EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA.
EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.
II. Competencia
4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
III. Legitimación
5. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.
IV. Criterios denunciados
6. En el presente apartado se dará cuenta de los antecedentes y circunstancias procesales, de las que derivaron los criterios contendientes que posiblemente originan una contradicción de tesis.
A. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Sentencia dictada en el amparo directo civil 126/2014.
Antecedentes procesales
7. Juicio hipotecario. En la vía hipotecaria una institución bancaria demandó el cumplimiento de pago de capital e intereses ordinarios y moratorios de un contrato de crédito con garantía hipotecaria, así como la declaración judicial de terminación anticipada por incumplimiento al mismo. El Juez Trigésimo Quinto de lo Civil del entonces Distrito Federal, conoció de la demanda y ordenó el emplazamiento a los codemandados. Diligencia que se realizó, incluso, de forma directa y personal, con la codemandada quejosa.
8. No obstante, el veintiuno de septiembre de dos mil doce, la codemandada quejosa promovió incidente de nulidad de notificaciones por defecto del emplazamiento, alegando que las copias y anexos entregados carecían del cotejo respectivo y no se encontraban selladas, entre otras alegaciones, a las formalidades de la diligencia. El Juez del conocimiento, en resolución de cinco de octubre de esa anualidad, declaró la improcedencia del incidente de notificaciones y ordenó la continuación del procedimiento.
9. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil doce, se declaró en rebeldía a los codemandados; y seguidas todas las etapas del procedimiento, el Juez dictó sentencia en la que determinó que procedió la vía y las acciones del actor, por lo que condenó a los codemandados al pago de las reclamaciones, así como al pago de gastos y costas; y declaró el vencimiento anticipado del crédito.
10. Inconforme con la sentencia, la codemandada que se inconformó de la diligencia de emplazamiento, interpuso recurso de apelación del cual conoció la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, y en resolución de trece de septiembre de dos mil trece, confirmó el fallo recurrido y condenó al pago de costas en ambas instancias.
11. Juicio de amparo directo civil. En desacuerdo con la resolución anterior, la parte apelante interpuso demanda de amparo, y entre los muchos conceptos de violación formulados, alegó como violación procesal el indebido emplazamiento al juicio natural, por considerar que el actuario no cumplió con todas las formalidades requeridas por el código adjetivo aplicable, entre ellas, el entregar copias de la demanda debidamente selladas y cotejadas; lo que alegó en agravio expreso en la apelación, y la responsable lo estimó como infundado bajo una interpretación que consideró violatoria de sus derechos fundamentales.
Argumentación de la sentencia
12. El Colegiado, por lo que hace al análisis del concepto de violación que a efectos de esta contradicción de tesis interesa, primeramente, sostuvo que sí era procedente el análisis de la violación procesal alegada, porque se surtían todos los presupuestos del artículo 172, fracción I, en relación con la fracción V, de la Ley de Amparo. No obstante, la misma en su análisis resultaba infundada.
13. Esto es, el Colegiado consideró que la falta de cumplir los requisitos relativos a que el actuario judicial entregue las copias de la demanda debidamente selladas y cotejadas, no tiene como consecuencia la invalidez del emplazamiento. Precisó que el emplazamiento es dar a conocer al demandado en un proceso la existencia de una demanda en su contra y, en ese sentido, el legislador, en los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, ha establecido los requisitos que debe cumplir este tipo de notificación para que sea legalmente válida.
14. Y señaló que dentro de esos requisitos que debe reunir la diligencia de emplazamiento, existen unos de naturaleza formal y otros de carácter material u objetivo, que permiten que la fe pública de que goza el actuario judicial o notificador facultado por la ley para llevarla a cabo surta plenamente sus efectos y que goce de la presunción de plena validez. Sin embargo, no toda omisión a las formalidades de la diligencia de emplazamiento conduce a declarar su invalidez, sino que es preciso atender a todos los datos que obren en autos para determinar si dicho acto procesal cumplió o no con su finalidad esencial; de ahí que si analizado el caso concreto, la formalidad omitida no trasciende a tal grado que impida concluir que el emplazamiento cumplió su objetivo, éste debe tenerse por válido.
