MEDIDAS CAUTELARES. LA FACULTAD QUE ESTABLECE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUE LA PERSONA JUZGADORA DE CONTROL IMPONGA UNA DIVERSA DE LA SOLICITADA POR LAS PARTES, SIN PETICIÓN EXPRESA NI DEBATE PARA ELLO, SIEMPRE QUE NO SEA MÁS GRAVE, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 125/2022. 11 DE ENERO DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE Y PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO HÉCTOR VARGAS BECERRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Se atribuye al quejoso, administrador único de cierta empresa, que conjuntamente con otras personas, realizó diversos actos que redundaron en detrimento del patrimonio de uno de sus accionistas, quien formuló querella ante el Ministerio Público; en audiencia de formulación de la imputación, el Juez abrió debate sobre las medidas cautelares y el Ministerio Público solicitó que se impusiera prisión preventiva justificada; la defensa consideró que la medida era excesiva, exagerada y desproporcionada, por lo que solicitó que se impusiera una diversa; luego, se resolvió imponer diversas medidas cautelares de la solicitada, y se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de fraude específico. En contra de esa determinación, el quejoso promovió amparo indirecto, en el que, entre otras cuestiones, reclamó la constitucionalidad del párrafo segundo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por estimar que vulneraba el principio de contradicción, previsto en artículo 20 de la Constitución Federal; planteamiento que el Juzgador de amparo calificó de infundado. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado respectivo, remitió los autos a la Suprema Corte, a efecto de que determinara si ejercía su facultad de atracción para conocer sobre la regularidad constitucional de la norma reclamada.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día once de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
A través de la cual, se resuelve el Recurso de Revisión 125/2022, interpuesto por **********, contra la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, que dictó el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el Juicio de Amparo Indirecto **********.
El problema jurídico a resolver, consiste en determinar si el párrafo segundo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es contrario al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio y oral, previsto en el párrafo primero, del artículo 20 de la Constitución Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. Se atribuye a **********, administrador único de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que conjuntamente con otras personas, realizó diversos actos que redundaron en detrimento del patrimonio de **********, accionista de la empresa.(1)
2. Ello, porque en los ejercicios fiscales de dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, simularon pérdidas contables de la persona moral, por ********** pesos. En los ejercicios fiscales de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, simularon pérdidas que ocasionaron que sólo se tuvieran como ganancia, ********** pesos; ello, al exagerar gastos de publicidad por ********** pesos, lo que era inverosímil con relación a las ventas que se obtuvieron en ese periodo; asimismo, simularon gastos de viajes por ********** pesos ********** centavos; y gastos por concepto de equipo de transporte y arrendamiento financiero por ********** pesos con ********** centavos. En el ejercicio fiscal de dos mil catorce, simularon gastos por intereses de préstamo y mantenimiento de automóviles, por ********** pesos. Y en el ejercicio fiscal de dos mil quince, simularon gastos no deducibles por ********** pesos, sin que se contara con el comprobante de pago respectivo.
3. Hechos por los que **********, en escrito que se presentó ante el Ministerio Público el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, formuló querella.
4. En su momento, el Ministerio Público pidió audiencia inicial para formulación de imputación sin detenido, en contra de ********** y otras personas.
5. El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, en el Estado de México, registró el asunto como Carpeta Administrativa **********; y luego de varios diferimientos, el Ministerio Público, el once de febrero de dos mil veinte, formuló imputación en su contra.
6. Luego, el Juez abrió debate sobre las medidas cautelares y el Ministerio Público solicitó que se le impusiera prisión preventiva justificada; la defensa de **********, consideró que la medida era excesiva, exagerada y desproporcionada, por lo que solicitó que se impusiera una diversa; finalmente, hicieron uso de la palabra los imputados y los asesores jurídicos de la víctima.
7. Al respecto, el Juez de Control decretó como medidas cautelares para los imputados:
- La presentación periódica ante el Juzgado de Control, una vez al mes, dentro de sus días catorce a diecisiete, iniciando a partir de marzo de ese año.
- La exhibición de una garantía económica por ********** pesos, en cualquiera de las formas previstas por la ley, que se debía exhibir en un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día de la fecha.
- La prohibición de salir del país sin autorización del órgano jurisdiccional; lo que se ordenó comunicar al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- La prohibición de comunicarse con el querellante.
