PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. PARA GARANTIZAR SU EFICACIA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO, EL JUEZ QUE DIRIGE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE SER EL QUE DICTE LA SENTENCIA, SIN DAR MARGEN A RETRASOS INDEBIDOS. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE JUICIO. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO.
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. PARA GARANTIZAR SU EFICACIA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO, EL JUEZ QUE DIRIGE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE SER EL QUE DICTE LA SENTENCIA, SIN DAR MARGEN A RETRASOS INDEBIDOS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 492/2017. 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO ALBERTO DÍAZ CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso se interpuso en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado en amparo directo, cuya resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Oportunidad del recurso. El recurso es oportuno porque se interpuso en el séptimo día del plazo de diez, con que se contaba para hacerlo.
En efecto, a los quejosos se les notificó personalmente la sentencia recurrida el cinco de enero de dos mil diecisiete,9 comunicación que surtió efectos el día hábil siguiente (seis de enero), por lo que el plazo de diez días para la interposición del presente recurso corrió del nueve al veinte de enero del mismo año (sin contar catorce y quince de enero, por corresponder a sábado y domingo), en tanto que el recurso se interpuso el diecisiete de enero.
TERCERO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A fin de facilitar la comprensión del asunto, enseguida se sintetizarán los conceptos de violación, las consideraciones del Tribunal Colegiado y los agravios que formularon los recurrentes.
I. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, los quejosos expusieron, en esencia, los siguientes:
• Afirmaron que existió violación al principio de inmediación procesal, en virtud de que se cambió al Juez de juicio oral, toda vez que, hasta el veintitrés de febrero de dos mil quince, el Juez Ernesto Montoya Valdez presidía las audiencias y fue en la de diez de marzo de dos mil quince que entró a conocer del asunto el Juez Alberto Cervantes Juárez, por lo cual consideran que la percepción del valor de los elementos de prueba no fue la misma.
• En los restantes conceptos de violación, los planteamientos formulados por los quejosos se refieren a cuestiones vinculadas con la valoración de las pruebas de cargo y de descargo, así como con la suficiencia de pruebas para demostrar el delito y la responsabilidad penal que se les atribuye.
II. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado negó el amparo, con base en las siguientes consideraciones:
Violaciones procesales
Es fundado, pero inoperante, el argumento de los quejosos contenido en el concepto de violación f), porque la sustitución del juzgador durante la secuela del juicio oral puede dar lugar a que se registre una violación al principio de inmediación y, con ello, se vulnere el debido proceso; sin embargo, no necesariamente esa circunstancia debe dar lugar a nulificar todo el juicio y ordenar su repetición ante un diverso juzgador que íntegramente presencie el desahogo de pruebas, pues, en casos excepcionales, como el presente, esa situación no amerita esa determinación, que en algunos casos pudiera resultar de mayor perjuicio para la adecuada defensa.
Adujo que, en casos como el presente, nulificar el juicio y ordenar su reposición a partir del auto de apertura redundaría en un injustificado retraso en el dictado de la sentencia, en detrimento del derecho humano de los quejosos a una justicia pronta, dado que las pruebas desahogadas resultan contundentes para tener por demostrada la existencia del delito y la responsabilidad penal que les corresponde, sin que les asista alguna excluyente, ni se observa vulneración de derechos en el tema de individualización e imposición de las penas.
Realizó consideraciones sobre el principio de inmediación que rige en el nuevo sistema de justicia penal, a raíz de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en que se estableció como un elemento del debido proceso, contemplado en el proemio del artículo 20 y apartado A, fracción II, de la Constitución Federal.
Precisó que, en el presente caso, la sustitución del Juez no obedece a que éste haya "delegado" sus funciones de juzgador en otra persona no facultada para ello, sino que se debe a la decisión de un órgano administrativo con autoridad sobre los Jueces de Control y de Juicio Oral, como es el Consejo de la Judicatura del Estado de México. Por lo que es indudable, que en ese supuesto, puede verse comprometida la inmediación, pues el juzgador que emite la sentencia no habría presenciado el desahogo de las pruebas o lo habría hecho parcialmente, pero, a diferencia del supuesto hipotético de que el Juez delegara en un subordinado la función jurisdiccional (en que invariablemente tendría que declararse la nulidad del juicio), en el caso que nos ocupa, quien dicta el fallo es también un Juez investido de facultades legales para pronunciar sentencia.
