JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2017. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE MAXIMILIEN ALEXANDRE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Sentencia:
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 182/2014, suscitada entre los criterios del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno consiste en verificar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si existen puntos de contacto en las respectivas decisiones de los Tribunales Colegiados contendientes en cuanto al ámbito temporal y material de aplicación de una jurisprudencia; el contenido y alcances del principio de no retroactividad de la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna, previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, y la aplicabilidad de una jurisprudencia de la Primera Sala de esta Suprema Corte que niega la personalidad del autorizado legal en un juicio ordinario mercantil para presentar una demanda de amparo a nombre de su autorizante, bajo el parámetro de que dicho criterio jurisprudencial se emitió con posterioridad a la admisión de la demanda de amparo.
I. Antecedentes del caso
1. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, Ma. del Rosario Rojas Altamirano denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo civil 533/2013, y el emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 495/2013.
2. Dicha denuncia fue recibida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quien por oficio de veintiuno de mayo de dos mil catorce, remitió el original del escrito y las copias con el que fue presentado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 182/2014; asimismo, ordenó requerir a las presidencias de los Tribunales Colegiados en controversia que enviaran copia certificada de las ejecutorias de su índice, así como la información electrónica de dichas sentencias, y que aclararan si las tesis en contradicción, que sostienen, respectivamente, se encuentran vigentes o si existe causa para tenerlas por superadas o abandonadas.
3. En el mismo acuerdo, el presidente de este Tribunal Constitucional ordenó formar cuaderno auxiliar de turno virtual y determinó que el Pleno de la Suprema Corte era competente para conocer las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos. Además, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y, finalmente, turnó los autos para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas.
4. Semanas más tarde, mediante auto de diecinueve de junio de dos mil catorce, por un lado, se tuvo al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito manifestando que el criterio que emitió continúa vigente; y, por otro lado, se concluyó la integración del asunto. Finalmente, se remitieron los autos al citado Ministro ponente para su resolución.
5. No obstante, por dictamen de fecha siete de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas señaló que la contradicción en cuestión guardaba relación con la interpretación y alcance del artículo 217 de la Ley de Amparo, respecto a las condiciones temporales de aplicabilidad de una jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), de la Primera Sala, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", por lo que estimó que tal Sala debía estudiarla y solicitó se returnara el asunto a alguno de los miembros de la misma.
6. Consiguientemente, por auto de diez de julio de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el dictamen, turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y envío los autos a la Primera Sala, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación correspondiente.
7. El siete de agosto de dos mil catorce, el presidente de la Primera Sala tuvo por recibido el expediente de la contradicción de tesis y se avocó al conocimiento del asunto, enviando los autos a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución.
8. Sin embargo, previo requerimiento del Ministro ponente y tras la tramitación respectiva, el presidente de la Suprema Corte, por acuerdo de ocho de enero de dos mil quince, ordenó la radicación del asunto en el Tribunal Pleno, dado que, en sesión privada de diez de junio del dos mil catorce, los Ministros integrantes del Pleno determinaron que la presente contradicción de tesis tenía como materia la interpretación de supuestos normativos de la Ley de Amparo vigente, de gran importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico mexicano.
II. Competencia
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante la "Ley de Amparo"), y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo consistirá en determinar el ámbito de aplicación de la jurisprudencia y, en su caso, si una vez reconocida la personalidad de un autorizado legal al admitirse una demanda de amparo, puede desconocerse en atención a una jurisprudencia emitida con posterioridad.(1)
10. Aunado a lo anterior, tal como se adelantó, en la referida sesión privada número veintisiete, celebrada el diez de junio de dos mil catorce, este Tribunal Pleno emitió un listado de contradicciones de tesis relativas a temas de especial relevancia sobre el alcance de la Ley de Amparo vigente, respecto de los cuales se estimó conveniente que el Pleno fijara los criterios correspondientes, en la cual se encuentra presente la contradicción de tesis 182/2014, que ahora nos ocupa.
III. Legitimación
11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte quejosa en el juicio de amparo directo civil 533/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, asunto que forma parte de uno de los criterios en contradicción.
IV. Criterios denunciados
12. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados que pudieran ser contradictorios.
A. Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el amparo directo civil 533/2013.
13. A continuación, se exponen los antecedentes del juicio de amparo directo y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado en dicho fallo:
1. Antecedentes procesales
14. Ma. del Rosario Rojas Altamirano promovió un juicio oral mercantil, del cual correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, bajo el número de expediente 63/2012-III. En su escrito de demanda, la actora autorizó al licenciado Maximiliano Castillo Balleza para oír y recibir notificaciones en su nombre, lo que fue acordado favorablemente el treinta y uno de agosto de dos mil trece, y se le tuvo como autorizado de la parte actora en términos amplios del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.
