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Modo: Corpus Pro

RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO. LA EFECTUADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CLAUSURA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, NI LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, LA DEFENSA ADECUADA Y A LA IGUALDAD PROCESAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2489/2023. · Registro digital (IUS): 32313
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-05
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo II, Pág.1621.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2489/2023. 18 DE OCTUBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y NALLELI NAVA MIRANDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. El 22 de octubre de 2016, aproximadamente a las 02:30 horas, una mujer caminaba hacia su casa, en el municipio de Nombre de Municipio 1, Nombre de una Entidad Federativa, proveniente de una reunión, cuando se encontró al padre de sus hijos y todavía su esposo, a bordo de una camioneta.

Su entonces pareja le pidió que subiera al vehículo para hablar sobre sus menores hijos, por lo que ella accedió y él comenzó a conducir. Platicaron por aproximadamente 2 horas, cuando el esposo paró la camioneta, comenzó a insultar a la víctima y la apuñaló en el cuello, pecho y brazo con un picahielos, mientras le gritaba que la iba a matar.

Después de forcejear dentro de la camioneta, la pareja de la víctima detuvo la marcha frente a un hotel, por lo que la mujer aprovechó para abrir la puerta y aventarse a la avenida. A pesar de que su entonces esposo se echó en reversa e intentó atropellarla, ella logró escapar y pedir auxilio a una patrulla, pero el agresor huyó. La víctima fue trasladada a un hospital y después de varios días denunció los hechos. El 6 de septiembre de 2017, su entonces esposo fue detenido y le fue instruido un proceso penal acusatorio.

Dicha persona fue sentenciada por la comisión del delito de lesiones agravadas. Inconforme con esa condena, el esposo y la víctima interpusieron recurso de apelación en el que se ordenó la reposición parcial del procedimiento con la finalidad de que el juzgador dejara sin efecto la audiencia en la que se recibieron los alegatos de clausura, la celebrara nuevamente y continuara con los actos subsecuentes.

En cumplimiento a esa resolución, se celebró nuevamente la audiencia de alegatos de clausura, en donde el Ministerio Público expuso una reclasificación jurídica al delito de feminicidio en grado de tentativa y, posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por dicho delito. En desacuerdo con esa determinación, el sentenciado interpuso otro recurso de apelación, en el que se confirmó el fallo recurrido.

En contra de esa resolución, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que, entre otras cuestiones, alegó que el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional, porque permite que en la etapa de juicio el Ministerio Público pueda reclasificar el delito, lo que genera incertidumbre y falta de certeza jurídica en cuanto a la acusación, lo que imposibilita una defensa adecuada.

El Tribunal Colegiado que conoció el asunto negó el amparo, por lo que el sentenciado interpuso el presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2489/2023, interpuesto por el señor Persona "A" en contra de la sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente de su índice.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la regularidad constitucional del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la perspectiva de los derechos de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, contradicción, debido proceso y de defensa.(1)

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(2) El veintidós de octubre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las dos horas con treinta minutos, una mujer (la víctima de identidad reservada) caminaba sobre la calle Nombre de vialidad 1, colonia Nombre de colonia 1, en el municipio de Nombre de Municipio 1, Nombre de una Entidad Federativa, proveniente de una reunión, cuando se encontró al señor Persona "A", padre de sus hijos y en ese entonces también su esposo, a bordo de una camioneta tipo Modelo de un vehículo.

2. El señor Persona "A" le pidió que subiera al vehículo para hablar sobre sus menores hijos, por lo que ella accedió y él comenzó a conducir con dirección al municipio de Nombre de Municipio 2. Platicaron por aproximadamente dos horas y, al llegar a la calle Nombre de vialidad 2, colonia Nombre de colonia 2, en el municipio de Nombre de Municipio 1, el señor Persona "A" detuvo la camioneta, comenzó a insultar a la víctima y la apuñaló en el cuello, pecho y brazo con un picahielos, mientras le gritaba que la iba a matar.