Advirtió que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (ley que rige el acto reclamado) no aporta una respuesta, así como tampoco la Constitución Federal; por ello, es necesario que, a partir del entendimiento del principio de inmediación y su transcendencia e importancia en el sistema penal acusatorio mexicano, así como su relevancia probatoria en el juicio oral, sea construida una respuesta a esa inquietud, pues los caminos pueden bifurcarse en dos posturas.
La violación al principio de inmediación que rige en el proceso penal acusatorio, por regla general, tiene como consecuencia la nulidad del juicio oral a efecto de que se realice nuevamente el desahogo de pruebas por un mismo juzgador y sea éste el que dicte sentencia, lo que evidentemente genera un retraso en la decisión definitiva.
En el juicio de origen se desahogaron las pruebas del agente del Ministerio Público y las propuestas por la defensa, mismas que fueron valoradas en el acto reclamado. De las cuales, algunas fueron desahogadas ante un Juez y las restantes en audiencia presidida por otro.
Concluido el desahogo probatorio, el Juez Alberto Cervantes Juárez dictó la sentencia de primera instancia el diez de junio de dos mil quince, con base en las tres pruebas desahogadas ante su presencia y el material probatorio recibido por su antecesor, de lo cual existen las respectivas videograbaciones. Al registrarse el cambio del juzgador, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que realizaran algún pronunciamiento; de donde es posible concluir que no tuvieron inconveniente en ese momento, incluidos los acusados, ahora quejosos, en que fuera otro juzgador quien continuara con la secuela del juicio.
Consideró que la repetición del juicio, en un caso como el presente, redundaría únicamente en un injustificado retraso en la solución del asunto, pues amén de que reunir nuevamente a todos los órganos de prueba que acudieron a la audiencia de debate implicaría una gran dificultad material, máxime por el tiempo que ha transcurrido desde entonces a la fecha, el sentido del fallo no cambiaría, dado el contenido de tales medios de convicción, por lo que la nulidad del juicio y su nueva celebración únicamente retardaría la emisión del fallo definitivo; en consecuencia, en el presente caso, puede darse una excepción al principio de inmediación y hacer prevalecer sobre éste el derecho humano a una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional.
En este punto, en torno a si existe o no una vulneración de los derechos fundamentales de los quejosos, al haberse sustituido al Juez de juicio oral antes del dictado de la sentencia, los integrantes del Pleno del Tribunal Colegiado lograron una votación mayoritaria de los Magistrados Jorge Arturo Sánchez Jiménez y Miguel Enrique Sánchez Frías, quienes coinciden en que sí se actualizó tal violación, en contra del voto del Magistrado Fernando Alberto Casasola Mendoza, quien considera que, a pesar de la sustitución de Jueces detectada, no se actualiza violación procesal alguna, por lo que procederá a asentar, en el correspondiente voto, las razones de su disidencia.
En cuanto a la trascendencia de la violación detectada, la votación se dividió en cuanto a los efectos de ésta, pues el Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías estimó que la consecuencia de dicha vulneración de derechos debe ser la reposición total del juicio, los Magistrados Jorge Arturo Sánchez Jiménez y Fernando Alberto Casasola Mendoza, cada uno por las razones que expuso, consideraron que no existe impedimento para entrar a estudiar el fondo del asunto; es decir, en cuanto a ese tópico, existe decisión de mayoría, por lo que el primero de los nombrados procedería a expresar las razones de su desacuerdo en el respectivo voto, no obstante quedar vinculado a pronunciarse en el fondo del asunto, por el sentido de la votación mayoritaria.
Con base en lo expuesto, no obstante que existe mayoría de votos en cuanto a que sí se registra la violación detectada, también por mayoría se estimó posible afirmar que la misma no trasciende al resultado del fallo, como lo exige la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo que se hizo innecesario ordenar la reposición del procedimiento y se entró al estudio de fondo.
