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Modo: Corpus Pro

COHECHO. EL ARTÍCULO 347, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1122/2025. · Registro digital (IUS): 33897
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-03-20
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1122/2025. 3 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: ESTEFANÍA ALCÁZAR JAVIER.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El veinte y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa **********, en su calidad de agente del Ministerio Público solicitó a ********** la cantidad de ********** pesos a cambio de la devolución de su vehículo, el cual se encontraba asegurado dentro de una carpeta de investigación a cargo de la recurrente.

Por esos hechos, se dictó sentencia en su contra por el delito de cohecho previsto y sancionado en el artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México. Contra tal determinación interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió modificando la sentencia de primera instancia, únicamente en lo concerniente a la denominación correcta de la parte ofendida y se disminuyó el plazo de la inhabilitación impuesta.

En desacuerdo, la quejosa promovió juicio de amparo directo, en el que se negó la protección de la Justicia de la Unión solicitada; resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

A través de la que se resuelve el amparo directo en revisión 1122/2025, promovido por **********, contra la sentencia de veintitrés de enero de dos mil veinticinco, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo directo ********** de su índice.

El problema jurídico que debe resolver este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México,(1) vulnera el principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad contenido en el artículo 14 constitucional.

ANTECEDENTES

1. Hechos.(2) El veinte y veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa **********, en su calidad de agente del Ministerio Público solicitó a ********** la cantidad de ********** pesos a cambio de la devolución de su vehículo, el cual se encontraba asegurado dentro de una carpeta de investigación a cargo de la recurrente.

2. Causa juicio oral **********.(3) Por esos hechos, el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México dictó sentencia condenatoria a ********** por el delito de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 347, párrafo primero, fracción II, del Código Penal del Estado de México, y le impuso, entre otras penas, cuatro años de prisión y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión pública durante el tiempo que dure la pena de prisión.

3. Recurso de apelación **********.(4) Inconforme, la sentenciada interpuso recurso de apelación, que fue resuelto el diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en el sentido de modificar la resolución combatida, únicamente en lo concerniente a la denominación correcta de la parte ofendida y disminuyó el tiempo de la inhabilitación impuesta.

4. Juicio de amparo directo.(5) Contra la determinación anterior, la quejosa promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el consecutivo **********.

5. Sentencia recurrida.(6) Mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil veinticinco, el órgano colegiado negó la protección constitucional solicitada.

6. Recurso de revisión. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinticinco, la quejosa interpuso el medio de impugnación que ahora se resuelve.

7. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(7) En acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión con el expediente 1122/2025 y ordenó el envío de los autos a la otrora Primera Sala, así como su turno a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

8. Manifestaciones. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veinticinco emitido por la entonces Ministra Presidenta de la Primera Sala, se tuvieron por formuladas diversas manifestaciones realizadas por la persona Agente del Ministerio Público adscrita a este Alto Tribunal.

9. Devolución del expediente a la Ponencia. En proveído de dos de septiembre de dos mil veinticinco dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte, se acordó que la Ministra Loretta Ortiz Ahlf continuaría con el conocimiento de este asunto y actuaría como ponente para la elaboración del proyecto correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal;(8) 81, fracción II, de la Ley de Amparo;(9) y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(11)

II. OPORTUNIDAD

11. El recurso de revisión es oportuno, ya que la sentencia recurrida fue notificada por lista a la recurrente el siete de febrero de dos mil veinticinco(12) y surtió efectos al día hábil siguiente, en términos de la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo.

12. Así, el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del once al veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, con exclusión de los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero de este año, por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

13. Por tanto, si el recurso de revisión se interpuso el veinte de febrero de este año,(13) se realizó de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

14. Este Pleno del Alto Tribunal determina que ********** está legitimada para interponer el presente recurso de revisión porque en el amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se le reconoció el carácter de quejosa, con base en la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

15. De manera preliminar y a efecto de verificar los requisitos de procedencia de este recurso, a continuación, se reseñarán los conceptos de violación, las consideraciones del tribunal colegiado y los agravios planteados por la recurrente.