15. El doce de junio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva. Inconforme, el día once de julio de dos mil trece, Ma. del Rosario Rojas Altamirano promovió amparo por conducto de su autorizado en términos del referido del Código de Comercio.
16. De tal amparo conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quien admitió la demanda de amparo y, por proveído de trece de febrero de dos mil catorce, ordenó dar vista a la parte quejosa con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, exponiendo que el promovente del amparo, en términos del artículo 1069, no estaba facultado para promover el juicio a nombre de su autorizante.
17. Mediante escrito recibido en el Tribunal Colegiado el dieciocho de febrero de dos mil catorce, la quejosa desahogó la vista ordenada y realizó diversas manifestaciones en las que expuso que su abogado sí estaba facultado para promover el juicio de amparo.
18. A pesar de ello, el doce de marzo de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia relativa a que no se promovió por una persona autorizada en los términos de la Ley de Amparo.
2. Argumentación de la sentencia
19. La resolución concluyó que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6o., ambos de la nueva Ley de Amparo, en virtud de que el abogado Maximiliano Castillo Balleza no está facultado para promover a nombre de su autorizante el juicio de amparo directo en materia mercantil y, por tanto, carecía de representación en términos del precepto 6o. del citado ordenamiento.
20. Para llegar a tal conclusión, el tribunal citó la jurisprudencia «1a./J.» 97/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, en la sesión de veintiocho de agosto de dos mil trece, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", en la que se señala que la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.
21. Al respecto, hizo referencia a las manifestaciones expuestas por la quejosa en cuanto a que debía reconocerse la personalidad al promovente, pues ese criterio había mantenido dicho Tribunal Colegiado en dos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa en donde se reconoció al mismo abogado como su representante, en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio. Por lo anterior, aunado a que la jurisprudencia no tiene efectos pasados, sino que sus consecuencias sólo se aplican para el futuro, se relató que la parte quejosa sostuvo que el reconocimiento de la personalidad de su autorizado no puede alterarse, además de que si se le aplicaba el citado criterio jurisprudencial, se haría nugatorio su derecho de acceso a la justicia completa, pues se coartaría su oportunidad de ser escuchada en amparo.
22. Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito consideró que tales argumentos no constituían un obstáculo para la improcedencia, ya que ni los juicios de amparo promovidos con anterioridad en ese mismo tribunal, ni los autos de presidencia crean la existencia de un derecho a futuro, sino que dicho órgano está obligado a acatar lo establecido en la jurisprudencia existente al momento de emitir la resolución plenaria respectiva, de acuerdo con el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo.
23. Asimismo, se señaló que la prohibición de retroactividad del citado precepto se actualiza cuando el texto de la norma interpretada cambia, pero no en el caso concreto en el que el texto de la norma interpretada por la jurisprudencia no ha sido modificado; es decir, si la norma ya existía desde la presentación de la demanda, entonces no se puede alegar una aplicación retroactiva de la misma.
24. Además, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad porque, al sentar jurisprudencia, la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que se producen en una determinada situación, aun cuando no estén contemplados claramente en ella. Para la Suprema Corte, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas, fundándose para ello en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando –en casos excepcionales– normas jurídicas individualizadas de acuerdo con los principios generales de derecho, y de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional.
25. Por ende, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los tribunales hacen de la ley, y que no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley porque no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, el órgano colegiado concluyó que al aplicarse la tesis referida no se viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional.
B. Sentencia emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el amparo directo 495/2013.
26. A continuación, se exponen los antecedentes que dieron lugar al dictado de la resolución y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado en dicho fallo:
1. Antecedentes procesales
27. Efrén Córdova Varona presentó una demanda de amparo por conducto de su autorizado, David Mondragón Figueroa, en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, señalando, como acto reclamado, la sentencia definitiva dictada en los autos del expediente 31/2013, relativo al juicio oral mercantil del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil en Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
28. De dicho amparo correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo admitió bajo el número 495/2013. En sentencia de diez de octubre de dos mil trece, el Tribunal Colegiado dictó sentencia definitiva en el sentido de otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, reconociendo la representación de su autorizado.
2. Argumentación de la sentencia
29. Para ello, en principio, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que el autorizado del quejoso sí podía promover una demanda de amparo a nombre de su representado, en términos del precepto 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, pues aun cuando es un hecho notorio que la Primera Sala de la Suprema Corte, en sesión de once de septiembre de dos mil trece (sic), emitió la tesis de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", dicho criterio no le es aplicable, pues hacerlo implicaría una aplicación retroactiva de la jurisprudencia, en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, ya que la demanda de garantías se presentó el ocho de julio de dos mil trece, previo al dictado de dicha jurisprudencia.
