CITATORIO ANTERIOR A LA PRÁCTICA DEL EMPLAZAMIENTO. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA JURISPRUDENCIA PC.III.C. J/31 C (10a.), SUSTENTADA POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, AL NO EXISTIR JURISPRUDENCIA PREVIA SOBRE CÓMO CUMPLIR EL REQUISITO RELACIONADO CON EL SEÑALAMIENTO DE LA HORA FIJA DE ESPERA EN AQUÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ARTURO GONZÁLEZ ZÁRATE, CARLOS HINOSTROSA ROJAS, EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN, RODOLFO CASTRO LEÓN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. DISIDENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. PONENTE: JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado este último en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil de la misma circunscripción territorial.
SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el ahora Juez Décimo Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
TERCERO.—Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:
Postura del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 462/2017, en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, cuya ejecutoria precisa:
"... 13. Estudio de los agravios.
"14. Los motivos de inconformidad antes sintetizados son jurídicamente ineficaces.
"15. En principio, lo son aquellos en los que se afirma que no debió suplirse la queja a favor de la parte quejosa para considerar ilegal el emplazamiento reclamado, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, la suplencia opera cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa; en este caso, el ilegal emplazamiento se coloca en tal supuesto, como lo evidencia la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal invocada por el Juez de Distrito, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.’; por lo tanto, fue correcto el análisis que se efectuó en la sentencia recurrida.
"16. Además, porque como en ella se precisa, el llamamiento a juicio contiene vicios que lo tornan ilegal, porque el diligenciario omitió:
"a) Precisar las razones por las cuales asentó que esperaba al demandado el día siguiente hábil, a la misma hora, para efecto de emplazarlo y
"b) Asentar el motivo por el cual la persona con quien atendió las diligencias de citatorio y emplazamiento, no fueron firmadas por ella.
"17. Así, es infundado lo que alega el tercero interesado, en cuanto a que el motivo de concesión del amparo, relativo a que el secretario no asentó la razón por la que la persona que atendió la diligencia no firmó el acta respectiva se apoya en una jurisprudencia que alude a la legislación de Jalisco y Veracruz, distinta al Código de Comercio que contiene sus propias reglas para las notificaciones y, por tanto, no debió aplicarse de forma supletoria.
"18. Lo anterior cae por su base, al tener presente que el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles –aplicable de forma supletoria al Código de Comercio– dispone que deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia; de ahí que el requisito en comento deriva de la norma y no de la jurisprudencia.
"19. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2010, de la que derivó la jurisprudencia, de rubro: ‘NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL.’, interpretó el precepto en comento y determinó, en lo conducente:
"‘De ahí que en el caso del problema a estudio, si la persona a la que se le hace la notificación no quisiere o no supiere firmar, el actuario debe asentar en el acta correspondiente, la causa, motivo o razón de tal circunstancia, pudiéndose para ello emplear válidamente cualquier expresión gramatical que para esa finalidad se utilice, con la única condición de que sea bastante y eficaz para que quien se imponga de la actuación relativa tenga pleno conocimiento de por qué no firmó el interesado. ...’
"20. Extremo que en el caso no se colmó, pues como lo sostuvo el Juez de Distrito, tanto el citatorio como el acta de emplazamiento carecen de motivación alguna del porqué la persona que atendió la diligencia no los firmó, lo cual es suficiente para estimar ilegal el llamamiento a juicio y, por tanto, para sostener el sentido del fallo que se impugna.
"21. No obstante lo anterior, se da respuesta al resto de los motivos de agravio, en los que afirma el recurrente que la jurisprudencia de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE.’, se aplicó de forma retroactiva, lo cual es infundado, pues aunque es verdad que el emplazamiento y citatorio cuestionados tuvieron lugar el diecinueve de junio de dos mil quince y la tesis en comento fue publicada el dieciséis de julio de dos mil diecisiete, estableciéndose como obligatoria a partir del diecinueve de julio siguiente; también lo es que dicho criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito no hace sino reproducir el diverso de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. PARA EL SEÑALAMIENTO DE LA HORA DE ESPERA EN EL CITATORIO DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, O INCLUSO AL CONTEXTO DEL LUGAR O POBLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN).’, publicado desde febrero de dos mil seis.
