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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN POR ROTULÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 167 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. SU PROCEDENCIA SE LIMITA A SUPUESTOS EXCEPCIONALES Y OPERA ÚNICAMENTE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLEAR MECANISMOS MÁS EFICACES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 288/2025. · Registro digital (IUS): 33514
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.904.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 288/2025. 14 DE MAYO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona moral fue sancionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León por infracciones a la Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. En contra de dicha determinación, la persona moral promovió juicio contencioso administrativo en el que, entre otras cuestiones, alegó que operó la caducidad del procedimiento, argumentando para ello que el acuerdo de alegatos no fue debidamente notificado, por lo que debe de excluirse del cómputo del plazo de caducidad. De dicho juicio correspondió conocer a Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual resolvió en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

En contra de dicha determinación, la persona moral promovió demanda de amparo directo, en la que planteó la inconstitucionalidad del artículo 167 Bis, fracciones II y III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuanto a la previsión de la notificación por rotulón. Al respecto, la quejosa argumentó, entre otras cosas, que dicho precepto normativo transgrede el derecho de seguridad jurídica, en tanto que no establece de manera clara en dónde debe colocarse el rotulón, aunado a que no se especifica por cuánto tiempo debe permanecer la notificación. Sin embargo, el Tribunal Colegiado que conoció de dicho amparo directo determinó negar el amparo y confirmar la resolución impugnada. En consecuencia, la quejosa interpuso recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 288/2025, promovido en contra de la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

I.-ANTECEDENTES

1. 1.1. Demanda de juicio de nulidad. Por escrito presentado en la oficialía de partes de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el treinta de agosto de dos mil veintidós, **********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada por la encargada del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, a través de la cual le impuso siete multas en cantidad total de $817,870.00 (ochocientos diecisiete mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N), y le ordenó la realización de medidas correctivas, por infracciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.(1)

2. 1.2. Admisión y trámite del juicio. Del asunto conoció la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se registró con el número **********. En proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se ordenó emplazar a la demandada para que emitiera su contestación, lo cual realizó mediante oficio presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós.

3. 1.3. Ampliación de demanda. En acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la actora ampliando su demanda de nulidad, y en diverso de veinte de febrero de esa anualidad, se tuvo a la demandada formulando la contestación correspondiente.

4. 1.4. Sentencia de juicio de nulidad. Seguida la secuela procesal en sus restantes etapas, la Sala dictó sentencia el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

5. 1.5. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el doce de mayo de dos mil veintitrés, **********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los siguientes términos:

Ver cuadro

6. En la demanda de amparo se estimaron violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se plantearon como conceptos de violación, en esencia, los siguientes:

• La quejosa argumenta en una parte del primer concepto de violación que el artículo 167 Bis, fracciones II y III de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es inconstitucional e inconvencional en cuanto a la previsión de la notificación por rotulón, al transgredir el derecho fundamental de seguridad jurídica. Ello, porque a su juicio, es ambiguo y confuso, dado que establece que el rotulón debe colocarse “en los estrados” y posteriormente señala que el rotulón se fijará “en lugar visible” de las oficinas de las Unidades Administrativas de la Secretaría. Indica que se genera confusión porque no se precisa en cuál de los dos sitios se debe colocar, aunado a que “lugar visible” es un concepto totalmente vago e indeterminado, puesto que no define qué debe entenderse por tal y no puede dejarse al gobernado la carga de averiguarlo.

• Asimismo, argumenta que debieron definirse con precisión en la norma los sitios en que se harían ese tipo de notificaciones, puesto que los conceptos “estrados” y “lugar visible” son abstractos e indeterminados con amplio margen de discrecionalidad para las autoridades, lo cual vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica, por lo que, ante esa indefinición legal, se transgrede lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal. Además, agrega que, independientemente de la indeterminación del sitio, no se especifica por cuánto tiempo debe permanecer la notificación, por lo que las autoridades pueden retirar la constancia a su arbitrio en cualquier tiempo, lo que implica que aun teniendo a la vista el rotulón, se haya retirado la constancia y, por ende, no se pueda ver el acto administrativo y aun así se tenga por notificado.

