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BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA, NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, A PARTIR DE SU ACRECENTAMIENTO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EXPEDIDOS DE 2011 A 2016 [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 13/2017 (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 386/2017. · Registro digital (IUS): 27426
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pág. 2267.

AMPARO DIRECTO 386/2017. 24 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: JAVIER CRUZ VÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio.

Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer, los cuales, por razón de método, se analizarán en orden diverso al propuesto.

2. Imprescriptibilidad del pago de pensiones.

Esgrime la quejosa que la Sala consideró que las pensiones caídas y las prestaciones prescriben en un término de cinco años, conforme al precepto 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; decisión esta última que, en opinión de la inconforme es incorrecta, pues no se está ante pensiones caídas, sino que se trata de diferencias pensionarias que derivan directamente de la reintegración de la pensión asignada, aunado a que con tal determinación se ignoró que son imprescriptibles el derecho a la pensión, la prerrogativa a solicitar su correcta integración y el pago de las diferencias pensionarias resultantes.

Arguye que la tesis aislada 2a. CIV/2015 (10a.), en la cual la responsable sustentó la determinación de limitar el pago de las diferencias generadas con motivo de los incrementos no realizados en su pensión, a los cinco años anteriores a la solicitud de rectificación, es inaplicable, ya que se refiere a pensiones caídas, las cuales son distintas a las citadas diferencias.

Tales alegaciones resultan acertadas en un aspecto, pero ineficaces, por las razones que enseguida se verterán.

Se estima certera la disertación en comento porque, en efecto, al caso no es aplicable el artículo 186 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunque no por las razones que indica la quejosa, sino porque esta última se jubiló en dos mil ocho y, consecuentemente, está sujeta a las disposiciones de la referida legislación, pero en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que aconteció el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y cuyo artículo 248 regula la figura de la prescripción de manera similar a como lo hacía aquel normativo.

No obstante, la alegación es ineficaz, por las dos razones siguientes:

La primera, porque basta con imponerse del contenido de la sentencia que constituye el acto reclamado, para constatar que la Sala no invocó la tesis 2a. CIV/2015 (10a.) antes aludida.

En efecto, si bien la responsable limitó la pretensión de pago de los incrementos de la pensión, a los cinco años anteriores, los razonamientos que sustentaron esa consideración partieron del contenido del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no del criterio aludido por la quejosa.

La segunda razón por la cual se tilda de ineficaz el concepto de violación en estudio, es porque la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas relativas, ciertamente opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a cinco años a la fecha en que se solicitó la rectificación.

Tal postura fue definida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 340/2016, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 8/2017 (10a.), publicada en la página 490 del Libro 39, Tomo I, febrero de 2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LAS CUOTAS RELATIVAS, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A 5 AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN. La imprescriptibilidad del derecho para demandar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es inaplicable para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo que se actualiza día con día mientras no se rectifique, en términos del artículo 186 de la ley de aquel organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 -cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 248 de la ley relativa vigente y 61 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. Por tanto, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a 5 años a la fecha en que se solicitó la rectificación."

Por lo anterior, aunque fundado en un aspecto, a la postre resulta ineficaz el concepto de violación en estudio, pues según se ve, el Alto Tribunal definió, en jurisprudencia obligatoria, que la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a la cuota pensionaria, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a cinco años a la fecha en que se solicitó la rectificación.

Consecuentemente, por inaplicables se desestiman las tesis IV.3o.117 L y XI.1o.A.T.23 L (10a.), invocadas por la quejosa, intituladas: "JUBILACIÓN. SU OBTENCIÓN O FIJACIÓN CORRECTA SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO IMPRESCRIPTIBLES." y "PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS DIFERENCIAS POR INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE."

3. "Bono de despensa" y "previsión social múltiple".

Contrariamente a lo decidido por la Sala responsable, la quejosa aduce que deben incrementarse a su favor dichos conceptos, en el mismo monto que aquellos pagados a los trabajadores en activo, habida cuenta que los percibe regular y periódicamente.

Son ineficaces tales argumentos, porque sobre el tema existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentido contrario a la impugnación de la quejosa.

