EMPLAZAMIENTO. EL PRACTICADO A PERSONA FÍSICA EN EL LUGAR EN QUE TIENE EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS NEGOCIOS, CUMPLE CON EL REQUISITO FORMAL DEL CERCIORAMIENTO DE QUE "AHÍ VIVE" EL DEMANDADO, EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
AMPARO EN REVISIÓN 435/2012. 31 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIO: EDUARDO CASTILLO ROBLES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios son infundados, aun suplidos en su deficiencia, acorde a las consideraciones que se expondrán en los párrafos subsecuentes.
Antes, se debe precisar que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado a contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance, además de que le priva del derecho a presentar pruebas que acrediten sus defensas, excepciones, a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte.
De ahí que la extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y en caso afirmativo, si se observaron las leyes que lo rigen.
Dicho criterio es de datos de publicación, rubro y texto siguientes:
"Novena Época
"Registro IUS: 190656
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 149/2000
"Página: 22
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón."
Como consecuencia, este órgano colegiado procede a analizar los agravios, las diligencias relativas al emplazamiento, así como los sustentos que hizo la Juez Federal.
Los agravios se hacen consistir, en síntesis, en los siguientes:
1) Deficiente valoración de las constancias procesales del juicio de origen, en especial de las diligencias de quince y dieciséis de agosto de dos mil once (cita de espera y diligencia de emplazamiento).
2) Deficiente valoración de los conceptos de violación.
3) Incorrecta interpretación y valoración del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz.
4) Vulneración de la garantía contemplada en el artículo 14 constitucional.
5) La Juez Federal indebidamente avaló la diligencia de cita de espera y de emplazamiento, pues carecen de requisitos formales, ante la omisión de valorar conforme al artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que el actuario debe cerciorarse que el domicilio en que se constituye el del demandado, debiendo asentar elementos y circunstancias del cercioramiento, lo cual no ocurrió.
6) No solicitó la presencia de la interesada, ni preguntó si se encontraba en ese domicilio.
7) No asentó circunstancias, ni tuvo medio de convicción para suponer o dar por hecho que ahí vivía la interesada, pues la persona que atendió la diligencia únicamente indicó que conocía a la quejosa pero no indicó o preguntó si ahí vivía.
8) El actuario debe cerciorarse que quien se pretende llamar a juicio habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos.
9) No se puede considerar que se cumplió con el requisito de cercioramiento, con la simple mención del actuario.
10) No existen circunstancias o elementos que demuestren que la quejosa tiene el principal asiento de su negocio donde se realizó el emplazamiento, ni por qué medio se cercioró que era su negocio.
11) No basta la simple manifestación del actuario de que ahí tiene el principal asiento de su negocio.
12) El emplazamiento debe ser personal.
13) La Juez no atendió, analizó, valoró ni aplicó la formalidad esencial relativa al cercioramiento.
14) Cercioramiento consiste, en que se debe llegar al convencimiento de que en el lugar en que se lleva a cabo la actuación, habita el demandado y asentarlo en razón de autos.
15) Al ser aval en el documento base de la acción, asumió responsabilidades de inquilino, mas no que el domicilio proporcionado sea suyo o donde tenga su negocio.
16) Indebida valoración del documento base de la acción, pues en ese responde sólo como aval, pero no significa que el domicilio establecido sea su domicilio o asentamiento de sus negocios.
17) La ley no faculta al actuario para elegir entre el domicilio o asiento de su negocio; debe agotar la diligencia primero en el domicilio del interesado.
18) Deficiente interpretación de las tesis que citó la Juez Federal.
19) Es equivocado el criterio de la Juez Federal, en el sentido de que debía acreditar que el domicilio donde se practicó la diligencia no es el lugar donde vive ni tiene asiento su negocio.
20) Al no haberse cerciorado, ni cumplir con las formalidades del procedimiento, no está obligada a probar que el domicilio en que se practicó la diligencia no vive ni tiene asiento su negocio principal.
Los agravios sintetizados en los números 5, 7, 8, 12, 14 y 17 son infundados; pues éstos esencialmente se dirigen en señalar que no se satisfacen las exigencias del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en el sentido que las diligencias relativas al emplazamiento tenían que llevarse a cabo en el lugar en que vive -entiéndase habita- la quejosa, por lo que al realizarse en el lugar en que supuestamente tiene el principal asiento de sus negocios, implica la inconstitucionalidad de éstas, al no cumplirse con la premisa establecida en dicho precepto.