15. Y para sostener su argumento refirió a la tesis III.T. J/39, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SÓLO PRODUCE INVALIDEZ LA OMISIÓN DE FORMALIDADES TRASCENDENTES.";(4) y tesis I.4o.C. J/15, de rubro: "NOTIFICACIONES, FINALIDAD DE LAS FORMALIDADES PARA SU VALIDEZ."(5)
16. Y en un análisis concreto a la diligencia de emplazamiento del caso en particular, el Colegiado concluyó que el actuario hizo constar que se constituyó en el domicilio, que se constató de que sí era el domicilio de la codemandada con quien atendió la diligencia, que se identificó ante ésta y le hizo saber el motivo de la diligencia, le entregó el original de la cédula de notificación; luego con las copias simples y exhibidas de la demanda y sus anexos, le corrió traslado de la demanda y la emplazó a juicio. Y también se hizo constar que la codemandada recibió la documentación y no firmó de recibido por no considerarlo necesario.
17. Así, el Colegiado señaló que de la razón actuarial se advierte que se hizo constar el tipo de juicio, el número de expediente, las partes y la denominación del juzgado ante quien se tramitaba, entonces que, si bien conforme el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal,(6) constituye una formalidad del emplazamiento el cerciorarse que la copia de traslado de la demanda, que el fedatario debe entregar al emplazar al demandado debe estar debidamente cotejada y sellada, lo cierto es que aquél es un elemento accesorio y no esencial que válidamente puede quedar subsanado con los demás elementos que se asienten en la diligencia de emplazamiento.
18. En esa conclusión, reiteró que toda vez que la finalidad de orden lógico que se busca con esa formalidad es eliminar a la parte demandada de cualquier estado de incertidumbre en cuanto a que la demanda, de cuya copia se le corre traslado, sea incompleta o diversa a la realmente formulada, pues de ser así, se le produciría confusión o alteración de los hechos. Dicho de otra forma, la finalidad de la formalidad en cuestión, es que la parte demandada tenga la certeza de que el contenido de la copia de la demanda, sea el mismo al que aparece en el escrito original, para que tenga oportunidad de conocer todos los hechos y pormenores de la demanda y preparar su defensa.
19. Por ende, afirmó que sólo en el caso de que se demuestre que la copia de traslado entregada es diversa al escrito de demanda o que su contenido es diferente o aparece incompleto, podría dar lugar a la nulidad del emplazamiento, puesto que ante esa circunstancia, resultaría evidente que la parte demandada, al no conocer los hechos o hacerlo en forma parcial, no estaba en condiciones de preparar su defensa colocándola en estado de indefensión, para producir su contestación de demanda. Y como en el caso, la quejosa no acreditó en el incidente de nulidad el defecto del emplazamiento que promovió, que la copia de traslado no correspondía con la demanda formulada por la actora, sino que, por el contrario, de la razón actuarial hay constancia que no hubo estado de indefensión de la quejosa, el haberle corrido traslado sin cumplir con el requisito de las copias de la demanda y anexos cotejados y sellados, debe estimarse que no constituye un requisito esencial para la validez del emplazamiento, y en su caso éste queda subsanado al cumplirse el objetivo del emplazamiento. Máxime que en el caso no se demostró que la copia de traslado que se le entregó a la quejosa no fuera la demanda formulada por la actora o que se encontrara incompleta, o bien, fuere de diverso contenido.
20. Y así estimó infundado el concepto de violación, por lo que al estimar igualmente infundados el resto de los conceptos de violación negó el amparo.
B. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.
Sentencia dictada al resolver el amparo en revisión 334/2016.
Antecedentes procesales
21. Juicio sumario civil hipotecario. En la vía hipotecaria una institución financiera no regulada en representación de una institución bancaria, demandó el cumplimiento y pago de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria en contra de una persona moral, en el que se ordenó el emplazamiento vía exhorto a las autoridades judiciales de Guamúchil, Sinaloa.