16. Demanda de amparo. En sus conceptos de violación la quejosa manifestó, en lo que interesa, lo siguiente:

I. Se transgredió el artículo 14 Constitucional porque durante la audiencia inicial el Juez de Control omitió informarle acerca de los derechos que le corresponden como imputada, en términos del artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución y 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual actualiza una violación grave que justifica la reposición del procedimiento.

II. Se vulneró el principio de tutela judicial efectiva, establecido en los artículos 1, 17 y 19 de la Constitución Federal, debido a que no se garantizó una revisión adecuada de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Enjuiciamiento, pues éste se limitó a responder superficialmente los agravios, dejando sin reparación las violaciones procesales.

III. Se violó el derecho fundamental de debido proceso y no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, porque se incorporaron pruebas materiales, en contravención a lo que dicta el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se exhibieron ni reconocieron por testigos durante el juicio oral.

IV. Se transgredió la presunción de inocencia consagrada en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar probada la responsabilidad de la imputada con pruebas insuficientes y contradictorias.

V. Alegó la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código Penal del Estado de México, al considerar que vulnera el principio de exacta aplicación de la ley penal consagrado en el artículo 14 de la Constitución, ya que si bien el tipo regula dos conductas distintas solicitud y obtención de dádivas, las sanciones únicamente se refieren a la segunda hipótesis de obtención, pues se señala que se aplicará una pena determinada tomando en consideración únicamente “el beneficio obtenido”, dejando sin regulación explícita a la sanción por la conducta de solicitud.

17. Sentencia del tribunal colegiado. Las razones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para negar el amparo, en esencia, fueron las siguientes:

a) Estimó inoperante el concepto de violación relativo a la omisión del Juez de Control de informarle sus derechos a la entonces imputada, ya que no fue planteada ni relacionada con la valoración de pruebas o el desarrollo del juicio, lo que excluye su análisis de la sentencia de amparo. Lo anterior, de acuerdo con los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos al cierre de etapas, que señalan que superada una etapa no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo con el principio de continuidad.

b) Consideró que fueron respetadas las formalidades esenciales del procedimiento a favor de la quejosa, en virtud de que se realizó la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; se le garantizó una asistencia de defensa técnica; se le permitió conocer el hecho materia de acusación, así como su clasificación jurídica; ejerció su derecho a ofrecer y desahogar pruebas; se le permitió presentar argumentos y contrainterrogar a los testigos que rindieron su declaración; se respetaron los principios de inmediación y contradicción en el desarrollo de las audiencias; y, se respetó la facultad de la acusada para impugnar la determinación de primera instancia.

c) Estimó infundado el concepto de violación relativo a que no se le garantizó una revisión adecuada de la valoración probatoria por parte del órgano revisor, dado que contrario a dicha apreciación, el Tribunal de Apelación verificó la validez de la prueba producida en primera instancia y realizó un análisis sobre la valoración y alcances demostrativos de ella, es decir, la revisión se centró en asegurar que esta eficacia establecida por el tribunal de enjuiciamiento fuera racional y conforme a derecho.

d) Señaló que no hubo transgresión al artículo 16 constitucional, puesto que los requisitos de fundamentación y motivación, así como los de congruencia y exhaustividad, fueron debidamente satisfechos al analizar los hechos establecidos y los fundamentos jurídicos invocados. El Tribunal identificó con precisión las disposiciones legales aplicables al caso, cumpliendo con el requisito de fundamentación; asimismo, realizó un análisis exhaustivo de las circunstancias del caso, justificando su decisión con base en dichos elementos, lo que cumple con el requisito de motivación.

e) También indicó que no le asistía la razón a la quejosa al señalar que se inobservaron las reglas para la incorporación de prueba establecidas en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, las pruebas materiales se incorporaron al juicio mediante su exhibición, acreditación y reproducción en audiencia. Señaló que si bien el Código en cita menciona las diferencias entre una prueba material y documental, lo cierto, es que ambas parten de las mismas reglas de desahogo; por tanto, su naturaleza inanimada implica que requieran de una descripción verbal para ser entendidas en juicio, lo cual aconteció porque fueron incorporadas a través de diversos testigos.

