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JUICIO DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE EL ACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE LAS QUE SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL CONSTREÑIRSE LA LITIS A LO TÁCITAMENTE NEGADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 293/2017. · Registro digital (IUS): 27427
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pág. 2328.

AMPARO DIRECTO 293/2017. 6 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.

CONSIDERANDO

SÉPTIMO.-Los conceptos de violación esgrimidos son ineficaces, los cuales se analizan en un orden diverso al propuesto.

"Bono de despensa" y "previsión social múltiple".

El quejoso aduce que tiene derecho al incremento de los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple", y ello lo sustenta, fundamentalmente, en el hecho de que el incremento a dichos conceptos se otorga de manera general a todos los trabajadores activos operativos; y ese requisito, en el caso concreto, sí se cumple y puede constatarse con diversos oficios circulares emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los que se menciona que el aumento se otorgó al personal operativo.

Los motivos de disenso son ineficaces.

Lo anterior, en virtud de que sobre el tema existe la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, página 1036 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas», de título y subtítulo siguientes: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942 DE 18 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796 DE 1 DE AGOSTO DE 2012, 307-A.-2468 DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.", en la que se declaró:

"...los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley de dicho instituto, en términos generales, disponen que los pensionados y jubilados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles. Consecuentemente, si los incrementos referidos no se autorizaron para todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, sino únicamente para el personal operativo, es evidente que los incrementos a las prestaciones denominadas ‘previsión social múltiple’ y ‘bono de despensa’, no se otorgaron de manera general a los trabajadores en activo y, por ello, no procede su reclamo por parte de los pensionados."

En consecuencia, el quejoso no tiene derecho a los incrementos de esos conceptos, como bien lo determinó la Sala responsable.

Conforme a lo expuesto con anterioridad, en nada beneficia al quejoso la jurisprudencia XXV.2o. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito; es así, dado que ese criterio quedó superado, pues participó en la contradicción de tesis 205/2016, que dio origen a la jurisprudencia invocada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Medida de fin de año, prestación anual única" ("vales de fin de año").

Aduce que la prestación "medida de fin de año, prestación anual única", también es conocida como "vales de fin de año" y se paga con vales de despensa, la cual, al reunir los supuestos de generalidad y compatibilidad establecidos en la ley, le debe ser reconocida como prestación adicional.

Lo anterior es infundado, ya que el hecho de que la prestación "medida de fin de año, prestación anual única", que el quejoso afirma que también es conocida como "vales de fin de año", se pague en vales de despensa, no cambia la naturaleza extraordinaria de esa prestación, pues conforme a los Lineamientos para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año que se emitieron de dos mil cuatro a dos mil nueve y de dos mil once a dos mil catorce, aquélla es una prestación otorgada por el Ejecutivo Federal de carácter anual y extraordinario que no formó parte de las percepciones ordinarias y que se otorgó al personal operativo en activo, con la finalidad de reconocer y motivar su permanencia al servicio de la dependencia o entidad al final del ejercicio fiscal correspondiente.

Al margen de lo anterior, tampoco satisface la exigencia de generalidad que subyace en el numeral 43, párrafo in fine, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la citada ley, en tanto que no se demostró que se haya otorgado a la totalidad de los servidores adscritos a la administración pública federal.

"Ayuda por servicios" y "ayuda de transporte".

Argumenta que tiene derecho a que se le otorguen las prestaciones consistentes en "ayuda por servicios" y "ayuda de transporte", de conformidad con el artículo 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de que reúne los requisitos de generalidad y compatibilidad establecidos en dicho numeral.

El motivo de disenso es jurídicamente ineficaz.

La Sala responsable, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, indicó que no haría pronunciamiento alguno respecto de los argumentos de la parte actora, relativos a la solicitud del pago de las prestaciones denominadas "ayuda por servicios" y "ayuda de transporte", toda vez que esos conceptos no fueron reclamados en el escrito de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, del cual derivó la negativa ficta impugnada.

En contra de la determinación anterior, el quejoso no esgrime algún argumento, pues sólo afirma que sí tiene derecho a su pago; sin embargo, ello no causa perjuicio al aquí quejoso.

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2006-SS, sostuvo que en virtud de la negativa ficta, el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el particular, extendido durante el plazo que indica la ley, genera la presunción de que la autoridad resolvió de manera negativa; es decir, en forma contraria a los intereses del peticionario, lo que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes en contra de esa negativa tácita.