22. Juicio de amparo indirecto. En contra de la diligencia de exhorto y emplazamiento, la demandada por medio de su representante legal interpuso demanda de amparo indirecto en contra del emplazamiento realizado alegando que éste no cumplió con las formalidades legales de la diligencia. Del amparo conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, y seguidas las etapas del procedimiento, en sentencia del dieciocho de julio de dos mil dieciséis, determinó negar el amparo.
23. Amparo en revisión. Inconforme con la negativa de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el órgano colegiado denunciante de la presente contradicción, y en sentencia de nueve de marzo de dos mil diecisiete, determinó revocar la sentencia del Juez de Distrito y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que autoridad responsable dejara insubsistente todos los actos procesales del juicio sumario civil hipotecario y emplazara nuevamente a las demandadas, ajustando la diligencia a todos y cada uno de los requisitos legales correspondientes. En el mismo acto denunció la posible contradicción de tesis que ahora se analiza.
Argumentación de la sentencia
24. Las razones del Tribunal Colegiado para conceder el amparo bajo los conceptos de violación planteados en torno a la omisión de requisitos formales en la diligencia de emplazamiento, consistieron, medularmente, en considerar que del contenido a los artículos 113(7) y 114(8) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se dispone, entre diversas formalidades, que el instructivo se entregará a la persona con la que se entienda la diligencia, junto con copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su libelo inicial.
25. Así que de la interpretación sistemática a esos artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se obtiene que el fedatario debe cumplir con los siguientes requisitos aunque no lo establezca expresamente la legislación procesal civil local, atendiendo al principio de seguridad jurídica: mencionar que se entrega al demandado, su apoderado o representante legal, copia de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copias simples de los documentos que se anexaron a ésta.
26. Luego de un análisis muy preciso respecto de la diligencia de emplazamiento, acto reclamado en el amparo, el Colegiado señaló que en este acto judicial se cumplieron los requisitos establecidos para las notificaciones que se entienden directamente con los interesados, atento que la notificación se hizo de forma personal.
27. Sin embargo, de la propia reproducción del registro actuarial, se advierte con toda claridad, como lo alegan las quejosas, que el diligenciario fue omiso en clarificar que las copias que entregada (sic) en ese acto, a las entonces demandadas, estaban debidamente selladas y cotejadas, con lo cual incumple uno de los requisitos previstos expresamente en el artículo 114, lo que torna ilegal esa actuación.
28. Para sustentar sus consideraciones, el Colegiado citó la tesis 1a./J. 58/2001, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.",(9) y tesis 1a./J. 74/99, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL."(10)
29. Luego, ante lo fundado de los conceptos de violación analizados en ese sentido, el Colegiado consideró innecesario atender el resto de argumentos planteados por la quejosa, en virtud de que consideró que la violación a dicha formalidad del emplazamiento era suficiente para conceder el amparo, sin obstar a la conclusión anterior que la tercero interesada, alegó que se configuraba la causal de improcedencia del amparo con base en el artículo 61, fracción XVIII, sin que se incurra en los incisos a) al c) de la Ley de Amparo,(11) porque la quejosa consintió la diligencia de emplazamiento al no recurrirlas dentro del plazo de quince días previsto por la Ley de Amparo, lo que el Tribunal Colegiado consideró infundado atendiendo que la quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio debido al ilegal emplazamiento.
30. Por último, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado y el emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
V. Existencia de la contradicción
31. Como cuestión previa, es importante señalar que, conforme a los criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales.
32. Pues esta Primera Sala estima que por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(12) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(13)
33. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
34. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(14)
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
35. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, se cumple con el primer requisito para la existencia de una genuina pregunta jurídica que pueda dar pie a una contradicción de criterios, pues se observa que los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para tomar una decisión, en concreto, sobre la legalidad de un emplazamiento que no cumplió con una formalidad concreta, consistente en que el actuario se cerciorara y entregara a la persona con quien entiende la diligencia copias simples de la demanda debidamente cotejadas y selladas.
36. En cuanto al segundo requisito, de un análisis a las ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes abordaron una misma temática, bajo los mismos elementos, pero con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos para arribar a conclusiones muy distintas.