Estudio de fondo del asunto
El Tribunal Colegiado sostuvo que la revisión realizada, en cuanto al fondo del fallo reclamado, revela que el mismo no resulta violatorio de los derechos humanos de los quejosos, por lo que el resto de los conceptos de violación que expresaron en su demanda devienen infundados: aquellos que tienen que ver con la valoración de pruebas y con la demostración del delito y la responsabilidad penal de los quejosos en su comisión.
III. Agravios. El recurrente expresó con ese carácter, en esencia, los siguientes:
• Es inexacta la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado respecto al principio de inmediación, con base en la cual se consideró legal la actuación del tribunal de enjuiciamiento.
• El tribunal de amparo interpretó inadecuadamente el artículo 20, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Federal, en su vertiente de defensa adecuada, puesto que otorgó un valor probatorio excesivo a distintos elementos de prueba de cargo.
CUARTO.—Procedencia del recurso. Por tratarse de una cuestión de estudio preferente, antes de pronunciarse sobre los argumentos hechos valer por los recurrentes, es necesario examinar si el asunto reúne los requisitos necesarios para estimar que el recurso es procedente.
Veamos. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se desprende que, por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo son inatacables; sin embargo, excepcionalmente, dichas resoluciones serán susceptibles de impugnarse mediante el recurso de revisión, si se satisfacen dos exigencias.
Primera exigencia. Que en la resolución se actualice alguno de los siguientes supuestos: i) se decida sobre la inconstitucionalidad de una ley; ii) se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México sea parte; o bien, iii) en dicha sentencia se omita el estudio de tales cuestiones cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
Segunda exigencia. Adicionalmente, se requiere que la cuestión de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.
Esos requisitos de procedencia, además, han sido desarrollados normativamente por el Acuerdo General Plenario Número 9/2015, en cuyo punto segundo se detallan los supuestos en que se entenderá que un amparo directo en revisión reviste importancia y trascendencia. Tales supuestos toman en cuenta la posibilidad de que, a través de su resolución, se emita un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o bien que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sustentado por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
Reunidos los requisitos apuntados, la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.10
Con esas bases, el recurso de revisión que ahora se analiza reúne los requisitos de procedencia señalados, dado que en la demanda de amparo, los aquí recurrentes, expusieron que se vulneró el principio de inmediación que rige al proceso penal acusatorio y oral, esencialmente porque el Juez que emitió la sentencia no fue el mismo que intervino en la recepción de las pruebas.
En respuesta, el Tribunal Colegiado determinó que sí ocurrió la violación alegada; sin embargo, decidió que no trascendió al resultado del fallo, razón por la cual, consideró innecesario ordenar la reposición del procedimiento. Y, ahora en agravios, los recurrentes controvierten la interpretación que el tribunal de amparo asignó al principio de inmediación previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal.
Ante tal panorama, es dable concluir que subsiste una cuestión propiamente constitucional, toda vez que en el fondo deberá examinarse la corrección de la interpretación que el Tribunal Colegiado asignó al principio constitucional de inmediación, que rige al nuevo proceso penal acusatorio, adversarial y oral.
Problemática que, a criterio de esta Primera Sala, también reúne los requisitos de importancia y trascendencia, porque con su resolución podría surgir un pronunciamiento novedoso, ya que sobre el referido tema no existe jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal.
QUINTO.—Estudio y decisión. La materia del recurso consiste en determinar los componentes del principio de inmediación, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, y la consecuencia que debe asignarse cuando se le vulnera en la etapa de juicio oral. En ese sentido, esta Primera Sala determina que, en suplencia de la queja deficiente, es fundado el agravio formulado por los recurrentes.
Para justificar la conclusión apuntada, el desarrollo del estudio se estructurará de la siguiente manera: 1) en principio, se expondrán las características que la doctrina asigna al principio de inmediación; 2) luego, se mostrará el alcance de la inmediación en la jurisprudencia de otros países; 3) enseguida, esta Primera Sala determinará los componentes del principio de inmediación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y las consecuencias a su infracción en la etapa de juicio oral; y, 4) por último, se abordará el caso concreto.
