NEGOCIACIONES ILÍCITAS. EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 8 DE JUNIO DE 2012 AL 27 DE MAYO DE 2022).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2834/2025. 7 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2834/2025, interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo ********** de su índice.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el artículo 271 del Código Penal para el Estado de Querétaro vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. **********, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos Municipales del Municipio de **********, Querétaro, tenía como funciones, administrar el funcionamiento y la conservación de los panteones, así como la aplicación y comprobación del presupuesto, entre otras.
2. Por su parte, el coacusado **********, quien se desempañaba como Secretario de Administración del Municipio de **********, Querétaro, tenía como funciones, vigilar las adquisiciones relacionadas con bienes inmuebles, que se ajustaran a la normatividad aplicable y verificar el cumplimiento de los contratos.
3. El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, ********** solicitó el inicio del procedimiento para adquirir un inmueble destinado a la construcción de un panteón municipal y, el trece de octubre de dos mil diecisiete, dentro de una lista de inmuebles proporcionada por el coacusado, eligió el predio identificado como la **********, del Ejido de **********, en el referido Municipio.
4. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete se formalizó la compraventa y el acusado ********** solicitó el pago del predio a favor de la propietaria por $********** (**********.).
5. Estos actos generaron beneficios económicos a **********, quien auxilió a los servidores públicos para la documentación correspondiente y liberación del pago, cobró un cheque de caja para sí mismo en cantidad de $********** (**********), asimismo, le concedió un beneficio para ********** (hermano de **********), quien recibió la cantidad de $********** (**********). Ésta última persona fue reconocida por los propietarios originales del predio, como el comprador.
6. Carpeta judicial **********. El nueve de agosto de dos mil veintidós, la Juzgadora del Sistema Penal Acusatorio y Oral, actuando en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Unidad II, en el Distrito Judicial de Querétaro, emitió el fallo de primera instancia en el que consideró demostrada la existencia del delito y responsabilidad penal de ********** y su coacusado **********, por haber incurrido en la comisión del delito de negociaciones ilícitas previsto por el artículo 271, sancionado por el numeral 260, fracción III, en relación con el 259, 12, fracción I y 14, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Querétaro, en agravio del servicio público, indirectamente del Municipio de **********, Querétaro, por lo que impuso las siguientes sanciones:
• Pena de prisión de seis años, seis meses y una multa de ********** días, Unidad de Medida de Actualización, equivalente a la cantidad de $********** (**********).
• La suspensión de sus derechos civiles.
• Dispuso que las medidas cautelares en libertad seguirían vigentes hasta en tanto quedara firme la resolución.
• Decretó su amonestación en privado e inhabilitación, para obtener y/o desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público estatal o municipal, por el mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad.
• Condenó a ambos al pago de la reparación del daño, cuyo monto correspondería imponerlo al Juez de Ejecución a través del incidente de liquidación respectivo.
7. Apelación. Contra esa determinación los sentenciados interpusieron recursos de apelación, de los que conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, quien lo registró como toca penal acusatorio **********.
8. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés dictó sentencia en la que tuvo por no acreditada la responsabilidad penal del coacusado, quien quedó absuelto.
9. Por cuanto hace a ********** resolvió que subsistía la determinación de la existencia del delito, y modificó la sentencia en los siguientes términos:
• Punición. Aplicó el parámetro de punibilidad establecido en el quinto párrafo del artículo 260 del Código Penal para el Estado de Querétaro, quedando como pena de prisión tres años, un mes y quince días de prisión y una multa de ********** días, unidad de medida de actualización, equivalente a $********** (**********).
• Reparación del daño. No se tuvo por acreditado daño alguno con la conducta sancionada, por lo que absolvió de su pago.
• Obtención de beneficios. En virtud de la punición modificada, concedió a ********** la suspensión condicional de la pena de prisión, por el lapso de su duración, previo pago de la multa de $********** (**********).
10. Juicio de amparo directo **********. Inconforme con la anterior determinación, ********** promovió juicio de amparo directo.
11. Correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito. Al resolver, el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, concedió el amparo por considerar que el mencionado precepto 271 del Código Penal local vulnera el derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley en material penal, en su vertiente de taxatividad.
12. Recurso de revisión. Inconformes con lo anterior, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en Querétaro, Querétaro, el Director de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Corrupción y la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad Especializada en el Combate a la Corrupción, ambos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, interpusieron recurso de revisión.
13. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión y lo registró con el número de expediente 2834/2025. Asimismo, reservó el turno del asunto hasta en tanto la nueva integración de este Máximo Tribunal determinara lo conducente.