37. Por un lado, el tribunal denunciante resolvió la problemática de si era ilegal el emplazamiento realizado, en el cual no se cumplió con la formalidad establecida en el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, consistente en certificar en el acta que se hizo la entrega de las copias simples de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con la original.
38. Con esos razonamientos, el Colegiado denunciante concluyó que, al ser el emplazamiento un acto en el que se da a conocer la demanda instaurada en contra del notificado, es esencial cumplir con todas las formalidades que establece la ley, entre ellas, el cerciorarse de entregar copias de la demanda debidamente cotejadas y selladas, porque sólo así se satisface la seguridad y certeza jurídica de la que debe estar revestida dicha diligencia al salvaguardar los derechos del artículo 14 constitucional.
39. Mientras que el Tribunal Colegiado denunciado frente a la misma problemática, esto es, el análisis de la legalidad del emplazamiento que incumplió con la misma formalidad, relativa a cerciorarse de la entrega de copias simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas con la original, en términos de lo que dispone el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el antes Distrito Federal, estimó que al tratarse de un requisito de carácter formal, éste no ocasiona la invalidez del acto de emplazamiento, sino solamente cuando llegara a demostrarse que las copias simples de la demanda entregada en la diligencia de emplazamiento no coinciden con el escrito de la demanda original.
40. Así, de las ejecutorias en contienda, se acreditan los diferendos interpretativos entre lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, porque el tribunal denunciante considera que la formalidad de entregar copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas, es un requisito que no puede subsanarse y que de haberse omitido, sí provoca la nulidad del emplazamiento. Mientras que el tribunal denunciado, estima que ese requisito al tratarse de una mera formalidad, puede subsanarse y no provoca la nulidad del emplazamiento al menos que se demuestre que la copia de traslado no coincide con el escrito original de la demanda.
41. De suerte que, esta Primera Sala concluye que se verifica el tercer requisito necesario para la existencia de contradicción de tesis, pues existe un punto de contacto entre los tramos de razonamiento jurídico de los órganos jurisdiccionales federales que da lugar a la formulación de una pregunta genuina, sin ser óbice que los Colegiados atendieran a contenidos normativos de distintas entidades federativas, porque de forma contundente ambos aceptan que entregar copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas es un requisito y formalidad del emplazamiento establecido en la legislación, empero, para un Colegiado la falta de dicho requisito no ocasiona la ilegalidad del emplazamiento; mientras que para el otro sí lo provoca.
42. Por tanto, el punto concreto de contradicción de tesis consiste en determinar:
• ¿Si el actuario omite certificar que se entregaron copias de traslado de la demanda, debidamente selladas y cotejadas con el escrito original de la demanda, ocasiona la ilegalidad del emplazamiento?
43. Ahora, no constituye un obstáculo para la procedencia de análisis del fondo del punto de contradicción antes precisado la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 74/99,(15) de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.", misma que incluso cita el Tribunal Colegiado denunciante para sustentar sus consideraciones, en tanto que, si bien dicho criterio jurisprudencial que ha emitido esta Primera Sala con una anterior integración incide sobre el tema que ha de analizarse, esto es, habla de los requisitos y formalidades esenciales del emplazamiento y de la importancia de que se realicen a efectos de la legalidad del acto judicial, no resuelve el punto concreto de contradicción que ha quedado determinado a manera de cuestionamiento, además, que se advierte que incluso dicha jurisprudencia estaba vigente al momento en que ambos Colegiados resolvieron; de ahí que es claro que, al no referir en su contenido al punto específico de divergencia que ahora se detecta, continúa la incertidumbre jurídica sobre el criterio jurídico que ha de prevalecer y, por ende, es procedente el estudio en la presente contradicción de tesis.
44. Tampoco es obstáculo que las ejecutorias en contienda hubieren analizado legislaciones procesales civiles de distintas entidades federativas, en tanto que su contenido respecto al requisito que se analiza, es prácticamente el mismo, porque ambas estipulan expresamente a éste como formalidad del emplazamiento, como se advierte del siguiente cuadro:
Ver cuadro
45. Máxime que el análisis que pretende la presente contradicción, de acuerdo con la vocación de este medio para erradicar la incertidumbre jurídica, es dar una respuesta jurídica a todos los casos en los que el requisito consistente en certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con la original, sea una formalidad expresamente contemplada en ley para la realización del emplazamiento.
