EMPLAZAMIENTO EN MATERIA CIVIL. PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIA LA FIRMA DEL ACTOR O DE SU ABOGADO PATRONO EN EL ACTA RELATIVA, AUN CUANDO SE HAYA HECHO CONSTAR SU PRESENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ, RODOLFO CASTRO LEÓN Y RIGOBERTO BACA LÓPEZ. PONENTE: GERARDO DOMÍNGUEZ. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. Mediante oficio presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión principal 334/2017, y el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en la ejecutoria relativa al recurso de revisión principal 58/2018.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de posible contradicción de tesis. El presidente del Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis por auto de trece de julio del año en curso –la cual se registró con el número 6/2018–; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron los criterios contendientes, el envío de copias certificadas de sus precedentes, así como de los archivos de las ejecutorias involucradas, y de la información relativa a si continuaban vigentes los criterios sostenido en ellas.
Además, se ordenó informar a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la referida admisión, para los efectos a que se refieren los artículos 22 y 27, punto F, del Acuerdo General Número 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito; por último, en el propio auto admisorio se anticipó que el asunto sería turnado, en su oportunidad, al representante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito.
TERCERO.—Turno de los autos. La información solicitada en el auto admisorio fue debidamente recabada, entre la cual, destaca la proporcionada por la coordinadora de Compilación de Tesis en cita, en el sentido de no existir alguna denuncia de contradicción de tesis en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema de la presente, así como la manifestación de sendas presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito emisores de los criterios contendientes, en el sentido de continuar vigentes sus respectivos criterios, aunado a que el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito envió copias certificadas y los archivos de los precedentes citados en la sentencia relativa a la revisión principal 334/2017 de su índice, consistentes en las ejecutorias relativas a los recursos de revisión 45/2013, 205/2015 y 78/2017, emitidas en sesiones de veintidós de febrero de dos mil trece, siete de agosto de dos mil quince y diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente.
En auto de dieciséis de agosto del año que transcurre, se consideró innecesario esperar el envío de la copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de revisión principal 404/2010, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que también formó parte de los precedentes invocados en el criterio contendiente de referencia, y se ordenó turnar el asunto al Magistrado Gerardo Domínguez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Sin embargo, en auto de veintiocho del mes y año en cita, se tuvo por recibida la copia certificada de la revisión principal 404/2010, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en cita.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito en materia civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
TERCERO.—Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:
Primera postura
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 334/2017, en sesión de veinte de octubre de dos mil diecisiete, en lo conducente, determinó:
"VIII. Consideraciones y fundamentos de esta sentencia.
"Análisis de los agravios relacionados con la negativa de la protección constitucional.
"20. Desde la perspectiva de este Tribunal Colegiado, los agravios planteados por la impetrante de la protección constitucional son fundados, en la medida en que se suple a su favor la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.(1)
"21. De acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, de tal forma que, al ser el emplazamiento de orden público, los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.
"22. Ello, atento a la jurisprudencia por reiteración de tesis 247, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 168, Tomo IV, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido refiere:
"‘EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.—La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.’
"23. Asimismo, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 22, cuyos rubro y texto señalan:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.—Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.’
"24. En el caso, la quejosa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez y del secretario ejecutor, adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, mismos que hizo consistir, medularmente, en el ilegal llamamiento a juicio del que fue objeto, dentro del juicio civil sumario hipotecario 499/2012; y como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad en dicho procedimiento.