3. Después de forcejear dentro de la camioneta, mientras circulaban sobre la carretera Nombre de vialidad 3, el señor Persona "A" detuvo la marcha a la altura de la colonia Nombre de colonia 3 frente al Nombre de un hotel, en el municipio Nombre de Municipio 1, momento que fue aprovechado por la víctima para abrir la puerta y aventarse a la avenida.

4. A pesar de que el señor Persona "A" se echó en reversa e intentó atropellarla, ella logró escapar y pedir auxilio a una patrulla, pero el agresor huyó. La víctima fue traslada a un hospital y después de varios días denunció los hechos.

5. Causa penal Segundo Número de Expediente. Se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra del señor Persona "A", ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México con el número de expediente Segundo Número de Expediente, en el que se dictó vinculación a proceso por el hecho delictuoso de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de la víctima, previsto y sancionado en los artículos 10, 59 y 281, fracción IV, párrafo segundo, del Código Penal vigente del Estado de México.(3)

6. Modificación de la clasificación típica.(4) Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del expediente Tercer Número de Expediente, modificó el auto de vinculación a proceso, para quedar de la siguiente manera:

"... PRIMERO. Siendo las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, se emite AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de PERSONA ‘A’, por su probable intervención en el hecho delictuoso de LESIONES AGRAVADAS, previsto por el artículo 236 y sancionado por los artículos 237 fracción III, 238 fracciones I y VII, 240 inciso c) y 245 fracción II, en relación al 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México ..."

7. Primera sentencia condenatoria. Seguida la secuela procesal, el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó sentencia condenatoria por la comisión del delito de lesiones agravadas, previsto y sancionado en los artículos 236, 237, fracción III, 238, fracciones I y VII, 240, inciso c), y 245, fracción II, del Código Penal del Estado de México.(5)

8. Sentencia de apelación (expediente Cuarto Número de Expediente). Inconformes con esa resolución, el señor Persona "A" y la víctima interpusieron recurso de apelación del que conoció el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

9. Mediante sentencia de tres de marzo de dos mil veinte, el mencionado Tribunal de Alzada ordenó la reposición parcial del procedimiento para que el juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento:

"- ... deje insubsistente lo actuado en la audiencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, así como lo posteriormente actuado, incluyendo la sentencia condenatoria sujeta a revisión, pronunciada en la causa penal Segundo Número de Expediente.

"- El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, instruya a la Administración de dicho órgano jurisdiccional, adopte las medidas pertinentes para generar de manera inmediata audiencia en el Sistema de Gestión Judicial Penal; y con citación de las partes, dentro de los plazos que marca la ley, las partes expongan sus alegatos de clausura de manera clara y precisa; asimismo y de ser el caso, el Juez informe al acusado y a su Defensor, víctima y asesor jurídico respecto de qué argumento deberán expresarse.

"- Hecho lo anterior, continúe con todos y cada uno de los actos procesales subsecuentes, de acuerdo con los lineamientos señalados en este fallo de segundo grado. En la inteligencia que lo aquí resuelto no prejuzga sobre el sentido en que deba resolver el de Primer Grado, dado que corresponde a éste la valoración de la prueba; es decir, tiene jurisdicción plena para resolver lo que legalmente proceda, el cual debe estar debidamente fundado y motivado en cada uno de los estadios que conforman la resolución de primera instancia."

10. Juicio de amparo indirecto (expediente Quinto Número de Expediente). En contra de esa resolución, el sentenciado promovió un juicio de amparo indirecto, radicado con el número Quinto Número de Expediente del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual fue desechado el veintiocho de octubre de dos mil veinte.

11. Cumplimiento a la ejecutoria de apelación. En acatamiento al fallo de alzada, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno se celebró nuevamente la audiencia de alegatos de clausura. Al respecto, el Juez otorgó el uso de la voz al Fiscal, quien formuló una reclasificación jurídica al delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 281, párrafos primero y segundo, fracción IV, concatenado con los numerales 10 y 59 del Código Penal del Estado de México,(6) haciendo del conocimiento de las partes el contenido del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(7) Dicha audiencia se suspendió a petición de la defensa.

