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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2500/2016. · Registro digital (IUS): 26892
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-01-20
Promovente: MARÍA ELENA VERA VILLAGRÁN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 439.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2500/2016. MARÍA ELENA VERA VILLAGRÁN. 23 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(1) ya que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo laboral, materia que corresponde a una de las especialidades de esta Sala, y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. El recurso se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó por lista a la parte quejosa el viernes quince de abril de dos mil dieciséis,(2) por lo que el plazo aludido transcurrió del martes diecinueve de abril al lunes dos de mayo del año en cita, en tanto el escrito de expresión de agravios se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el dos de mayo de dos mil dieciséis.(3)

El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue firmado por Francisco Javier Palomares Hilton, apoderado de la quejosa, carácter que le fue reconocido por el Tribunal Colegiado del conocimiento, en proveído de ocho de septiembre de dos mil quince.(4)

TERCERO.-Consideraciones preliminares. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes.

a) María Elena Vera Villagrán demandó de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, su reinstalación, el pago de salarios caídos y demás prestaciones, en virtud del despido que alegó fue injustificado.

Manifestó haber ingresado a laborar para la dependencia demandada, el quince de febrero de dos mil siete; el uno de diciembre de dos mil ocho le otorgaron nombramiento como servidor público de carrera, en el puesto de directora de Enlace con Instituciones del Sistema Financiero; y que el siete de octubre de dos mil diez, aproximadamente a las dieciocho horas, la jefa del Departamento de Apoyo de Personal le informó que, a partir del uno de octubre de dos mil diez, la plaza que ocupaba había sido cancelada dentro de la estructura orgánica, de conformidad con la atenta nota 155, suscrita por el coordinador administrativo de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios.

b) La demandada negó acción y derecho a la actora, debido a que la trabajadora se desempeñó en un cargo de confianza, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al contar con facultad de representatividad y poder de decisión, manejo de valores, así como de supervisión del personal a su cargo, por lo cual, no contaba con el derecho de estabilidad en el empleo.

Sostuvo que la actora se desempeñó como servidora pública de carrera eventual, siendo aplicable la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, por lo cual, de considerar procedente la acción, sólo tendría derecho al pago de una indemnización, mas no a la reinstalación.

Adujo que la baja de la actora obedeció al cumplimiento de diversas disposiciones relacionadas con el decreto emitido por el Ejecutivo Federal, que establece medidas de austeridad y disciplina del gasto público, por lo cual, no podía considerarse como injustificado.

c) La Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el treinta de marzo de dos mil quince, en el que estimó que la secretaría demandada demostró que la trabajadora realizó funciones de confianza, acorde con lo dispuesto por el numeral 5o. de la legislación federal burocrática, por lo cual, la absolvió de la reinstalación y del pago de salarios caídos, así como de los incrementos en el salario, aguinaldos y prima vacacional, posteriores al despido.

Consideró que la actora tuvo el carácter de servidora pública de carrera, conforme al nombramiento expedido por la propia secretaría demandada, por lo que el despido reclamado devenía injustificado, en la medida de que la baja por supresión de la plaza atendiendo a cuestiones presupuestales, no se encuentra prevista en el artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, motivo por el cual, condenó a la dependencia demandada al pago de indemnización constitucional y salarios caídos.

d) En contra del laudo anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo.

II. Síntesis del único concepto de violación del juicio de amparo principal.

• Primero. La responsable viola sus derechos humanos de legalidad, igualdad, tutela judicial y seguridad jurídica, porque al ser una trabajadora perteneciente al servicio público de carrera cuenta con una estabilidad relativa en el empleo, lo cual no sólo se traduce en el derecho a una indemnización, sino de ser posible, la preservación de la relación laboral mediante su reubicación al interior de la dependencia.

• Resulta incongruente que por el hecho de ser trabajadora de confianza, se declare la improcedencia de su reinstalación y reubicación, pero en forma simultánea, al tener la calidad jurídica de servidor público de carrera, se declare la procedencia de su indemnización, cuando el mayor beneficio que la ley confiere, es la conservación del empleo del servidor público de carrera mediante su reubicación en otra plaza del mismo nivel salarial y jerárquico.

• La responsable no fundó ni motivó por qué no procede la reubicación de la quejosa en un puesto del mismo nivel salarial y jerarquía, además debió condenar al pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, así como al pago de aguinaldo y prima vacacional por todo el tiempo que permanezca separada en el empleo por causas imputables al patrón, así como sus incrementos salariales y aportaciones de seguridad social, lo que resulta incongruente y violatorio de su derecho humano de legalidad.