• Aunado a lo anterior, señala que la ausencia de apoyo de un sitio de internet para esta información crea una carga excesiva y desproporcionada al gobernado para acceder a las notificaciones y ello no puede ni debe ser así, sino que debe haber reglas ciertas, precisas y accesibles para las notificaciones.

• Por otro lado, en otra parte del primer concepto de violación, argumenta que, contrario a lo resuelto por la responsable, el acuerdo de alegatos no fue notificado legalmente, por lo que no puede ser tomado como punto de partida para efectos de la caducidad del procedimiento. Señala que la oportunidad de alegar representa una fase esencial del procedimiento que debe de ser observada, por lo que el hecho de no otorgarla constituye un vicio del procedimiento y que, aun en el supuesto de que el acuerdo de alegatos deba notificarse por rotulón, como resolvió la responsable, tal notificación no fue realizada conforme a derecho.

• Refiere que el artículo 167 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que el rotulón debe fijarse en un lugar visible de las Unidades Administrativas de la Secretaría, y que, si en el caso se fijó en el Centro de Atención Ciudadana, ello carece de apoyo legal, pues no se fijó en estrados, aunado a que, debió fijarse en la puerta de la dependencia. Indica que es ilegal la supuesta fijación en un lugar visible, en el caso indeterminado, porque no se dice en dónde está ese sitio visible de la dependencia, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, la notificación por rotulón no se hizo en un lugar concreto. Agrega que, conforme al artículo 167, último párrafo del citado ordenamiento, de toda notificación por rotulón se debe agregar al expediente un tanto y asentarse la razón correspondiente, lo cual no se cumplió.

• Por otra parte, refiere que, en cuanto al tema de caducidad del procedimiento, debe excluirse como actuación para tales efectos el acuerdo de alegatos, pues no fue legalmente notificado. Además, señala que la responsable que resolvió el cómputo de caducidad solo puede computarse después de vencido el plazo para formular alegatos y no antes. Finalmente, indica que si tal orden de visita y su ejecución se verificaron en el año dos mil diecisiete y no fue sino hasta el año dos mil veintidós en que se notificó la resolución definitiva, transcurrió de sobra el plazo de caducidad, aunado a que, al no haberse notificado correctamente el acuerdo de alegatos, no produce sus efectos jurídicos, de manera que debe de excluirse del cómputo del plazo de caducidad.

• En su segundo concepto de violación, la inconforme argumenta que la responsable no llevó a cabo un estudio exhaustivo y correcto sobre la fundamentación y motivación en cuanto al objeto y alcance de la orden de visita de inspección, pues se limitó a trascribir los preceptos que invocó la demandada, sin hacer una correlación entre los puntos de inspección y los preceptos legales en que tal orden se apoyó. Además, sostiene que, contrario a lo resuelto en la orden de visita, no se indica cuál es su objeto específico ni el apoyo legal preciso.

• Luego, en una parte del tercer concepto de violación, la quejosa argumenta que es ilegal lo resuelto por la responsable respecto de la práctica de la diligencia de inspección y la identificación de los inspectores. Que si bien no es necesario que la visita de inspección se lleve a cabo con el representante de la persona moral, ello no significa que se dispense su búsqueda, puesto que primero se debe buscar al interesado o a su representante y, en su ausencia, se puede entender la diligencia con cualquier persona sin necesidad de citatorio previo. Argumenta que no es obstáculo que en materia de inspección ecológica haya bienes tutelados como el derecho de la población a un medio ambiente sano, ya que ello no se encuentra en controversia con el derecho de las personas visitadas a la inviolabilidad de su domicilio.(2)