12. En audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, atendiendo a la reclasificación jurídica del delito atribuido, la defensa del sentenciado ofreció pruebas, pero el catorce de abril siguiente desistió de las mismas y señaló que no contaba con nuevas por ofrecer, por lo que la defensa expresó sus alegatos de clausura e hizo uso de su derecho de réplica, con lo que se declaró cerrado el debate.

13. Segunda sentencia condenatoria. El quince de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona "A", al considerarlo responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa antes precisado. Por ello, le impuso entre otras sanciones, trece años cuatro meses de prisión, atendiendo al grado de culpabilidad mínimo en que lo ubicó.

14. Segunda sentencia de apelación (expediente Sexto Número de Expediente). En desacuerdo con esa determinación, el cinco de mayo de dos mil veintiuno, el señor Persona "A" interpuso un recurso de apelación del que conoció el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en fallo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno confirmó la sentencia recurrida.

15. Demanda de amparo directo. En contra de esa sentencia de apelación, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, el señor Persona "A" presentó una demanda de amparo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:

a) La sentencia reclamada vulnera en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 19, 20, apartado A, fracciones III, V, VIII y IX, y B, fracciones I, III, 21, 22, 73, fracción XXI, inciso a), y último párrafo, 103, fracción III, y 104, de la Constitución Política del país.

b) Existe una inexacta aplicación del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la reclasificación jurídica realizada en la sentencia impugnada, pues el artículo 19 constitucional señala que con la vinculación al proceso queda fijada la litis, lo que le da certeza jurídica al gobernado.

En ese tenor, se formuló acusación en contra del quejoso por el delito de lesiones agravadas y se desahogó la etapa de juicio, en la que se condenó al acusado por ese delito.

Sin embargo, al haberse impugnado esa sentencia, el tribunal de alzada ordenó la reposición del procedimiento, lo que ocasionó que se celebrara nuevamente la audiencia para exponer alegatos de clausura, en la que el Fiscal reclasificó el delito de lesiones agravadas al de feminicidio en grado de tentativa.

Circunstancia que fue convalidada en apelación, soslayando que el estudio del tribunal de alzada en el que ordenó la reposición del procedimiento únicamente fue para que el juez de juicio oral atendiera que el Fiscal expuso una clasificación jurídica distinta a la contenida en su escrito de acusación.

Así, se incumplió lo ordenado por el tribunal de alzada al reponer el procedimiento, lo que ocasionó que se contraviniera su derecho de igualdad entre las partes, porque ni la víctima ni el ministerio público apelaron la sentencia de primera instancia.

En ese sentido, el juez de primera instancia le causó perjuicio al validar una reclasificación distinta a la del escrito de acusación, haciendo nulo su derecho de defensa, porque desde el auto de vinculación y la emisión del auto de apertura a juicio se defendió con base en el hecho clasificado como lesiones calificadas.

Si bien es cierto que el ordenamiento procesal contempla la reclasificación jurídica, también lo es que ello nace del desfile probatorio e información brindada en juicio y no con base en una reposición del procedimiento que tenía otros efectos.

Para que una acusación sea válida, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en los artículos 334 y 335, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(8) lo que permite que el acusado tenga oportunidad de preparar adecuadamente su defensa.

c) Es inconstitucional el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(9) porque permite que en la etapa de juicio oral el Fiscal pueda reclasificar el delito, lo que genera incertidumbre y falta de certeza jurídica en cuanto a la acusación, imposibilitando una defensa adecuada.

La redacción del artículo 398 aludido implica una clara tendencia proteccionista en favor del representante social, ya que, luego de conocer las pruebas, puede adecuar su acusación para conseguir un fallo condenatorio vulnerando así el derecho a igualdad entre las partes.

La reclasificación jurídica en la etapa de juicio trasgrede el principio de legalidad y seguridad jurídica, consagrado en los artículos 14 y 19 constitucionales, puesto que vulnera los derechos humanos del acusado al cambiar la acusación en los alegatos de clausura una vez ya desahogadas las pruebas.