"22. Ahora bien, el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo establece que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, esa retroactividad sólo se actualiza cuando en aquélla se sostenga un nuevo criterio que abandone, supere o modifique una jurisprudencia anterior, que examinaba el supuesto jurídico y en la que ya se encontraba un punto definido; por lo que la aplicación de la nueva perjudicaría el derecho a la seguridad jurídica, al cambiar una situación legal mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio; puesto que uno de los fines de la jurisprudencia es aquella seguridad; de ahí que sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa a los intereses de quien constreñido por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo establecido por aquélla.
"23. De consiguiente, sólo existe aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, cuando un nuevo criterio jurisprudencial tenga impacto de manera directa en la seguridad jurídica del justiciable, por existir una anterior que le otorgara un derecho, el cual quedara sin efectos con motivo de la nueva; situación que no existe en el caso, puesto que al momento en que la parte quejosa, ahora inconforme, fue emplazada en el dos mil quince, no existía jurisprudencia en sentido contrario a la aplicada por el Juez de Distrito, opuesto a ello, según se vio, había criterio obligatorio de la Primera Sala del Alto Tribunal que avalaba lo resuelto por él, lo que corrobora que no existe aplicación retroactiva.
"24. Sirven de apoyo los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, cuyos rubros dicen:
"‘JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA.’
"‘JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.’
"En la ejecutoria de la última, en lo que interesa, establece:
"‘... Alcance del principio de irretroactividad de la jurisprudencia tutelado en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es claro que, por regla general, la jurisprudencia obliga a partir de la fecha de su divulgación, lo que implica que dicho criterio jurisprudencial cobra vigencia respecto de las actuaciones procesales o intermedias, sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, que no hayan sido dictados con anterioridad a esa fecha.—Por tanto, en cuanto a su naturaleza la jurisprudencia puede y debe aplicarse a actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a su emisión, siempre y cuando no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio del justiciable, conforme a lo previsto en el artículo 217 de la ley de la materia, es decir, cancele un derecho ya adquirido a partir de otra jurisprudencia obligatoria en un momento y circunstancia dados.—Ahora, para determinar cuándo se está frente a la excepción referida, es imperante puntualizar que la «retroactividad de la jurisprudencia» implica necesariamente, la preexistencia de un criterio jurisdiccional, pues es claro que no puede presumirse un efecto retroactivo, si no es en referencia al establecimiento previo y obligatorio de un punto jurídico determinado que es relevante para el dictado de determinación, resolución o fallo jurisdiccional. Esto es, implica la identificación de un criterio que ordenaba la postura que debía asumirse al emitir la determinación, resolución o fallo jurisdiccional respectivo, y que fue superado, modificado o abandonado por la emisión de una nueva jurisprudencia.—De ahí que si antes de dictarse la determinación jurisdiccional no existía jurisprudencia aplicable a alguno de los puntos jurídicos que le son elevados al juzgador para su resolución, resulta inconcuso que no puede hablarse de efectos retroactivos, ante la ausencia de un criterio firme y obligatorio que, precisamente, regía para alguna de las cuestiones que generan la intervención jurisdiccional.—En suma, la jurisprudencia sólo podrá tener una aplicación de carácter retroactivo cuando se esté en presencia de un nuevo criterio que abandona, supera o modifica una jurisprudencia anterior y que resultaba aplicable a la contienda jurisdiccional respectiva; pues es precisamente esa situación la que genera el cambio de entendimiento en un punto jurídico que ya estaba definido, en tanto aquel criterio novedoso obra o tiene fuerza sobre el pasado.—Ahora, el artículo 217 de la Ley de Amparo precisa que la prohibición de retroactividad se genera cuando existe un perjuicio en la persona. De tal suerte que, una vez definido cuándo es que la jurisprudencia puede tener efectos retroactivos, se considera que existe un «perjuicio en la persona» cuando la aplicación jurisprudencial perjudica el derecho humano a la seguridad jurídica, al modificar una situación legal que sería definible mediante otro ejercicio interpretativo obligatorio.