Ahora bien, es oportuno precisar que el emplazamiento o llamamiento a juicio, es un acto procesal, en virtud del cual, se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación.
La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento.
Esto es, de entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el artículo 14 constitucional, destaca la de audiencia previa, lo cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados.
En ese contexto, del análisis a la sentencia sujeta a revisión, se aprecia que la Juez Federal consideró que las diligencias relativas al emplazamiento de la quejosa -cita de espera y emplazamiento- en el juicio ordinario civil número **********, promovido por el tercero perjudicado, ante el Juez Segundo Menor del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se tornan legales, pues la funcionaria judicial cumplió con los requisitos del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (cercioramiento), ya que sí hizo constar que se constituyó en el domicilio señalado en autos, aseveró ello por la nomenclatura, que tiene el asiento de sus negocios, al haberlo así indicado quien atendió las diligencias al no encontrarse la quejosa, que esa persona manifestó que no se encontraba la demandada y asentó que era su familiar así como sus datos característicos.
Además, señaló que conforme al artículo 37 del Código Civil del Estado, el domicilio no es sólo donde habita el interesado, sino también donde tienen asiento sus negocios.
Dichas consideraciones se consideran ajustadas a derecho, es decir, que las diligencias relativas al emplazamiento se pueden realizar en el lugar en que el interesado tiene el principal asiento de sus negocios.
Esto es así, pues las normas no sólo tienen elementos objetivos o materiales, sino que también contienen elementos normativos o teleológicos que necesitan ser descubiertos; así, cuando una norma contenga en un enunciado un elemento normativo, habría que definir el alcance de éste, atendiendo a lo que jurídicamente está refiriendo.
En ese orden de ideas, para determinar conforme a la legislación veracruzana el lugar en donde se debe hacer el emplazamiento al demandado, se tendrá que acudir a lo que la ley adjetiva señala para tal efecto, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos los artículos 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, los cuales establecen:
"Artículo 75. Todos los litigantes en su primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio, para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; y en tal casa se harán válidamente, mientras el interesado no designe otra en el mismo lugar del juicio. También harán esa designación, al notificárseles la determinación relativa, para el nuevo lugar a donde por cualquier motivo se mande pasar el negocio, en cuyo caso se hará saber a los interesados el nombre del tribunal y del funcionario o funcionarios de la nueva adscripción. Igualmente, deben designar la casa en que haya de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan ..."
"Artículo 76. La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el Juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. La notificación se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto."
De la interpretación del marco legal transcrito, tenemos que, los actores deberán designar casa en que se realizará la primera notificación y, tratándose del emplazamiento, el funcionario a quien se encomiende su práctica debe constituirse preferentemente en el lugar en que viva la persona buscada, cerciorándose de esta circunstancia, y de no encontrarlo o si está cerrado, podrá dejar el instructivo correspondiente con quien se encuentre, o bien, de no ser posible, con el vecino más próximo o con el gendarme de punto.
Ahora bien, como se puede ver, si bien es cierto que en las normas transcritas se hace mención a la casa como el lugar donde deberá hacer el emplazamiento también lo es que ello no es un elemento objetivo, sino más bien estamos ante un elemento normativo, del cual habrá que buscar el alcance de su significado jurídico, para lo cual, el código adjetivo no es suficiente, pues no define tal concepto.
En consecuencia, se tendrá que acudir al Código Civil del Estado de Veracruz, que si bien no define ese concepto jurídicamente, de su artículo 37 se puede inferir lo que se entiende por ésta, el cual a la letra dice:
"Artículo 37 El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle."
De la lectura de este precepto, se advierte que para la legislación sustantiva civil del Estado de Veracruz, el concepto "domicilio de persona física" contempla tres premisas a saber:
a. El lugar donde reside.
b. Lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios.
c. Lugar en que se halle.
Así, el lugar donde reside es el lugar donde vive la persona; es decir, donde mora o habita.
Por su parte, el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios, es donde realiza actividades de comercio, pero a diferencia de la primera premisa, por lo general, no es el lugar donde vive.
Respecto a la afirmación que precede, cabe señalar que hay excepciones a esta generalidad, pues pueden existir casos en que se reúnan las dos circunstancias, es decir, que en el lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios, también sea el lugar donde vive.