• Existe incongruencia interna y externa, porque: primero, en su carácter de servidor público de carrera se le reconoce el derecho a percibir una indemnización legal, en caso de ser despedida injustificadamente, en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, sin precisar qué precepto legal ni qué indemnización le corresponde; segundo, se impone como condena a la demandada la obligación de cubrirle la indemnización legal conforme al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo; y tercero, habiendo reconocido que el motivo de la separación fue insuficiencia presupuestaria, lo que implica reducción de personal, se actualiza la indemnización de cuatro meses y veinte días por cada año de servicios, prevista en el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo.

• Segundo. La indemnización y el pago de salarios caídos deben ser cubiertos con base en el salario diario integrado, conforme a los artículos 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, a razón de dos mil novecientos veintisiete pesos, con veinticinco centavos diarios.

• Si la autoridad responsable eximió al patrón de reinstalar y/o reubicar a la actora, debió conceder el pago de una indemnización en la que se incluyan los veinte días por año, así como los incrementos salariales, por el tiempo que permanezca privada de su empleo por causas imputables al patrón y hasta en tanto se le cubra la totalidad de la indemnización legal que le corresponde.

• Tercero. El laudo reclamado es inconstitucional, inconvencional, incongruente, vago e impreciso, dejando a la trabajadora quejosa en total estado de indefensión y violando sus derechos humanos que tutelan los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; 1, 2, 3, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 7, 9, 10 y 17 del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues la resolución es incongruente, porque la actora pretendió la subsistencia del vínculo laboral, pero la responsable condena al pago de una indemnización legal por la terminación de su relación laboral e impone condena al pago de salarios caídos.

• La condena al pago de la indemnización es una forma de evitar y conmutar la reinstalación reclamada, pues no se ha dado por terminada la relación laboral, sino que dicha relación de trabajo subsiste jurídicamente desde su separación y hasta en tanto le sea cubierta la indemnización; por tanto, la quejosa ha continuado generando todos los derechos laborales y de seguridad social, como son el pago de la antigüedad, aguinaldo, prima vacacional, incrementos salariales y pago de aportaciones de seguridad social.

• Cuarto. El laudo es inconstitucional e inconvencional, ya que vulnera los derechos fundamentales de la quejosa.

• La autoridad responsable erró en fijar el salario establecido para el pago de las condenas impuestas, pues se hizo con base en cantidades netas, las que previamente ya habían sido gravadas con los impuestos correspondientes, pero no obstante ello, la autoridad ordena descontar los impuestos que debe retener el patrón, lo que implica una doble tributación respecto de un mismo concepto, en contravención con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

III. Síntesis del único concepto de violación del juicio de amparo adhesivo.

• Único. La responsable no efectuó un verdadero análisis jurídico sobre el tema de estabilidad y permanencia en el empleo, en términos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y del artículo 123, apartado B, fracción XXII, de la Constitución Federal.

• El apartado A del artículo 123 constitucional sólo refiere que los trabajadores pertenecientes a ese apartado que sean despedidos sin causa justificada, tendrán derecho al pago indemnizatorio por un periodo de tres meses; por su parte, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo 10, fracción X, establece que los servidores públicos, en caso de despido, tienen derecho a recibir una indemnización.

• La Constitución Federal no reconoció a los trabajadores de confianza el principio de estabilidad y permanencia en el empleo, el legislador federal otorgó esa protección en una norma secundaria, la cual debe interpretarse limitativamente.

• El legislador ordinario quiso beneficiar a los servidores de carrera, ya que una interpretación contraria redundaría en el absurdo de difuminar la diferencia que existe entre los servidores de base y aquellos que desempeñan una categoría de confianza, mismos que, atendiendo al papel fundamental que desempeñan en la función estatal, ameritan regularse por un marco normativo distinto.

• La protección otorgada a los servidores públicos de carrera trabajadores de confianza, debe interpretarse estrictamente en los términos y bajo las condiciones que la ley de la materia establece, por lo cual, en caso de despido injustificado, los servidores públicos de carrera profesional únicamente tienen derecho a recibir una indemnización a razón de tres meses de salario, por aplicación de la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, sin lugar a recibir cualquier otra prestación que la ley de la materia no disponga expresamente.

• El pago de salarios caídos no se encuentra reconocido en la Carta Magna a favor de la clase trabajadora de confianza, sino su concesión se encuentra contemplada directamente en las leyes secundarias en materia de trabajo, tales como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo.