De esta manera, indicó la Segunda Sala, el silencio administrativo origina una ficción legal en virtud de la cual, la falta de resolución produce la desestimación de las pretensiones hechas valer por el particular, lo que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de su petición.

Así, estimó que el derecho a interponer los medios de defensa pertinentes, como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene como fin que éste se pronuncie respecto de la validez de esa negativa, la cual se contrae a lo efectivamente pedido por el particular y que se entiende fíctamente negado por la autoridad administrativa.

Por lo tanto, sostuvo, la litis en el juicio de nulidad no puede referirse a otra cosa, sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y negado fíctamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al gobernado la definición de su petición a pesar del silencio de la autoridad.

Conforme a lo anterior, las prestaciones solicitadas por el actor en la demanda de nulidad, identificadas como "ayuda por servicios" y "ayuda de transporte" no forman parte de la litis que debió resolver la Sala responsable en el juicio de nulidad, puesto que al no haberse solicitado ante la autoridad administrativa, no se pueden entender como tácitamente negadas en la resolución impugnada.

Efectivamente, al promover dicho juicio, la parte actora no puede incorporar o solicitar prestaciones distintas a las que reclamó ante la autoridad administrativa, toda vez que el análisis sobre la legalidad de la resolución impugnada se limita a las pretensiones que fueron tácitamente negadas.

Esa decisión no riñe con el principio de "litis abierta" que rige el procedimiento contencioso administrativo.

Ciertamente, la referida Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 143/2009, sostuvo que dicho principio permite que al promover el juicio de nulidad en contra de una resolución negativa ficta, la parte actora haga valer conceptos de impugnación no planteados en la petición ante la autoridad administrativa, pues el juicio de nulidad es autónomo a la instancia administrativa previa, por lo que su litis se forma con la resolución impugnada y los argumentos expuestos en contra de ésta.

De esta manera, la posibilidad de introducir nuevos argumentos o conceptos de impugnación al promover el juicio de nulidad, tiene la finalidad de evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada. Tratándose de una resolución negativa ficta, su contenido se limita a las pretensiones que fueron expresamente solicitadas y tácitamente negadas, por lo que, aun cuando se puedan hacer valer nuevos conceptos de impugnación en la demanda de nulidad, la litis en el juicio no se modifica, y se limita al contenido tácito de la resolución impugnada.

Por lo tanto, la facultad de exponer nuevos conceptos de impugnación en la demanda de nulidad no implica que se puedan reclamar prestaciones no solicitadas ante la autoridad administrativa, puesto que los primeros tienden a controvertir lo decidido en la resolución impugnada, mientras que las segundas son pretensiones ajenas al contenido de tal determinación.

De ahí que no sea dable estudiar, en suplencia de la queja, si resulta ilegal la omisión de estudio del concepto de impugnación relativo a las prestaciones "ayuda por servicios" y "ayuda de transporte", pues éste no forma parte de la litis del juicio de nulidad.

Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo administrativo 806/2016, en sesión de cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Estudio de otros rubros en suplencia de queja.

En otro aspecto, este Tribunal Colegiado de Circuito, con sustento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.", de contenido similar a la invocada en la demanda, analizará la omisión formal de la responsable, respecto del pronunciamiento a la solicitud del pago de la prestación denominada "pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año".

Este órgano colegiado advierte que la prestación reseñada en el párrafo anterior no fue solicitada por el quejoso en su escrito de revisión de incremento a su cuantía pensionaria de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, que constituye la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo y, no obstante ello, la reclamó en su demanda de nulidad; sin embargo, de conformidad con lo expuesto en párrafos precedentes, el análisis de legalidad se constriñe a las prestaciones originalmente solicitadas, pues sólo éstas forman parte de la resolución ficta; de ahí que no es dable estudiar, en suplencia de la queja, si resulta ilegal la omisión de estudio del concepto de impugnación relativo a la prestación consistente en "pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año", pues éste no forma parte de la litis del juicio de nulidad.

En otro aspecto, de la solicitud elevada ante el instituto y de la demanda de nulidad se advierte que la parte actora solicitó que se le pagaran intereses legales de las prestaciones procedentes, y de la sentencia reclamada se obtiene que la Sala omitió pronunciarse en cuanto a ese aspecto de la litis; sin embargo, a ningún fin práctico conduce otorgar la protección constitucional solicitada para el efecto de que la responsable se ocupe, con plenitud de jurisdicción, de resolver sobre el pago de intereses legales, dado que, en el fondo, su pretensión es improcedente.

