FALTA ADMINISTRATIVA DE DESVÍO DE RECURSOS. LA DESCRIPCIÓN PREVISTA EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE CONTRAPONE A LAS DEFINICIONES CONVENCIONALES.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 619/2025. 21 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y MARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
Presentación del asunto
En el caso se plantea el examen de convencionalidad del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sanciona la infracción de desvío de recursos públicos.
Hechos relevantes y/o contexto:
El titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Regional Estado de México Oriente del IMSS fue sancionado con la suspensión por 3 meses de su cargo, al haber incurrido en la infracción de desvío de recursos prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior, porque adjudicó un contrato para adquirir consumibles de equipo de cómputo, sin contar con la investigación de mercado que asegurara las mejores condiciones de precio.
El funcionario sancionado interpuso un recurso de apelación en contra de la anterior resolución, la cual fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En desacuerdo, el funcionario sancionado promovió un amparo directo en el que combatió el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Argumentó que la infracción de desvío de recursos que prevé esa norma no se ajusta en su descripción a la definición contenida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción, los cuales requieren como elementos típicos la obtención de un beneficio para el funcionario imputado o un tercero y la redirección de los recursos a un fin distinto del que tenían originalmente.
El Tribunal Colegiado negó el amparo, al considerar que la norma impugnada coincide con las normas convencionales porque su segundo párrafo hace referencia al desvío de recursos para el propio funcionario o para otras personas.
El servidor público sancionado acudió en revisión y planteó agravios relacionados con la inconvencionalidad de la norma impugnada. El Órgano Interno de Control en el IMSS se adhirió al recurso.
Problema jurídico:
El problema jurídico por resolver en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es inconvencional porque la definición que hace de la infracción de desvío de recursos no se ajusta a los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Decisión judicial:
Procede confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo porque la hipótesis de desvío de recursos públicos contenida en las normas convencionales se refiere a su tipificación como delito en la materia penal, por lo que no se genera el deber de homologación a la infracción administrativa prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Queda sin materia la revisión adhesiva, ante la desestimación del recurso principal.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 619/2025, interpuesto por persona “A” (en lo sucesivo persona “A”) en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro en el juicio de amparo directo 243/2024.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es inconvencional porque la descripción típica que hace de la infracción de “desvío de recursos públicos”(1) no está armonizada en sus elementos a la definición prevista en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción(2) (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción(3) (CICC).
I. ANTECEDENTES
1. Carácter de funcionario público. La persona “A” se desempeñó en dos mil diecisiete como titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS).
2. Licitación pública. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el portal electrónico CompraNet una convocatoria a la licitación pública nacional electrónica para la adquisición de consumibles de equipo de cómputo en la Delegación Regional Estado de México Oriente del IMSS.(4)
3. Procedimiento de licitación. El procedimiento se sustanció en todas sus fases y, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, la persona “A”, junto con otros funcionarios de la unidad compradora, suscribieron el fallo de adjudicación del contrato correspondiente.(5)
4. Denuncia. El veintiocho de marzo de dos mil veinte, diversas autoridades y medios de comunicación recibieron una denuncia ciudadana presentada por correo electrónico en la que se informaron presuntos actos irregulares cometidos en el procedimiento de licitación referido.
5. Procedimiento de investigación. El treinta de marzo de dos mil veinte, la titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el IMSS (actualmente Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones) emitió un acuerdo a través del cual radicó la denuncia.(6)
6. Una vez desahogada la investigación, la unidad administrativa mencionada emitió el dos de agosto de dos mil veintiuno un acuerdo en el que determinó que la persona “A” incurrió en la falta administrativa de desvío de recursos prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,(7) por haber tramitado el procedimiento de licitación sin cumplir la normativa aplicable, la cual calificó como grave.
7. Informe de presunta responsabilidad. La misma unidad administrativa emitió el dos de agosto de dos mil veintiuno el informe de presunta responsabilidad administrativa. Determinó que la persona “A” intervino en la adjudicación del contrato para la adquisición de consumibles de equipo de cómputo, sin haber recabado una investigación de mercado para garantizar los mejores precios.