- Medidas cautelares que tendrán vigencia durante el tiempo que durara el procedimiento, incluso en ejecución de sentencia, salvo que variarán las condiciones en su imposición.
8. Enseguida, el Fiscal, en uso de la palabra, solicitó que se vinculara a proceso a ********** y otras personas, por el hecho delictuoso de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 306, fracción XVI y 307, fracción V, con relación a los artículos 6, 7, 8 fracciones I y V; y, 11 fracción I, inciso d), del Código Penal para el Estado de México, cometido en agravio del patrimonio de **********; y al respecto, expuso los datos de prueba correspondientes.
9. Posteriormente, se otorgó el uso de la palabra a la víctima, y finalmente a los imputados, quienes solicitaron la prórroga del plazo constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas, para resolver sobre su situación jurídica; lo que se acordó de conformidad, y con ello concluyó la audiencia, fijando para su continuación, las diez horas del dieciséis de febrero posterior.
10. En la fecha y hora señalada, continuó la audiencia, en la que luego de la incorporación y posterior desahogo de los medios de prueba aportados por la defensa, así como del correspondiente debate entre las partes, el Juez de Control dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por el hecho con apariencia del delito materia de la imputación.
11. Amparo indirecto. **********, por conducto de su defensor particular, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, promovió amparo indirecto, en el que estimó como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal; y precisó:
Autoridades responsables ordenadoras:
a) Congreso de la Unión.
b) Presidente de la República.
c) Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México.
Autoridades responsables ejecutoras:
d) Secretaría de Relaciones Exteriores.
e) Instituto Nacional de Migración.
Actos reclamados:
Del Congreso de la Unión, reclamó la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente los artículos 157, párrafo segundo, 471, 476, y 477.
Del Presidente de la República, reclamó, la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente los artículos 157, párrafo segundo, 471, 476 y 477.
Del Juez de Control, se reclamó las resoluciones que constituyeron actos de aplicación de las normas generales reclamadas:
a. La imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad deambulatoria del quejoso.
b. El auto de vinculación a proceso dictado el dieciséis de febrero de dos mil veinte.
De la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración, se reclamó la ejecución de la medida cautelar decretada por el Juez de Control, específicamente la restricción de abandonar el territorio nacional sin la autorización expresa del propio Juzgador.
12. Narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
13. Conoció del asunto el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, lo registró con el número **********, admitió a trámite la demanda, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables,(2) fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y dio intervención al Ministerio Público Federal de su adscripción.
14. En audiencia constitucional que se celebró el veintidós de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio respecto de los artículos 471, 476 y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por otra, se negó al quejoso el amparo que se solicitó.
15. Recurso de revisión. Inconforme con lo resuelto, el quejoso, por conducto de su defensor particular, el diez de mayo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, interpuso recurso de revisión.
16. Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo Presidente en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, lo registró con el número **********, y lo admitió a trámite. Luego, en sesión ordinaria virtual de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, determinó, en lo conducente, remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en caso de que lo estimara conveniente, ejerciera su facultad de atracción para conocer respecto a la regularidad constitucional del párrafo segundo, del artículo 157, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
17. Trámite ante la Suprema Corte. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, registró el asunto con el número 125/2022, lo admitió a trámite, asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, lo radicó en la Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
18. La Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y lo envió a la Ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y, 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpuso contra una sentencia que se dictó en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, por un Juez de Distrito, en el que se reclamó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, como lo es el párrafo segundo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque la resolución no implica fijar un criterio de importancia para el orden jurídico nacional, ni reviste algún interés excepcional.
II. OPORTUNIDAD
20. Es innecesario realizar el cómputo respectivo, porque el Tribunal Colegiado ya se pronunció al respecto, y determinó que el recurso de revisión se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
21. El defensor particular del quejoso, está legitimado para interponer el recurso de revisión principal, porque tiene reconocido ese carácter en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
IV. PROCEDENCIA
22. El recurso de revisión es procedente, porque se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, como lo es el párrafo segundo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se surten los extremos del Punto Tercero, con relación al Punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013.
23. Además, no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia que impida a esta Primera Sala de la Suprema Corte, que se pronuncie sobre el tema que es de su competencia.
V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER
24. Conceptos de violación. La parte quejosa, en síntesis, hizo valer con ese carácter:
I. Respecto de la constitucionalidad del párrafo segundo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales:(3)
Vulnera el principio de contradicción previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal, porque autoriza a la autoridad judicial, sin petición expresa de parte legitimada ni debate establecido para ello, a imponer una medida cautelar distinta a la solicitada, como aconteció en la especie.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, se pronunció sobre la constitucionalidad de una de las medidas cautelares establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y señaló los requisitos para su validez constitucional.