1) La inmediación en la doctrina
Desde este enfoque, se suele diferenciar entre una inmediación general, que sólo exige la presencia judicial en las actuaciones que se desarrollan en el proceso, y la inmediación en sentido estricto, que requiere que sea precisamente el Juez que dicta la sentencia el que haya estado presente en las actuaciones judiciales. Los dos tipos de inmediación responden a dos finalidades que permite calificar a este principio como una auténtica garantía procesal.
La primera, presencia judicial, responde al propósito de garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones: el Juez, al estar presente en la audiencia, supervisa que se hagan efectivos, por ejemplo, los derechos de defensa, de igualdad de armas, el principio de audiencia; es decir, aporta al proceso la confianza de que se desarrolla con las garantías procesales necesarias para que no sea vulnerado el derecho fundamental a un juicio justo y, eventualmente, el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes.
La segunda finalidad, específica de la inmediación estricto sensu, es la de situar al órgano judicial en las mejores condiciones de conocer el objeto del proceso: la ausencia de intermediarios que puedan distorsionar, voluntaria o involuntariamente, lo transmitido, aporta al juzgador una posición óptima para ponderar todos los elementos y valorar correctamente, sobre todo en un sistema de libre valoración de la prueba, donde la inmediación juega un papel esencial al permitir las reglas de la sana crítica, sin influencias de intermediarios.11
Se afirma que la trascendencia de este principio sólo se manifiesta en un régimen de valoración libre de la prueba, pues, en el sistema de prueba tasada, es el legislador el que apriorísticamente establece el valor que el tribunal debe asignar a cada uno de los medios de prueba, de modo que esa apreciación en nada se ve alterada por el hecho de que el Juez mantenga o no un contacto directo con las partes y las pruebas de la litis.
La situación es diametralmente opuesta cuando la inmediación opera dentro de un esquema de libre valoración de la prueba, pues, en este caso, la implementación del principio no sólo facilita la obtención de un óptimo resultado en la apreciación, sino que desempeña un papel central para el correcto funcionamiento del modelo.12 En este sentido, si se establece un sistema de prueba libre, necesariamente debe garantizarse la vigencia y respeto del principio de inmediación, ya que su observancia es condición imprescindible para llevar a cabo una apreciación acertada de la evidencia del proceso.
En atención a los sujetos, la inmediación envuelve a tres polos distintos: a) al órgano judicial; b) a las partes; y, c) a la opinión pública. En lo que atañe al primero, el principio de inmediación está llamado, sobre todo, a eliminar cualquier tipo de interferencia entre el tribunal y la fuente de prueba.
La inmediación también abarca a las partes por su estrecha conexión con el principio de contradicción (donde la inmediación es su presupuesto), y porque las facultades que los códigos procesales suelen asignar a las partes se ejercen mediante una relación directa con los elementos de prueba. En este sentido, las manifestaciones de la inmediación son aquellas en virtud de las cuales el Juez o tribunal recibe, personal y directamente de las partes, sus argumentos de hecho y de derecho.
Desde este enfoque, la inmediación concede a las partes la ocasión de comunicar oralmente al tribunal sus puntos de vista, en una audiencia determinada o en la misma en que se ventila toda la causa, con el propósito de que el Juez o tribunal se compenetre más acabadamente del sentido y alcance de los argumentos y pretensiones; las partes pueden, en su presencia, confrontar sus razones y a veces ajustarlas; se obtiene mayor celeridad por medio de indicaciones o preguntas que, en ciertos casos, pueden formularse, señalando a las partes las oscuridades, vacíos o contradicciones de sus planteamientos o explicaciones; se supriman o abrevien algunos puntos controvertidos por tener un alcance distinto del que suponían las partes en su enfoque unilateral. Todo ello es posible esperar de este contacto entre partes y Juez o tribunal, en comunicación oral e inmediata.
Asimismo, hay un nexo entre la inmediación y la opinión pública, en cuanto aquélla posibilita un control eficaz de la ciudadanía sobre la administración de justicia. En relación con la prueba judicial, concretamente, la publicidad se presenta como consecuencia de la contradicción e igualdad de oportunidades.
