su favor la jurisprudencia anterior, y si lo hizo válidamente durante su vigencia; esto es, antes de la publicación de la jurisprudencia modificada. De reunirse ambos hechos, el juzgador debe continuar con la secuela legal iniciada para no privar al promovente de la oportunidad de ser oído tan sólo por el cambio de criterios."
Asimismo, el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto por parte legitimada para ello, en tanto que la recurrente Secretaría de Hacienda y Crédito Público compareció al juicio de nulidad ostentándose como parte al controvertirse en éste el interés fiscal, todo ello con fundamento en el artículo 3o., fracción II, inciso c), segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 65 y 87 del juicio de nulidad).
El subprocurador fiscal federal de Amparos está legitimado para actuar en representación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 72, fracciones I y VI, del Reglamento Interno de dicha secretaría.
Además de que el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, se encuentra legitimado para actuar en suplencia del subprocurador fiscal federal de Amparos y de los directores generales de Amparos contra Leyes y de Amparos contra Actos Administrativos, en términos de lo dispuesto en los artículos 75-C y 105 del reglamento detallado en el anterior párrafo.
CUARTO. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:
Antecedentes
a) ********** promovió demanda de nulidad en la que señaló, como acto impugnado, el consistente en: "Resolución impugnada: Se impugna la tarifa actualizada en unión del primer acto de aplicación que llevó a cabo la autoridad, la tarifa actualizada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 2006. Esta tarifa fue actualizada de 2002 a 2005, la tarifa que se dice se actualizó, está especificada en el primer párrafo del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, la tarifa actualizada es visible en las páginas 29 y 30 de la segunda sección del órgano de difusión ya citado, forma parte de la modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2002, inciso ‘C’, punto ‘2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio 2005’, se impugna exclusivamente la tarifa actualizada en unión del primer acto de aplicación, transcrito la tarifa que se impugna." (foja 1 vuelta expediente juicio de nulidad **********).
b) Por auto de fecha ocho de julio de dos mil once, el Magistrado instructor de la Sala Regional Noroeste III, con sede en Culiacán, Sinaloa, resolvió desechar la demanda de nulidad, al estimar que su presentación fue extemporánea.
c) Inconforme con esa decisión, ********** interpuso recurso de reclamación, el cual se admitió por auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, y se resolvió por unanimidad de votos en sesión de fecha treinta de noviembre de ese año, en el sentido de confirmar el auto recurrido.
d) Al no estar de acuerdo con la decisión apuntada, el autorizado de la entonces actora promovió demanda de amparo, de la que correspondió conocer, por razón de turno, al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, el que la admitió a trámite por auto de su Magistrado presidente de tres de abril de dos mil doce, con el número de amparo directo 228/2012, el cual, por resolución del siete de junio de dos mil doce, resolvió negar el amparo solicitado.
I. En su demanda de amparo directo la quejosa formuló conceptos de violación en los que, además de exponer diversos argumentos de legalidad, cuestionó la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esencialmente, por las siguientes razones:
Adujo, que el citado numeral 13 contiene una laguna, al no establecer en su fracción I, un tercer inciso, en el que se fije con exactitud y precisión una fecha cierta a partir de la cual deba computarse el plazo de cuarenta y cinco días para la presentación de una demanda de nulidad, en los casos en que el contribuyente sea quien se autoaplique una norma general, o bien lo haga un tercero, por lo que viola los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues deja en indefensión al ciudadano, quien no sabe con exactitud y precisión cuándo se inicia el referido plazo.