8. Procedimiento administrativo sancionador. Previa recepción del informe de presunta responsabilidad, por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS lo admitió y ordenó tramitar el procedimiento administrativo sancionador.(8)
9. Etapa resolutora. Después de celebrarse la audiencia inicial el siete de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad sustanciadora remitió el expediente a la entonces Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante TFJA).(9)
10. Resolución. La Sala Auxiliar dictó la resolución respectiva el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que determinó que la persona “A” y los otros cuatro funcionarios denunciados incurrieron en la falta administrativa de desvío de recursos prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que los sancionó con la inhabilitación de sus cargos por tres meses.
11. Recursos de apelación. La persona “A”, junto con dos de los funcionarios sancionados, recurrieron en apelación la anterior resolución.(10)
12. La Sala Superior dictó sentencia el doce de marzo de dos mil veinticuatro, en la que confirmó la existencia de la falta administrativa atribuida a la persona “A” y la sanción que le fue impuesta.(11)
13. Juicio de amparo directo (243/2024). El cinco de abril de dos mil veinticuatro, la persona “A” promovió un juicio de amparo directo en contra de la sentencia identificada en el punto anterior. Expresó siete conceptos de violación, de los cuales en cuatro de ellos (tercero a séptimo) planteó temas de legalidad, en tanto que en los dos restantes (primero y segundo), cuestiones de constitucionalidad. Estos últimos argumentos son del siguiente contenido sustancial:
Primer concepto de violación. El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas viola el principio de supremacía previsto en el artículo 113 de la Constitución Política del país porque la infracción de desvío de recursos que prevé no se ajusta en su descripción a la definición contenida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
• Dichos preceptos convencionales disponen que el desvío de recursos debe ser para beneficio propio del funcionario imputado o de un tercero, sin que la redacción del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevea esa condición.
• La norma impugnada desatiende los compromisos internacionales asumidos por México en las Convenciones aludidas, pues su contenido no está armonizado con la definición aceptada a nivel internacional.
Segundo concepto de violación. Ante el vicio que presenta la norma impugnada, la autoridad responsable debió inaplicarla, para considerar que no se configuró el desvío de recursos.
• No basta con que el funcionario imputado haya autorizado, solicitado o efectuado directamente la asignación de recursos públicos para fines distintos de aquellos a los que estaban destinados, pues se requiere la existencia de un beneficio para el propio servidor público o un tercero, lo que no se acreditó.
14. Trámite y sentencia en el juicio de amparo. La demanda de amparo se registró con el número de expediente 243/2024 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(12) Previa admisión a trámite del asunto y, una vez sustanciado el procedimiento, dicho órgano jurisdiccional dictó sentencia el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, en la que negó el amparo. En el análisis de constitucionalidad de las normas cuestionadas sostuvo lo siguiente:
• El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se adecua a la protección mínima que prevén los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), porque utiliza la expresión “se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros”. Esta redacción se refiere a que el uso de los recursos públicos produzca un beneficio para el propio funcionario o para un tercero, lo que es acorde con las definiciones previstas en los convenios internacionales de que se trata.
• La constitucionalidad de la norma no puede depender de la situación particular del quejoso en torno a que en el caso se haya demostrado o no el beneficio obtenido para sí o para un tercero.
15. En lo demás, el Tribunal Colegiado desestimó los argumentos de legalidad que se relacionaron con la configuración de la infracción administrativa y la aplicación de la sanción correspondiente.
16. Recurso de revisión en amparo directo. Inconforme con la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la persona “A” interpuso un recurso de revisión en su contra, en el que planteó un agravio con los argumentos siguientes:
• El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevé entre sus elementos el beneficio ilícito para el funcionario o un tercero, por lo que esa norma se aparta de la definición prevista en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Tales normas internacionales contemplan la intencionalidad del sujeto activo para redirigir los recursos públicos a un fin distinto del autorizado por la Ley, con la consecuente obtención de un beneficio ilícito para el propio funcionario o un tercero.
• La condición relativa a la obtención de un beneficio para el servidor público u otras personas, que está prevista en el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se limita en forma expresa a los recursos públicos derivados de relaciones laborales (remuneraciones previstas en tabuladores, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos no previstos en los instrumentos normativos que regulan la relación laboral), por lo que no se extiende a otro tipo de casos.
• La norma impugnada tampoco prevé el elemento de redirigir los recursos públicos a un fin distinto del autorizado por la ley, no obstante que el marco convencional aplicable exige su incorporación en la descripción típica de la infracción de desvío de recursos.
17. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de este alto tribunal admitió a trámite el amparo directo en revisión con el número de expediente 619/2025, lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y envió los autos a la Sala a la que se encuentra adscrita.