En efecto, la nulidad de la negativa ficta que obliga a la autoridad responsable a realizar incrementos a la cuota pensionaria y, en su caso, a pagar las diferencias, no comprende el pago de intereses legales, en razón de que ni la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aplicable ni, en su caso, el reglamento, como tampoco la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contienen disposición expresa en torno a su procedencia.

Aplicación de interpretación conforme, principio pro persona, de progresividad y no regresividad y suplencia por grupo vulnerable.

Aduce el quejoso que la protección de los derechos humanos debe darse en el entorno de una protección conforme y pro persona, en lo que más beneficie al ser humano, en respeto a los derechos humanos de seguridad social, al tratarse de un pensionado, lo cual implica la aplicación de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/2009, que determinó la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la debida integración de la pensión o de la cuota diaria que la integra, así como las diferencias que resulten de la misma; lo anterior, además, en atención a que es una persona pensionada y adulta mayor, que se encuentra dentro del grupo vulnerable definido como tal por el Máximo Tribunal (sic), de conformidad con la tesis IV.2o.A.111 A (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE ALLEGARSE OFICIOSAMENTE DE MÁS ELEMENTOS DE PRUEBA CUANDO LOS QUE EXHIBAN, COMO ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEAN INSUFICIENTES PARA CLARIFICAR EL DERECHO CUYO RECONOCIMIENTO PRETENDAN, ADEMÁS DE QUE AQUEL ORGANISMO ES QUIEN CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN JUBILATORIA, CONFORME A SU LEY ABROGADA."

El concepto de violación es infundado.

En el caso, contrariamente a lo aducido por el quejoso, no se transgredieron los principios de interpretación conforme, pro persona, de progresividad y no regresividad, derivados del artículo 1o. de la Constitución Federal.

De inicio, es menester destacar que, como se expuso, la quejosa se ubica en un supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja (afirma que es como consecuencia de su pertenencia a un grupo vulnerable), de conformidad con la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS.", en la que se consideró que la hipótesis de suplencia contenida en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, opera en favor del trabajador, tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas.

Ahora, sobre la interpretación conforme de las normas generales, el Máximo Tribunal ha sostenido, en las jurisprudencias 2a./J. 176/2010 y 1a./J. 37/2017 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN." y de título y subtítulo: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.", respectivamente, que dicho principio obliga a los juzgadores a adoptar la interpretación de una norma que sea acorde con lo que establece la Constitución, cuando el contenido de la norma sea susceptible de dos o más interpretaciones, en razón de que la supremacía normativa de la Constitución se manifiesta también en la exigencia de que las normas secundarias se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales.

Además, de acuerdo con la segunda tesis, la interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzada por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales.

La decisión de la Sala responsable sobre la improcedencia de los conceptos de "bono de despensa", "previsión social múltiple", "medida de fin de año, prestación anual única", "pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año", "ayuda por servicios" y "ayuda de transporte", se sustentó en que no se acreditaron los requisitos de compatibilidad y generalidad; por tanto, contrariamente a lo aducido por el quejoso, no se está ante un problema de selección de normas, como tampoco se está en el escenario de que el Máximo Tribunal haya emitido varias posibilidades de interpretación del precepto aplicable, que diesen lugar a elegir la norma o interpretación que mayor beneficio le reporte; aunado a que, respecto de las dos primeras prestaciones mencionadas, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que soporta la determinación de su improcedencia.

En tanto que, la decisión sobre el tema de la prescriptibilidad del pago retroactivo de las diferencias pensionarias, tiene sustento en lo previsto en el artículo 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual no riñe con los preceptos relativos de la Constitución y tampoco se está ante un problema de diversidad de normas aplicables, ni tampoco en el supuesto de que haya varias posibilidades de interpretación del precepto aplicable, alguna de las cuales le pudiese ser más favorable.

Asimismo, la sentencia reclamada no vulnera el principio de progresividad, en su aspecto negativo de no regresividad, en relación con el derecho a la seguridad social.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXXVI/2015 (10a.), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Tomo II, noviembre de 2015, página 1298 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas», de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO.", ha considerado que el principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Federal, exige, en parte, que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos; en otra, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección.