Y por cuanto al lugar donde se halle, se entiende el sitio en tiempo presente en donde se encuentra físicamente la persona, ello a falta de las dos primeras premisas.
Ahora bien, se puede establecer que el domicilio cumple en el derecho la misma función que desempeña en las relaciones sociales, esto es, constituye el centro de la vida de las relaciones de la persona; asimismo, indica la idea de permanencia y estabilidad del sujeto en un determinado lugar (residencia habitual)
Desde el punto de vista de la técnica jurídica, es preciso determinar de manera objetiva, en mérito de la certeza y de la seguridad jurídica, ese centro especial de ubicación de la persona, de tal manera que ésta debe tener necesariamente un domicilio, pues éste es uno de los atributos de la persona.
En ese entendido, el artículo 37 del Código Civil establece que el domicilio es el lugar donde se reside y, a falta de éste, lo es el principal asiento de los negocios, así como donde se halle, lo cual es acorde con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, el cual dispone que el domicilio de las personas se establece alternativamente:
I. Por el lugar de su residencia habitual;
II. Por el lugar del centro principal de sus negocios;
III. Por la simple residencia; o,
IV. Por el lugar donde se encuentre.
Por otra parte, el invocado artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles si bien textualmente establece "después de cerciorarse el notificador de que ahí vive", esto no debe interpretarse en sentido restrictivo ni rígido, ello dada la diversidad que señala el artículo 37 del Código Civil del Estado como domicilio de la persona física precisado en los párrafos que preceden.
En ese tenor, el emplazamiento puede realizarse, entre otros supuestos, en el lugar en que el interesado tiene el principal asiento de sus negocios, lo cual queda subsumido al término "vive", lo que se robustece concatenando lo establecido en el numeral 75 del Código de Procedimientos Civiles, pues éste señala como lugar en que se practique la primer diligencia "la casa", mas no precisa textualmente que sea el lugar donde "vive", por lo tanto, estas dos acepciones pueden tener diversos significados, pero para efectos del emplazamiento, se acudirá al artículo 37 del Código Civil del Estado; pues como ya se señaló, ambos conceptos "casa" y "vive" no deben interpretarse en un sentido restrictivo.
Por lo tanto, para los efectos del emplazamiento, el término "ahí vive" establecido en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, debe interpretarse en un sentido amplio, concatenado con los artículos 75 del mismo código y 37 del Código Civil del Estado; es decir, si la diligencia relativa al emplazamiento se realiza en el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, resulta innecesario que en la diligencia relativa, el actuario judicial -o la persona designada para tal fin-, señale y se cerciore que además de que es el principal asiento de sus negocios, el interesado ahí "vive", pues este requisito se tiene por cumplido al cerciorarse que se realiza la diligenciación en el principal asiento de sus negocios, resultando inverosímil asentar "ahí vive" en forma sacramental, pues la acepción de ésta palabra se amplía con el marco normativo aducido.
Con base en lo anterior, se puede determinar que la referencia que hace el Código de Procedimientos Civiles del Estado, a que el emplazamiento se hará en la "casa del que deba ser notificado" o donde "vive" son relativas a lo que en materia sustantiva se denomina domicilio, entendido por tal el lugar donde se reside o se tiene el principal asiento de los negocios; de ahí que el lugar donde vive sea entendido como el concepto de domicilio de persona física en las acepciones referidas.
Sin embargo, el actuario sí debe cerciorarse y asentar que "ahí vive", cuando el emplazamiento se realice en el lugar donde el interesado reside, pues en éste se deduce que debe ser el lugar donde habita, por lo tanto es un requisito sine qua non.
Aquí, es importante destacar que el emplazamiento, si bien deberá practicarse en el domicilio señalado por el actor para tal efecto, también lo que es que, cuando se entienda con diversa persona de la buscada, el diligenciario debe circunstanciar que ese domicilio corresponde a aquel en el que vive o tiene el principal asiento de sus negocios, o que ahí se halla la persona interesada, por lo tanto, el notificador debe cerciorarse de que dicho domicilio reúne las circunstancias aludidas, para lo cual deberá hacer constar los medios con que se valió para ello, y en las diligencias que se reclaman se advierte que en ese lugar se trata de aquel donde tiene el principal asiento de sus negocios.