En efecto, la Segunda Sala, en sesión de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos, resolvió la contradicción de tesis 205/2016, suscitada entre los criterios de los Tribunales Colegiados Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, Segundo del Vigésimo Quinto Circuito y Primero del Trigésimo Circuito, en la que determinó que los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no tienen derecho al incremento de las prestaciones denominadas "bono de despensa" y "previsión social múltiple", otorgado mediante oficios circulares emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, originándose la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), publicada en la página 1036 del Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942 DE 18 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796 DE 1 DE AGOSTO DE 2012, 307-A.-2468 DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. De los oficios citados se advierte que se comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la autorización del incremento de diversas prestaciones, entre las cuales se encontraban las etiquetas como ‘previsión social múltiple’ y ‘bono de despensa’, destinadas única y exclusivamente al personal operativo de la Administración Pública Federal con curva del sector central, excluyéndose, por tanto, a los servidores públicos de mando y de enlace, con lo cual se justifica que el otorgamiento de los referidos incrementos no es general. Ahora bien, los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de dicho Instituto, en términos generales disponen que los pensionados y jubilados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles. Consecuentemente, si los incrementos referidos no se autorizaron para todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino únicamente para el personal operativo, es evidente que los incrementos a las prestaciones denominadas ‘presión social múltiple’ y ‘bono de despensa’, no se otorgaron de manera general a los trabajadores en activo y, por ello, no procede su reclamo por parte de los pensionados."

Con base en lo anterior, la situación particular de la parte quejosa, en cuanto adulta mayor, las pruebas exhibidas y los argumentos formulados, no inciden en la procedencia de las prestaciones reclamadas, dado que por su naturaleza no le corresponden a los pensionados, por no haberse otorgado de manera general; de ahí lo ineficaz de los conceptos de violación.

No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, el argumento de la parte quejosa -por cierto, no hecho valer ante la Sala Administrativa- en el sentido de que aunque en la aludida jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los pensionados y jubilados del instituto no tienen derecho al incremento de los conceptos en estudio, establecido en los oficios circulares 307-A.-2942, 307-A.-3796 y 307-A.-2468, por cuanto sólo beneficiaron al personal operativo; de cualquier modo, debe concederse el aumento solicitado, porque en los Manuales de percepción (sic) de la dependencias y entidades de la administración pública federal, emitidos entre dos mil once y dos mil dieciséis, se determinó el acrecentamiento a esos renglones en favor de los servidores públicos de mando, enlace y operativo; lo que, a decir de la quejosa, evidencia que el aumento fue generalizado.

Contrariamente a lo aducido, es necesario señalar que el acrecentamiento a los rubros mencionados no fue general, de tal manera que no es factible aplicarlo a la parte quejosa en su calidad de pensionista.

Para demostrar el aserto anterior, debe tenerse en cuenta que los artículos 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley de dicho instituto, en términos generales disponen que los pensionados y jubilados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles.

Dicho aumento se reputa general cuando su aplicación se extiende al universo de los trabajadores que conforman la administración pública federal, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria emitida para resolver la citada contradicción de tesis 205/2016, según se desprende del texto que ahora se reproduce:

"De lo anterior se desprende que, un jubilado o pensionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sólo tendrá derecho al incremento de su pensión cuando esos mismos incrementos se otorguen a la totalidad de trabajadores en activo -requisito de generalidad-; que son los trabajadores del servicio civil de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, lo cual se establece en el artículo 1o., párrafo primero, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."

Para comprender cuáles trabajadores constituyen la totalidad de la administración pública federal, debe atenderse al contenido de los Manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, vigentes de dos mil once a dos mil dieciséis, particularmente a su artículo 10, para advertir que el personal se clasifica como operativo, mando y enlace, aunado a la existencia de otro tipo de plazas que, por su rama de especialización técnica o profesional, requieren un tratamiento particular y son identificados como "categorías".

Así se desprende del dispositivo analizado, correspondiente a dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de esa anualidad, dado que su contenido es la reiteración del expresado en los manuales de dos mil once a dos mil catorce (publicados en el referido medio de difusión oficial, el treinta y uno de mayo de dos mil once (sic) a dos mil quince, respectivamente):

"Artículo 10. El manual considera las remuneraciones de los servidores públicos para:

"I. Personal civil, en los términos siguientes:

"a) Operativo, comprende los puestos que se identifican con niveles salariales 1 al 11 que se ajustan al tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central y los niveles distintos a los anteriores que se ajustan a un tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, así como los puestos equivalentes y homólogos a ambos.

"En el anexo 2 del presente manual se presenta el tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central aplicable a los puestos operativos de las dependencias y entidades, que servirá como referente, en su caso, para la aprobación y registro del tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica;

"b) Categorías, comprende los puestos de los niveles salariales que por las características de la dependencia o entidad requieren un tratamiento particular para la determinación y la aplicación de un Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, y

"c) Mando y de enlace, comprende a los puestos de los grupos jerárquicos P al G, así como al Presidente de la República, que se ajustan al tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central y específico; asimismo, comprende los puestos que se ajustan a un tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica y a los equivalentes y homólogos a ambos.

"En los anexos 3 A y 3 B del presente manual se presentan los tabuladores de sueldos y salarios con curva salarial de sector central aplicable a los puestos de mando y de enlace de las dependencias y entidades, que servirán como referente, en su caso, para la aprobación y registro del tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, y

"II. Personal militar, comprende las percepciones de los servidores públicos militares en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por concepto de haberes, sobrehaberes, asignaciones y demás remuneraciones del personal militar en los términos de las disposiciones aplicables.