La inmediación permite que las partes conozcan las pruebas que han sido propuestas por la contraria, y desde la perspectiva del público, la vigencia de la publicidad permite a los terceros interesados tener conocimiento directo de las evidencias que se hagan valer en el juicio, observar las declaraciones, ver las fotografías y el material audiovisual, presenciar las cuestiones que se susciten en torno a su procedencia y veracidad, esto es, conocer el razonamiento que el tribunal manifieste en relación con esta prueba y las conclusiones que, gracias a ella, ha construido y que le sirven para fundar su sentencia, cumpliendo de esta forma con lo que se ha denominado el "carácter social del convencimiento judicial".13 En resumen, el principio de publicidad dota de transparencia al componente probatorio del juicio jurisdiccional, sometiéndolo a un mayor escrutinio público.
Ahora bien, la inmediación, en su estricta dimensión judicial, comprende tres facetas:
A. La percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión
En este punto, la doctrina sostiene que, si bien la inmediación es deseable por cuanto hace a las alegaciones de las partes, ello no es en todo caso imprescindible. Sostienen que aún es posible concebir un sistema eficaz si se establece que las exposiciones y pretensiones de los litigantes se formulen por escrito, o a través de otros intermediarios que las comuniquen al tribunal. Las distintas oportunidades que se pueden conceder a las partes para dar a conocer sus razones, y refutar las del adversario, han de permitir en cierto modo que el debate quede claramente planteado.
Lo que no puede admitirse, sin deterioro de la eficacia del proceso, es que se ignore la inmediación en la recepción de las pruebas personales.
Los hechos y actos jurídicos, cuando originan un proceso, son objeto de afirmación por parte de aquellos individuos a quienes afectan. Pero como el Juez es ajeno a esos hechos sobre los cuales debe pronunciarse, no puede, lógicamente, pasar por las simples afirmaciones de las partes, sino que debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones. Es menester comprobar la verdad o falsedad de esas afirmaciones, con el objeto de formar su convicción al respecto.
De manera que los Jueces, en sus sentencias deben aplicar el derecho, declarando el que debe imperar en el caso sometido a su consideración. Pero las normas de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones se refieren a situaciones o supuestos de hecho, cuya existencia real es la condición que la norma exige para que sea aplicable la consecuencia jurídica que ella misma prevé.
Los que acuden a los estrados de la justicia, como actores o demandados, como Ministerio Público o acusado, invocan en su favor los efectos de una norma jurídica que les otorgaría la pretensión alegada. Para ello, es necesario acreditar la exactitud de tales afirmaciones, es decir, será indispensable provocar en el Juez la convicción de que los hechos contenidos en la afirmación han ocurrido del modo que en ella se sostiene. Se han de probar las proposiciones para que el Juez aplique el derecho que es su consecuencia. De este modo, en su sentido procesal, la prueba es –en consecuencia– un medio de verificación de las proposiciones que las partes formulan en el juicio.14 Tiende a formar en el ánimo del Juez un estado de certeza respecto de la realidad de un hecho controvertido.
En ese sentido, si la prueba está dirigida al Juez para formar "su" convencimiento, no es posible concebir que él no intervenga personalmente en la realización de las audiencias que procuran precisamente mostrar la veracidad de los hechos que "él" deberá determinar si se acreditaron o no.
Así, con la vigencia de este principio se pretende acotar las distancias que originalmente separan a los intervinientes del proceso, de modo que sea posible la existencia de una comunicación directa entre ellos. Este contacto se produce gracias a que, en la estructura del procedimiento, se encuentra vigente el principio de oralidad y, por ende, también el de inmediación, los cuales tienen como pilar fundamental el desarrollo de audiencias, y son precisamente estas instancias las que permiten que el Juez se vincule sin intermediarios con todos los intervinientes, recibiendo de primera fuente, sin "la indecisa penumbra de las impresiones de otra persona",15 la información concerniente al caso, las alegaciones y peticiones de las partes y, por supuesto, el contenido de todas y cada una de las pruebas que se incorporen válidamente al proceso, conociendo de forma detallada, profunda y de primera mano los matices que dan forma al litigio que debe resolver.