En específico, respecto del argumento relativo a que existen pruebas que, atendiendo a sus características, por sí, no pueden cumplir los principios de inmediación y contradicción, dirigido a desacreditar el oficio 2154/2019 que fue desahogado en audiencia, explicó que no le asistía la razón, porque fue legalmente incorporado a juicio a través de los testimonios respectivos, quienes informaron de su existencia, afirmaron haberlo visto con anterioridad e hicieron referencia de la persona que lo expidió. En ese sentido, la autoridad de segunda instancia no incurrió en ninguna irregularidad, ya que al resolver el agravio planteado, analizó la incorporación y desahogo de las pruebas en el juicio oral bajo las reglas establecidas, y confirmó su validez jurídica.

f) Calificó de infundado el planteamiento relativo a que no se acreditó de manera fehaciente la calidad especifica de la imputada como agente del Ministerio Público, pues de la sentencia combatida se advertía que se especificó con qué testimoniales se acreditó que la quejosa sí tenía calidad de servidora pública, lo cual fue corroborado con la prueba material.

g) Estimó, que las pruebas valoradas poseían eficacia demostrativa suficiente para acreditar la responsabilidad de la acusada conforme a los estándares probatorios establecidos, pues cumplieron con los requisitos de pertinencia, idoneidad y suficiencia, ya que fueron recabados de manera legal y se presentaron en juicio de forma detallada, coherente y concordante, sin contradicciones sustanciales que afectaran su credibilidad. Además, las inconsistencias apuntadas por la defensa no generaron una duda razonable que invalidara la eficacia demostrativa de las pruebas, ya que no afectaron los elementos esenciales del delito ni desvirtuaron los hechos probados.

h) Declaró infundado el planteamiento relativo a la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código Penal del Estado de México, por estimar que viola el principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.

Lo anterior, porque a partir de la lectura de la norma penal era posible advertir que ésta tipificaba dos conductas principales “solicitar” y “obtener” y que dichas acciones prohibidas se encontraban claramente delimitadas y vinculadas a sanciones específicas.

Que era inexacto afirmar que dicho artículo no establecía las sanciones relativas a la conducta de “solicitar” sino únicamente a la conducta de “obtener”, pues la norma tildada de inconstitucional sí señala las penas que se aplican tanto a la acción de “solicitar” como a la de “obtener”, lo cual garantiza que ambas conductas sean sancionadas de manera proporcional y elimina cualquier margen de discrecionalidad o interpretación arbitraria.

Concluyó, que dicho precepto no contraviene el principio de taxatividad, ya que describe con claridad las conductas sancionables y sus consecuencias, asegurando certeza jurídica y respeto a los derechos fundamentales del gobernado.

18. Recurso de revisión. En sus agravios, la recurrente, en esencia, manifestó lo siguiente:

I. Señala que como bien lo observó el Tribunal Colegiado, el tipo penal abarca dos conductas “solicitar” y “obtener” dádivas en el ejercicio de funciones públicas; sin embargo, estima que el artículo 347 del Código Penal del Estado de México vulnera el principio de taxatividad, pues cuando se acude a la penalidad, el legislador del Estado de México contempló diversas sanciones tomando en consideración únicamente “el beneficio obtenido o la cantidad o valor de la dádiva”. De donde surge la ambigüedad, pues las sanciones previstas en las fracciones I y II del precepto en comento no contemplan la hipótesis de las dádivas “solicitadas” sino únicamente la del beneficio “obtenido”.

II. Insiste en que fue condenada por el delito de cohecho previsto y sancionado por el artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México, en la hipótesis de “solicitar” conducta que no se contempla de manera expresa para los efectos de la punibilidad del delito, por lo que solicita dicha norma sea desincorporada de su esfera jurídica.

V. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

19. Para determinar si este recurso es procedente, es dable responder el cuestionamiento siguiente: ¿El asunto cumple con los requisitos normativos para su procedencia?

20. La respuesta a tal interrogante es en sentido afirmativo conforme a lo siguiente.

21. En principio, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es procedente contra las sentencias de amparo directo que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si en ellas se decidió u omitió resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que dichos temas se hubieren planteado en la demanda de amparo, o bien, que el órgano colegiado oficiosamente hubiera introducido su estudio.

22. Luego, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, es procedente el recurso de revisión si el problema jurídico referido entraña la fijación de un criterio excepcional en materia constitucional o de derechos humanos a juicio de este Alto Tribunal, lo cual se actualiza en dos supuestos:

a) Cuando se advierta que la resolución de un amparo directo en revisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante para el orden jurídico nacional.

b) Cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o bien, se hubiere omitido su aplicación.

23. De forma que, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Es decir, basta con que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esas propiedades es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.(14)

24. Ahora bien, la parte quejosa planteó en la demanda de amparo, entre otras cuestiones, que el artículo 347 del Código Penal del Estado de México, es contrario al principio de taxatividad, pues para la conducta de “solicitar” de los particulares o de otros servidores públicos, por sí o por interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie para permitir, realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con sus funciones, no se prevé pena alguna.

25. El Tribunal Colegiado del conocimiento calificó el concepto de violación como infundado, en atención a que el precepto impugnado establece claramente que incurre en el delito de cohecho la persona servidora pública que “solicite u obtenga” dádivas, y detalla las sanciones aplicables en función del beneficio obtenido o del valor de la dádiva solicitada u obtenida; por tanto, a su consideración, la norma prevé penas que se aplican tanto a la acción de “solicitar” como a la de “obtener”, lo que garantiza que ambas sean sancionadas de manera proporcional y elimina cualquier margen de discrecionalidad o interpretación arbitraria, por lo que dicho precepto no contraviene el principio de taxatividad.

26. Por su parte, la recurrente argumentó en su único agravio que el artículo 347 del Código Penal del Estado de México es contrario al principio de taxatividad, pues la porción normativa relativa a la sanción de la conducta de cohecho no prevé una penalidad respecto de la acción de “solicitar dádiva”.

27. A la luz de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que se cumple el primer requisito porque la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código Penal del Estado de México, por estimar que es violatorio del principio de taxatividad, precepto respecto del cual, el órgano colegiado se ocupó de su estudio y cuyo análisis es reclamado a través del agravio formulado por la recurrente.

28. También se actualiza el diverso requisito necesario para la procedencia del recurso extraordinario, consistente en que la cuestión de constitucionalidad sea de interés excepcional, ya que no existe jurisprudencia específica de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la norma impugnada en particular, por lo que la resolución del recurso implicaría la emisión de un criterio novedoso para el orden jurídico nacional.

29. Se precisa que, en el caso concreto, la parte recurrente fue sentenciada por el delito de cohecho previsto y sancionado en el artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México, por lo que únicamente esa hipótesis será objeto del presente análisis.

VI. ESTUDIO DE FONDO

30. Dicha problemática será analizada, por cuestión metodológica, en función de la siguiente pregunta:

¿El artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México, es violatorio del principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14 constitucional?

31. Este Tribunal Pleno considera que la respuesta a la anterior interrogante es en sentido negativo, toda vez que, contrario a lo que plantea la recurrente el artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México es acorde con el principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad. Lo anterior, pues el referido precepto sí contiene una pena preestablecida para sancionar la conducta “solicitar dádivas de cualquier tipo”.

32. El análisis de constitucionalidad del numeral 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México, se realizará a la luz del principio exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, con base en lo previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, pues la recurrente insiste en que dicha fracción no prevé pena alguna para sancionar la conducta de “solicitar dádivas”.