"En el anexo 1 del presente manual se presenta la relación de dependencias y entidades con el tipo de tabulador de sueldos y salarios que les aplica. En el anexo 3 C del presente manual se presentan los límites de la percepción ordinaria neta mensual aplicables a dependencias y entidades."

De la reproducción del citado precepto se advierte, que dentro de la administración pública federal existen dos grandes clasificaciones de personal: civil y militar.

Respecto del primero -que es el que al presente asunto interesa, dado que el órgano de seguridad social al cual se le reclama el aumento, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, la norma refiere la división del personal en diversos grupos: operativo, enlace y mandos, además de los clasificados según sus características particulares en "categorías".

Ello significa que dentro de la estructura de los funcionarios gubernamentales, además de los puestos operativo, enlace y mandos, existen otras categorías, y todos ellos conforman el universo de la administración pública federal. Por consiguiente, para que los pensionados y jubilados tengan derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que sean aumentadas a los trabajadores en activo, dicho acrecentamiento debe ser compatible, además de generalizado, entendiéndose por este último que su aplicación favorezca al universo de los operarios gubernamentales.

A partir de lo anterior, queda claro que la parte quejosa no tiene derecho al incremento de los rubros "bono de despensa" y "previsión social múltiple", conforme a los Manuales de percepción (sic) de las dependencias y entidades de la administración pública federal, emitidos entre dos mil once y dos mil dieciséis.

Es así porque, en lo referente a la prestación "bono de despensa", de los propios manuales se desprende que el incremento únicamente benefició al personal de mando, enlace y operativo, como incluso así lo reconoce la peticionaria, excluyéndose otro tipo de plazas que por su rama de especialización técnica o profesional requieren de un tratamiento particular y que son identificadas como "categorías".

Así se desprende del texto del artículo 30 «y del artículo 31» de dichos manuales, conforme al texto vigente entre dos mil once y dos mil dieciséis:

Ver texto de los artículos 30 y «31»

De tal suerte que, al no haberse otorgado el acrecentamiento al "bono de despensa" de forma general, conforme a los manuales en comento, ello porque, se insiste, se excluyó a las plazas que por su rama de especialización técnica o profesional requieren de un tratamiento particular y que son identificados como "categorías"; entonces, tampoco es procedente aplicar tal aumento a los pensionados y jubilados del instituto.

La misma conclusión aplica a la prestación denominada "previsión social múltiple". Ello, porque el artículo 33 del Manual de percepción (sic) de la dependencias y entidades de la administración pública federal, vigente para dos mil dieciséis, cuya redacción concuerda con el diverso 32 de los manuales vigentes entre dos mil once y dos mil quince, en los cuales la disconforme funda su pretensión, no establece un incremento del renglón anotado a favor de la totalidad de los trabajadores que conforman la administración pública federal, sino exclusivamente a los de rango operativo; por ende, tampoco se satisface el requisito de generalidad previsto en los precitados numerales 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley de dicho instituto.

1. Violación a los principios pro persona e interpretación conforme, así como de progresividad y no regresividad.

Aduce la disconforme que con la decisión contenida en el acto reclamado, la responsable transgredió en su detrimento los derechos de seguridad y previsión social, de acuerdo a la interpretación conforme, así como a los principios pro persona, de progresividad y no regresividad, contenidos en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Resulta infundada la violación alegada.

A. Principios pro persona e interpretación conforme.

De inicio, es menester tener en cuenta que el Máximo Tribunal del País ha emitido la tesis: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN." (jurisprudencia 2a./J. 176/2010, publicada en la página 646 del Tomo XXXII, diciembre de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época), así como la intitulada: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA." (jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), visible en la página 239 del Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas»).

De dichos criterios interpretativos se desprenden las siguientes premisas:

• El principio de interpretación conforme obliga a los juzgadores a adoptar la interpretación de una norma que sea acorde con lo que establece la Constitución, cuando el contenido de la norma sea susceptible de dos o más interpretaciones.

• La supremacía normativa de la Constitución se manifiesta también en la exigencia de que las normas secundarias se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales.

• La interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzada por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales.

De ello se concluye que la obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con el principio de interpretación más favorable a la persona, se actualiza cuando el operador jurídico advierte que dos o más normas son aplicables al caso y debe elegir la que otorga la protección más amplia a la persona, o bien, cuando sólo existe una norma aplicable, pero ésta admite diversas interpretaciones que se traducen en mayor o menor protección a los derechos fundamentales.

Las premisas jurídicas antedichas sirven para afirmar que, contrariamente a lo aducido por la promovente del amparo, en la especie no se está ante un problema de selección de normas de derechos humanos, sino de mera legalidad, cuenta habida que por jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País se ha determinado la improcedencia de las prestaciones reclamadas por no haberse otorgado de manera general.