De esta forma el precepto impugnado transgrede los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, contradicción y debido proceso, así como los derechos contenidos en tratados internacionales.

d) La autoridad responsable erróneamente aplicó una pena mayor a la impuesta en la sentencia de primera instancia en la que se le condenó por el delito de lesiones agravadas.

e) Al emitirse dos sentencias condenatorias en su contra se transgredió el principio consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política del país, que garantiza a toda persona no ser juzgada nuevamente por los mismos hechos.

f) La autoridad responsable no justificó su afirmación de resolver el asunto con perspectiva de género.

g) No hay suficiencia probatoria para acreditar su responsabilidad penal, pasando inadvertido el principio relativo a la obligación de probar los hechos, por ello, no se superó el principio de presunción de inocencia del que goza el acusado.

16. Sentencia de amparo directo Primer Número de Expediente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito conoció de la demanda, la registró con el número de expediente Primer Número de Expediente y mediante sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés negó el amparo solicitado, al tenor de las siguientes consideraciones:

a) Fue correcto que la autoridad responsable señalara que el caso se analice con perspectiva de género, al advertirse que la víctima es mujer y porque existen datos de los que se desprende que se encontraba en una relación asimétrica de poder frente al ahora sentenciado. Por tanto, está acreditada la situación de vulnerabilidad que amerita un trato diferenciado de manera justificada.

Apoyó sus consideraciones en la tesis aislada XXVII/2017, de esta Primera Sala, de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN."(10)

b) No es inconstitucional el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017 determinó que, si se dicta un auto de vinculación a proceso por un delito, cabe la posibilidad de que durante el proceso penal se reclasifique la conducta ilícita por el que técnicamente corresponda.(11)

Esto, siempre y cuando no se varíen los hechos y se respeten los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado, pues el debido proceso también exige la garantía de que el gobernado se defienda en torno al juicio de tipicidad que se lleve a cabo durante el proceso.

En dicho precedente se precisó que en los preceptos 316, segundo párrafo,(12) 335, segundo párrafo,(13) y 398,(14) el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé tres momentos procesales en los que es posible reclasificar el delito en un procedimiento penal acusatorio: i) en la audiencia inicial, al resolver sobre la vinculación a proceso; ii) en la etapa intermedia, al formularse la acusación; iii) en la etapa de juicio, al formularse los alegatos de apertura o clausura.

El mecanismo de "reclasificación del delito" es acorde con el principio acusatorio, en su vertiente de coherencia entre la acusación y la sentencia, porque en esos tres escenarios se exige que los hechos del proceso no varíen.

En ese sentido, se garantiza que la persona acusada conozca oportunamente el cambio en la clasificación jurídica de los hechos, con lo cual se generan las condiciones para que cuente con la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de defensa, que le permite ofrecer los datos, medios de prueba o pruebas que considere, así como formular los alegatos respectivos para desvirtuar dicha calificación jurídica.(15)

Por ello, el Tribunal Colegiado concluyó que el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales impugnado sí se apega a los lineamientos de la Constitución Política del país, porque otorga al procesado y a su defensor no solo el derecho de expresarse sobre la reclasificación jurídica del delito por el que fue acusado, sino también el de ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención.

En ese sentido, estableció que no se advierte una desigualdad procesal porque el precepto referido garantiza la defensa efectiva para el acusado, conforme al artículo 20, apartado B, constitucional, pues la defensa tiene la oportunidad de verificar si las pruebas que ofreció son pertinentes e idóneas para desvirtuar las manifestaciones de su contraparte en la reclasificación, y proponer las que considere necesarias para rebatirla, por lo que, se le concede el derecho a suspender la audiencia de juicio hasta por diez días.