II. En el considerando octavo de la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado de Circuito expuso en relación con los argumentos de constitucionalidad, lo siguiente:
"En otro aspecto, en el propio concepto de violación, el autorizado de la parte quejosa manifiesta lo siguiente: ‘... LO QUE CONFUNDIÓ A LA responsable ES QUE EL ARTÍCULO 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ES INCONSTITUCIONAL, AL SER OMISO EN CONTENER UN INCISO «c)», el cual debe contener una fecha cierta para que la autoridad no se confunda, si este artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es INCONSTITUCIONAL, porque no contiene una fecha cierta en el caso de que el CONTRIBUYENTE SE AUTOAPLIQUE LA LEY, violenta las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi demanda se le hizo ver esta omisión del legislador, SI UN CONTRIBUYENTE SE AUTOAPLICA UNA NORMA DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, NO EXISTE FECHA CIERTA EN EL ARTÍCULO 13 DE LA Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo A PARTIR DE LA CUAL SE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE 45 DÍAS, no puede aplicar la autoridad hacendaria unilateralmente y sin fundamento la hipótesis contenida en el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque se requiere que exista un acto administrativo debidamente notificado, y una vez notificado debe iniciarse el cómputo del plazo a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación del acto administrativo, al no existir acto administrativo ni notificación, es de concluirse con diáfana claridad que la responsable MOTIVÓ Y FUNDÓ INDEBIDAMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA, violentando las garantías de motivación y de fundamentación, así como las garantías de exactitud y de precisión que contiene y tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha probado que el artículo 13 es inconstitucional, por no contener una fecha cierta para el supuesto: «CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE AUTOAPLIQUE UNA NORMA DE CARÁCTER O NATURALEZA AUTOAPLICATIVA EL PLAZO INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SUCEDA ESTE HECHO». Si la autoridad decidió subjetivamente que el contribuyente se autoaplicó la tarifa (lo cual ha quedado debidamente demostrado que fue la autoridad quien aplicó la tarifa), Y UNA VEZ ANALIZADO EL ARTÍCULO 13, SE CONCLUYE QUE NO EXISTE UNA FECHA CIERTA A PARTIR DE LA CUAL SE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE 45 DÍAS EN EL CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE SE AUTOAPLIQUE LA TARIFA, por eso es inconstitucional, deja la incertidumbre para saber la fecha en que se debe iniciar el cómputo del plazo ...’
"Argumentos que resultan inatendibles, por dos razones: La primera, toda vez que el promovente del amparo no expone razonamientos lógicos y jurídicos mínimos con los que demuestre que la norma legal, al contener la omisión que expone a su parecer, infringe aquellas garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, tomando en cuenta que el tema de la constitucionalidad de leyes en el amparo directo requiere premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda relativa, entre ellas, el planteamiento de conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria al supuesto normativo de un precepto constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance; y en la especie, el quejoso es omiso en precisar de qué manera la ausencia del término en la norma que señala, bajo el supuesto que invoca, contraviene aquellas garantías constitucionales. Y, la segunda, debido a que el promovente basa el problema de omisión constitucional del precepto a partir de una supuesta falta de notificación, cuyo tema (la ausencia de ésta) fue expuesto ante la autoridad responsable, precisamente al interponer el recurso de reclamación contra el auto de desechamiento de su demanda, en donde alegó la inaplicabilidad del artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que tal como resolviera la Sala, en tratándose de contribuyentes que se autoaplican la norma al presentar su declaración vía Internet, no existe obligación de parte de la autoridad administrativa de notificar al particular la recepción del documento relativo, como ya se explicó en líneas que anteceden. Es decir, que ante la Sala responsable, aceptando el contenido de la norma (artículo 13 fracción I, inciso a), sólo alegó la falta de notificación del acto administrativo, pero nunca expuso insuficiencia normativa como ahora lo alega, se insiste, lisa y llanamente, sin mayor argumentación."
QUINTO. En los agravios quien recurre sustenta su reproche, básicamente, en las siguientes razones:
1. En la sentencia recurrida no se observó el principio PRO HOMINE, "PRO PERSONA", ni el control difuso ex profeso, que contiene el artículo 1o. de la Carta Magna, pues no se dio la interpretación más favorable respecto de la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
2. El numeral reclamado transgrede los artículos 1o., 17 y 133 de la Carta Magna, así como el artículo 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica.
3. Hace referencia al voto particular del Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California.
4. La sentencia recurrida es violatoria de los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Carta Magna.
5. La confirmación del desechamiento de la demanda de nulidad se fundó, precisamente, en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero que eso quebranta el principio de exacta aplicación de la ley, porque dicho numeral es inconstitucional. Desde esa instancia, se negó que exista acto administrativo debidamente notificado.
6. No es extemporánea la demanda de nulidad que en su momento promovió.
7. Que el primer acto de aplicación del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no puede imputarse al contribuyente, ya que es un hecho notorio que el Servicio de Administración Tributaria fue quien llevó a cabo el primer acto de aplicación de la tarifa actualizada al calcular el impuesto sobre la renta a cargo de la ahora inconforme, vía Internet.
8. La falta del tercer inciso en la fracción I del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, llevó al error tanto al Magistrado instructor como a la autoridad responsable, pues se vieron obligados a tomar en consideración una fecha que no existe en el supuesto legal apuntado para realizar el cómputo de la interposición de la demanda.