Es decir, las diligencias relativas se realizaron en el lugar donde tiene establecido el principal asiento de sus negocios, lo cual no le priva de validez, pues el emplazamiento tiene la finalidad de asegurar al demandado el conocimiento pleno de la demanda entablada en su contra, con la consabida salvaguarda de su garantía de audiencia, para que esté en posibilidad de producir su defensa, por lo que pueden realizarse en ese lugar.
Por lo que, si en el caso sometido a estudio, en las diligencias relativas al emplazamiento se asentó, que una persona distinta de la buscada, le informó "... que dicha persona aquí tiene el principal asiento de sus negocios y que en este momento no se encuentra presente ...", tal circunstancia reflejó que ese era el lugar que buscaba y donde tiene principal asiento sus negocios, siendo que en dicho lugar puede realizarse, entendido éste también como el domicilio, pues así se considera conforme al artículo 37 del Código Civil del Estado de Veracruz; es decir, ello no significa que el interesado viva en ese lugar, pues es diferente el término "lugar del centro principal de sus negocios" a "lugar donde vive", pues por lo primero debe entenderse como aquel en que el interesado realiza actividades de comercio y puede ser localizado y, por lo segundo, donde el sujeto mora, es decir, donde habita, pero sí puede válidamente practicarse en ambos lugares.
Ello, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia, pues se entiende que si la diligencia de emplazamiento se realiza en el lugar donde, previo cercioramiento, tiene el principal asiento de sus negocios el interesado, éste logrará tener pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra, aun practicándose con persona distinta a él, pues previo a su cercioramiento, da la certeza jurídica de que el impetrante se impondrá de las constancias del juicio con el emplazamiento, por lo que al practicarse en tal lugar, surtirá los efectos de emplazamiento.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 69/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 114, registro IUS 163150; derivada de la contradicción de tesis 416/2009 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (ahora primero); misma que es del tenor literal siguiente:
"EMPLAZAMIENTO DE PERSONA FÍSICA. PARA ESTABLECER EL LUGAR EN QUE DEBE REALIZARSE ES INNECESARIO SEGUIR EL ORDEN EXCLUYENTE PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS QUE REGULAN EL DOMICILIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, EN CASO DE NO HABERSE DESIGNADO UNO CONVENCIONAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, JALISCO, DISTRITO FEDERAL Y CHIAPAS). El domicilio en donde puede realizarse el emplazamiento de la demandada, persona física, no debe atender estrictamente al orden que para el domicilio, como atributo de la personalidad, prevén los artículos 57 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 72 del Código Civil del Estado de Jalisco, 29 del Código Civil para el Distrito Federal y 27 del Código Civil para el Estado de Chiapas, por lo que puede realizarse en el lugar donde reside con el propósito de establecerse; en el que tiene el principal asiento de sus negocios; o bien, en el que se encuentre este último, cuando el emplazamiento se entienda personal y directamente con el demandado, y el funcionario judicial que lo practique verifique su identidad. Las anteriores alternativas, sin desatender los requisitos exigidos por las legislaciones procesales para realizar el emplazamiento, permiten salvaguardar la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe otorgarse al demandado cuando es llamado a juicio en caso de que las partes no hayan establecido un domicilio convencional. Las formalidades previstas por la legislación adjetiva para realizar el emplazamiento, no tienen otro fin que garantizar al demandado que tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, así como de sus consecuencias, en aras de su derecho a una defensa adecuada y oportuna."
Para una mayor comprensión, a continuación se procede a transcribir en lo conducente, la ejecutoria que dio lugar a la mencionada jurisprudencia:
"... QUINTO. Para resolver la presente contradicción de tesis que versa sobre el emplazamiento, cabe decir que éste es catalogado como un medio de comunicación procesal definido por la doctrina como: ‘... el acto formal en virtud del cual se hace saber al demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor y la resolución del Juez que, al admitirla, establece un término (plazo) dentro del cual el reo debe comparecer a contestar el libelo correspondiente, es decir, el emplazamiento constituye una forma especial de notificación que es la primera que se hace al demandado llamándolo a juicio.’ (Cipriano Gómez Lara, Teoría General del Proceso, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, páginas 266 a 267).
"Esa actuación judicial tiene las siguientes características:
"1. Es una especie del género notificación y tiene que realizarse conforme a las reglas de las notificaciones personales.