El artículo 155 del mismo ordenamiento legal, dispone un catálogo cerrado o limitado de medidas que el Juez de Control podrá imponer, entre las que se encuentra el resguardo domiciliario (fracción XII), y permite que se dicten alguna otra o más.
En cualquier caso, el Código Adjetivo dispone que la imposición o modificación de alguna medida cautelar, debía ser debatida durante la formulación de la imputación, o en su caso, en el dictado del auto de vinculación a proceso. Previsiones que garantizan que el imputado ejerza su derecho de contradicción en el momento mismo en que se determina la procedencia de la medida.
Por lo que hace al párrafo segundo, del artículo impugnado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no realizó estudio alguno, porque no fue materia de impugnación; sin embargo, era evidente y notorio que cuando la norma autorizaba al Juez a imponer una medida cautelar no solicitada, ni debatida, vulneraba el principio de contradicción reconocido como derecho por el Alto Tribunal.
Esa forma de interpretación, a contrario sensu, era clara; es decir, si el Tribunal Constitucional determinó que la medida cautelar sólo era constitucionalmente válida si provenía del ejercicio de contradicción ante el Juez; entonces, si imponía una medida que no provenía de ese ejercicio, resultaba inconstitucional.
Por lo que no era necesario un mayor análisis sobre la evidente inconstitucionalidad de la norma; y por tanto, de su acto de aplicación, sobre todo si se estimaba que los artículos 154 y 155 Código Nacional de Procedimientos Penales, eran claros al establecer la necesidad de petición previa y oficiosa de la medida cautelar correspondiente.
II. En lo concerniente a la constitucionalidad de los artículos 471, 476 y 477, del Código Nacional de Procedimientos Penales:
Eran contrarios a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, establecidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, así como del principio de tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso, previstos en el artículo 17 constitucional, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las normas impugnadas, generaban un sistema de apelación restrictivo, al obligar a la parte afectada a expresar agravios en un plazo único de tres días, a partir de que se dictó el acto que resuelve sobre la imposición de medidas cautelares o la vinculación a proceso, independientemente de que se den veinticuatro horas al Juzgador para emitirlo de forma escrita, además de hacerlo en la audiencia respectiva.
Sistema que impedía que la parte afectada pudiera presentar sus agravios de forma directa y oral frente al tribunal revisor; lo que era contrario a los principios invocados.
25. Sentencia del amparo. El Juez de Distrito, con relación a los aspectos de constitucionalidad planteados, en síntesis señaló:
I. Con relación a los artículos 471, 476 y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referentes al recurso de apelación, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.(4)
Ello, porque cuando el gobernado acudía ante la Justicia de la Unión para controvertir la constitucionalidad de una disposición de observancia general, el Juzgador de amparo debía primero analizar si el precepto legal se aplicó en perjuicio del quejoso en el acto del que se hace derivar esa aplicación.
Lo que no sucedió en el caso, porque la aplicación de los numerales tildados de inconstitucionales, no se concretizó en los actos reclamados, pues en ellos, sólo se vinculó a proceso al quejoso, por la posible comisión del hecho que la ley señalaba como delito de fraude específico; y se impusieron las correspondientes medidas cautelares.
Así, al no haberse demostrado que se aplicaran en su perjuicio los numerales combatidos, se actualizaba la citada causal de improcedencia; y por tanto, que se sobreseyera en el juicio respecto de los mismos, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
Se invocó en apoyo, la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO."
II. Y por lo que hace al segundo párrafo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplicó al quejoso por el Juez de Control al momento en que resolvió sobre las medidas cautelares; en la demanda de amparo, se adujo que al autorizar a la autoridad judicial a imponer, sin petición expresa de parte legitimada, ni debate establecido para ello, una medida cautelar distinta a la solicitada, contravenía el principio de contradicción previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal, y reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque autorizaba a la autoridad judicial a imponer, sin petición expresa de parte legitimada, ni debate establecido para ello, una medida cautelar distinta a la solicitada.
Argumento que se calificó de infundado e ineficaz, porque respecto de las medidas cautelares, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Capítulo IV, señalaba las reglas generales que debía observar el Juzgador para su imposición; así, se establecía que debían ser impuestas en resolución judicial, y por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.
