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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIAS 1a./ J. 46/2014 (10a.) Y 1a./J. 47/2014 (10a.) EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS SEXTO Y SÉPTIMO, EN RELACIÓN CON EL SEXTO TRANSITORIO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 19/2013, DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA DIFUSIÓN DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE ESTE ALTO TRIBUNAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 265/2014. · Registro digital (IUS): 25491
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-02-20
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Pág. 2273.

AMPARO DIRECTO 265/2014. 14 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. SECRETARIA: CARMEN YADIRA REYES MUÑOZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Estudio del asunto.

I. Suplencia de la deficiencia de la queja.

Antes del análisis de los conceptos de violación hechos valer por **********, es menester precisar que al tratarse de un asunto en materia mercantil, se rige por el principio de estricto derecho.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/50, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte de rubro y texto:

"PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria."(1)

II. Análisis de los conceptos de violación.

En el caso concreto, los conceptos de violación serán examinados de manera diversa a la que fueron planteados, atendiendo al método y técnica jurídica que rigen en el juicio de amparo conforme a lo estatuido en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Sobre el particular, este órgano jurisdiccional comparte la tesis aislada VI.2o.C. 248 K, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."(2)

En los conceptos de violación identificados en los números 1.1, 6 y 6.2, en atención a la causa de pedir, se aprecia que la quejosa hace valer violaciones procesales relativas a la falta de personalidad del actor, indebido emplazamiento y la no admisión de pruebas (pericial en materia de grafoscopia); las cuales son impugnables vía concepto de violación a través del amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva del juicio respectivo, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y, 34 y 172 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden preferente a los de fondo y por esa razón se aborda su análisis antes que los restantes motivos de inconformidad.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34, 171 y 172 de la Ley de Amparo, cuando en los juicios de amparo directo civil se plantea una violación procesal, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento propuesta es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones del artículo 172 del ordenamiento legal citado.

Si así fuera, el Tribunal Colegiado de Circuito debe determinar si los hechos en que se hacen consistir las violaciones procesales son ciertos o no; constatado lo anterior debe después establecer si la violación procesal por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 171 de la ley de la materia, y si fue observado este precepto legal; acto seguido, el órgano de control constitucional está obligado a estudiar si las violaciones procesales son contrarias a la ley y a los derechos humanos que al efecto haga valer la parte quejosa, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de la queja según el caso, después de constatar si la violación trascendió al resultado del fallo.

Sobre el particular, este órgano jurisdiccional comparte la tesis de jurisprudencia II.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual lleva por rubro y texto:

"VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO. CÓMO DEBEN ANALIZARSE LAS. De lo dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de amparo directo a propósito del estudio de las violaciones procesales, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado según sea el caso civil o penal, respectivamente; segundo, si así fuera, el órgano de control constitucional debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierto o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia; y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el órgano de control constitucional debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de queja según el caso, previo constatar si la violación trascendió al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de éstas últimas porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales.(3)

También, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.C. J/5, de rubro y texto siguientes:

"VIOLACIONES PROCESALES. REQUISITOS PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que la violación emane directamente del procedimiento en que se dictó la resolución reclamada; b) que afecte las defensas del quejoso; y c) que trascienda al resultado del fallo. Por tanto, ante la falta de alguno de estos requisitos, la impugnación relativa resulta inatendible."(4)

Sin que se soslaye que los mencionados criterios se emitieron durante la vigencia de la Ley de Amparo de diez de enero de mil novecientos treinta y seis -abrogada-, sin embargo, los preceptos legales de los que derivan no se contraponen a la legislación aplicable -vigente a partir del tres de abril dos mil trece-; de ahí que su cita se estime correcta y apropiada para apoyar las consideraciones en que se sustenta la sentencia.

En el caso concreto, se reitera, en atención a la causa de pedir, se estima que la quejosa invoca posibles violaciones al procedimiento, pues alega que la parte actora no cuenta con personalidad, aunado a que en el emplazamiento la notificadora adscrita al juzgado de origen se condujo con parcialidad y, además, señaló que los documentos base de la acción habían sido falsificados y que no era su firma la puesta en los mismos, siendo evidente que ésta es diferente a la que calza su credencial de elector; por lo que ofreció la pericial en grafoscopia, sin embargo el Juez de origen no la admitió.