"2. El contenido de lo que se notifica al emplazado es complejo, toda vez que se le hace saber:
"a) El órgano jurisdiccional ante quien está instaurado el juicio.
"b) Que tiene el carácter de demandado.
"c) El contenido de la demanda.
"d) El plazo en el cual puede producir su contestación.
"También es de considerar el criterio establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el emplazamiento al demandado tiene como finalidad que las autoridades jurisdiccionales, dentro de un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a través de esa notificación se le hace de su conocimiento la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación.
"Es aplicable al respecto, entre otras, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2002, publicada con el rubro y texto siguientes:
"‘EMPLAZAMIENTO. EL CITATORIO RESPECTIVO NO DEBE DEJARSE CON EL VECINO INMEDIATO, CUANDO EN LA PRIMERA BÚSQUEDA LA CASA SEÑALADA PARA TAL EFECTO SE ENCONTRÓ CERRADA (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE PUEBLA). Las reglas establecidas para la práctica del emplazamiento, como formalidad esencial del procedimiento que se debe cumplir en respeto a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen como fin último evitar que el demandado quede en estado de indefensión. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 49 de los Códigos de Procedimientos Civiles de Chiapas y de Puebla, respectivamente, se permite emplazar al demandado entregando la cédula al vecino inmediato, cuando aquél no atendió al citatorio que previamente se le dejó con un familiar, un doméstico o una persona que vive en su domicilio, también lo es que dichos preceptos no autorizan dejar el citatorio con el vecino inmediato, cuando en la primera búsqueda para la práctica del emplazamiento la casa señalada para tal efecto se encontró cerrada, pues mientras que, en el primer caso la sanción procesal se justifica por el desacato del demandado al citatorio que se le dejó con una persona que vive en su domicilio, lo que racionalmente hace presumir que sí tuvo noticia de él, en el segundo, por un lado, no ha precedido desacato alguno que justifique la imposición de una sanción y, por otro, no se garantizaría que el demandado tuviera conocimiento de la cita y, por ende, que se encontrara en posibilidad de atenderla, lo que a la postre implicaría el desconocimiento del inicio de un juicio en su contra, y por tanto su indefensión, que es precisamente lo que se pretende evitar con la garantía de audiencia, por lo que si el mencionado citatorio no se deja con alguna persona que viva en el domicilio del demandado, sino con el vecino inmediato, no puede estimarse legalmente hecho.’ (No. Registro: 187548. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, marzo de 2002, tesis 1a./J. 6/2002, página 56).
"Así, dada la trascendencia que el emplazamiento del demandado tiene dentro del juicio, para su legalidad deben seguirse las formalidades que establece la legislación adjetiva.
"Lo anterior se desprende, entre otras, de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2001, que establece:
"‘EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. Este Supremo Tribunal reconoce vital importancia a esta diligencia procesal dado que, por su conducto, el juzgador establece la relación jurídica procesal que vincula a las partes durante el juicio y se otorga al reo la oportunidad de comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, a fin de dilucidar sus derechos, por consiguiente, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable, garantiza al demandado el cumplimiento de las garantías formales de audiencia y de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así, que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Lo anterior significa que durante su desahogo el funcionario judicial autorizado no sólo debe cumplir estrictamente con los requisitos y formalidades previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sino también, que deben hacerse del conocimiento de la persona con quien se entendió dicha diligencia (por ausencia del demandado en la segunda búsqueda, no obstante haberse dejado citatorio para que esperara); luego entonces, para la validez de esta actuación procedimental, no basta que exista constancia en autos de que se hizo entrega de dicha cédula, y que con ello se estime que existe presunción legal de que fueron cumplidos todos y cada uno de estos requisitos, puesto que del análisis literal y sistematizado de lo dispuesto en los artículos 54, 63, 65, 76, 106, 279 y demás aplicables de este mismo ordenamiento procesal, se desprende que el legislador ordinario se pronunció porque de toda actuación procesal desahogada se dejara constancia en el expediente por el funcionario encargado, sin que ello signifique hacer nugatoria la fe judicial de que éste se encuentra investido o se agreguen nuevos requisitos no contemplados en la ley de la materia, pues en la especie, no se pone en entredicho la celebración de ese acto ni la entrega de la constan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24335-f7306b28/emplazamiento-el-practicado-a-persona-fisica-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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