Asimismo, se establecía que esas medidas podían ser impuestas a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, y se enumeraban los casos en los que debían ocurrir, e incluso, facultaba a las partes a ofrecer los medios de prueba que estimaran pertinentes, previo a analizar la procedencia de la medida solicitada. Entre las reglas que se preveían para la imposición de las medidas, se encontraba la señalada en el artículo 156, que imponía al Juzgador la obligación de tomar en consideración los argumentos que las partes ofrecieran o la justificación que el Ministerio Público realizara, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona.
El principio de contradicción, se regulaba en la fracción VI, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal; y conforme al cual, el Juzgador tenía vedado tratar asuntos sujetos a proceso con cualquiera de las partes, sin que estuviera presente la otra; con lo que además, se salvaguardaba el principio de imparcialidad.
Así, la actuación del Juzgador debía regirse por esos principios, lo que le permitía ser un observador de la contienda que debía desarrollarse en igualdad de condiciones para las partes; además, debía estar presente en todas las diligencias judiciales, a fin de generarse convicción propia de los hechos sometidos a debate, y ser tercero vigilante de las reglas procesales.
De la interpretación del artículo tildado de inconstitucional, se advertía que era una facultad del Juez de Control, imponer una de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cambiar varias de ellas según resultara adecuado al caso, o bien, imponer una diversa a la solicitada, siempre que no fuera más grave.
En ese orden de ideas, si el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puntualizaba que previo a la imposición de las medidas cautelares, el Juzgador debía tomar en cuenta los argumentos que las partes ofrecieran o la justificación que el Ministerio Público realizara; y en su artículo 157, se establecía que el Juez de Control, en audiencia y en presencia de las partes, debía resolver respecto de esa medida cautelar. Entonces, de una interpretación armónica y no aislada de esas normas, era evidente que, contrario a lo que sostuvo el quejoso, la porción normativa impugnada, no vulneraba el principio de contradicción.
Ello, porque de su interpretación sistemática con los demás preceptos que regulaban las medidas cautelares, se observaba que la facultad del Juzgador, no implicaba que dejara de considerar lo que argumentaron las partes en ejercicio del principio de contradicción.
26. Recurso de revisión. El quejoso, en síntesis expresó como agravios:
I. El A quo, al sobreseer en el juicio respecto de la inconstitucionalidad que se planteó de los artículos 471, 476 y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vulneró lo dispuesto en los artículos 74, fracciones II y IV, 76, 79, fracción III, inciso a), y 217 de la Ley de Amparo, así como lo señalado por el artículo 222, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Resultó equivocado e ilegal que se concluyera que sólo se le aplicaron las normas sustantivas del Código Penal del Estado de México, al vincularlo a proceso por el delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 306, fracción XVI y 307, fracción V, con relación a los diversos 6, 7, 8 fracciones I y V; y 11 fracción I, inciso d), de esa legislación. Así como la idea de que la parte quejosa no demostró que se le aplicaron en su perjuicio los numerales impugnados.
El A quo sobreseyó en el juicio respecto de las normas impugnadas, sin analizar, expresar o citar su contenido, para saber si se aplicaron o no al quejoso en los actos jurisdiccionales reclamados, pues es común que ante la prohibición legal del reenvío, los juzgadores de amparo eludan su función, dejando a los Tribunales Colegiados o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsabilidad de resolver uniinstancialmente las cuestiones complejas de inconstitucionalidad de normas en amparo indirecto.
Hubiera bastado que el A quo analizara el contenido de las normas impugnadas y los conceptos de violación que se expresaron al respecto, en los que claramente se sostenía que se impugnó el sistema de apelación establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los artículos impugnados, había que contraponerlos con la principal manifestación del quejoso en su concepto de violación, en el sentido de que eran contrarios a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, establecidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, así como en el de tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso, establecidos en el artículo 17 constitucional, con relación al 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ello, porque las normas impugnadas generan un sistema de apelación restrictivo, al obligar a la parte afectada de los actos que imponen medidas cautelares o que resuelven vincular a proceso, a expresar agravios en un plazo único de tres días, a partir de que fueron dictados, independientemente de que al Juzgador le da veinticuatro horas para emitir de forma escrita su resolución, además de hacerlo de manera oral en la audiencia respectiva.
Si el propio A quo sostuvo que al quejoso se le dictó auto de vinculación a proceso, así como una medida cautelar específica; entonces, era evidente que esas resoluciones, al ser apelables, le generaron una aplicación inmediata del sistema de impugnación del que se dolió en la demanda de amparo, pues al quejoso se le vedó un tiempo razonable y una forma oral para preparar su impugnación ordinaria.
Por tanto, contrario a lo que sostuvo la autoridad de amparo en primera instancia, el sistema de apelación que reclamó el quejoso, le generó una afectación a sus derechos humanos, al no darle de forma inmediata, posterior al dictado de su vinculación al proceso, un plazo justo y razonable para poder impugnar esa resolución y las medidas accesorias, y con ello obtener una revisión más completa sobre el actuar del Juez de origen.
Así, al existir la resolución en la que se impusieron al quejoso las medidas cautelares y se le vinculó a proceso, el sistema de impugnación legal también se le aplicó; y en consecuencia, procedía el estudio de su constitucionalidad.
II. Con relación a la constitucionalidad del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el A quo basó su determinación en un equivocado e ilegal entendimiento del principio de contradicción, como base del sistema acusatorio, sin entender correctamente por qué se consideró así; el Juez, de acuerdo con la norma impugnada, podía imponer a la parte quejosa una medida cautelar distinta a la solicitada por el órgano acusador.
Para considerar la constitucionalidad de la norma impugnada, el A quo no la confrontó con las características del sistema acusatorio establecidas en el artículo 20 constitucional, ni con el principio de contradicción que se alegó en la demanda de amparo; sólo reconoció la constitucionalidad de la norma a virtud de su propia existencia, lo que resultó contrario a su función básica, que era precisamente analizar los actos reclamados a la luz de su constitucionalidad, no de su existencia.
De ahí que la facultad que reconoció el A quo a la autoridad jurisdiccional, es precisamente de lo que se dolió el quejoso, al sostener en su demanda de amparo que, de acuerdo con los principios básicos del sistema acusatorio, el Juzgador no podía imponer una medida cautelar distinta de la que solicitó el órgano acusador, o respecto de la que no hubiera debate previo, en atención al aludido principio de contradicción.
La Suprema Corte, en la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, al resolver sobre la constitucionalidad de una de las medidas cautelares establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, señaló ciertos requisitos para su validez.
Así, era evidente y notorio que cuando la norma autorizaba al Juez a imponer una medida cautelar que no fue solicitada ni debatida, vulneraba el principio de contradicción que reconoció como un derecho el Alto Tribunal.
Si la Suprema Corte determinó que la medida cautelar sólo era constitucionalmente valida si provenía del ejercicio de contradicción ante el Juez; entonces si éste imponía una medida que no provenía de ese ejercicio, resultaba inconstitucional.
27. Sentencia del Tribunal Colegiado
I. Se confirmó el sobreseimiento que se decretó en primera instancia respecto a los artículos 471, 476 y 477, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a la tramitación del recurso de apelación; por considerar que para que el quejoso pudiera impugnar su inconstitucionalidad en amparo, tenía que haber interpuesto ese recurso ordinario, a efecto de que se originara un acto concreto de aplicación que le causara un perjuicio, para que en todo caso se materializara la aplicación de las normas; de lo contrario, la inconstitucionalidad de esos preceptos, que en su caso pudiera declararse, no tendría efecto alguno en su beneficio, al no existir afectación en su esfera jurídica, y por tanto, tampoco se le podría restituir en el goce de sus derechos.
En ese orden de ideas, se calificó de inoperante el agravio que expresó el recurrente, en el sentido que no impugnó la constitucionalidad del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecía cuales eran las determinaciones apelables, pues parecía obvia su impugnación al encontrarse señalados como actos reclamados la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar, por lo que debió procederse a su estudio; ello, porque no se controvertían los argumentos para sobreseer en el juicio, respecto de la constitucionalidad de las normas reclamadas, ni formaba parte de lo que se reclamó en la demanda de amparo.
II. Con relación a la constitucionalidad del párrafo segundo, del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la revisión oficiosa del asunto, se apreció que las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, en sus correspondientes informes justificados, señalaron que los actos legislativos que se reclamaron, no causaban perjuicio a los derechos fundamentales del quejoso; lo que se estimó que se traducía en el plan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32495-190e23e7/medidas-cautelares-la-facultad-que-establece-el-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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