"25. Para mejor ilustración del asunto, enseguida se transcribe el acta levantada con motivo del emplazamiento tildado de inconstitucional por la ahora quejosa:
"‘... Emplazamiento.—Siendo las 18:00 dieciocho horas del día 15 quince de junio del 2012 dos mil doce, el suscrito Lic. Salvador Ruiz Sierra, secretario de este Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, en compañía del abogado patrono de la actora Lic. ********** y a efecto de cumplimentar lo ordenado por el auto de fecha 21 veintiuno de mayo de la presente anualidad dictado por el C. Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, Lic. Jesús Carlos Rivera de Anda, dentro del juicio civil sumario hipotecario expediente número 499/2012, tramitado por **********, antes, **********, moral que comparece en representación de la actora **********, fiduciario. En contra de **********, nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el **********, de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y cerciorado previamente de ser el domicilio particular de la demandada **********, por así percibirlo a través de mis sentidos, al desprenderse de la nomenclatura oficial y plaza de señalización de la calle en que me encuentro y por así habérmelo manifestado bajo protesta de decir verdad una persona que encuentro en el interior y que dice ser la propia demandada **********, quien se identifica con credencial de elector folio **********, misma que fue expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, cuyos rasgos que se aprecian en la foto que aparece en ésta, coinciden con los de la persona que nos atiende. Acto continuo me identifico como funcionario judicial con la credencial respectiva y le hago saber el motivo de mi visita, bien enterado que es al respecto, lo emplazo a juicio entregándole únicamente copias de la demanda y cédula del auto que se cumplimenta, no así de los fundatorios de la acción, mismos que éstos exceden de 50 fojas, quedando en el secreto de este juzgado para que se imponga de ellos, haciéndole saber que cuenta con el término de 05 cinco días hábiles para producir su contestación, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de los hechos en que se basa aquélla, asimismo, hago de su conocimiento a la demandada que desde estos momentos contrae la obligación de depositario judicial del inmueble hipotecado, todo con arreglo al contrato y de acuerdo al Código Civil de la entidad, a lo que se manifiesta enterada, negándose a firmar en señal de recibo de las copias de traslado según manifiesta para evitarse más problemas, con lo anterior se da por concluida esta diligencia levantando para constancia esta acta, misma que firma únicamente el suscrito.—Conste.’(2)
"26. Para examinar la legalidad del llamamiento a juicio materia del acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, resulta importante remitirse a lo que establecen los artículos 112, 112 Bis y 125, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que dicen:
"‘Artículo 112. La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.
"‘Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá:
"‘I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución;
"‘II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente;
"‘III. Breve relación de la resolución que se notifica;
"‘IV. Día y hora en que se hace la notificación;
"‘V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento;
"‘VI. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y,
"‘VII. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa.
"‘Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehúsen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior.
"‘Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.’
"‘Artículo 112 Bis. La cédula, copias y citatorios, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada.’
"‘Artículo 125. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen. Si éstas no supiesen o no quisieran firmar, lo hará el secretario, notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona, si lo pidiere, se le dará copia simple de la resolución que se le notifique.
"‘De toda notificación se asentará razón en autos, en la que se expresará el día, hora, lugar y por medio del cual se practicó y deberá autorizarse la misma por el servidor público judicial a quien corresponda.’
"27. La interpretación literal y sistemática de los preceptos legales antes transcritos, permite establecer, las reglas y formalidades sobre las cuales se debe practicar una diligencia de emplazamiento, ya sea en tratándose de aquellos casos en los que el interesado se encuentra en el domicilio designado y en aquellos en los que a la primera búsqueda no se encuentra.
"28. Asimismo, se advierte que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen, en el entendido de que si éstas no supiesen o no quisieran hacerlo, lo deberá hacer el funcionario encargado, haciendo constar dicha situación.
"29. En ese contexto, de la lectura integral del acta de emplazamiento en cuestión, se aprecia que, el secretario adscrito al Juzgado responsable, hizo constar que se hacía acompañar del abogado patrono de la parte actora (**********).
"30. Sin embargo, el acta cuestionada no se encuentra firmada por dicho abogado, ni se asentó la justificación de esa situación; lo que, desde la óptica de este Tribunal Colegiado, invalida la fe pública del funcionario judicial que practicó la diligencia.
"31. Es así, porque para la validez del llamamiento a juicio, en el caso de la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, en un juicio sumario de arrendamiento, si bien no se requiere que esa actuación judicial contenga la firma del acompañante del funcionario judicial, ya sea actor, abogado patrono, etcétera; sí se previene en el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen (actuarios, notificadores, secretarios ejecutores, etcétera), y aquellas a quienes se hacen, y apuntó, que si ésta no supiera firmar o no quisiere hacerlo, lo hará el notificador haciendo constar esa circunstancia; lo que, en el caso, no hizo el secretario responsable.