Es decir, las violaciones de que se duele en atención a la causa de pedir, son la falta de personalidad del actor, el indebido emplazamiento y la inexacta inadmisión de la prueba pericial en materia de grafoscopia, que ofreció para demostrar la falsificación del contenido de los pagarés y, por ende, de la firma puesta en los mismos.

Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que los mencionados conceptos de violación devienen inoperantes, como ya se anunció, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán.

El artículo 172 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

"I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley;

"...

"III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;

"...

"V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

"...

"XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo."

Conforme a ese numeral, es inconcuso que las violaciones procesales de las que se duele la inconforme sí son impugnables vía amparo, al reclamar la sentencia definitiva.

Se insiste, ya que en atención a la causa de pedir la quejosa alega cuestiones que se refieren a esos aspectos.

Así, habiéndose determinado que las violaciones procesales reclamadas sí son impugnables a través del juicio de amparo directo, se debe decir que los hechos concretos en que se hacen consistir, resultan ciertos.

Es así, ya que alega que es indebido el emplazamiento, en cuanto a lo que debe decirse que, la ahora quejosa, en el juicio promovió incidente de nulidad respecto de aquel que se practicó el siete de enero de dos mil catorce, mismo que se le desechó mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil catorce, por notoriamente improcedente al resultar extemporáneo.

Mientras que lo relativo a que existe falta de personalidad del actor, es conveniente destacar que en la contestación de demanda de quince de enero de dos mil catorce, la ahora inconforme opuso como excepción la de falta de personalidad del demandante, la cual no se admitió en auto de dieciséis de ese mes y año, ya que la autoridad responsable consideró que no expuso los argumentos en que se justificara la misma.

También destaca como violación que fue indebido que no se admitiera la prueba pericial en materia de grafoscopia, desechamiento que se realizó en proveído de cuatro de abril de dos mil catorce.

Ahora bien, no obstante que quedaron evidenciados los actos concretos en que se hacen consistir las violaciones procesales, éstas se deben desestimar al no encontrarse preparadas en los términos que ordena el artículo 171 de la Ley de Amparo, mismo que establece:

"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

"Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

En efecto, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que las violaciones procesales no fueron debidamente preparadas por la quejosa, ya que durante la tramitación del juicio, no impugnó los autos en que primero, no se dio trámite a la excepción de falta de personalidad y se desechó el incidente de nulidad de actuaciones (respecto del emplazamiento), así como aquel en que no se admitió la prueba pericial, mediante el recurso o medio de defensa que la propia ley ordinaria establece y que en el particular era el recurso de revocación.

En cuanto a la violación procesal que atañe a la falta de personalidad, se insiste, se considera en atención a la causa de pedir, pues no obstante que es genérica, se entiende la inconforme alega que el actor carecía de la misma, pero el Juez de origen desechó la excepción correspondiente.

Al respecto, es menester mencionar que de los autos que integran el expediente de origen se aprecia que la quejosa en el escrito de contestación de demanda,(5) opuso la excepción de falta de personalidad, la cual no se admitió en auto de dieciséis de enero de dos mil catorce, en razón de que la promovente no expuso los motivos por los que la opuso; sin que la ahora quejosa impugnara el mismo.

Mientras que, también en el escrito de contestación de demanda opuso el incidente de nulidad respecto del emplazamiento que se practicó el siete de enero de dos mil catorce, mismo que se le desechó mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil catorce, por notoriamente improcedente al resultar extemporáneo, pues no se hizo valer dentro del término legal de tres días a que se refiere el artículo 1078 del Código de Comercio.

Y, finalmente, en proveído de cuatro de abril de dos mil catorce, se desechó la prueba pericial en materia de grafoscopia, por no reunir los requisitos legales.

En efecto, el proveído de dieciséis de enero de dos mil catorce y el diverso de cuatro de febrero de dos mil catorce -en el que se desechó la prueba mencionada por la quejosa-, eran susceptibles de impugnarse mediante el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 1334 de dicho ordenamiento, el cual dispone:

"Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ..."

Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:

"REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión ‘son irrecurribles’, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto ‘De los Juicios Mercantiles’, título primero ‘Disposiciones Generales’, capítulo XXV, denominado 'De la Apelación’, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)."(6)

Además, es menester destacar que este Tribunal Colegiado de Circuito estima que la inconforme no se sitúa en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el citado artículo 171 de la Ley de Amparo, que la exima de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, pues el acto reclamado no afecta derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio ni es de naturaleza penal, tampoco se alega que la ley aplicada o que se debió aplicar es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Máxime que respecto a la forma en que se le emplazó, el Juez de origen destacó que cualquier vicio que pudiera haber presentado el emplazamiento, quedó compurgado, al lograr dar cumplimiento al cometido principal de la diligencia, que fue hacer saber a la parte reo, la existencia de un juicio en su contra, para lo cual citó la tesis de jurisprudencia V.2o. J/332, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN CASO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA."

Por consiguiente, si las violaciones procesales no se encuentran debidamente preparadas, no es jurídicamente dable que este órgano de control constitucional se avoque a examinar los argumentos tendentes a combatir las que ahora reclama, por lo que devienen inoperantes por inatendibles los conceptos de violación que se resuelven.

En ese tenor, el concepto de violación contenido en el número 4, a través del cual la quejosa alega que existieron anomalías por parte de la actuaria adscrita al juzgado de primera instancia, pues embargó cosas que no eran de su propiedad, es inoperante.

La calificación de la inconformidad que se contesta es determinada, así en virtud de que del expediente no se advierte que durante la tramitación del procedimiento la quejosa opusiera excepción o juicio de amparo indirecto en cuanto a los vicios propios del embargo, que era el medio de defensa procedente para atacar la legalidad de la medida precautoria de que se trata.

Por consiguiente, este Tribunal Colegiado de Circuito no se encuentra en aptitud de analizarlo.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el Juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del Juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo."(7)

Máxime que si los bienes embargados no son de su propiedad, en todo caso, el legítimo propietario cuenta con el medio de defensa a través del cual está en aptitud de demostrar la titularidad de los mismos y, con ello, ser restituido en los derechos que se le hubieran transgredido.

Bajo esa tesitura, los conceptos de violación contenidos en los números 1, 2 y 3, a través de los cuales la inconforme esgrime que desconocía el contenido y la firma del documento base de la acción; así como el citado recibo o ficha a revisión que acompañó el actor, como fundamento de su demanda y solicitó que se dejaran a salvo los derechos del ahora tercero interesado, para que los hiciera valer en la vía y forma que mejor le conviniera y que, al momento de contestar la demanda aclaró que las firmas no eran de su puño y letra, y desconocía quién había falsificado los documentos si el endosatario o el actor, dado que el pagaré estaba llenado por ********** y el que lo endosó fue **********, son inoperantes por vía de consecuencia.

Adquieren esa resolución, pues este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el núcleo rector de las inconformidades radica en que las firmas que calzan los pagarés no son de su puño y letra, lo cual denota la falsificación de las mismas y, por ende, no puede exigírsele su cobro.

De ahí que la premisa fundamental en que descansan los conceptos de violación tiene como fuente primordial el argumento vertido en el sentido de que no firmó los documentos base de la acción, para lo cual presentó la prueba pericial en materia de grafoscopia; inconformidad que se ha declarado inoperante.

Incluso, se trata de una aseveración genérica y subjetiva, pues la inconforme no combate lo que en específico se sostuvo en el acto reclamado, ya que de éste se advierte que la autoridad responsable señaló:

a) Si bien es cierto que la demandada pretendió justificar sus afirmaciones con la pericial en materia de grafoscopia, lo cierto es que ésta no se admitió, por lo que no se acreditó que las firmas que calzan los pagarés no provienen de su puño y letra.

b) Aunado a que la autoridad responsable no puede determinar unilateralmente si las firmas cuestionadas corresponden o no al demandado; de ahí que concluyera la certeza del adeudo en éstos consignado, porque si el reo afirmó no haberlos signado, esa negativa debió ser comprobada con el medio de prueba más eficaz que acreditara el diferente origen gráfico de las firmas, es decir, la prueba pericial en materia de grafoscopia, la que si bien fue propuesta, lo cierto es que no se admitió ante la deficiencia de su ofrecimiento; citó la jurisprudencia VI.2o.C. J/249, de rubro: "FIRMAS, FALSEDAD DE LAS, EN MATERIA MERCANTIL. PRUEBA PERICIAL NECESARIA."