• En otra parte de su tercer concepto de violación, la quejosa añade que, contrario a lo resuelto por la responsable, los inspectores que llevaron a cabo la visita no se identificaron con credenciales que colmaran los requisitos legales, puesto que en la credencial 014 no se señaló la fecha de conclusión de vigencia, lo cual es motivo de nulidad del juicio de origen. Indica que no tiene el apoyo legal lo inferido por la responsable en el sentido de que, por el hecho de que tal credencial estaba vigente en enero de dos mil diecisiete, también lo estaba en septiembre de ese año, pues la vigencia de la credencial se satisface solo ante el señalamiento expreso de la fecha de inicio y conclusión de vigencia, por lo que no puede inferirse esa vigencia, como incorrectamente resolvió la Sala.

• Agrega que, contrario a lo resuelto, los inspectores no llevaron a cabo la diligencia de inspección en el orden previsto en el artículo 163 de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, puesto que tal precepto establece que el personal autorizado se debe identificar para la inspección, lo que no realizaron, pues previo a identificarse, entraron al domicilio y se entrevistaron con la persona que ahí se encontraba. Argumenta que el no haberse identificado previamente conlleva no solo la transgresión a la inviolabilidad del domicilio, sino la privacidad y derecho a la intimidad de las personas.

• En su cuarto concepto de violación, la quejosa expone que es ilegal lo resuelto por la Sala, dado que, para sustentar la competencia de la autoridad demandada para emitir la orden de inspección, emplazamiento, acuerdo de alegatos y resolución definitiva, seleccionó algunas normas citadas en tales actos a pesar que en éstos se citaron muchas más, sin que se hiciera la precisión de cuáles eran para sustentar la competencia respectiva y que, pese a que se advertían normas complejas, tampoco se precisó qué parte, fracción, o inciso, eran las que servían de apoyo. Argumenta que, en relación con la orden de inspección, la demandada no citó el artículo 68, párrafo quinto, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual era indispensable para sustentar la competencia del delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Aduce que la orden de inspección se trató de sustentar en el artículo 68, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual es una norma compleja que contiene diversas materias, sin que se hubiera especificado sobre qué tema se había emitido tal orden de inspección.

• Agrega que tampoco se encuentra ajustado a derecho lo resuelto por la responsable respecto de que el acuerdo de emplazamiento de veintiocho de febrero y el acuerdo de alegatos de trece de junio, ambos de dos mil veintidós, se encuentran debidamente fundados y motivados, porque tales actos los emitió la encargada del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León. Que, en el supuesto de que tal encargada tuviera las mismas facultades que un delegado, no fundó adecuadamente su competencia porque el artículo 84 del citado reglamento establece la atribución de cubrir las ausencias de los titulares de los cargos que ahí se mencionan, mediante la designación que haga el funcionario facultado y que, si en el caso se trataba de suplir o cubrir la ausencia del delegado de la Procuraduría Federal de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, el funcionario sustituto sería designado por el titular de dicha área.

• Sostiene que tampoco se encuentra ajustado a derecho lo resuelto por la responsable en cuanto a que el acuerdo de emplazamiento de veintiocho de febrero y el acuerdo de alegatos de trece de junio, ambos de dos mil veintidós, se encuentran debidamente fundados y motivados. Esto se debe a que dichos actos fueron emitidos por la encargada del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, sin que se justificara debidamente su competencia. Aun en el supuesto de que dicha encargada contara con las mismas facultades que un delegado, no fundamentó adecuadamente su competencia, ya que el artículo 84 del citado reglamento establece que la cobertura de ausencias de los titulares de los cargos mencionados en el mismo debe realizarse mediante designación expresa por parte del funcionario facultado. En este caso, si se trataba de suplir o cubrir la ausencia del delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, el funcionario sustituto debió haber sido designado por el titular de dicha área.

• En su quinto concepto de violación, argumenta que, en cuanto a la infracción uno, la demandada no debió sancionarla porque al dos de marzo de dos mil dieciocho, ya contaba con el plan de manejo de residuos peligrosos, por lo que subsanó la irregularidad atribuida, situación que no apreció correctamente la responsable. En relación con la infracción dos, argumenta que, desde su apreciación, no se le debió sancionar porque al doce de abril de dos mil veintidós, ya contaba con la actualización de su registro como generador de residuos peligrosos.

