RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5052/2018. VÍCTOR VALLEJO RÍOS Y OTROS. 23 DE ENERO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: SULEIMAN MERAZ ORTIZ Y KARLA GABRIELA CAMEY RUEDA.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la vigente Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 9/2015 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable, en lo conducente, y puntos primero y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal. Lo anterior, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que sea necesaria la intervención del Pleno.
7. SEGUNDO.—Legitimación y oportunidad. El recurso fue interpuesto por los quejosos en el juicio de amparo, por lo que están legitimados para ello.
8. Por su parte, la revisión adhesiva fue interpuesta por Filemón Vargas Delgadillo, tercero interesado en el juicio de amparo **********; de ahí que, en términos de lo dispuesto en el artículo numeral 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, se encuentra legitimado para interponer el presente medio de impugnación.
9. Asimismo, fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, porque la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa el veintidós de junio de dos mil dieciocho,(1) misma que surtió efectos el día hábil siguiente, que fue el veinticinco del mismo mes y año. En consecuencia, el término de diez días señalado en el artículo de mérito, transcurrió del veintiséis de junio al nueve de julio de dos mil dieciocho, excluyéndose los días treinta de junio; uno, siete y ocho de julio, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la citada Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
10. En esas condiciones, al haber sido presentado el escrito de agravios el nueve de julio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito,(2) es de concluirse que fue interpuesto oportunamente.
11. Del mismo modo, el recurso de revisión adhesiva se interpuso oportunamente, ya que se presentó el ocho de agosto de dos mil dieciocho,(3) esto es, incluso antes de empezar a correr el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene que fue hecho valer de forma oportuna.
12. Ilustra lo anterior, la tesis de esta Primera Sala 1a. CCXXXI/2016, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA AÚN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL."
13. TERCERO.—Cuestiones necesarias para resolver. Antes de determinar la procedencia del recurso que nos ocupa, es necesario conocer los antecedentes más relevantes del caso.
I. Hechos.
La acusación se hizo consistir en que el diecisiete de marzo de dos mil doce, entre las quince y las veintitrés horas, los quejosos Víctor Vallejo Ríos, José Luis y Juan Carlos, ambos de apellidos Vallejo Cruz, quitaron la puerta de acceso del domicilio de la víctima Filemón Vargas Delgadillo, ubicado en la avenida **********, colonia **********, ciudad **********, Estado de México, y pusieron una barda impidiéndole el acceso a una fracción del predio en cita.
Cuando se percató de ello, la víctima tocó en el domicilio de los acusados, quienes se asomaron por la azotea de la casa de Filemón Vargas Delgadillo y le gritaron "ya sácate a chingar a tu madre, hasta que pudimos quitarte la casa, el licenciado ********** nos dijo que nos metiéramos que no había pedo, sácate a chingar a tu madre porque no te vamos a regresar nada".
II. Primera instancia.
El veinte de enero de dos mil diecisiete, el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, dictó sentencia en contra de los quejosos, al considerarlos penalmente responsables en la comisión del delito de despojo, por lo que se les impuso una pena de prisión de ********** años.
III. Segunda instancia.
Inconformes con esa resolución, los quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual resolvió el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
IV. Juicio de amparo ********** (primer juicio de amparo).
Los quejosos promovieron juicio de amparo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dictó sentencia el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de conceder el amparo solicitado para que la autoridad responsable dejará insubsistente la resolución impugnada y recabara de manera oficiosa las videograbaciones, debidamente certificadas, correspondientes a las etapas intermedia y juicio oral, verificando si existió alguna violación procesal que trascendiera en el sentido de la resolución.
Lo anterior, pues observó que al resolver el recurso de apelación la Sala responsable no tuvo a la vista las videograbaciones que le fueron remitidas relativas a la audiencia intermedia y juicio oral en disco versátil digital debidamente certificado, toda vez que el Juez de la causa no las remitió cumpliendo con ese requisito legal.
V. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
La autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada e informó al órgano colegiado que por auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, solicitó al Juez de origen copia certificada de las videograbaciones certificadas de las audiencias desahogadas en etapa intermedia y en etapa de juicio.
El treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictó una nueva resolución en la que confirmó la sentencia condenatoria, al resultar infundados los agravios expuestos por los sentenciados.