Tales razonamientos igualmente son útiles para afirmar que la decisión de la Sala, en cuanto a invocar la figura de la prescripción para acotar el pago de las diferencias que resulten del recálculo de la cuota pensionaria a los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud, tampoco vulneró el principio pro persona, según se verá a continuación.

Como se precisó, la responsable limitó la liquidación de las diferencias derivadas del recálculo de la cuota pensionaria, a los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de regulación de la pensión, la que fue presentada el diecisiete de marzo de dos mil quince (folio 13 del juicio de nulidad), en términos de una disposición legal, a saber: el artículo 186 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -que aunque inaplicable por las razones que antes se explicaron, resulta de similar contenido al artículo 248 de esa legislación, pero actualmente en vigor, que regula la institución de la prescripción-.

Entonces, por cuanto se refiere al tema de la prescripción, tampoco se presenta un problema de selección de normas, ni se está en el escenario de que el Máximo Tribunal haya emitido varias posibilidades de interpretación del precepto aplicable, en la medida en que la decisión jurisdiccional controvertida se basó en una disposición legal, sin que se vislumbre otra en contrario, y respecto de su contenido, tampoco se han establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas posibilidades interpretativas.

Por lo anterior, se concluye que carece de asidero jurídico el argumento relativo a que con el sentido del fallo reclamado, la Sala infringió los principios pro persona y de interpretación conforme.

B. Principio de progresividad y no regresividad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXXVI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO.", sostuvo que el principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección.

Estableció que para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada.

A partir de lo anterior, se concluye que es infundada la disertación de la parte disconforme, tocante a que el sentido del fallo viola el aludido principio.

Lo anterior es así, porque el hecho de que no se apliquen los incrementos pretendidos por la solicitante a su favor, derivados del contenido de los oficios circulares de que se viene tratando, no deriva en forma alguna de la aplicación regresiva de una norma o su interpretación, que es justamente lo que protege el principio invocado, sino que ello es consecuencia de que la peticionaria no demostró la identidad o equivalencia existente entre la dependencia y el cargo en el cual prestó sus servicios en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja, y las dependencias y categorías de puestos a los que corresponden los aumentos otorgados a los trabajadores en activo, señalados en dichos instrumentos.

4. Interpretación más amplia y suplencia de la queja, porque la parte quejosa, en su calidad de pensionada y adulta mayor, pertenece a un grupo vulnerable.

Sobre la categoría de los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013, del cual derivó la tesis aislada 1a. CCXXIV/2015 (10a.), publicada en la página 573 del Libro 19, Tomo I, junio de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas», de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO."; estableció que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar, y que la discriminación y el abandono son los principales obstáculos que se deben combatir a través de la protección reforzada de sus derechos.

Mencionó que dicha consideración especial hacia los derechos de las personas mayores, se encuentra contenida en diversos instrumentos internacionales y en el ámbito interno. Así, si en un procedimiento judicial alguna de las partes tiene la categoría de adulto mayor, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso, en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, proporcionando el mayor beneficio que pudiera corresponder al adulto en edad avanzada.

Ciertamente, así se lee de la parte correspondiente de la ejecutoria emitida por la superioridad, cuyo texto indica:

"I. Situación de especial vulnerabilidad de las personas en edad avanzada.

"El artículo 1o. de la Constitución General señala que todas las personas gozan de los derechos que la misma establece independientemente de la edad que tengan.

"Tal reconocimiento implica, por un lado, que cualquier negación de derechos con base en la categoría de edad se presume inconstitucional y, por otro, que se justifica la protección reforzada de los derechos tanto de los menores de edad como de los adultos en edad avanzada. Si bien no puede equiparse (sic) la vulnerabilidad de los niños con la de los adultos mayores, ambos grupos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población.

"...

"Tales consideraciones llevan a esta Primera Sala a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca, en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar. En efecto, la discriminación y el abandono son los principales obstáculos que se deben combatir a través de la protección reforzada de sus derechos.

"...

"De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que si en un procedimiento judicial alguna de las partes tiene la categoría de adulto mayor, es decir si tiene más de 60 años, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso, en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, proporcionando el mayor beneficio que pudiera corresponder al adulto en edad avanzada."

No obstante lo anterior, en el caso concreto, la sola mención de la parte disconforme en cuanto a que por ser adulta mayor le corresponde una protección más amplia, no trae como consecuencia que se conceda la protección constitucional para que la Sala, a su vez, ordene a la autoridad demandada incrementar los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple", a favor de ésta.

De considerarse lo contrario, se llegaría al ext

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27426-f1e3aebb/bono-de-despensa-y-prevision-social-multiple-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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