—En función de ello, resulta inconcuso que si bien la jurisprudencia tiene la virtud de unificar criterios y crear una homogeneidad de las determinaciones jurisdiccionales, lo cierto es que también se dirige a salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, en tanto, como se ha precisado, permite tanto a los particulares como a las autoridades, conocer la operabilidad del derecho.—Así, los precedentes judiciales y sobre todo jurisprudenciales, tienen la bondad de dar a conocer a la sociedad los argumentos jurídico-racionales conforme a los cuales deben fallarse los casos subsiguientes que resulten iguales o con similaridades sustanciales –aplicación analógica– y, por ende, desde un ángulo más específico, la jurisprudencia se vincula con la seguridad jurídica y con la igualdad, toda vez que dota de previsibilidad a los justiciables y también posibilita a que no se violente en su perjuicio la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones o casos.—En ese mismo sentido, es dable afirmar que en ocasiones los criterios jurisprudenciales llegan a arraigarse en los comportamientos de la sociedad, generando una práctica o costumbre en la actuación jurídica de sus miembros, lo que permite generar certeza y confianza en las personas sobre lo que es el derecho y cómo funciona.—Por tanto, debe entenderse que la irretroactividad de la aplicación de la jurisprudencia busca preservar el carácter previsible del ordenamiento jurídico y las reglas en las contiendas jurisdiccionales, ya que, como se ha señalado, los justiciables suelen orientar en un primer momento sus acciones, defensas o excepciones en un litigio, con base en el conocimiento jurídico que el criterio jurisprudencial despliega.—Al respecto, resulta oportuno precisar que esta Segunda Sala, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2012, sostuvo que «uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica y sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa a los intereses de quien, constreñido por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo que aquélla le ordenaba».—Conforme a lo anterior, se estableció que el hecho de que a la jurisprudencia no le resulte aplicable el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 14 constitucional, no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se hubiese hecho de una jurisprudencia superada bajo ese mecanismo, cuando se refiera a la procedencia de algún medio de impugnación, «ya que si el interesado se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para adoptar una vía legal de defensa, la interrupción de la jurisprudencia modificada no debe privarlo de la posibilidad de continuar con una instancia ya iniciada».—Las referidas consideraciones dieron origen a la tesis 2a. LXV/2012 (10a.) , intitulada: «MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: <AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).>.».—En esa lógica, si el justiciable se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para plantear sus pretensiones, no resulta dable que la sustitución o modificación de tal criterio jurisprudencial afecte el resultado de la contienda jurisdiccional, pues de lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el cual se expresan el sentido y las consecuencias de éste. Éstos son los fundamentos del principio de irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable para las personas.—En suma, se colige que existe una aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de las personas, cuando la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacte de manera directa la seguridad jurídica del justiciable, el cual había orientado su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta; de tal suerte que la aplicación de un nuevo criterio jurisprudencial que abandona, modifica o supera dicha jurisprudencia, conllevaría a irrumpir y corromper la previsibilidad del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos.—De ahí que si el justiciable se acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas, o en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica; no resulta dable que la sustitución o modificación de tal criterio jurisprudencial pueda afectar situaciones legales definidas, claras y obligatorias, pues con ello se transgrediría el principio de seguridad jurídica y, por ende, la prohibición de retroactividad de la jurisprudencia que prevé el artículo 217 de la Ley de Amparo.—Finalmente, es claro que esa afectación deberá ser examinada caso por caso, teniéndose en cuenta los presupuestos ya establecidos, esto es, únicamente se analizará la retroactividad de criterios jurisprudenciales cuando: (I) exista una jurisprudencia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emita una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y, (III) la aplicación de ese nuevo criterio jurisprudencial conlleve una afectación directa en la seguridad jurídica de los justiciables.’