VI. Juicio de amparo ********** (segundo juicio de amparo).
Inconformes con la anterior resolución, los quejosos promovieron un nuevo juicio de amparo, en el que formularon los siguientes argumentos de disenso:
- Se vulneró su derecho humano al debido proceso, al haberse transgredido las formalidades esenciales del procedimiento, pues desde el auto de apertura a juicio oral el proceso fue llevado por un juzgador, y a partir del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la continuación de la audiencia intermedia se verificó por diverso Juez, lo que atenta contra el principio de inmediación.
- Además, el último juzgador que conoció del asunto no se impuso de la totalidad de las pruebas ofertadas en el juicio, lo que es fundamental para la correcta valoración de la información aportada por las partes.
- Aducen que quien debió resolver el proceso fue el primer Juez, pues tuvo conocimiento de la mayor parte de los medios de pruebas incorporados a juicio.
- Por otro lado, alegaron violación al artículo 371 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues previo a verter su declaración, la testigo **********, se encontraba en la sala de audiencias, por lo que su deposado estaba viciado, al haber presenciado el desfile probatorio de la fiscalía, razón por la cual solicitaron se repusiera el procedimiento.
- Señalaron que la autoridad responsable ordenó privarlos de la libertad, pagar una multa y entregar una fracción del inmueble que es de su propiedad a un sujeto que dice ser víctima, pero no acreditó su calidad de legítimo propietario o poseedor del bien.
- Además, se limitó a tomar en cuenta las pruebas de cargo y no las de descargo, lo que resultó violatorio del principio in dubio pro reo y de debido proceso.
- El material probatorio no es suficiente para tener por acreditado el delito de despojo, por ello, la Sala debió atender lo declarado por los quejosos, pues no se puede despojar a quien nunca ha tenido la propiedad ni la posesión de un inmueble.
- En ese sentido, no se debió considerar el contrato de compraventa de quince de septiembre de dos mil seis, título con el que supuestamente el hoy tercero interesado se ostentó como propietario del bien, toda vez que el representante social se desistió de esa documental; y no obstante lo anterior, dicho medio de convicción fue tomado en cuenta por la autoridad responsable.
- Asimismo, el contrato de referencia no es un título legítimo que acredite la propiedad de un determinado inmueble, al no reunir los requisitos de existencia y de validez exigidos por la legislación civil, entre ellos, la solemnidad, ya que el mismo no fue celebrado ante notario público.
- Se violaron sus derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica, al tener por acreditada la posesión a título de propietario de la víctima, de conformidad con el acta pormenorizada de inspección ministerial de documentos, incorporada a juicio mediante lectura.
- Lo anterior, resultó violatorio del sistema penal acusatorio, ya que los quejosos no estuvieron en posibilidad de controvertirlos y, a pesar de ello, la responsable le concedió eficacia probatoria plena.
- El tribunal del conocimiento soslayó el contenido del dictamen pericial en materia de arquitectura y topografía que, de manera categórica y contundente estableció en sus conclusiones que el inmueble materia de su pericia contaba con una sola clave catastral y que el mismo no es susceptible de fraccionar, lo cual no fue desvirtuado por la representación social.
- La declaración de la víctima constituye un simple indicio, al no estar corroborada con otro medio de prueba, por lo que de manera incorrecta la autoridad responsable determinó que sí se encontraba adminiculada con los deposados de otros testigos, quienes, además, presentaban diversas contradicciones.
- No existen elementos suficientes para tener por acreditado el elemento normativo ajeneidad del delito de despojo.
- Se violentó el principio in dubio pro reo al tener por acreditada la responsabilidad de los quejosos, aún ante la ausencia de medios probatorios que permitieran su incriminación.
14. Resolución del Tribunal Colegiado.
- Realizó una revisión a las videograbaciones que integran el juicio, y advirtió la existencia de una posible violación al principio de inmediación procesal, en virtud de que durante la secuela procesal el juzgador fue sustituido en una ocasión, lo que estimó podría dar lugar a que se vulnere el debido proceso.
- Sin embargo, consideró que esa circunstancia no necesariamente daba lugar a nulificar todo el juicio y ordenar su reposición ante un diverso juzgador para que íntegramente presenciara el desahogo de pruebas, pues en casos excepcionales, como el presente, esa situación no ameritaba tal determinación, ya que ello podría resultar de mayor perjuicio para la adecuada defensa.