• Si bien dicho beneficio está regulado por las leyes secundarias antes citadas, también lo es que para el supuesto de los servidores públicos de carrera, que se rige por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en caso de despido injustificado no se contempla el derecho a recibir el pago de salarios caídos, sino que el legislador únicamente benefició a esa clase de trabajadores mediante el otorgamiento de una indemnización, por lo cual, deberá prevalecer la absolución en ese sentido.

• La Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de ningún modo resultan aplicables, ni supletoriamente, a los aspectos sustantivos del marco que regula a los servidores públicos de carrera, aunado a que el artículo 8o. de la ley burocrática excluye de su observancia a los trabajadores de confianza, la aplicación supletoria que prevé el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley del Servicio Profesional Carrera en la Administración Pública Federal, únicamente está referida a los aspectos propiamente adjetivos, mas no en cuanto a los derechos y obligaciones que contempla ese ordenamiento.

• Si la fracción I del artículo 10 de la ley de carrera dispone que el principio de estabilidad y permanencia en el empleo a favor de los servidores de carrera debe desarrollarse en los términos y bajo las condiciones señalados en ese ordenamiento, no existe razón jurídica para hacer extensivos los derechos que prevé la ley burocrática en caso de despido injustificado, por lo que, si el creador de la norma no estableció el pago de salarios caídos a favor de dichos trabajadores, dicha omisión debe entenderse en el sentido de que el legislador no quiso beneficiarlos con la reinstalación y la obtención de los salarios caídos.

• La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal constituye la medida del principio de estabilidad y permanencia en el empleo, a favor de los servidores públicos de carrera, debe afirmarse que ante el supuesto de despido injustificado de los servidores públicos de carrera, éstos sólo tienen derecho a las prestaciones que contempla ese ordenamiento, es decir, al pago de una indemnización, sin lugar a condenar por concepto de salarios caídos, lo que afirma, se robustece con el contenido del artículo 81 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y el diverso numeral 10, fracción X, de la propia Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

IV. Síntesis de la sentencia.

• Es infundado el argumento relativo a que la responsable no mencionó las razones por las cuales consideró que no procede su reubicación; en virtud de que la Sala del conocimiento estimó que con el caudal probatorio aportado por la secretaría demandada, ésta demostró la excepción relativa a que la actora realizó funciones de confianza, en concreto actividades de dirección como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, lo cual le confirió representatividad e implican poder de decisión; por ello, absolvió a la encausada de la reinstalación. Lo que pone de relieve que el laudo se encuentra motivado, habida cuenta que la autoridad expuso las razones jurídicas con base en las cuales determinó la improcedencia de la reubicación de la accionante.

• Son infundados los argumentos relativos a que la trabajadora tiene derecho a la reubicación al interior de la dependencia, por el hecho de que pertenece al servicio público de carrera y, como consecuencia, tiene derecho a la estabilidad relativa.

• Lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido, en criterio firme, que la estabilidad y permanencia previstas por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a favor de los trabajadores de confianza, debe interpretarse en sentido estricto, esto es, conforme al marco legal previsto en ese ordenamiento, por lo que, ante un eventual despido, esos servidores públicos sólo tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 10, fracción X, de la multirreferida legislación, no así al pago de salarios caídos, porque ese privilegio no les fue conferido por el legislador federal. Incluso determinó que a dichos servidores públicos no les benefician los derechos consagrados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque su artículo 8o. excluye esa posibilidad.

• Cita la jurisprudencia 2a./J. 171/2015, de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."

• En concordancia con lo anterior, es dable determinar, que la actora no tiene derecho a la reinstalación o reubicación en su puesto, por pertenecer al servicio profesional de carrera, en su calidad de trabajadora de confianza, pues si bien goza del privilegio de estabilidad en el empleo, ésta se circunscribe al pago de una indemnización.

• En ese contexto, el derecho de estabilidad y la permanencia en el cargo, consiste en la posibilidad de ser indemnizado ante la falta de la acreditación de la causa de baja respectiva, pero en ningún momento el legislador refirió a la reinstalación o reubicación como una alternativa ante la eventual separación injustificada del servidor público de carrera.

• Es infundado el argumento relativo a que el salario que debe considerarse para el pago de las indemnizaciones, debe ser el integrado, en el que se adicionen el aguinaldo de cuarenta días, veinte días de vacaciones anuales, prima vacacional, gratificación de fin de año y la compensación garantizada.

• Esto, pues dichas prestaciones (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional), no pueden tomarse en cuenta para el pago de la indemnización constitucional, habida cuenta que las mismas ya fueron materia de condena, de otra manera constituiría doble pago.

• En cuanto a la compensación garantizada, ese concepto sí fue tomado en cuenta para efectos de cuantificar el pago de la condena.

• En cuanto a la gratificación de fin de año, por ser una prestación de carácter extralegal, la actora debió demostrar el derecho a percibirla, sin que lo hubiere hecho; por tanto, no puede integrarse en el pago indemnizatorio.

• Son inoperantes los argumentos relativos a que el cálculo de los salarios caídos debe hacerse con el salario diario integrado; esta calificativa obedece a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que tratándose de los servidores públicos pertenecientes al servicio profesional de carrera, en caso de acontecer un despido injustificado, al no tener estabilidad en el empleo, no (procede) el pago de salarios caídos, sino únicamente la indemnización y veinte días de salario por cada año de labores.

• Es infundado el argumento de la quejosa, donde alega que el vínculo debe persistir jurídicamente hasta que se pague la indemnización y que, por ello, sigue generando todos los derechos laborales y de seguridad social, por el hecho de que se conmuta la reinstalación por la indemnización. Esto, porque si el patrón equiparado decide dar por concluida la relación laboral de los trabajadores pertenecientes al servicio profesional de carrera, aun cuando dicha separación fuere injustificada, debe determinarse que el vínculo jurídico culminó, debido a que el legislador secundario sólo contempló como beneficio de estabilidad a favor de esos servidores, la indemnización prevista en la fracción X del artículo 10 de dicha legislación.

• De tal suerte que no puede considerarse que el lazo jurídico persista hasta el pago de la indemnización, pues sería tanto como reconocer que los trabajadores pertenecientes al servicio profesional de carrera, tienen derecho a su reinstalación, prerrogativa que no les fue otorgada.

• No asiste la razón a la quejosa respecto a que la autoridad responsable erró en fijar el salario establecido para el pago de las condenas impuestas, pues se hizo con base en cantidades que previamente habían sido gravadas con los impuestos correspondientes. Lo anterior, debido a que en el laudo reclamado, a efecto de fijar las condenas, la autoridad responsable fijó como salario quincenal el de treinta y siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos con noventa centavos, que aparece en los recibos de pago exhibidos por la quejosa; cantidad que corresponde al salario bruto quincenal percibido por la accionante; por tanto, no es cierto que la autoridad de origen haya considerado para el pago de la condena, el salario neto.

• Aunado a lo anterior, tampoco es verdad que la retención del impuesto ordenada constituya una doble tributación, pues el patrón no ha efectuado materialmente la retención del impuesto sobre la renta al que está obligado, además que, en caso de que estime ilegal el mismo, la quejosa tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida.

• No asiste razón a la impetrante de amparo, por cuanto alega que procedía el pago de indemnización a razón de cuatro meses de salario; pues el pago de la indemnización por despido injustificado de un servidor perteneciente al servicio profesional de carrera, no comprende el de cuatro meses de salario ni la prima de antigüedad.

• Por otra parte, es fundado suplido en su deficiencia, el argumento de la quejosa relativo a que, si se le reconoce el derecho a percibir una indemnización en caso de despido injustificado, también debió imponerse como condena la prevista en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo.

• Lo anterior obedece a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, a efecto de brindar una protección más amplia al núcleo esencial del derecho a la estabilidad en el empleo consagrado a favor de los trabajadores de confianza pertenecientes al servicio profesional de carrera, la indemnización prevista en el artículo 10, fracción X, de la legislación relativa, en caso de despido injustificado, no sólo abarca el pago de tres meses de sueldo contemplado en la fracción XXII, apartado A, del artículo 123 constitucional, sino también el de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, de conformidad con los numerales 49 y 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

• Cita la jurisprudencia 2a./J. 23/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."

• En esas condiciones, es dable sostener que ante el despido injustificado, a fin de proteger adecuadamente el bien jurídico consistente en la estabilidad del empleo del trabajador perteneciente al servicio profesional de carrera, la condena impuesta debe abarcar no sólo el pago indemnizatorio de tres meses, sino, paralelamente, el de veinte días de salario por cada año de labores de la trabajadora.

• Adicionalmente, también en suplencia de la queja, la autoridad de origen debe fijar la condena al pago de la indemnización constitucional y veinte días de salario por cada año de labores, con base en el salario integrado, incluyendo el aguinaldo y la prima vacacional, de conformidad con los artículos 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prevén el derecho a esas prestaciones; pues la autoridad de origen, en ningún momento consideró esos conceptos.

• En ese orden, concede el amparo para que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado; emita otro en el que, atendiendo lo resuelto en el diverso juicio de amparo 1403/2015, condene paralelamente al pago de la indemnización de tres meses, así como a veinte días por cada año de labores; y asimismo, para efectos de cuantificar el pago de esas indemnizaciones, considere el salario integrado con el aguinaldo y prima vacacional.

• En el amparo adhesivo, considera inatendibles los argumentos del quejoso adherente, por una parte, porque los trabajadores del servicio profesional de carrera, en virtud del criterio sostenido por el Máximo Órgano interpretativo, gozan, además del pago de la indemnización constitucional de tres meses, el pago de veinte días por cada año de servicios prestados; y por otra, porque tienden a fortalecer las consideraciones en el sentido de que resulta improcedente la reinstalación y pago de salarios caídos a favor de la demandada, siendo que los conceptos aducidos por la quejosa principal en relación con dichos temas, fueron desestimados por el órgano jurisdiccional.

V. Síntesis del único agravio del recurso de revisión.

• Único. Mediante la sentencia recurrida, el a quo establece la interpretación directa de un precepto constitucional y de los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia, previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal, contraria al texto de la propia Constitución.

• Deja de observar el artículo 1o. de la Constitución Federal, pues de su contenido deriva que lejos de considerar los derechos humanos progresivos, los hace regresivos, pues debe resolverse el juicio conforme a los derechos que las leyes le otorgan, vigentes al momento en que fue separada de su empleo, al tiempo en que interpuso la demanda y de que el patrón dio contestación a la demanda, que es cuando se delimitó la controversia planteada, la cual debe ser resuelta con base en la normatividad vigente.

• La consideración y determinación del a quo establecen una interpretación directa del artículo 14 de la Constitución Federal; pues este precepto no se refiere a una ley en sentido formal, sino a cualquier fuente de derecho. De esta manera, el Tribunal Colegiado aplica en forma retroactiva y en perjuicio de la recurrente una jurisprudencia (2a./J. 171/2015 (10a.), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."), de dos mil dieciséis, que es obligatoria para casos futuros, no obstante que el juicio cuya litis se fijó el ocho de noviembre de dos mil diez, lo que violenta el derecho a la seguridad jurídica; es decir, no se resuelve la controversia planteada conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho generador de la acción principal.

• Se viola en perjuicio de la recurrente el artículo 17 de la Constitución General, al dejarla en estado de indefensión y no permitirle el acceso efectivo a la administración de justicia, pues se aplica en forma retroactiva una jurisprudencia que sólo debería ser exigible a partir del once de enero de dos mil dieciséis.

• El artículo 217 de la Ley de Amparo dispone que únicamente se puede aplicar jurisprudencia para efectos futuros y es obligatoria a partir del momento de su publicación (once de enero de dos mil dieciséis); prohibiendo expresamente que pueda ser aplicada con efecto retroactivo, como ahora se hace en perjuicio de la trabajadora.

• El Tribunal Colegiado deja de observar el Acuerdo General Plenario 19/2013.

• La tesis 2a. XCII/2015 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "", explica que la jurisprudencia no puede aplicarse en forma retroactiva cuando se materialice cualquiera de las tres hipótesis: I) al inicio de un juicio o procedimiento exista una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y, III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables.

• Ahora bien, al momento en que se resolvió el juicio laboral de origen, la procedencia de los salarios caídos se regía por el criterio jurisprudencial «PC.I.L. J/5 L (10a.)», de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA, LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y LOS SALARIOS VENCIDOS.", por lo que la emisión y aplicación retroactiva del nuevo criterio, priva a la trabajadora del derecho previamente declarado a su favor.

• Cita en apoyo a lo anterior, la tesis II.1o. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "JURISPRUDENCIAS 1a./J. 46/2014 (10a.) Y 1a./J. 47/2014 (10a.) EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS SEXTO Y SÉPTIMO, EN RELACIÓN CON EL SEXTO TRANSITORIO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 19/2013, DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA DIFUSIÓN DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE ESTE ALTO TRIBUNAL."

• El Tribunal Colegiado del conocimiento resuelve con falta de imparcialidad y objetividad, al suplir la deficiencia de la queja en beneficio del patrón y en perjuicio de la trabajadora, contraviniendo lo dispuesto por los artícul

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26892-cb88506d/jurisprudencia-alcance-del-principio-de-irretroactividad-de-aquella · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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