9. Inadecuadamente se calificó de inoperante el concepto de violación atinente a justificar la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues, en ese motivo, adujo que existe una laguna en la ley, pues el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no contiene un supuesto en el que hubiese una fecha cierta a partir de la cual inicie el cómputo del plazo de cuarenta y cinco días en el caso de que el contribuyente se autoaplique la tarifa contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
10. No es aplicable como fundamento el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
11. También en sus agravios manifiesta la quejosa que la inferior se confunde con los hechos acaecidos, se explicó que se impugna la tarifa actualizada en virtud de que el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA llevó a cabo el primer acto de aplicación de la tarifa actualizada, y no por el hecho de haber presentado y formulado vía Internet le corresponde APLICAR LA TARIFA AL CIUDADANO, lo cierto es que a partir de 2005, el programa "DECLARA SAT 2005", PERMITE LA CAPTURA DE DATOS CON EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, y es por esta razón que el contribuyente no puede AUTOAPLICARSE LA TARIFA, pues lo hace un PROGRAMA AUTOMÁTICAMENTE, situación y hecho notorio que no se han querido aceptar a lo largo de la penuria que me está causando la indebida interpretación que hace tanto el Magistrado instructor, como la autoridad responsable; la hoy inferior viene a confirmar hechos que no existen, hechos que no se realizaron como lo es la supuesta autoaplicación de la tarifa actualizada, y todo es causa de la inseguridad jurídica que me acarrea la fracción I del artículo 13, al ser omisa y no contener el supuesto ya tantas veces citado.
12. Para demostrar la indebida fundamentación que vertió la inferior, transcribió la regla que menciona, donde claramente se observa que fue el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA quien llevó a cabo el primer acto de aplicación de la tarifa actualizada, al calcular mediante ese programa, "DECLARA SAT 2005", el impuesto, pues una situación es que conforme a la regla se presente la declaración anual y otra muy diferente es el decidir quién fue EL ENTE QUE LLEVÓ A CABO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, y en este caso fue, precisamente, el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, aunque sin conceder lo que dice la autoridad que es una opción al escoger formular la declaración anual vía Internet, pero lo que haga el contribuyente no le quita el hecho jurídico consistente en que el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA fue el ente que LLEVÓ A CABO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, al calcular y determinar el IMPUESTO SOBRE LA RENTA por el ejercicio de 2005, ya que hizo uso del imperio que goza al ser autoridad, y calculó el impuesto la autoridad en un acto autoritario, la regla dice: 2.17.1. ... LOS CONTRIBUYENTES ... PRESENTARÁN VÍA INTERNET LAS DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2005, DEL ISR ..."
13. Insiste en que el artículo reclamado es inconstitucional, al ser omiso en incluir un inciso c), para la fracción I del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues no contiene un tercer supuesto en donde se especifique una fecha cierta para el inicio del cómputo del plazo en el caso de que un contribuyente impugna una norma de naturaleza administrativa, y se haya autoaplicado el contribuyente o se le aplique un tercero.
14. Al no existir fecha cierta para el inicio del cómputo del plazo en el "caso de que el contribuyente se autoaplique una norma de naturaleza autoaplicativa", el Tribunal Colegiado debió declarar la inconstitucionalidad del artículo reclamado, pues no contiene la siguiente motivación: "EL PLAZO DE 45 DÍAS INICIA A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN O CUANDO SE AUTOAPLIQUE UNA NORMA DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO EL CONTRIBUYENTE", lo que implica que no hay duda que existe la laguna apuntada en el precepto reclamado.
SEXTO. No se transcriben los agravios formulados en la revisión adhesiva interpuesta por el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia del subprocurador fiscal federal de Amparos, del director general de Amparos contra Leyes y del director general de Amparos contra Actos Administrativos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, en mérito de la conclusión que se alcanzará en este fallo.
SÉPTIMO. El presente recurso es procedente, en tanto que cabe el pronunciamiento de fondo sobre cuestiones de constitucionalidad.
En efecto, el recurso de revisión en el juicio de amparo directo está regulado, entre otros, por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
"La materia del recurso se limitará exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ..."
De dichos preceptos legales se desprende la procedencia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver amparos planteados en vía directa, y tiene como finalidad que este Alto Tribunal deje de conocer asuntos en los que no se debata un criterio de importancia y trascendencia, con lo que se pretende fortalecer el carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia con el carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que, por excepción, se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en los asuntos en que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.
Por otra parte, el Pleno de esta Suprema Corte emitió el Acuerdo Número Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece los requisitos que se deben reunir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24292-f3267129/revision-en-amparo-directo-es-improcedente-dicho-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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