14. En el mismo proveído, se determinó que únicamente la Fiscal de Acusación adscrita a la Unidad Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cuenta con legitimación para interponer recurso de revisión, toda vez que en el juicio de amparo indirecto no se acreditó el carácter de tercero interesado al Director de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Corrupción de la Fiscalía General del Estado.
15. Turno. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnó el presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para la elaboración del proyecto respectivo.
16. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo(1) y 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(2) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
17. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo;(4) 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(5) así como el Punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(6)
II. OPORTUNIDAD
18. La sentencia impugnada fue notificada a la Fiscal de Acusación adscrita a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro el doce de marzo de dos mil veinticinco mediante oficio 2193/2025,(7) por lo que dicha notificación surtió efectos el mismo día.
19. En esas condiciones, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo(8) para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del trece al veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de ese mismo mes, por ser sábados y domingos, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Asimismo, se descuentan los días diecisiete y veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) en relación con el numeral 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.(10)
20. Luego, si el recurso de revisión fue interpuesto el veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, debe concluirse que su presentación es oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
21. La Fiscal de Acusación adscrita a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, en virtud que en el juicio de amparo directo se le reconoció el carácter de tercero interesado mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés.(11)
IV. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
22. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso es imprescindible referir los conceptos de violación, de índole constitucional, expresados en la demanda de amparo, las consideraciones conducentes de la sentencia recurrida y los agravios planteados en la revisión.
23. Demanda de amparo. En sus conceptos de violación, la parte quejosa sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
• El tipo penal contenido en el artículo 271 del Código Penal para el Estado de Querétaro, vigente del ocho de junio de dos mil doce al veintisiete de mayo de dos mil veintidós, relativo al delito de negociaciones ilícitas y su aplicación, resulta violatorio del principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad y de los principios penales de fragmentariedad, exclusiva protección de bienes y de antijuridicidad, vulnerando así los derechos fundamentales de legalidad, certeza jurídica y debido proceso.
• Lo anterior porque carece de certeza o determinación en tanto omite señalar que la conducta sancionada sea o resulte indebida, lo que deja abierto que cualquier acto jurídico ejecutado por un servidor público que, independientemente de que sea debido, correcto o lícito, provoque beneficios en un tercero, sea susceptible de sanción.
• Siendo que el propio legislador local, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, reformó la denominación del tipo penal y la redacción del referido artículo 271 del Código Penal del Estado de Querétaro.
• La responsable aplicó indebidamente por analogía la definición de "acto jurídico" para incluir actos administrativos; señala que sus actuaciones como Secretario de Servicios Públicos (solicitar inicio del procedimiento y elegir el predio) fueron actos administrativos que no crean ni transfieren derechos. El verdadero acto jurídico fue la compraventa formalizada mediante escritura pública, donde él no participó ni tuvo facultades para representar al Municipio.
• Alega violación al principio de congruencia y contradicción porque la fiscalía no siguió las reglas de incorporación probatoria del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
24. Sentencia de amparo. El tribunal colegiado del conocimiento concedió el amparo bajo las siguientes consideraciones:
• El artículo 271 del Código Penal de Querétaro, vigente del ocho de junio de dos mil doce al veintisiete de mayo de dos mil veintidós, relativo al delito de negociaciones ilícitas, vulnera el derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley en material penal, en su vertiente de taxatividad, porque no es suficientemente claro y preciso para entender su significado, ya que para considerar actualizada la conducta configurativa del ilícito en análisis, el Legislador Local no estructuró de manera concreta los elementos del tipo penal, en tanto no contempla la intención específica del servidor público, en el sentido de que con su conducta, obtenga para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial “indebido”.
• En precedentes de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) se ha considerado que el legislador, al emplear el vocablo "indebidamente", no introduce en la disposición legal un concepto impreciso, oscuro o inexacto, sino que se limita a calificar la conducta del servidor público, por lo que no contraviene la exacta aplicación de la ley penal.
• Sin embargo, en el caso del artículo 271 del Código Penal del Estado de Querétaro, la descripción típica carece de la expresión calificativa de “indebida”, ilícita o ilegal, lo que lo torna violatorio del principio de taxatividad.
• Tanto así que dicho numeral fue reformado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, entrando en vigor el día siguiente, precisamente para incorporar la expresión “indebidamente” y así esclarecer cuál es la conducta que actualmente se sanciona del servidor público, lo que una vez reformado, permite advertir cuál es el bien jurídico protegido, además de cambiarle el nombre al tipo penal de negociaciones ilícitas por el de ejercicio abusivo de funciones.