• Respecto a la infracción tres, la quejosa argumenta que, contrario a lo resuelto, lo que se debe marcar con los envases y que “rótulo” y “etiqueta” son sinónimos, por lo que estima incorrecto que la responsable determinara que la demanda hizo referencia en la resolución definitiva al rótulo de la etiqueta de los residuos peligrosos; que la responsable pretende acoger como dogma todo lo que se establece en el acta de inspección, sin que se acredite los calificativos empleados como “tierra contaminada” o “residuo peligroso”, los cuales son juicios de valor que debían justificarse. En cuanto a la infracción cuatro, alega que lo resuelto por la sala es ilegal, pues analiza el acta de inspección como un dogma incontrovertible, puesto que da credibilidad a todo lo que en ella se asentó. Refiere que, para estar debidamente fundada la resolución definitiva, se debió de invocar el artículo 5, fracción XXXII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• En cuanto a la infracción cinco, la quejosa solicita que se reproduzcan los argumentos que formuló en relación con la infracción cuatro en cuanto a que, para fundar la sanción impuesta se debió invocar el artículo 5, fracción XXXII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Respecto la infracción seis, la quejosa reitera que la sala analiza dogmáticamente el acta de inspección, sin que se acredite lo ahí afirmado. Finalmente, en cuanto a la infracción siete, la quejosa argumenta esencialmente que las facultades de la autoridad para sancionarla prescribieron al transcurrir en exceso el plazo de cinco años previsto en el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

7. 1.6. Trámite del juicio de amparo. Mediante oficio ********** de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la Magistrada presidenta de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con su informe justificado, remitió la demanda de amparo conjuntamente con el expediente del juicio de nulidad ********** al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno por conducto de la oficina de correspondencia común. El asunto se turnó al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el veinticinco de mayo siguiente.

8. 1.7. Admisión. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número ********** y se requirió a la autoridad oficiante para que remitiera la constancia de emplazamiento a la autoridad tercero interesada. Previo desahogo, por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se reconoció el carácter de autoridad tercero interesada al encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló manifestaciones.

9. 1.8. Sentencia de amparo (**********). El veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó sentencia en el sentido de negar el amparo a la parte quejosa. Respecto de los argumentos vinculados con cuestiones de constitucionalidad, el Tribunal consideró, en esencia, lo siguiente:

• Consideró que el argumento a través del cual la impetrante cuestionó la constitucionalidad del artículo 167 Bis, fracciones II y III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente resulta ineficaz. Al respecto, precisó que dicha norma prevé la forma en que deben hacerse las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de esa normativa, entre los que se incluyen aquellos dictados en el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia en materia ambiental. En concreto, dispone que las notificaciones de tales actos podrán hacerse por rotulón colocado en los estrados de la Unidad Administrativa competente, cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia, o verificación, el cual debe fijarse en un lugar visible de las oficinas de las Unidades Administrativas de la Secretaría. • Con base en lo anterior, estimó que los argumentos en los que la quejosa plantea la inconstitucionalidad de tal precepto porque, desde su apreciación, es ambiguo y confuso toda vez que el legislador no definió que debe entenderse por “estrados” y “lugar visible”, son inoperantes, ya que el hecho de que determinado precepto no defina cada concepto que lo integra no genera por sí su inconstitucionalidad, ni la transgresión a los principios de seguridad y certeza jurídica, pues esa circunstancia únicamente da lugar a una tarea interpretativa que establezca su sentido y alcance. En otras palabras, sostuvo que la inconstitucionalidad de un precepto no puede derivar exclusivamente de la falta de definición de los vocablos utilizados por el legislador, pues su validez no se encuentra condicionada al hecho de que sea claro en los términos que emplea.(3)