- Por ello, refirió que era menester analizar en cada caso la conveniencia de ordenar esa reposición de juicio, o bien, construir una excepción al principio de inmediación que permita cumplir con el postulado de justicia pronta y expedita.
- En ese contexto, en casos como el que nos ocupa, nulificar el juicio y ordenar su reposición a partir del auto de apertura redundaría en un injustificado retraso en el dictado de la sentencia en detrimento del derecho humano de los quejosos a una justicia pronta, dado que las pruebas desahogadas resultaron contundentes para tener por demostrada la existencia del delito y la responsabilidad penal que les corresponde, sin que les asista alguna excluyente.
- En consecuencia, el tribunal consideró que se debía seguir las propuestas metodológicas de ponderación de la doctrina, mismas que indican que, a fin de decidir qué derecho o principio debe prevalecer sobre otro, es factible aplicar la "ley de la ponderación", que postula, en esencia, que "cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro."
- Así, de acuerdo con tal postulado, la ponderación puede dividirse en tres "pasos" o "escalones". El primero se trata del grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios. A éste sigue, en el segundo, la determinación de la importancia de satisfacción del principio contrario. Por último, en el tercer nivel, se determina si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la no satisfacción o restricción del otro principio.
- En consecuencia, refirió que, en el caso concreto, respecto al primer nivel (grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios), cambiar a un Juez Oral sin que haya presenciado el desahogo de todas las pruebas y luego sea un diverso juzgador el que finalice la audiencia de debate (desahogo de las pruebas restantes), y sea éste o incluso un tercero (que no presenció el desahogo de ninguna prueba), quien dicte la sentencia, es una infracción al principio de inmediación, que puede considerarse como rasgo distintivo del sistema penal acusatorio frente al sistema mixto o inquisitivo.
- En relación con el segundo elemento del modelo (determinación de la importancia de la satisfacción del principio contrario), consideró que debía destacarse que el principio de justicia pronta y expedita, en sentido general, reviste una importancia primordial en todo tipo de procesos sin importar la materia, dado que protege a los que acuden a la instancia jurisdiccional, a fin de que su situación jurídica se resuelva en definitiva en el tiempo más breve, esto es, dentro de los plazos que establece la normativa aplicable a cada asunto, pues las partes procesales tienen derecho a saber cuál es la decisión del caso sin dilaciones indebidas.
- El tercer nivel (se determina si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la no satisfacción o restricción del otro principio), en el supuesto de enfrentamiento entre el principio de inmediación y el derecho humano a una justicia pronta y expedita, no es posible establecer un criterio generalizado, pues, en cada asunto, debe realizarse esta ponderación para determinar cuál principio debe prevalecer, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto.
- En ese orden, refirió que en el juicio de origen se desahogaron las pruebas del agente del Ministerio Público y las propuestas por la defensa, mismas que fueron valoradas en el acto reclamado; de las cuales algunas fueron desahogadas ante dos Jueces distintos, mismas que detalló.
- Observó que el Juez ********** conoció del juicio desde el dieciséis de junio de dos mil catorce hasta el nueve de agosto de dos mil dieciséis, lapso en el que se llevaron a cabo diversas actuaciones como el inicio al juicio oral; la formulación de los alegatos de apertura; y se recabaron diversos testimonios.
- Posteriormente, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, continuó la audiencia de juicio el diverso juzgador de juicio oral **********; quien, por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, sustituyó a su homólogo **********; y, presidió las diligencias hasta el veinte de enero de dos mil diecisiete; entre las cuales decretó el cierre de la fase probatoria, celebró los alegatos de clausura y emitió la sentencia de primera instancia.
- Observó que al registrarse el cambio de juzgador, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, a lo que la defensa privada de los quejosos solicitó que el anterior juzgador siguiera conociendo del asunto en razón de que ya había transcurrido más de un año, y ante él se habían desahogado diversos medios de prueba, aunado a que faltaban aproximadamente tres audiencias para concluir con el desfile probatorio.
- A lo cual, el Juez de juicio oral contestó que el anterior juzgador fue adscrito a otro distrito judicial por cuestiones de servicio decretadas por el Tribunal Superior de Justicia Estatal, por lo que era imposible que éste continuara conociendo del asunto.