"25. Entonces, si al emitir el acto reclamado el criterio jurisprudencial obligatorio de la Primera Sala del Alto Tribunal constreñía a la responsable a motivar la hora fijada en el citatorio para emplazar: ‘Debiéndose además expresar en la razón actuarial, los motivos por los que el notificador señaló determinada hora en el citatorio, ya que al tratarse de un acto de autoridad, debe gozar de la debida fundamentación y motivación’; es evidente que en el caso no se aplicó de forma retroactiva la jurisprudencia, sino que se atendió aquella obligatoria desde el año dos mil seis.
"26. De consiguiente, resultan inatendibles los precedentes de diversos órganos colegiados, pues se reitera, existía jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, conforme al citado numeral 217 de la ley de la materia.
"27. El argumento de la irretroactividad de las normas de procedimiento deviene inoperante, pues el Juez federal en ningún momento aplicó alguna norma procesal de forma retroactiva, como el inconforme lo reconoce, la regulación del emplazamiento aplicable no se ha reformado, sino que lo que ocurrió fue que se aplicó la interpretación imperante de la norma.
"28. Debe precisarse que el argumento del recurrente conlleva a que ninguna jurisprudencia pudiera aplicarse a situaciones de hecho anteriores a su creación, lo que reñiría con su naturaleza que es el interpretar o suplir la laguna de la ley a partir del examen de constitucionalidad de un caso concreto pretérito, y cuya finalidad es que se observe tanto para los supuestos de hecho ocurridos antes como después de su surgimiento la interpretación.
"29. Por consiguiente, al haber resultado jurídicamente ineficaces los motivos de inconformidad analizados, sin que se advierta la existencia de alguna violación manifiesta a la ley que hubiere dejado sin defensa al disconforme, de manera que este órgano revisor estuviera en aptitud de suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión, mediante la cual se concedió el amparo impetrado."
Postura del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 215/2018, en sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, cuya ejecutoria precisa:
"... IX. Análisis de los agravios formulados.
"14. Estudio.—Unos agravios son fundados, tal como se verá enseguida:
"15. El recurrente plantea, esencialmente, lo siguiente:
"Que el Juez federal aplicó de forma retroactiva, en perjuicio de la tercero interesada, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil de este Circuito, de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE.’
"16. Señala la recurrente que la jurisprudencia aplicada por el Juez Federal para conceder el amparo a la quejosa, fue publicada el dieciséis de junio de dos mil diecisiete a las diez horas con veintidós minutos, razón por la que considera que no debe aplicarse al caso concreto, ya que el juicio natural inició con anterioridad a la vigencia de ese criterio, y que la diligencia de citatorio y emplazamiento a juicio fue practicado a la quejosa, como demandada en el juicio natural, los días veintidós y veintitrés de septiembre de dos mil catorce, por lo que afirman, que el Juez de Distrito aplica ese criterio de forma retroactiva en perjuicio de su representada; el criterio al que aluden corresponde a la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2016 «(10a.)», del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicado en el Libro 43, Tomo III, junio de 2017, página 797, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de «título y subtítulo»: ‘EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE.’
"17. En esa misma línea argumentativa, refieren que la retroactividad a que aluden agravia a su representada, pues consideran que la autoridad responsable actuó conforme a la ley, en cuanto a lo estrictamente referido por los artículos 111, 112, y 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y a las jurisprudencias vigentes en el momento del acto, de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.’. ‘EMPLAZAMIENTO. EL ARTÍCULO 112 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE QUE LA PERSONA DISTINTA AL DEMANDADO, CON QUIEN SE ENTIENDA LA DILGENCIA, VIVA EN EL DOMICILIO EN QUE SE EFECTÚA.’