46. De ahí que, esta Primera Sala considera necesario responder al punto concreto de contradicción que se origina al corresponder a una problemática jurídica genuina y novedosa en torno a la legalidad de un emplazamiento en el que no se certificó que se hubieran entregado copias de traslado de la demanda debidamente sellada y cotejada con el escrito original.
47. Estudio de fondo. Para comenzar, y a fin de resolver el punto concreto de la contradicción que se origina, es menester desarrollar como punto de partida la naturaleza y alcance de la etapa de emplazamiento en el proceso civil, a fin de aludir a los requisitos que deben considerarse esenciales, por lo que como preámbulo se citan los razonamientos contenidos en la contradicción de tesis 67/1999,(16) de la que precisamente emanó la tesis 1a./J. 74/99,(17) de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.", en la cual, esta Primera Sala sostuvo que la finalidad que se persigue con la diligencia del emplazamiento en todo juicio, es que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio.
48. Por ello, el legislador en su diseño de ley establece cumplir con determinados requisitos y formalidades para la realización del emplazamiento a fin de dotar de plena certeza jurídica a la parte a quien se le llama a juicio, como el cerciorarse con precisión de que la diligencia se realice en el domicilio de la parte demandada, y correr traslado con las copias de la demanda y de los documentos fundatorios de la misma, los cuales, en los casos de algunas legislaciones adjetivas tendrán que ser debidamente cotejados y autorizados por la autoridad jurisdiccional, para constituirse en las copias de traslado que de manera fidedigna informen el contenido de la demanda. Lo que esta Primera Sala estima es un requisito idóneo para cumplir con la finalidad del traslado, porque sólo así tendrá el demandado la certeza de conocer con fidelidad el objeto del porqué se le llama a juicio y quién lo hace, bajo qué pretensiones y qué sustento de hechos y derecho.
49. Es entonces que los requisitos a que se somete la diligencia de emplazamiento, atentos a los principios que rigen a todos los ordenamientos procesales de las diversas entidades federativas, exigen de manera común el cumplimiento de formalidades, entre las cuales, en algunas legislaciones, se encuentran requisitos más exigentes como el cotejo y sello de las copias de demanda que se traslada.(18)
50. Así que, como ha afirmado esta Primera Sala, el emplazamiento es considerado de orden público y de trascendental importancia, tal como lo estableció en su momento la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia registrada con el número 247, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO."(19)
51. De suerte que teniendo en cuenta que el emplazamiento o el llamamiento a juicio es una actuación procesal de relevancia para la satisfacción y ejercicio de muchos de los derechos derivados de la tutela judicial efectiva, así como el debido proceso y derecho de audiencia, es menester tomar en consideración que los preceptos legales que regulen la diligencia establecen requisitos con la finalidad de dejar certificación bajo la fe pública del actuario, que la diligencia agotó todos los objetivos de la misma conforme los requisitos y formalidades de ley, ya sea mediante la identificación del domicilio donde debía constituirse el actuario judicial, la identificación o citación de la persona que ha de llamarse a juicio, o en su caso, las circunstancias por las que no fue localizada, así como los datos de la persona con quien en su caso se entienda la diligencia, los cuales deben estar debidamente asentados en una sola acta en que se asiente la relación de cómo se efectuó la diligencia de emplazamiento.
52. Y cuando la ley establezca expresamente el requisito de entregar copias de la demanda debidamente selladas y cotejadas, entonces esta formalidad se cumple cuando el actuario certifique que en el acto se entregan las copias de traslado debidamente selladas y cotejadas, en tanto con ello se da certeza a quien recibe que los documentos son fidedignos y concuerdan con su original.
53. Porque lo importante de la diligencia de emplazamiento es que con ella el demandado tenga conocimiento de que se ha iniciado un juicio en su contra y cuáles son las pretensiones del actor, y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27970-9af90733/emplazamiento-la-omision-del-actuario-de-certificar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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