- En ese sentido, el órgano colegiado declaró fundado pero inoperante el concepto de violación relativo a la transgresión al principio de inmediación, pues la sustitución del juzgador en muchas ocasiones obedece a un cambio de adscripción autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado, es decir, que el Juez de juicio oral conserva esa calidad, pero es asignado para ejercerla en otro Distrito Judicial de esta entidad federativa, por lo que en el caso concreto, aun cuando quedó justificada la sustitución del anterior juzgador, ello se tradujo en una transgresión al principio de inmediación.
- Sin embargo, determinó que la repetición del juicio en un caso como el presente, redundaría únicamente en un injustificado retraso en la solución del asunto, porque reunir nuevamente todos los órganos de prueba que acudieron a la audiencia de debate implicaría una gran dificultad material, máxime por el tiempo que ha transcurrido desde entonces a la fecha, el sentido del fallo no cambiaría dado el contenido de tales medios de convicción, por lo que la nulidad del juicio y su nueva celebración únicamente retardaría la emisión del fallo definitivo.
- En consecuencia, consideró que en el caso podía darse una excepción al principio de inmediación y hacer prevalecer sobre éste el derecho humano a una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal.
- Además, señaló que el Juez de juicio oral en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, expresamente manifestó que se impondría de todas y cada una de las actuaciones para resolver el asunto conforme a derecho correspondiera.
- De ahí que estimó que no les asistía razón a los quejosos cuando alegaron que el a quo no se impuso de la totalidad de los órganos de prueba.
- Por otro lado, manifestó que no resultaban aplicables los criterios «XVII.2o.P.A.4 P (10a.), XIII.P.A.8 P (10a.) y XIII.P.A.5 P (10a.)», contenidos en la demanda de amparo, de rubros: "AUDIENCIAS DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI NO SE CELEBRAN POR EL MISMO JUEZ DE GARANTÍA, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", "INMEDIACIÓN. EL HECHO DE QUE UN JUEZ DE GARANTÍA DIVERSO AL QUE INICIÓ LA AUDIENCIA PRIVADA DE SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN EMITA EL MANDATO DE CAPTURA Y PARA ESTE FIN ÚNICAMENTE SE IMPONGA DE LAS VIDEOGRABACIONES RESPECTIVAS, VIOLA DICHO PRINCIPIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA)." e "INMEDIACIÓN. LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO POR UN JUEZ DE GARANTÍA DISTINTO AL QUE CELEBRÓ LA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, VIOLA DICHO PRINCIPIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL EN EL ESTADO DE OAXACA)."
- Ello, porque tales criterios eran aplicables en la etapa de investigación tratándose de la solicitud de orden de aprehensión, formulación de la imputación y vinculación a proceso, tramitadas ante el Juez de Control y, en el caso, las audiencias fueron precedidas ante un Juez de Juicio Oral en una etapa distinta, por lo que esas tesis se refieren a momentos procesales diferentes; de ahí, que no puedan ser valoradas en el presente asunto.
- Una vez sentado lo anterior, procedió a realizar la valoración de las pruebas que obraban en la causa, que consideró aptas y suficientes para acreditar el hecho delictuoso atribuido a los quejosos; así como la plena responsabilidad en su comisión.
15. Agravios de la parte quejosa.
- El Tribunal Colegiado realizó una interpretación errónea del artículo 20, fracción II, apartado A, constitucional, en específico, respecto del conflicto de principios constitucionales entre el de inmediación y el derecho humano a la justicia expedita, porque la única forma de subsanar la violación acontecida lo era anular el juicio completo y ordenar su repetición a partir del auto de apertura a juicio oral.
- En efecto, en la sentencia recurrida se estableció que el derecho a una justicia pronta y expedita debe prevalecer respecto del principio de inmediación, ya que resultaría estéril ordenar la nulidad del juicio y su repetición a partir del auto de apertura al juicio oral, en atención a que la repetición del mismo, conduciría al mismo punto.
- Señalan los recurrentes que de aceptarse dicha aseveración se pondría en riesgo la protección constitucional al principio de inmediación, pues si bien de ordenarse la reposición del procedimiento, existe la posibilidad de tener por acreditada su participación en el hecho delictivo, también lo es que los medios de prueba incorporados en el juicio pueden resultar ineficaces y, por lo tanto, insuficientes para sostener una sentencia de condena.