"32. Esa circunstancia, hace patente que la fe pública del funcionario judicial que practicó el llamamiento a juicio de la demandada, aquí quejosa, quedó en entredicho ante la incongruencia que se destacó, es decir, asentar encontrarse acompañado del abogado patrono de la parte actora para la práctica de la diligencia; y luego, al cerrar la actuación, no justificó la ausencia de firma de aquél.
"33. Lo que provoca que se le reste credibilidad a la actuación judicial en cuestión y que todo lo asentado en ésta pierda eficacia y certidumbre.
"34. Para dejar en claro lo que debe entenderse por fe pública, se acude al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado por editorial Porrúa, en el año de mil novecientos noventa y cinco, página 1430, donde se lee:
"‘Fe pública.—I. El concepto de fe tiene diferentes acepciones que se refieren básicamente a un acto subjetivo de creencia o confianza por un lado, o a la seguridad que emana de un documento. Carral y de Teresa (derecho notarial ...) explica que mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas por los miembros de una sociedad civil, en acatamiento del ordenamiento jurídico que lo sustenta.—Dada la complejidad de las relaciones jurídicas en una sociedad, fue necesario crear todo un sistema a fin de que pudieran ser aceptados como ciertos algunos negocios jurídicos a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema inicia con la investidura de determinadas personas con una función autenticadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho es una verdad oficial cuya creencia es obligatoria.—II. La fe pública tiene los requisitos siguientes: a) Evidencia, que recae en el autor del documento quien deberá tener conocimiento del acto a fin de que éste produzca efectos para los destinatarios o terceros. Antiguamente, explica Carral y de Teresa (derecho notarial ...) se decía que el autor recibe el acto y da fe de él.—b) Solemnidad o rigor formal de la fe pública que no es más que la realización de un acto dentro de un procedimiento ritual establecido por la ley.—c) Objetivación, momento en el que el hecho manado adquiere cuerpo mediante una «grafía» sobre el papel configurando el documento, mismo que produce la fe escrita previamente valorada por la ley.—d) Coetaneidad, requisito referido a la producción simultánea de los tres anteriores en un solo acto y en la forma prevista por la ley.—e) Coordinación legal entre el autor y el destinatario.—Son características de la fe pública la exactitud y la integridad. La primera se refiere a la adecuación entre el hecho y la narración, y dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento. Y la segunda proyecta hacia el futuro esa exactitud.—III. Existen dos tipos y dos clases de fe pública. Los tipos son, originario y derivado. El primero se da cuando el documento está integrado por la narración inmediata de los hechos percibidos por el funcionario; el segundo se da cuando se actúa sobre documentos preexistentes.—Las clases son: fe pública judicial, de la que gozan los documentos de carácter judicial autenticados por el secretario judicial; fe pública mercantil que tienen los actos y contratos mercantiles celebrados con intervención del corredor fe pública registral tanto de los actos consignados en el Registro Civil como en el Registro Público de la Propiedad, y fe pública notarial que emana de los actos celebrados ante notario público.’
"35. Respecto a dicho término (fe pública), Eduardo J. Couture,(3) expone:
"‘Calidad genérica que la ley acuerda, independientemente de su eficacia probatoria, a determinados documentos notariales, en razón de la investidura propia del escribano que los autoriza.’
"36. Institución que, enfocado en la realidad de la labor jurisdiccional, ejemplifica así:
"‘Los actuarios o secretarios son funcionarios de fe pública encargados de autorizar todas las providencias, despachos y actos emanados de los tribunales.’
"37. De lo que se sigue que, mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que sustenta la intervención del funcionario en el acto.
"38. Ello obedece a que la complejidad y consecuencias que entrañan las relaciones jurídicas, ha generado un sistema a través del cual puedan ser aceptados como ciertos algunos hechos, a pesar de no haberse presenciado su realización.
"39. Tal sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función autenticadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial, cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario (presunción iuris tantum), puesto que la fe pública no puede existir sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria plena al instrumento en el cual consta el hecho.
"40. Sirve de ilustración al caso la tesis IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, registro «digital»: 205152, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.—Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario.’