33. Para explicar lo anterior, el esquema de análisis de este Tribunal Pleno en el presente recurso de revisión será el siguiente: I. Principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad; y II. Estudio de constitucionalidad del artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México.

I. Principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad.

34. En principio debe destacarse que de acuerdo con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad del Estado para intervenir penalmente más allá de lo que le permite la ley.

35. Dicho principio exige que sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.

36. El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del país, y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal que deriva de los principios nullum crimen sine lege (no existe delito sin una ley que lo establezca), y nulla poena sine lege (no existe pena que no esté prevista en una ley).(15)

37. Los referidos principios implican que el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas prestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.

38. Al respecto, es aplicable la tesis P. XXI/2013,(16) del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS”.

39. De ahí deriva la importancia que la dogmática jurídico—penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.

40. La exigencia de taxatividad consiste en que la descripción típica no sea vaga, imprecisa, abierta o demasiado amplia, de modo tal que permita la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta.

41. Lo anterior se erige como una obligación fundamental al legislador de establecer un grado de determinación de la conducta típica y de la pena a imponer que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma.

42. La garantía de legalidad en materia penal se incumple con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los gobernados a realizar labores de interpretación analógica o por mayoría de razón, pues no todos están preparados para realizar esa tarea a efecto de conocer las conductas que les están prohibidas.

43. Las garantías referidas no se circunscriben a los meros actos de aplicación, sino que se proyectan sobre el extracto de la ley que se aplica que debe quedar redactada en términos específicos, claros y exactos.

44. Al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos; ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria del principio de taxatividad.(17)

45. Acorde con los parámetros de referencia, esta Suprema Corte determinó que la garantía de exacta aplicación de la ley penal implica que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción penal a la que se haga acreedor.

46. Por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que considera dañina y desde luego las sanciones que resultan aplicables como consecuencia de su realización. En caso contrario, se generaría incertidumbre en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley, o en la precisión de las penas a las que se enfrentaría en caso de transgredir el ordenamiento, ello no solo respecto de las personas gobernadas, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal.

47. Lo anterior no significa que el creador de la norma tenga que describir con sus más mínimos detalles las conductas que deben ser sancionadas penalmente, porque ello supondría una exigencia desmedida del principio de legalidad. Si se lleva a tal extremo el citado principio, desembocaría en un casuismo abrumador.

48. Derivado de lo expuesto, el legislador debe velar por establecer una imagen conceptual lo suficientemente abstracta que englobe en ella todos los comportamientos de características esencialmente comunes que atenten contra un bien jurídico relevante para la sociedad. Por lo que, de no existir una descripción legal exactamente aplicable a la conducta humana analizada, habría una ausencia de tipicidad.(18)

49. A partir de estas determinaciones tenemos que el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica y su pena sea tal, que el objeto de prohibición y su sanción puedan ser conocidos sin problemas por el destinatario de la norma.

50. Además, el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe analizarse teniendo en cuenta únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir: i) a la gramática; ii) en contraste de dicha expresión en relación con otras contenidas en la misma u otra disposición normativa; iii) puede atenderse al contexto en el cual se desenvuelven las normas; y iv) sus posibles destinatarios.(19)

51. La exigencia de taxatividad no genera impunidad ni puede traducirse en la alteración de la política criminal del legislador, ya que dicho principio no protege únicamente al imputado, sino también a la sociedad.

52. En efecto, de acuerdo con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la taxatividad genera seguridad jurídica no sólo para el gobernado al conocer con exactitud aquello que se considera delito, sino que permite que las autoridades encargadas de aplicar la norma penal no actúen arbitrariamente.

II. Estudio de constitucionalidad del artículo 347, fracción II, del Código Penal del Estado de México.

53. En principio, debe destacarse el contenido de la norma impugnada, la cual señala lo siguiente:

Código Penal del Estado de México

“Artículo 34

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33897-5e239eff/cohecho-el-articulo-347-parrafo-primero-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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