18. Avocamiento. Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avocó el asunto en la Sala y envió los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución.
19. Revisión adhesiva. El mismo diez de marzo de dos mil veinticinco, la titular del Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el IMSS interpuso un recurso de revisión adhesiva, en su carácter de autoridad tercera interesada, en el que hace valer la improcedencia de la revisión principal y la subsistencia de la sentencia recurrida.
20. Admisión de la revisión adhesiva. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el recurso de revisión adhesiva, por lo que ordenó devolver los autos a la ponencia a la que se turnaron.
II. COMPETENCIA
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, pues se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo en el que se controvirtió la constitucionalidad del artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(13)
22. Asimismo, porque el primer párrafo del artículo 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que los amparos en revisión, como los amparos directos en revisión, de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los ministros de ambas salas.
III. OPORTUNIDAD
23. Los recursos de revisión se interpusieron de manera oportuna. La sentencia de amparo se notificó por lista a la persona “A” el trece de diciembre de dos mil veinticuatro. La notificación surtió efectos el día hábil siguiente (dos de enero de dos mil veinticinco), por lo que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del tres al dieciséis de enero del año en cita.(14) Por lo tanto, si el recurso de revisión principal se interpuso el siete de enero de dos mil veinticinco, es oportuno.
24. Por otra parte, resultó oportuna la interposición de la revisión adhesiva. El acuerdo admisorio del recurso principal se notificó a la titular del Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el IMSS por oficio entregado el tres de marzo de dos mil veinticinco. La notificación surtió efectos en la fecha en que se realizó,(15) por lo que el plazo de cinco días establecido en el artículo 82 de la Ley de Amparo transcurrió del cuatro al diez de marzo del presente año.(16)
25. La revisión adhesiva se presentó el diez de marzo de dos mil veinticinco; por tanto, su interposición fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
26. Los recursos de revisión fueron hechos valer por partes legítimas. El recurso de revisión principal fue interpuesto por la persona “A” que figuró como parte quejosa en el juicio de amparo directo de donde deriva el recurso de revisión que se examina.
27. Por otra parte, la revisión adhesiva fue formulada por la titular del Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el IMSS, quien tiene el carácter de autoridad tercera interesada en el juicio de amparo directo de origen.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN PRINCIPAL
28. El presente recurso de revisión en amparo directo es procedente porque en la demanda se planteó que el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es inconvencional porque la infracción de desvío de recursos que prevé no se ajusta en su descripción a la definición contenida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
29. Dicho planteamiento lo declaró infundado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en el recurso de revisión se controvierte aquella determinación.
30. De conformidad con la Constitución Política del país y la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados en dichos ordenamientos, motivo por el cual éstos deben analizarse antes del estudio de fondo.
31. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:
I. En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando se hubieren planteado.
II. El problema de constitucionalidad referido en el punto anterior revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
32. Con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, el segundo aspecto destacado se denominó importancia y trascendencia, ahora interés excepcional. Para la procedencia del recurso es indispensable la actualización conjunta de dos requisitos: el primero, un pronunciamiento genuino sobre constitucionalidad, y el segundo, su excepcionalidad.
33. Así, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
A. Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política del país, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, se haya omitido el estudio respectivo cuando en los conceptos de violación de la demanda de amparo se haya planteado alguna de esas cuestiones; y
B. Que el problema de constitucionalidad señalado en el punto anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. 34. Se entiende que se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, sólo cuando:
a. La cuestión de constitucionalidad planteada de lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden jurídico nacional; o,
b. Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
35. Una vez establecido lo anterior, esta Primera Sala determina que el presente amparo directo en revisión es procedente, de acuerdo con las consideraciones siguientes.
36. El primer requisito de procedencia se cumple porque en la demanda de amparo la persona “A” ahora recurrente planteó que el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es inconvencional porque la infracción de desvío de recursos que prevé no se ajusta en su descripción a la definición contenida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
37. Los anteriores planteamientos los declaró infundados el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en el recurso de revisión se controvierte tal determinación.
38. También se colma el segundo requisito consistente en el atributo de interés excepcional del asunto, porque ante los agravios hechos valer en la revisión se habilita la emisión de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. Por ende, corresponde el estudio del caso.