• Además, señaló que, a su juicio, no existe la confusión a que alude la quejosa, puesto que las fracciones citadas no regulan el mismo supuesto de notificación, ya que la fracción II se refiere a la notificación por rotulón cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, mientras que la fracción III regula lo concerniente a la notificación por edictos cuando se desconozca el domicilio del interesado. Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por la quejosa en el sentido de que tal precepto no especifica por cuanto tiempo debe permanecer la notificación, que las autoridades pueden retirar la constancia a su arbitrio en cualquier tiempo, y que ello implica que, aun teniendo a la vista el rotulón se haya retirado la constancia, no se pueda ver el acto administrativo y aun así se tenga por notificado; ya que con tales manifestaciones la inconforme pretende acreditar la inconstitucionalidad de dicho precepto mediante argumentos que se refieren a una circunstancia hipotética, lo que no es jurídicamente posible dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley.(4)

10. Asimismo, desestimó el resto de los conceptos de violación vinculados con cuestiones de legalidad, por considerarlos infundados, inoperantes, e ineficaces, respectivamente.

11. 1.9. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, ********** en representación legal de ********** interpuso el doce de diciembre de dos mil veinticuatro recurso de revisión. En su escrito, argumentó, en esencia, lo siguiente:

• PRIMERO. La sentencia recurrida es violatoria de los artículos 74, fracciones I, II, IV y 75 de la Ley de Amparo, ya que no se hace una fijación clara y precisa del acto reclamado, ni se hace un análisis sistemático de la totalidad de los conceptos de violación, y por tanto, son incorrectas y carentes de apoyo legal las consideraciones para negar el amparo, todo ello en lo concerniente al planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 167 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El resolutor calificó de “ineficaces” los argumentos sobre la indeterminación, vaguedad, abstracción e imprecisión de las locuciones “en los estrados” y “en lugar visible” ya que, a su juicio, el hecho de que el legislador no defina en la norma esas locuciones no da lugar a la inconstitucionalidad, pues ésta no deriva de la falta de definición de los vocablos de la norma, bastando, según su dicho, la claridad en los términos empelados.

• Podemos, en efecto, acudir al Diccionario RAE y encontrar las definiciones de las palabras “estrados” y “visible”, pero en el caso no se trata de eso, sino que se trata de definir: (1) En dónde se colocan (o están) los estrados, en qué lugar específico de las Unidades Administrativas está la vitrina (estrados) que contiene esos documentos (los rotulones); (2) Cuál es ese “lugar visible” de las Unidades Administrativas de la Secretaría.

• Para el primer supuesto, no está determinado en la norma, ni puede deducirse o inferirse de ella. Tal como se dijo en el concepto de violación, existe ambigüedad y confusión porque la fracción II señala que el rotulón debe colocarse “en los estrados”, en tanto que la fracción III, párrafo segundo, dice que el rotulón se fijará “en lugar visible de las oficinas de las Unidades Administrativas de la Secretaría”. De ahí que el gobernado no sabe en cuál de los dos sitios (estrados o lugar visible) debe ser y no puede dejársele la carga de discernirlo o adivinarlo. Además, el término “en lugar visible” resulta ambiguo e indefinido, ya que no se especifica con claridad qué se considera un lugar visible. Del mismo modo, incluso si se recurre a la definición jurídica de “estrado”, la norma no establece de manera precisa el sitio exacto donde deben colocarse los elementos correspondientes. Lo mismo sucede con el segundo supuesto, “lugar visible”, pues la norma no expresa con claridad qué puede ser un lugar visible, de manera que carece de razón el Tribunal Colegiado.

• Por otro lado, el Tribunal Colegiado no se pronunció sobre la tesis citada en el concepto de violación de rubro “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y HORARIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES DE SERVICIOS E INDUSTRIALES DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, AL NO PRECISAR EL ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LAS EXPRESIONES “VECINOS DEL LUGAR” Y “VECINOS AFECTADOS” Y DEJAR AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD SU DETERMINACIÓN PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004)." que contempló un problema jurídico similar y que resulta, por analogía, aplicable al caso, y no así la tesis citada por el Tribunal Colegiado de rubro “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR.”, ya que no se trata de definir conceptos, sino de precisar sitios o lugares, sino que en el caso ello pueda obtenerse de la norma impugnada.

• Resulta errónea la apreciación del Tribunal Colegiado en cuanto a que no hay confusión entre la aplicación de las fracciones II y III del precepto impugnado. Si bien la fracción II se refiere a la notificación por rotulón y la fracción III, en su primer párrafo, se refiere a la notificación por edicto, esa misma fracción III, en su párrafo segundo, trata de las notificaciones distintas a las de la fracción I, y señala que el rotulón se fijará en lugar visible de las oficinas de las Unidades Administrativas de la Secretaría, de modo que es incorrecto que la fracción III se refiera a la notificación por edictos, pues ello sería sólo en el primer párrafo, pero en los párrafos segundo, tercero y cuarto se refiere a la notificación por rotulón.

• En cuanto a la consideración del Tribunal Colegiado, donde señaló que las manifestaciones de la inconforme intentaban demostrar la inconstitucionalidad del precepto con base en una circunstancia hipotética, dicha afirmación es incorrecta, ya que carece de la debida motivación y fundamentación legal. Esto se debe a que los argumentos no hacen referencia a una “circunstancia hipotética”, sino que derivan de la argumentación presentada por la autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen. En dicha argumentación, se mencionaron supuestas razones relacionadas con la “colocación” y el “retiro” del rotulón de una resolución, a pesar de que la norma impugnada no contempla expresamente dicha previsión. En todo caso, la norma solo hace referencia a la fijación o colocación, pero no al retiro.

• Si bien la circunstancia anterior de las supuestas razones de colocación y retiro en la pretendida notificación alegada por la autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen no formarían en estricto sentido materia del examen de la constitucionalidad de la norma, se hace alusión a ello sólo a manera de ilustración de que no se trata de circunstancias hipotéticas. Pero aun prescindiendo de lo anterior, no se trata de circunstancias hipotéticas: el vacío legal de la norma en cuanto a la temporalidad o permanencia de la notificación en el rotulón o tabla de avisos o estrados, es lo que propicia su inconstitucionalidad, pues deja al arbitrio de las autoridades administrativas aplicadoras el lapso en que esa notificación o documento estaría allí disponible, con la consecuente inseguridad jurídica para el gobernado de tener que acudir y coincidir en un día a la oficina de la Dependencia para consultar ese documento, y si no acude en esos precisos días, pese a tener derecho de enterarse y ser notificado, no podría notificarse, pues la autoridad y habría retirado la razón, documento o notificación de los estrados o rotulón.

• SEGUNDO. La sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado es violatoria de los artículos 74, fracciones I, II, IV y 75 de la ley de Amparo. Ello, ya que no se hace una fijación clara y precisa del acto reclamado, ni se hace un análisis sistemático de la totalidad de los conceptos de violación, y por tanto, son incorrectas y carentes de apoyo legal las consideraciones para negar el amparo, todo ello en lo concerniente al planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 167 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• En la demanda de amparo, dentro del planteamiento de inconstitucionalidad de la ley, hubo una porción respecto de la cual el Tribunal Colegiado fue totalmente omiso en pronunciarse, y es la relativa a la falta de previsión legal de difusión o de acceso a internet para las notificaciones.

• Esta herramienta (el internet), proporciona accesibilidad, funcionalidad, certeza y seguridad en materia de notificaciones, evitando al gobernado la carga de acudir diariamente a las Oficinas de la Dependencia Administrativa de que se trate a consultar los “Estrados” “Rotulones” “Tablas de Avisos” “Listado de Acuerdos o R

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33514-3d3ce169/notificacion-por-rotulon-prevista-en-el-articulo-167 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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