Así, el parámetro para examinar un acto jurisdiccional de conformidad con el aspecto negativo del citado principio, requiere la existencia de un alcance y tutela que en determinado momento ya reconocía algún derecho humano y, a partir de ahí, que haya una modificación, de manera que implique una regresión, ya sea porque limite, restrinja, elimine o desconozca la extensión de tal derecho y su nivel de tutela admitido previamente.

En el caso, de la sentencia reclamada se obtiene que, con fundamento en los artículos 43 y 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Sala consideró, en parte, que la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a cinco años a la fecha en que se solicitó la rectificación; en otra, que las prestaciones en dinero que se solicitaron por el quejoso fueron aumentadas, y no se otorgaron de manera general a los trabajadores en activo, por lo que es improcedente su pretensión.

Lo anterior, en modo alguno implica que la Sala incurrió en una aplicación regresiva en cuanto al alcance y tutela de los derechos humanos vinculados con los temas en análisis, pues previamente no admitían una forma distinta de resolverse, que fuera modificada por la Sala sin una justificación plena.

Imprescriptibilidad del pago de pensiones.

Aduce el quejoso que la Sala consideró que las pensiones caídas y las prestaciones prescriben en un término de cinco años, conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), lo cual es incorrecto, pues no se está ante pensiones caídas, sino que se trata de diferencias pensionarias que derivan directamente de la reintegración de la pensión asignada, aunado a que con tal determinación se ignoró que son imprescriptibles el derecho a la pensión, la prerrogativa a solicitar su correcta integración y el pago de las diferencias pensionarias resultantes.

Carece de razón el quejoso.

En principio, amerita destacarse que la prescripción en materia de seguridad social no rige para el derecho a la jubilación y a la pensión de los trabajadores adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni para la prerrogativa de reclamar el pago de las diferencias derivadas de los incrementos a las cuotas jubilatorias o pensionarias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo, que comienza día con día mientras no se rectifique.

Sin embargo, debe decirse que tal figura extintiva ciertamente opera para demandar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, después de cinco años contados a partir de que fue exigible, en términos del artículo 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La postura anterior fue definida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 340/2016 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTAS RELATIVAS, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A 5 AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN. La imprescriptibilidad del derecho para demandar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inaplicable para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo que se actualiza día con día mientras no se rectifique, en términos del artículo 186 de la ley de aquel organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 -cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 248 de la ley relativa vigente y 61 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. Por tanto, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a 5 años a la fecha en que se solicitó la rectificación."

Ante lo jurídicamente ineficaz de los conceptos de violación, y no advirtiéndose queja deficiente que suplir, se desestiman las tesis invocadas por el quejoso y debe negarse la protección constitucional solicitada.

Alegatos de la parte tercero interesada.

Resta precisar que los alegatos formulados por la autoridad tercero interesada, han sido atendidos al dar respuesta a los conceptos de violación y, en virtud de que de ellos no se desprende la denuncia de la existencia de causales de improcedencia, técnicamente no es posible realizar un pronunciamiento adicional específico.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los autos del juicio de nulidad **********.

Notifíquese por conducto de la Sala responsable. Anótese en el libro de registro correspondiente, envíese testimonio de esta ejecutoria; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, Enrique Villanueva Chávez y Ariel Alberto Rojas Caballero, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma, 2, fracción XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis XXV.2o. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA, TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, CON INDEPENDENCIA DEL PUESTO QUE OCUPABAN AL MOMENTO DE RECIBIR LA PENSIÓN [APLICACIÓN POR ANALOGÍA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 41/2012 (10a.)].", 2a. XCV/2014 (10a.), 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", IV.2o.A.111 A (10a.), 2a./J. 176/2010, 1a./J. 37/2017 (10a.) y 2a./J. 8/2017 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas y 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 29, Tomo III, abril de 2016, página 1996 y 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 924; en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 644; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, página 3570; en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 646; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas y 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 42, Tomo I, mayo de 2017, página 239 y 39, Tomo I, febrero de 2017, página 490, respectivamente.

La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 205/2016, 91/2006-SS, 143/2009 y 340/2016 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, página 989; en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXV, enero de 2007, página 1251 y XXX, agosto de 2009, página 513; así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo I, febrero de 2017, página 465, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27427-edccf1cf/juicio-de-nulidad-contra-una-resolucion-negativa-ficta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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