Asimismo, que el artículo impugnado se apega a lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la reclasificación jurídica del delito contempla la alteración de la clasificación jurídica del hecho, pero no la modificación de los hechos circunstanciados materia de la acusación. Además, el precepto impugnado no contempla una ventaja al órgano acusador ya que únicamente permite que éste especifique una nueva clasificación jurídica, pero sobre los mismos hechos que fueron planteados en la acusación.

Respecto de ello, la norma reclamada establece la oportunidad para que el enjuiciado y su defensa ofrezcan pruebas y exige que se respeten los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, igualdad y seguridad jurídica de la persona acusada, garantizando así la defensa adecuada y el debido proceso a favor del acusado, para que se defienda en torno al nuevo juicio de tipicidad que se lleve a cabo durante el proceso.

Precisó que también se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y fueron respetados los derechos fundamentales del sentenciado, contenidos en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política del país.(16) Por tanto, no se trasgredió el principio de legalidad y seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 constitucional.

c) No se aplicó inexactamente el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en acatamiento a la orden del tribunal de alzada de reponer el procedimiento se celebró una nueva audiencia de alegatos de clausura de las partes.

En esa audiencia el Fiscal reclasificó el delito atendiendo al contenido del referido precepto, y el juez otorgó a la defensa y acusado la oportunidad de expresarse y ofrecer pruebas, en relación con la nueva clasificación legal, ante ello la defensa solicitó la suspensión de la audiencia con la finalidad de preparar adecuadamente sus alegatos.

Así, el juez de juicio oral cumplió los extremos de la reposición del procedimiento, dado que el tribunal de segunda instancia no impuso a las partes el actuar de determinada manera, únicamente se ordenó celebrar nueva audiencia para exponer los alegatos de clausura dejando a salvo la resolución del juicio al juez competente para fundar y motivar su sentencia.

d) La víctima sí apeló y por ello la autoridad de segunda instancia suplió la deficiencia de la queja a su favor, pues sólo de esa manera se garantiza el derecho a un recurso judicial efectivo.(17)

e) Debido a lo anterior, no existió impedimento alguno para que la autoridad de primera instancia, secundada por el tribunal de apelación, impusiera una pena mayor con base en la comprobación de un delito diverso, según la reclasificación ministerial.

f) No es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 71/2009, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN EL QUE AGRAVE LAS PENAS INICIALMENTE DECRETADAS.",(18) pues no se está bajo la misma hipótesis. En el presente caso la reposición del procedimiento derivó del recurso de apelación.

Además, la resolución que ordena la reposición del procedimiento no puede ser materia de escrutinio constitucional, porque el amparo directo no es la vía idónea para controvertir una sentencia de esa naturaleza.(19) De modo que, cualquier argumento expuesto por el quejoso controvirtiendo esa resolución es inatendible.

g) No se trasgrede el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, en tanto que la sentencia de primera instancia originalmente emitida en contra del señor Persona "A" por el delito de lesiones agravadas, nunca tuvo el carácter de cosa juzgada, ya que se encontraba supeditada a la resolución del recurso de apelación que interpusieron tanto el sentenciado como la víctima.

h) El hecho de que el juez que emitió la primera sentencia condenatoria haya conocido nuevamente del asunto, en cumplimiento a la reposición del procedimiento, y haya dictado otra sentencia de condena, no vulnera los principios de inmediación, continuidad ni de imparcialidad.

Ello, pues la alzada repuso parcialmente el procedimiento, únicamente con la finalidad de que el juzgador dejara sin efecto la audiencia en la que se recibieron los alegatos de clausura y la celebrara nuevamente, continuando con los actos procesales subsecuentes. Así, ante una deficiente impugnación de la resolución que ordenó la reposición del procedimiento, dicha determinación quedó firme, por lo que el órgano colegiado está imposibilitado para abordar ese tema.

i) El juzgador cumplió específicamente lo ordenado por la alzada, pues efectuó nuevamente la audiencia en la que recibió los alegatos de clausura de las partes y dio el trámite correspondiente. Además, como lo especificó el tribunal de apelación, dictó la sentencia con plenitud de jurisdicción.