30. En efecto, relató que al presentar la demanda de amparo, el autorizado, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, consideró que estaba facultado para promoverla en virtud de que ni la ley ni la jurisprudencia establecen expresamente alguna restricción al respecto, de tal modo que, en términos de la actual Ley de Amparo, el surgimiento de una jurisprudencia que regula una situación, hasta entonces imprevista, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que, estimar lo contrario, vulneraría el principio de irretroactividad que establece la actual Ley de Amparo, en el sentido de que en ningún caso se aplicará la jurisprudencia en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Así, considerando que el autorizado del quejoso estaba facultado para promover a nombre de su representado un juicio de amparo, no podía aplicarse la jurisprudencia transcrita en líneas que antecede.
31. Sobre tales puntos, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito expresó que es un hecho notorio que el mismo órgano, antes de la emisión de la jurisprudencia en cuestión, admitía y resolvía las demandas de amparo presentadas por el autorizado del quejoso, en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, y reconocía esa personalidad en términos del artículo 13 de la anterior Ley de Amparo y su homólogo 11 en la legislación vigente.
32. Destacó que hasta antes de la emisión de la jurisprudencia citada, dicho tribunal consideraba que la autorización conferida a un abogado con cédula profesional tiene una amplitud tal que genera una verdadera y plena representación específica para el caso concreto en que se le designa como mandatario judicial del autorizante, pues no sólo se le habilita para oír notificaciones, sino que queda facultado para: interponer los recursos que procedan; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; alegar en las audiencias; pedir el dictado de la sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal, y hasta para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin que pueda substituir o delegar dichas facultades a un tercero.
33. En ese contexto, se sostuvo que, si bien la emisión de la citada jurisprudencia establece un límite a las facultades de representación del autorizado legal conferidas, en términos de la ley respectiva; lo cierto es que, una vez reconocida la personalidad al admitir la demanda de amparo, no puede desconocerse con posterioridad en virtud del surgimiento del nuevo criterio que impuso restricciones a la autorización legal, pues con la aceptación inicial de la representación se adquiere el derecho a futuro. Lo anterior, a juicio del Colegiado, sin que sea obstáculo la circunstancia de que no existiera alguna jurisprudencia precedente sobre el mismo tema, debido a que no es condición para que se configure la aplicación retroactiva de ésta, porque de ser así, no tendría razón el surgimiento del nuevo criterio, ya que lo procedente sería interrumpir la jurisprudencia existente.
34. En consecuencia, sostuvo que no es dable que, para considerar que hay aplicación retroactiva de una jurisprudencia, deba existir otra precedente que trate el mismo tema. Derivado de tal sentencia, el Tribunal Colegiado emitió la tesis I.9o.C.8 K (10a.), del siguiente tenor:
"IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). La emisión de la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.’; establece un límite a las facultades de representación del autorizado legal conferidas en términos de la ley respectiva; sin embargo, una vez reconocida la personalidad al admitir la demanda de amparo, no puede desconocerse con posterioridad, en virtud del surgimiento del nuevo criterio que impuso restricciones a la autorización legal, pues con la aceptación inicial de la representación se adquiere el derecho a futuro, sin que lo afecte la circunstancia de que no existiera alguna jurisprudencia precedente sobre el mismo tema, debido a que no es condición para que se configure la aplicación retroactiva de ésta porque, de ser así, no tendría razón el surgimiento del nuevo criterio, ya que lo procedente sería interrumpir la jurisprudencia existente. Por tal razón no es dable que, para considerar que hay aplicación retroactiva de una jurisprudencia, deba existir otra precedente que trate el mismo tema en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente."(2)
V. Existencia de la contradicción
35. Este Tribunal Pleno considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el presente caso se actualiza una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes, respecto de: (i) los alcances del ámbito temporal de aplicación de una jurisprudencia; en específico, sobre cuándo se actualiza una aplicación retroactiva de la misma en perjuicio de persona alguna; y, (ii) cómo debe aplicarse una jurisprudencia emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los alcances de la autorización prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio para efectos del juicio de amparo.
36. Antes de pasar a explicar las razones para advertir dicha contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que tal como sucede con algunos de los criterios contendientes, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. En el presente caso, sólo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió tesis aislada.
37. En ese sentido, se estima que por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(3) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
38. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
39. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
40. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, de rubro y texto que a continuación se reproducen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)
41. Expuesto lo anterior, este Tribunal Pleno considera que en el caso concreto se advierte que se cumplieron las referidas condiciones para la existencia de la contradicción.
42. En principio, se acredita el primer requisito aludido, en virtud de que los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas ante su jurisdicción, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo y desarrollaron argumentos para desentrañar el sentido normativo de varios supuestos jurídicos, entre los que se incluyen: (i) la interpretación del ámbito temporal de aplicación de una jurisprudencia; (ii) los elementos o requisitos para que se actualice la prohibición de que la jurisprudencia tenga efecto retroac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28029-13089792/jurisprudencia-no-se-actualizan-efectos-retroactivos-respecto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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