• En esos términos, reitera que el artículo 271 analizado resulta violatorio del principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, porque deja abierto que cualquier acto jurídico ejecutado por un servidor público que, independientemente de que sea debido, correcto o lícito, provoque beneficios en un tercero, sea susceptible de sanción, lo que desde luego, no resulta razonable, lógico ni jurídico; justo por ello fue que el propio Legislador Local del Estado de Querétaro, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, reformó la denominación del tipo penal, adicionando el elemento que califica la conducta como “indebida”.
• En consecuencia, concedió el amparo en forma lisa y llana para el efecto de que la Sala Penal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que no podrá aplicar en contra del quejoso el artículo 271 de Código Penal del Estado de Querétaro, vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, para fundar su fallo.
25. Agravios. En el recurso de revisión la autoridad recurrente planteó los argumentos que a continuación se sintetizan:
• PRIMERO. La sentencia recurrida contiene una decisión incompatible con el parámetro de regularidad constitucional aplicable al régimen de responsabilidades administrativas para determinar el alcance de la actuación de los servidores públicos.
• Para resolver correctamente se requiere un análisis sistemático e interpretación directa de los artículos 73 fracción XXIX-V, 108 y 134 de la Constitución Federal, los cuales establecen el alcance del régimen de responsabilidades de los servidores públicos en México, así como las bases y directrices que rigen la contratación pública y celebración de actos jurídicos por parte de los servidores públicos.
• Asimismo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas estableció como directriz obligatoria para todos los servidores públicos, conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personales o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.
• Adicionalmente, el dieciocho de abril de dos mil diecisiete se publicó en el periódico oficial de Querétaro, la Ley de Responsabilidades Administrativas de esa entidad, en cuyo artículo 5 se dispone que los servidores públicos deben observar las directrices previstas en la Ley General.
• En virtud de lo anterior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, son coincidentes en establecer que los servidores públicos tienen la obligación de respetar la directriz que les impide realizar actos jurídicos en el desempeño de su cargo o empleo, que tengan por objeto obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros.
• Particularmente, argumenta que, al analizarse el artículo impugnado, se deja de considerar que ineludiblemente el sujeto activo del delito es un servidor público, el cual está obligado a cumplir con las directrices y principios consignados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, legislación que surge de los trabajos legislativos en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Que el artículo 134 constitucional exige que, en todos los casos, los recursos públicos se ejerzan con imparcialidad en apego a la legislación especial prevista para la contratación y celebración de actos jurídicos, lo que implica que la suscripción de actos jurídicos no se ejecute con la finalidad de beneficiar a terceros.
• SEGUNDO. El tipo penal previsto en el artículo 271 del Código Penal del Estado de Querétaro no resulta inconstitucional por no incorporar el vocablo “indebido”, para definir la conducta configurativa del tipo penal.
• Contrario a ello, la propia configuración del tipo penal enuncia que se sancionan las negociaciones ilícitas que realicen los servidores públicos.
• Por tanto, el delito en cuestión sólo puede ser cometido por servidores públicos (destinatario de la norma), de modo que el conocimiento que tienen derivado del ejercicio de las funciones que desempeñan (contexto), les permite comprender con la suficiente claridad y precisión el alcance de las transacciones que protege el tipo penal.
• Atendiendo al contexto que se desprende del régimen de responsabilidad administrativa, no resulta necesario que la norma penal haga referencia que la intención específica del sujeto activo del delito al desplegar su conducta de obtener un beneficio deba ser “indebido”, pues el servidor público conoce perfectamente las actuaciones que le prohíbe la norma por afectar el buen funcionamiento de la administración pública.
• TERCERO. La sentencia impugnada parte de una apreciación equivocada sobre lo que debe entenderse por “beneficio”. El tribunal colegiado de circuito parte de la premisa equivocada consistente en que cualquier acto jurídico que celebre un servidor público y otorgue un beneficio a terceros, será sancionado por el sistema punitivo del Estado; sin embargo, el beneficio que describe la norma impugnada es aquella que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 7, fracciones II y III, prevé como directrices de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
• Es decir, el beneficio que precisa el tipo penal es aquel extraordinario, excepcional y que, sin justificación, otorgue un servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que produzca una ventaja o privilegio que responda a un interés personal, particular y ajeno a las necesidades colectivas de la sociedad.
• Aunado a que el beneficio que precisa el tipo penal es aquella obtención de contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, compras o ventas fuera de los procedimientos legales correspondientes, y no “beneficio económico” como lo pretende ver el Tribunal Colegiado.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
26. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo, de acuerdo con las siguientes razones:
27. En principio, debe precisarse que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(13) 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo.(14)
28. De tales preceptos se desprende que las resoluciones en los juicios de amparo directo que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que cumplan dos requisitos. El primero se refiere a que las sentencias impugnadas:
a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; o
b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o
c) Hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.
29. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.