Destacó que ello no contraviene la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SU VIOLACIÓN TIENE COMO CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN TOTAL Y NO PARCIAL DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, CON UN JUZGADOR QUE NO HAYA CONOCIDO DEL CASO PREVIAMENTE.",(20) pues tal criterio se limita a los casos en que se vulnere el principio de inmediación, lo cual no ocurrió en el asunto.

j) No se trasgredió el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que la víctima se haya hecho justicia por sí misma o que haya ejercido violencia para reclamar su derecho, además de que se administró justicia por tribunales expeditos para ello, en los plazos y términos establecidos y de manera gratuita.

k) No se desprende vulneración al artículo 19 de la Constitución Política del país, porque se refiere al auto de vinculación a proceso que no es materia de estudio en el amparo directo, ni se advierte que se haya aplicado alguna pena prohibida por el precepto 22 del mismo ordenamiento.

l) La sentencia está debidamente fundada y motivada, pues se acredita el delito de feminicidio en grado de tentativa y la responsabilidad penal, sin vulnerar la presunción de inocencia.

m) Fue correcta la individualización de la pena impuesta.

17. Recurso de revisión. Inconforme con la negativa anterior, mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintitrés, el señor Persona "A" interpuso un recurso de revisión, en el que, en síntesis, expuso los siguientes agravios:

a) La sentencia recurrida transgrede sus derechos humanos vulnerando el debido proceso, pues del Tribunal Colegiado interpretó indebidamente los preceptos constitucionales y los contenidos en los tratados internacionales adoptados por nuestro país, colocándolo en un estado de indefensión e incluso en un desequilibrio en la impartición de justicia, negándole el acceso a ésta de forma pronta, completa e imparcial.

b) De la causa que motivó la reposición del procedimiento y los efectos de ésta para subsanar la violación procesal detectada, no se desprende justificación jurídica alguna para que la fiscalía hubiese reclasificado el delito de lesiones agravadas por el de feminicidio en grado de tentativa, pues la posibilidad de hacerlo no sobreviene ni se encuentra vinculada con dicha reposición.

c) La resolución de segunda instancia que ordenó la reposición del procedimiento consideró limitar la actuación del juez de juicio oral para que procediera en términos del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que el Ministerio Público, al exponer nuevamente sus alegatos de clausura, adicionara lo relativo a la fracción VI, del artículo 238 del Código Penal del Estado de México, con relación al delito de lesiones agravadas, que es la clasificación jurídica por la cual se debía debatir en juicio, ofrecer y desahogar pruebas supervenientes, y resolver lo conducente.

d) Al considerar que el Ministerio Público puede reclasificar el tipo penal, se pone en desventaja la seguridad jurídica del quejoso, toda vez que se allega de una posibilidad de la cual no hizo frente en un primer momento, lo que se traduce en desigualdad jurídica de las partes.

e) Se vulneró en su perjuicio el principio non reformatio in peius, pues el único que apeló el fallo de primera instancia fue el sentenciado, no el Ministerio Publico.

f) El tribunal de alzada no puede aumentar la pena impuesta en la sentencia de primera instancia en perjuicio del sentenciado, conceptualizando como agravios las manifestaciones hechas por el Ministerio Público al desahogar la vista, ya que éste no interpuso el recurso de apelación. Lo anterior, implicó que se rebasaran los límites establecidos en la reposición del procedimiento, con lo que se vulneró el artículo 21 de la Constitución Política del país y el derecho de defensa, pues el juez de juicio oral asume funciones propias de la acusación.

g) La fiscalía y el juez de origen inadvirtieron los principios de equilibrio procesal entre las partes y de igualdad, ya que el hecho de que la representación social reclasificara de una manera diversa a la hecha en un primer momento, de lesiones agravadas a feminicidio en grado de tentativa, constituye una ventaja injustificada de tiempo sobre el sentenciado.

18. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos de mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el amparo directo en revisión y lo turnó para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

19. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.

21. Lo ant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32313-fbacbed8/reclasificacion-juridica-del-delito-la-efectuada-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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