Por ende, no se puede abordar la inconformidad de que se trata.

Entonces, al no atacar las consideraciones torales en que la autoridad responsable fundamentó su determinación, este Tribunal Colegiado de Circuito no se encuentra en aptitud de analizar la inconformidad de que se trata en la forma vertida por la quejosa.

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.1o. J/1, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, SI NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los casos en que no deba suplir la deficiencia de la queja, si no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos."(8)

Sustenta lo anterior la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio comparte este órgano jurisdiccional, con rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos."(9)

Por ende, las manifestaciones desvinculadas de lo resuelto por el Juez, no pueden ser abordadas para su análisis, puesto que si bien en principio basta la causa de pedir, ello no eximía a la quejosa de desarrollar un razonamiento lógico-jurídico en el que enderezara argumentos tendentes a combatir el central de la autoridad responsable.

Bajo esa línea argumentativa, los conceptos de violación contenidos en los números 1 y 2, a través de los cuales alega que los pagarés no contienen lugar de pago, desconoció los adeudos y el pacto de intereses moratorios a razón del diez por ciento mensual y que no se le hizo requerimiento extrajudicial, son inoperantes por deficientes.

Es así, ya que los formula de manera genérica sin especificar de qué manera trasciende al resultado del fallo, simplemente se constriñe a aseverar esas circunstancias.

Por consiguiente, era necesario que la quejosa expresara los razonamientos por los cuales debía analizarse su inconformidad, además que estableciera de qué manera le afectó la falta de ese requisito (lugar de pago) y la ausencia de requerimiento de pago extrajudicial, a fin de estar en aptitud de verificar si la afirmación del Juez natural en el sentido de que los pagarés reunían las exigencias legales era o no apegada a derecho.

Incluso, respecto al pacto de intereses moratorios, simplemente se limita a señalar que desconoce el mismo, lo cual constituye también una mera afirmación que reúne los requisitos de concepto de violación, porque no la justifica con razonamientos lógico-jurídicos.

Máxime que el Juez de origen determinó que los pagarés base de la acción reunieron las exigencias legales y, por ende, se trataba de pruebas preconstituidas con valor pleno; sin que la ahora quejosa combata esas consideraciones.

En la inteligencia de que la causa de pedir, no la exime de los requisitos que deben contener sus inconformidades para estar en aptitud de estudiarlas.

Por otro lado, en el concepto de violación identificado en el número 5, la quejosa esgrime que le solicitó al Juez de cuantía menor que le diera vista al agente del Ministerio Público, por la falsificación de la firma, contestando que en el juzgado no existía representación social adscrita, con lo que se le dejó en estado de indefensión, el cual es inoperante por deficiente.

Es así, ya que la alegación vertida es genérica, pues la inconforme se concreta a manifestar que ese proceder del Juez de origen la dejó en estado de indefensión, pero no expresa los motivos por los que lo considera y de qué manera trasciende al resultado del fallo.

Siendo necesario que señalara el perjuicio que en específico le ocasiona a su esfera jurídica esa determinación y cómo repercutió en la sentencia reclamada.

Al no hacerlo así, la inconformidad de que se trata no reúne la técnica necesaria para abordarla; de ahí su inoperancia.

Respecto al concepto de violación señalado como 6.1 en donde **********, manifiesta que conoce a ********** porque es gestor en el perifoneo del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, quien le comentó que podía inscribirla a programas de apoyos económicos del Gobierno Federal a los cuales accedió y, por ello, le entregó copias de sus documentos oficiales deviene inoperante por deficiente.

Se estima que no es posible atender de fondo la alegación vertida, pues se constituye en una aseveración genérica, en la que ni siquiera en atención a la causa de pedir, se puede concluir que intenta sustentar el origen de los títulos de crédito, en un negocio subyacente, pues simplemente se concreta a referir que sí conocía al beneficiario original del crédito, pero no esgrime ningún razonamiento a través del cual concrete su pretensión.

En otra vertiente, los conceptos de violación contenidos en los números 8, 9 y 10, a través de los cuales en esencia alega qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25491-6190bbaf/jurisprudencias-1a-j-46-2014-10a-y-1a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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