30. A su vez, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX constitucional, en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
31. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir a las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.
32. Conforme a lo anterior, en el caso concreto se cumplen los requisitos de procedencia del amparo directo en revisión, pues la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 271 del Código Penal para el Estado de Querétaro, vigente del ocho de junio de dos mil doce, al veintisiete de mayo de dos mil veintidós, relativo al delito de negociaciones ilícitas y, el tribunal colegiado de conocimiento determinó que vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y exacta aplicación de la ley penal.
33. Además, este Alto Tribunal considera que este asunto dará lugar a un pronunciamiento de interés excepcional para el orden jurídico mexicano, pues si bien existe una extensa doctrina respecto del principio de taxatividad, ésta no se ha pronunciado sobre el delito precisado en la parte que aduce el quejoso.
VI. ESTUDIO DE FONDO
34. Al haberse establecido la procedencia del presente recurso de revisión, se fija el examen constitucional consistente en determinar si el artículo 271 del Código Penal, vigente del ocho de junio de dos mil doce al veintisiete de mayo de dos mil veintidós, vulnera el principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
35. Para el análisis correspondiente resulta oportuno exponer la doctrina que sobre el principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad ha desarrollado este Alto Tribunal.
VI.1 El principio de legalidad en su vertiente de taxatividad penal.
36. Este Alto Tribunal ha sido consistente en precisar que el artículo 14(15) de la Constitución Federal y 9(16) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata en el momento de los hechos.
37. El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.
38. De acuerdo con dicho principio, solo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. Así, la tipicidad constituye un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal, y constituye la base fundamental del principio de legalidad.(17)
39. El principio de taxatividad exige que la descripción típica no sea vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Para garantizar que no se infrinja la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, debe ser exacta.
40. En consecuencia, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que el objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma.
41. Sin embargo, según ha establecido esta Suprema Corte, no se debe exigir al legislador recoger absolutamente todos los matices con que se expresa la realidad y debe acudir frecuentemente a términos amplios que deben ser concretados por los jueces en su función interpretativa de las normas, porque es imposible que la ley enumere todas las posibles formas de aparición de una situación. Cuando se intenta, se cae en la utilización de enumeraciones casuísticas que generalmente no agotan todas las posibilidades fácticas y obligan a interpretaciones forzadas para evitar lagunas de punibilidad.(18) Por consiguiente, una disposición jurídica no es necesariamente inconstitucional si el legislador no define cada vocablo que utiliza, ya que tornaría imposible la función legislativa.(19)
42. Cabe puntualizar que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir (I) tanto a la gramática, (II) como en contraste u observando dicha expresión en relación con otras expresiones contenidas en la misma u otra disposición normativa. Incluso, a veces se puede atender (III) al contexto en el cual se desenvuelven las normas y (IV) sus posibles destinatarios.(20)
43. Así, para que un enunciado normativo cumpla con la exigencia de taxatividad es necesario que la norma sea clara y precisa, es decir, de tal forma que no sea vaga ni ambigua y sea evidente para el juzgador la conducta que se pretende sancionar en concordancia con el bien jurídico tutelado que se busca proteger. Por ello, el análisis del grado de concreción de los elementos integradores del tipo penal serán los que permitirán establecer si se cumple o no con la exigencia de taxatividad que requiere para su eficacia el principio de legalidad.
44. Por lo que, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma, es decir, que los tipos penales describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen.
45. Por tanto, el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, exige que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas, y su finalidad es preservar los principios penales de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la norma.
46. Por ello es de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que considera dañina y desde luego las sanciones que resultan aplicables como consecuencia de su realización. En caso contrario, se generaría incertidumbre en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley, o en la precisión de las penas a las que se enfrentaría en caso de transgredir el ordenamiento, ello no solo respecto de las personas gobernadas, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal.
47. Lo anterior no significa que el creador de la norma tenga que describir con sus más mínimos detalles las conductas que deben ser sancionadas penalmente, porque ello supondría una exigencia desmedida del principio de legalidad. Si se lleva a tal extremo el citado principio, desembocaría en un casuismo abrumador.
48. Derivado de lo expuesto, el legislador debe velar por establecer una imagen conceptual lo suficientemente abstracta que englobe en ella todos los comportamientos de características esencialmente comunes que atenten contra un bien jurídico relevante para la sociedad. Por lo que, de no existir una descripción legal exactamente aplicable a la conducta humana analizada, habría una ausencia de tipicidad.(21)
VI.2 Análisis de constitucionalidad del artículo 271 del Código Penal para el Estado de Querétaro.
49. Son esencialmente fundados los agravios del recurrente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33920-9b325e61/negociaciones-ilicitas-el-articulo-271-del-codigo-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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