16. Agravios de la parte tercero interesada.
- Aduce que el recurso principal es improcedente, porque en el caso no subsiste una cuestión propiamente constitucional que deba ser analizada por este Máximo Tribunal.
- Refiere los argumentos expresados por el Tribunal Colegiado en torno al principio de inmediación, motivo por el que solicita el desechamiento del recurso hecho valer por los quejosos.
17. CUARTO.—Análisis de la procedencia del recurso. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los Acuerdos Generales del Pleno.
18. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
a) El Tribunal Colegiado de Circuito resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
b) El problema de constitucionalidad, señalado en el inciso anterior, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales del Pleno.
19. Al respecto, el punto primero del Acuerdo General Número 9/2015, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, señala:
"Primero. El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, constitucional, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes:
"a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y
"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia."
"Segundo. Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
"También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación."
20. En términos del punto segundo del acuerdo mencionado se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
21. Adicionalmente, se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida, pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
22. Atento a lo anterior, en el presente caso, sí se cumplen los requisitos del inciso a) para la procedencia del recurso, únicamente en relación con el siguiente aspecto.
23. El Tribunal Colegiado realizó una interpretación del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, en relación con el principio de inmediación que rige en el proceso penal acusatorio, al estimar que dicho principio se violenta en contra del imputado, si el Juez del proceso es cambiado de adscripción, y uno diverso desahoga el resto del material probatorio y dicta sentencia definitiva, empero, en el caso particular, al realizar un ejercicio de ponderación estimó que causa mayor perjuicio a los quejosos reponer todo el procedimiento, pues con el fin de preservar el derecho a la pronta administración de justicia, determinó que debía prevalecer éste sobre el principio de inmediación, toda vez que se generarían mayores perjuicios con la reposición del procedimiento; consideraciones que son controvertidas por la parte recurrente en el escrito que dio origen al presente recurso.
24. De lo anterior es dable concluir que subsiste una cuestión propiamente constitucional, relativa a los alcances que debe tener el principio de inmediación que impera en el proceso penal acusatorio, especialmente, sobre si puede darse una excepción a éste para que prevalezca el derecho humano a una justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional.
25. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito de importancia y trascendencia exigido en el Acuerdo General Plenario Número 9/2015, en tanto que el pronunciamiento del Tribunal Colegiado puede implicar el desconocimiento de la jurisprudencia 1a./J. 59/2018 (10a.), de esta Primera Sala, de rubro y texto:
"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE JUICIO. En el procedimiento penal, la verificación de los hechos que las partes sostienen conlleva una serie de exigencias que son indiscutibles, entre las que se encuentra el respeto al principio de inmediación, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Ahora bien, la observancia del invocado principio se encuentra íntimamente conectado con el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, pues en la medida en que se garantiza no sólo el contacto directo que el Juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso, para que perciba –sin intermediarios– toda la información que surja de las pruebas personales, sino que también se asegure que el Juez que interviene en la producción probatoria sea el que emita el fallo del asunto, se condiciona la existencia de prueba de cargo válida. De ahí que la sentencia condenatoria emitida por un Juez distinto al que intervino en la producción de las pruebas constituye una infracción al principio de inmediación en la etapa de juicio, que se traduce en una falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual irremediablemente conduce a la reposición del procedimiento, esto es, a que se repita la audiencia de juicio, porque sin inmediación la sentencia carece de fiabilidad, en tanto que no se habrá garantizado la debida formación de la prueba y, por ende, no habrá bases para considerar que el Juez dispuso de pruebas de cargo válidas para emitir su sentencia de condena."(4)
26. No pasa inadvertido que a la fecha de la emisión de la sentencia recurrida (catorce de junio de dos mil dieciocho), la tesis referida se trataba de un criterio aislado; sin embargo, toda vez que el nueve de noviembre de dos mil dieciocho se publicó en el Semanario Judicial de la Federación con carácter de jurisprudencia, procede realizar el análisis de lo resuelto por el tribunal.
27. Atento a lo expuesto, en el presente asunto se cumplen los criterios para la procedencia del recurso de revisión, en tanto que del análisis de la sentencia recurrida se advierte un tema que comprend
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28679-acece133/recurso-de-revision-adhesiva-su-interposicion-es-oportuna · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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