En esta dinámica de audiencias, específicamente en cuanto a la prueba de los hechos, la expresión oral permite una mayor claridad y riqueza, pues se acompaña de una serie de elementos que habilitan para transmitir y recepcionar, de mejor manera, el mensaje que se quiere entregar, como el tono de voz, la fuerza expresiva, la prontitud de la respuesta. Un sector de la doctrina proclama que todos estos datos pueden ser de gran utilidad a la hora de valorar la información y llevar a cabo una reconstrucción más cercana de los hechos analizados, pues proporciona las condiciones óptimas para apreciar la sinceridad o credibilidad del dicho de un declarante.16
Expresamente, se apunta que al Juez le bastaría con mantener un contacto directo con el resto de los intervinientes del proceso, para adquirir un conocimiento suficiente de los hechos de la causa, lo que se manifiesta de forma más nítida respecto de las pruebas personales: declaración de partes, testigos y peritos. Así, le alcanzaría con atenerse a lo visto y oído durante el desarrollo de las declaraciones para poder decidir acerca de la credibilidad de las personas que han rendido su testimonio, pues, de acuerdo con esta postura, la inmediación lo habilita para percibir información, no sólo de contenido verbal de la declaración, sino también mediante lo manifestado por el declarante a través de su lenguaje no verbal y paraverbal, a los que el Juez de la causa tiene un acceso privilegiado, por su asistencia al acto en que se produce la prueba.
Lo anterior quiere decir que el Juez podrá constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante y que se vinculan, entre otros, con el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo (componentes paralingüísticos). El punto central de esta corriente radica en que serán estos elementos, conocidos por el Juez gracias a su inmediación con la prueba, lo que facultarán para formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, y, de esa manera, adoptar una decisión suficientemente fundada acerca de si el declarante dice la verdad o no.17
Por consiguiente, será la observación de los gestos, la actitud, la disposición y la seguridad mostrada por el testigo, parte o perito, al contestar las interrogantes que se les formulen, lo que sitúa al Juez o tribunal de primera instancia en una posición única para decidir acerca de la credibilidad y el valor probatorio de esa evidencia.18
En ese sentido, se subraya la utilidad de los actos y comportamientos que acompañan a la declaración para poder determinar la veracidad del testigo y la veracidad de lo que él ha narrado,19 gracias a que la inmediación dota al tribunal del potencial para apreciar los matices psicológicos de las pruebas de declaración de personas.20
En suma, el principio de inmediación da lugar a la percepción y ponderación de todo un conjunto de elementos paralingüísticos que permitirán al Juez formarse una impresión clara sobre las pruebas y establecer con acierto la credibilidad del declarante.21
En cambio, otro sector de la doctrina controvierte la utilidad descrita de la inmediación en el proceso de valoración de la prueba, básicamente, porque considera que pone en peligro la presencia de la racionalidad del proceso, pues asegura que al Juez no le basta con apreciar si el declarante se sonroja, titubea o se pone más nervioso de lo común al hablar, para saber con certeza si miente o dice la verdad.
Entender que las impresiones que el Juez obtiene gracias a la inmediación son suficientes per se para formarse una convicción correcta acerca de la veracidad de las pruebas no son aceptadas, pues aseguran que nadie tiene la capacidad de saber si su interlocutor le habla o no con la verdad con sólo observar sus gestos o la intensidad de sus palabras.
De manera que pretender que el Juez realice una labor de psicoanalista a partir del material no verbal y paraverbal que surge a raíz de la producción de la prueba, iría en contra de todas las investigaciones y conocimientos desarrollados por la psicología del testimonio.22 De hecho, los mismos estudios han revelado las complejidades que presentan los juicios de memoria no sólo descartan la obtención de certeza en cuanto a la veracidad o falsedad de las declaraciones presentadas por otros, sino que incluso dejan en evidencia las enormes dificultades que tienen los propios sujetos para determinar si sus relatos se corresponden o no con la forma en que realmente sucedieron los acontecimientos, dado que el recuerdo se ve afectado por una serie de factores que lo borran o modifican.
De acuerdo con esta corriente, si se aceptara que las mencionadas percepciones sólo son adquiridas por el Juez o tribunal de primera instancia, entonces también tendría que aceptarse que podría fijar los hechos y adoptar una decisión basada en criterios absolutamente subjet
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28086-298b2dea/principio-de-inmediacion-como-regla-procesal-requiere-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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