"18. De ese modo, asegura que, al aplicar de forma retroactiva el Juez federal una jurisprudencia en perjuicio de su representada, transgrede el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, que ordena que en ningún caso la jurisprudencia tendrá efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, y que, por ello, se debe revocar la sentencia que combate y sobreseer en el amparo solicitado.
"19. Son fundadas sus alegaciones.
"20. Para ello, es necesario precisar que el Juez de Distrito, para conceder la protección constitucional solicitada, apoyó su determinación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2016 «(10a.)», del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicado en el Libro 43, Tomo III, junio de 2017, página 797, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, siguiente:
"‘EMPLAZAMIENTO. EN EL ACTA DE ENTREGA DEL CITATORIO CORRESPONDIENTE, EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE ASENTAR LAS RAZONES POR LAS QUE FIJÓ DETERMINADA HORA PARA QUE EL DEMANDADO LO ESPERE. De los artículos 112, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su texto publicado en el Periódico Oficial local el 30 de diciembre de 2003, y 1393 del Código de Comercio, que son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán analizada en la jurisprudencia 1a./J. 186/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que, conforme a lo determinado en dicha jurisprudencia, los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales, están obligados a señalar en el acta de entrega del citatorio correspondiente, las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado espere, a efecto de emplazarlo; con independencia de que el plazo fijado sea el menor, el mayor o el intermedio que contemplan los preceptos legales en cuestión, ya que lo trascendente para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, consignado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda o, incluso, al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga real conocimiento del citatorio; debiéndose asentar, además, en el acta correspondiente, las razones por las que el notificador determinó la hora fijada en el citatorio, por tratarse de un acto de autoridad que debe estar debidamente fundado y motivado.’
"21. Sin embargo, es cierto, como lo afirma la autorizada de la tercero interesada, aquí recurrente, que el Juez federal aplicó retroactivamente el criterio jurisprudencial del Pleno en Materia Civil de este Circuito, de que se habla, transgrediendo con ello el numeral 217 de la Ley de Amparo.
"22. Se sostiene lo anterior, debido a que la Segunda Sala, al emitir la jurisprudencia 199/2016 «(10a.)», precisó el alcance del principio de irretroactividad de las jurisprudencias, tutelado en el párrafo último del artículo 217 de la Ley de Amparo, al señalar que conforme a ese principio, la jurisprudencia se podía aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad al que cobrara vigencia, siempre que no llevara un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, tales como que al inicio del juicio o procedimiento exista una jurisprudencia aplicable o alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; así como que antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emita una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento; y que la aplicación del nuevo criterio impacte de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables; el criterio de que se habla se localiza en el Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 464, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro «digital»: 2013494, de «título, subtítulo» y texto siguientes:
"‘JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta –ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica–, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo.’
"23. En ese contexto, existe la aplicación retroactiva de que se duele la autorizada de la institución de crédito recurrente, tercero interesada en el juicio de amparo, pues el criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil de este Circuito, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2016 «(10a.)», fue aplicado retroactivamente en perjuicio del recurrente, al existir una jurisprudencia previa y vigente al momento de la diligencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2000, y al analizar el numeral 112 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa, determinó que, cuando se omitieran los requisitos y formalidades previstos en dicho precepto legal, el emplazamiento sería ilegal; estableciendo que el legislador local, se había pronunciado porque de toda actuación procesal desahogada se dejara constancia en el expediente por el funcionario encargado, sin que ello significara hacer nugatoria la fe judicial de que estaba investido o se agregaran nuevos requisitos no contemplados en la ley de la materia, pues no se ponía en entredicho la celebración de ese acto ni la entrega de la constancia aludida, sino que hubiesen sido cumplidas tales exigencias y se hubiesen hecho del conocimiento de la persona con quien se entendió la diligencia; el criterio de que se habla, se localiza en el Tomo XIV, noviembre de 2001, página 12, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y tex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28671-d9d72552/citatorio-anterior-a-la-practica-del-emplazamiento-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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