"41. De ese modo, al acreditarse que la irregularidad contenida en el acta de emplazamiento, restó credibilidad a la fe pública del funcionario judicial que la practicó, al no existir la adecuación necesaria entre el hecho narrado (en el presente caso, que se hacía acompañar por abogado patrono de la actora), con las firmas contenidas en esa actuación; ello, con independencia de que la diligencia de emplazamiento contuviera o no los requisitos legales, y de que no fuera necesario, como requisito formal, que apareciera en esa actuación la firma del acompañante del funcionario judicial, al quedar desvirtuada, como se vio, la fe pública del funcionario judicial.
"42. Para dar claridad a lo anterior, se cita, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el tomo 77, mayo de 1994, página 56, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS.—Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario.’
"43. En similares términos, se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver las revisiones principales 404/2010, 45/2013, 205/2015 y 78/2017 en sesiones de siete de enero de dos mil once; veintidós de febrero de dos mil trece; siete de agosto de dos mil quince; y diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente.
"XI. Decisión
"44. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios, lo procedente es revocar, en lo que es materia de la revisión, la sentencia impugnada, para en su lugar, conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa, para los efectos de que el Juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada a **********, en el juicio civil sumario hipotecario 499/2017, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco; ello, a fin de restituirle el goce de su derecho fundamental de audiencia, tutelado por el artículo 14 constitucional."
Cabe señalar que, como se menciona en la propia ejecutoria, el criterio anterior fue adoptado al resolver los diversos recursos de revisión 404/2010, 45/2013, 205/2015 y 78/2017, en sesiones celebradas el siete de enero de dos mil once, veintidós de febrero de dos mil trece, siete de agosto de dos mil quince y diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, según se constata de las copias certificadas de las ejecutorias en cita, allegadas al presente expediente, con la salvedad de que los juicios naturales de los que provinieron los recursos en cita, fueron de naturaleza ejecutiva mercantil y uno civil sumario, así como la circunstancia de que en el amparo indirecto que originó el recurso de revisión 404/2010, se demostró que la firma que se atribuía en el acta de emplazamiento, al endosatario en procuración, no provenía de su puño y letra, lo que llevó al indicado Tribunal Colegiado de Circuito a determinar lo siguiente:
"Empero, lo relevante en el presente asunto en particular, es el hecho que con el resultado de la prueba técnica en mención, se hizo patente que la fe pública del funcionario judicial que practicó el llamamiento a juicio de la demandada, aquí quejosa, quedó en entredicho ante la incongruencia asentada en el acta cuestionada, debido a que, al asentar encontrarse acompañado del endosatario en procuración para la práctica de la diligencia, al cerrar la actuación, precisó que: ‘... Sin más que agregar, se da por concluida la presente diligencia levantando e(ilegible) acta para constancia, que se firma en presencia en (sic) del suscrito secretario que actúa legalmente y da fe, por mi acompañante, el depositario judicial ...’ (lo destacado es de este tribunal); y al demostrarse en el presente caso, que la firma que aparecía junto con la rúbrica del funcionario judicial, no correspondía al del señalado acompañante, provoca que se le reste credibilidad a la actuación judicial en cuestión, y que todo lo asentado en ésta pierda eficacia y certidumbre."
Segunda postura
B. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 58/2018, en sesión de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en lo que interesa, sostuvo:
"QUINTO.—Estudio. Los agravios son uno inoperante; y otro fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida.
"Para justificar lo anterior, es necesario precisar las consideraciones por las cuales se concedió el amparo a la parte quejosa:
"1. En el citatorio y el emplazamiento reclamados, la diligenciaria judicial fue omisa en asentar la razón por la cual no obra la firma de quien refirió acompañarle en representación de la parte actora, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
"2. Que lo anterior tiene sustento en lo establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la revisión principal 334/2017, derivada del juicio de amparo 286/2017 del índice de ese juzgado, en la cual se determinó lo siguiente:
"2.1. De la interpretación literal y sistemática de los artículos 112, 112 Bis y 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprenden las reglas y formalidades en la práctica de las diligencias de emplazamiento, particularmente que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen, en el entendido de que si éstas no quisieran hacerlo, lo deberá hacer el funcionario encargado, haciendo constar dicha situación.
"2.2. De la lectura del acta de emplazamiento reclamado, se aprecia que el secretario hizo constar que lo acompañaba el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28181-8f05ae59/emplazamiento-en-materia-civil-para-su-validez-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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