39. Sin que en el caso se haya configurado el motivo de improcedencia del recurso principal planteado por la autoridad adherente, que hace depender de la alegada inexistencia de un problema de inconstitucionalidad, porque no se ubican en esa categoría los planteamientos de contradicción entre el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción.
40. Se desestima el anterior planteamiento porque, en congruencia con lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 22/2014 (10a.),(17) el recurso de revisión en amparo directo procede cuando su materia versa sobre la colisión entre una ley secundaria y un tratado internacional, que involucre un derecho humano.
41. En el presente caso, la problemática sobre la que se pronunció el Tribunal Colegiado del conocimiento se refirió a la alegada colisión entre una ley secundaria, específicamente el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y dos convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte, en relación con la posible afectación, entre otros, al derecho de acceso a la justicia efectiva.
42. En consecuencia, el presente amparo directo en revisión resulta procedente en términos de la jurisprudencia P./J. 22/2014 (10a.) previamente mencionada, por lo que se analizan los agravios propuestos en el recurso principal.
VI. ESTUDIO
43. Mediante este apartado se expresan las razones por las que resulta infundada la alegada discordancia entre la descripción típica del desvío de recursos públicos prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la establecida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
44. Para justificar la conclusión anticipada, conviene recordar que el Estado mexicano suscribió la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil tres.(18)
45. En esa convención se plasmó la preocupación internacional por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
46. Conforme al artículo 3 de la convención, su ámbito de aplicación está enfocado a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la convención.(19)
47. La propia convención señala políticas y prácticas de prevención de la corrupción desde un enfoque interdisciplinario relacionado con la debida gestión de los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.(20)
48. El artículo 17 de la convención señala el compromiso de los Estados parte de establecer como delito la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público.(21)
49. Además de la convención del sistema universal, en el aspecto regional, el Estado mexicano suscribió la Convención Interamericana Contra la Corrupción.(22) Esa convención surge a partir de las preocupaciones sobre la corrupción que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
50. El artículo XI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, se establece como compromiso de los Estados parte tipificar como delito la desviación ajena a su objeto que,(23) para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.
51. El artículo 109, de la Constitución Política del país establece las bases para el sistema anticorrupción,(24) y en sus fracciones II y III distingue entre sanciones penales y administrativas.
52. Dentro del ámbito administrativo sancionador, derivado del artículo 109, fracción III, de la Constitución Política del país, el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como conducta sancionable el desvío de recursos públicos. Tal precepto dispone lo siguiente:
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo.
53. El primer párrafo de la disposición normativa transcrita señala que la infracción administrativa de desvío de recursos públicos consiste en la autorización, solicitud o asignación de elementos materiales, humanos o financieros que realiza un servidor público, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
54. El segundo párrafo dispone que se considera desvío de recursos públicos, al otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del pago de remuneraciones en forma contraria a los tabuladores aplicables, de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en una ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo.
55. Al analizar los artículos 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se aprecia correspondencia en la conducta reprochada del desvío de recursos públicos.
56. El aspecto común reprochable es que los recursos públicos sean desviados de los recursos públicos confiados a un servidor público con motivo de su encargo.
57. El hecho de que no exista una identidad exacta entre las definiciones,(25) obedece a que, en principio, los compromisos internacionales fueron adecuar las legislaciones internas para sancionar esas conductas reprochables, pero no a establecer una redacción específica.
58. Además, porque el compromiso internacional adoptado fue para la tipificación como delitos, y no para establecer una identidad de definición para delitos y para conductas sancionables administrativamente.
59. Esto es, los elementos de la descripción típica de la hipótesis de desvío de recursos contenida en los artículos 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y XI, inciso d), de la Convención Interamericana contra la Corrupción, no son trasladables de manera exacta a la infracción prevista por el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tales preceptos internacionales son del tenor siguiente:
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público.
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.
Convención Interamericana contra la Corrupción
Artículo XI
Desarrollo progresivo
1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionale
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33551-d8842ac8/falta-administrativa-de-desvio-de-recursos-la-descripcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE CUANDO DERIVA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO POR DESPIDO INJUSTIFICADO. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSTITUYE UN MECANISMO SANCIONATORIO QUE PERMITE CUMPLIR (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. (III.7o.A.2 K (10a.))
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVO (IV.2o.A. J/10 (10a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 61, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 1o. Y 5o., FRACCIÓN II, TODOS DE LA (XVIII.2o.P.A.9 K (11a.))
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVO (IV.2o.A.83 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis