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JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN DE LA TESIS AISLADA 2a. CIV/2015 (10a.), CON MOTIVO DEL RECLAMO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA RESPECTO DE LA DIVERSA 2a./J. 114/2009.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 709/2017. · Registro digital (IUS): 27769
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-27
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 1778.

AMPARO DIRECTO 709/2017. 11 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio. Los conceptos de violación esgrimidos son ineficaces.

1. Imprescriptibilidad del pago de pensiones.

Aduce la quejosa que la Sala consideró que las pensiones caídas y las prestaciones prescriben en un término de cinco años, conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual es incorrecto, pues no se está ante pensiones caídas, sino que se trata de diferencias pensionarias que derivan directamente de la reintegración de la pensión asignada, aunado a que con tal determinación se ignoró que son imprescriptibles el derecho a la pensión, la prerrogativa a solicitar su correcta integración y el pago de las diferencias pensionarias resultantes.

El concepto de violación es inoperante.

Para justificar esa afirmación, es necesario precisar que a la actora le fue otorgada la pensión el uno de enero de dos mil trece, por lo que la normativa vigente, aplicable al caso concreto, es el artículo 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, de texto siguiente:

"Artículo 61. El derecho a la pensión del trabajador o pensionado, así como el de los familiares derechohabientes, es imprescriptible. Las pensiones caídas y las prestaciones complementarias que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Gobierno Federal, por conducto de la secretaría. El instituto notificará a los trabajadores o pensionados, según sea el caso, sobre la fecha de prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación a que ocurra."

Ahora bien, si la quejosa obtuvo la calidad de pensionada el uno de enero de dos mil trece, como ya se precisó, es notorio que no ha transcurrido el plazo establecido por el precepto legal aplicable al caso concreto, esto es, cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, por lo que no existen aún diferencias vencidas en favor de la solicitante del amparo; de ahí lo inoperante de su argumento.

2. Irretroactividad de la jurisprudencia.

Igualmente, se desestima la alegación de la quejosa, en el sentido de que debe observarse la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, en donde se determinó la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la debida integración de la cuota pensionaria, así como las diferencias que resulten del recálculo correspondiente, y no aplicarse algún nuevo criterio que limite, modifique o sustituya dicha jurisprudencia, por así establecerlo la tesis 2a./J. 199/2016 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO."

Ahora bien, del argumento impugnativo anterior se extrae que la parte quejosa realmente se inconforma con la decisión de la Sala, de limitar el pago de las diferencias resultantes del recálculo de la cuota pensionaria, a fin de que únicamente fueran liquidados los montos que no estuvieran prescritos, esto es, aquellos que no se hubieran extinguido por no reclamarse dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud, pues considera que la aplicación de la tesis aislada 2a. CIV/2015 (10a.), en el caso concreto, es retroactiva.

Empero, adversamente a lo alegado, lo cierto es que la citada tesis aislada no contrarió, en modo alguno, la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, pues en aquélla solamente se precisaron los alcances de esta última, de tal manera que, en la especie, no se vulneró el principio de irretroactividad de la jurisprudencia.

Se explica:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7/2015, precisó que el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, conlleva ciertos límites, entre ellos, el de jerarquía entre los diversos órganos del Poder Judicial Federal legitimados para integrar jurisprudencia. Las consideraciones que respecto a ese tema expuso son las siguientes:

"...la inclusión de la irretroactividad de la jurisprudencia en el artículo 217, conlleva la necesidad de analizar el alcance de dicha disposición y armonizarla con el resto de las directrices que la Ley de Amparo prevé, en relación con los diversos sistemas de integración de jurisprudencia y el carácter de definitividad, inatacabilidad y jerarquía de los órganos jurisdiccionales que sientan jurisprudencia.

"...

"No obstante, la garantía de irretroactividad de la jurisprudencia prevista en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, conlleva ciertos límites previstos en el propio ordenamiento legal y (sic) de ciertos principios connaturales a la institución de la jurisprudencia, entre ellos se encuentra el relativo a que la jurisprudencia que emite un Tribunal Colegiado de Circuito no obliga al Pleno de Circuito respectivo, las Salas o al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; o que el criterio emitido por el Pleno de un determinado Circuito vincule a las Salas o al Pleno de este Alto Tribunal; así como las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pueden vincular al propio Pleno, por razones de terminalidad y de jerarquía entre unos y otros órganos.

"En este sentido, existe una regla de verticalidad o de jerarquía en cuanto a la aplicación obligatoria únicamente respecto de aquellos órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, sin que sea posible vincular a aquellos de entidad o competencia superior, pues ello resultaría contrario a la propia naturaleza dinámica de la jurisprudencia y en cuanto posibilidad de que un órgano jurisdiccional superior supere un determinado criterio e integre uno nuevo; es decir, estimar lo contrario tornaría inaplicable la integración de jurisprudencia por contradicción o por sustitución de criterios contendientes, competencia de los órganos jurisdiccionales de superior jerarquía, Plenos de Circuito, tratándose de la jurisprudencia que formulan los Tribunales Colegiados de ese Circuito o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de aquellas que integran sus Salas o éstas respecto de los criterios generados por los Plenos de Circuito (artículos 226, 227 y 230 de la Ley de Amparo).

"...

"Considerando lo anterior, la regla de irretroactividad de la jurisprudencia prevista en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente es aplicable a los criterios jurisprudenciales que integran los Tribunales Colegiados por ‘reiteración’ de criterios, los cuales no podrán interrumpir una jurisprudencia en la que se estimaba inconstitucional cierta disposición e integrar una nueva en el sentido de reconocer ahora su validez o constitucionalidad; dicha regla de irretroactividad en perjuicio, también aplica a los Plenos de Circuito cuando resuelven alguna contradicción o unificación de criterios, dentro de su propio Circuito, ya que dichos órganos deberán preferir entre las dos interpretaciones posibles, aquella que resulte más favorable a los justiciables.

"No obstante, dicha regla, según lo dispuesto en la propia Ley de Amparo, no puede alcanzar a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, si bien la institución de la jurisprudencia supone que su aplicación y vigencia es (sic) inmutable hasta en tanto no sea sustituido el supuesto normativo al que se refiere por un (sic) nuevo, lo cierto es que ello no lleva a desconocer la jerarquía existente entre los diversos órganos del Poder Judicial Federal, que están legitimados para integrar jurisprudencia, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la cúspide de dicho Poder."

Tales consideraciones dieron origen a la tesis 2a. CII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 928 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas», de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SUJETARSE A CONTROL CONSTITUCIONAL."

De lo expuesto se colige que la restricción de aplicar retroactivamente la jurisprudencia está sujeta a la regla de verticalidad o de jerarquía entre los órganos del Poder Judicial que la emiten, conforme a la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la cúspide.

Por otro lado, al resolver los amparos directos en revisión 5157/2014, 1881/2015, 1413/2016, 2501/2016 y 2500/2016, la propia Segunda Sala señaló que el principio de irretroactividad de la jurisprudencia opera en un ámbito de aplicación horizontal, es decir, en un mismo plano jurisdiccional y no de verticalidad. Las consideraciones relevantes que se extraen de la ejecutoria dictada dentro del último de los expedientes en mención, son las que se plasman enseguida:

"• La aplicación de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional, únicamente podría ser retroactiva con relación a otro criterio vinculante que haya sido emitido previamente por el propio Tribunal Pleno de este Alto Tribunal y que se vea superado, modificado o abandonado por aquélla.

"• La jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente podría ser retroactiva respecto a un criterio jurisprudencial anterior de la Sala respectiva y que se ha visto superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla.

"• La jurisprudencia emitida por los Plenos de Circuito sólo puede considerarse retroactiva con relación a un criterio vinculante que haya sido emitido por el propio Pleno de Circuito respectivo, y que ha sido superado, modificado o abandonado por aquélla.

"• Finalmente, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados, sólo será considerada como retroactiva respecto de un criterio jurisprudencial emitido por el propio Tribunal Colegiado y que se encuentra superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla."

Esas consideraciones sirvieron de sustento para la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.) -por cierto, invocada por la quejosa en la demanda de amparo-, la cual puede consultarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 464 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo."

De acuerdo con estas premisas, es claro que la aplicación de la tesis 2a. CIV/2015 (10a.) no puede resultar retroactiva respecto del criterio 2a./J. 114/2009, pues en la ejecutoria dictada por la Segunda Sala en el amparo directo en revisión 1952/2015, de la cual derivó la citada tesis aislada, se precisó que tal aclaración del alcance de la jurisprudencia antedicha, formalmente no implica un cambio de criterio por parte del Máximo Tribunal, sino una aclaración o precisión de tal jurisprudencia.

Por lo anterior, la aplicación de la tesis aislada en comento no puede entenderse violatoria del principio de irretroactividad establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio vinculante emitido por la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, aunque se refieran al mismo punto jurídico, en tanto que la primera no supera, modifica o abandona lo señalado en la segunda de ellas.

3. "Bono de despensa" y "previsión social múltiple".

Aduce la quejosa que la Sala declaró la improcedencia del pago de tales conceptos, pues consideró que si su incremento sólo benefició a trabajadores operativos, no se trata de un acrecentamiento general.

Enseguida, previa reproducción de una porción de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), de título y subtítulo: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942, DE 28 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796, DE 1 DE AGOSTO DE 2012 Y 307-A.-2468, DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO."; explicó que conforme a su contenido:

a) Los oficios 307-A.-2942, de veintiocho de junio de dos mil once; 307-A.-3796, de uno de agosto de dos mil doce; y 307-A.-2468, de veinticuatro de julio de dos mil trece, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se autorizó un aumento a las prestaciones denominadas bono de despensa y previsión social múltiple, no son aplicables a los pensionistas, porque no fueron aumentadas a la totalidad de los trabajadores que el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal identifica como personal del servicio civil, que es de mando, enlace y operativo.

b) A los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sí les son aplicables los artículos 57, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta de marzo de dos mil siete, así como 43, último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del treinta y uno de marzo de dos mil siete.

c) Cuando un pensionado reclama el pago de los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple", que se otorgan a los trabajadores en activo, estará sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, que son: que éstos hayan sido aumentados de manera general a los trabajadores en activo; que resulten compatibles con los pensionados; y que sean proporcionales.

En lo que atañe al "bono de despensa", explicó, con los Manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, correspondientes al periodo comprendido entre dos mil once y dos mil dieciséis, se demuestra que los aumentos fueron para los servidores públicos de enlace y operativo; esto es, que hubo un incremento generalizado a la totalidad de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de manera que la responsable debió analizar tales manuales, por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues constituyen un hecho notorio no sujeto a prueba.

Por lo que hace a la "previsión social múltiple", añadió, aunque es cierto que la Segunda Sala ha establecido que para que proceda el otorgamiento de las prestaciones en dinero que perciben los trabajadores en activo, el aumento debe ser otorgado a la totalidad de los servidores públicos, tal requisito no puede ni debe ser aplicable cuando la prestación, como es el caso, no se otorga a todos los servidores públicos por "disposición legal", en concreto, conforme al Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La generalidad no puede aplicarse a la totalidad de los servidores públicos, ya que esa prestación no se otorga a la totalidad de ellos, sino únicamente al personal operativo.

Los motivos de disenso son ineficaces, en virtud de que, sobre el tema, en la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas, de título y subtítulo siguientes: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942, DE 28 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796, DE 1 DE AGOSTO DE 2012, 307-A.-2468, DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.", declaró:

"...los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley de dicho instituto, en términos generales, disponen que los pensionados y jubilados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles. Consecuentemente, si los incrementos referidos no se autorizaron para todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, sino únicamente para el personal operativo, es evidente que los incrementos a las prestaciones denominadas ‘previsión social múltiple’ y ‘bono de despensa’, no se otorgaron de manera general a los trabajadores en activo y, por ello, no procede su reclamo por parte de los pensionados."

Así, la parte actora, con independencia de que se trate de una adulta mayor, del contenido de las pruebas exhibidas y de los argumentos formulados se observa que no tiene derecho a las prestaciones mencionadas, dado que, conforme a esa jurisprudencia, no le corresponden a los pensionados, por no haberse otorgado de manera general; de ahí lo ineficaz de los argumentos en análisis.

No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, el argumento de la quejosa, en el sentido de que aunque en la aludida jurisprudencia 2a./J. 13/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los pensionados y jubilados del instituto no tienen derecho al incremento de los conceptos en estudio, establecido en los oficios circulares 307-A.-2942, 307-A.-3796 y 307-A.-2468, por cuanto sólo beneficiaron al personal operativo; de cualquier modo debe concederse el aumento solicitado, porque en los Manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitidos entre dos mil once y dos mil dieciséis, se determinó el acrecentamiento a esos renglones en favor de los servidores públicos de mando, enlace y operativo; lo que, a decir de la parte quejosa, evidencia que el aumento fue generalizado.

Contrariamente a lo aducido, es necesario señalar que el acrecentamiento a los rubros mencionados no fue general, de tal manera que no es factible aplicarlo a la quejosa, en su calidad de pensionista.

Para justificar esa afirmación debe tenerse en cuenta que, si bien el numeral 30 de los Manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitidos entre dos mil once y dos mil dieciséis, establece el aumento en dichos rubros, lo relevante es que ese incremento tampoco fue general, porque benefició a los servidores públicos de mando, enlace y operativo, excluyendo a los puestos que, por su rama de especialización técnica o profesional, requieren un tratamiento particular, y que son identificados como "categorías", por lo que no se cumple con los requisitos de generalidad y compatibilidad previstos en los artículos 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley de dicho instituto.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia XVI.1o.A. J/39 (10a.), de este Tribunal Colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, octubre de 2017, página 2283 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA, NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, A PARTIR DE SU ACRECENTAMIENTO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EXPEDIDOS DE 2011 A 2016 [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 13/2017 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 205/2016, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), de título y subtítulo: ‘BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942, DE 28 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796, DE 1 DE AGOSTO DE 2012 Y 307-A.-2468, DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.’, determinó que los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no tienen derecho al incremento de las prestaciones denominadas ‘bono de despensa’ y ‘previsión social múltiple’, otorgadas mediante diversos oficios circulares emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que esa prerrogativa surge cuando se conceda a todos los trabajadores en activo, es decir, al universo de los de la administración pública federal, y los oficios circulares referidos excluyeron a los servidores públicos de mando y de enlace. Ahora, si bien es cierto que los Manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal expedidos de 2011 a 2016 establecen el acrecentamiento a los rubros señalados (artículos 30 de los primeros y 31 del último), también lo es que éste tampoco fue general, porque benefició a los rangos de mando, enlace y operativo, excluyéndose a los puestos que por su rama de especialización técnica o profesional, requieren un tratamiento particular y que son identificados como ‘categorías’; de ahí que en este caso tampoco se satisface el requisito de generalidad previsto en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley del organismo mencionado, para que los pensionados tengan derecho al incremento de las prestaciones aludidas, a partir de su acrecentamiento dispuesto en los manuales indicados."

En conclusión, queda claro que la quejosa no tiene derecho al incremento en los rubros: "bono de despensa" y "previsión social múltiple", cuyo reclamo se basa en los Manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitidos entre dos mil once y dos mil dieciséis.

4. Aplicación de interpretación conforme, principio pro persona, de progresividad y no regresividad y suplencia por grupo vulnerable.

Aduce la quejosa que la protección de los derechos humanos debe darse en el entorno de una protección conforme y pro persona, en lo que más beneficie al ser humano, en respeto al derecho humano de seguridad social, lo que implica la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, que determinó la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la debida integración de la pensión o de la cuota diaria que la integra, así como las diferencias que resulten; lo anterior, además, en atención a que es una persona pensionada y una adulta mayor, que se encuentra dentro del grupo vulnerable definido como tal por el Máximo Tribunal (sic), de conformidad con la tesis de rubro: "PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE ALLEGARSE OFICIOSAMENTE DE MÁS ELEMENTOS DE PRUEBA CUANDO LOS QUE EXHIBAN, COMO ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEAN INSUFICIENTES PARA CLARIFICAR EL DERECHO CUYO RECONOCIMIENTO PRETENDAN, ADEMÁS DE QUE AQUEL ORGANISMO ES QUIEN CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN JUBILATORIA, CONFORME A SU LEY ABROGADA."

El concepto de violación es infundado.

De inicio, es menester destacar que, como se alega, la parte quejosa se ubica en un supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja (como consecuencia de su pertenencia a un grupo vulnerable), de conformidad con la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.", en la cual se consideró que la hipótesis de suplencia contenida en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, opera en favor del trabajador, tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas; sin embargo, no debe soslayarse que de conformidad con el penúltimo párrafo del aludido artículo 79, esa figura sólo debe expresarse en las sentencias cuando derive de un beneficio, esto es, que le reporte alguna utilidad, según se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

Esa tesis es aplicable en el caso, a pesar de que se aluda a la Ley de Amparo abrogada, pues de la lectura de su ejecutoria génesis se observa que la Segunda Sala del Alto Tribunal hizo un estudio comparado de las disposiciones de las legislaciones abrogada y vigente, que regulan la figura de la suplencia de la queja y concluyó que, en cualquier caso, la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja no necesariamente implica que ese análisis no procede o que no se haya hecho, sino simplemente que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al inconforme, respecto de cuestiones que ésta no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso.

Ahora, sobre la interpretación conforme de las normas generales, el Máximo Tribunal ha sostenido, en las jurisprudencias 2a./J. 176/2010 y la diversa 1a./J. 37/2017 (10a.), intituladas: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN." e "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.", que ese principio obliga a los juzgadores a adoptar la interpretación de una norma que sea acorde con lo que establece la Constitución, cuando el contenido de la norma sea susceptible de dos o más interpretaciones, en razón de que la supremacía normativa de la Constitución se manifiesta también en la exigencia de que las normas secundarias se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales.

Además, de acuerdo con la segunda tesis, la interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzada por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales la interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales.

La decisión de la Sala sob

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27769-e8c8cf8f/jubilaciones-y-pensiones-del-instituto-de-seguridad-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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