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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO PERSONAL. LA OMISIÓN DEL DILIGENCIARIO DE CERCIORARSE DE LA IDENTIDAD DEL DEMANDADO LO VUELVE ILEGAL, SIN QUE ELLO SE CONVALIDE CON LA FIRMA NO OBJETADA DE ÉSTE EN EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26080
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Pág. 2073.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ. DISIDENTE: ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. PONENTE: FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. SECRETARIA: ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de julio de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 1/2015; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio de fecha doce de enero de dos mil quince, recibido el catorce siguiente, ante la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, entonces domicilio oficial del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, conforme lo establece el artículo 23 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; el Magistrado Víctor Jáuregui Quintero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho tribunal, al resolver el amparo en revisión 290/2014 y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de dicho circuito, en el amparo en revisión 65/2013, para lo cual remitió copia certificada de la ejecutoria respectiva.

SEGUNDO.-Trámite ante el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito. Por acuerdo de veintidós de enero del año en cita, el Magistrado presidente del Pleno admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis quedando registrada con el número 1/2015, solicitó al presidente del Quinto Tribunal Colegiado en la materia y circuito multicitados, la copia certificada y en disco óptico la versión pública de la ejecutoria relativa, así como el informe sobre si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente.

TERCERO.-Mediante proveído de treinta de enero de la presente anualidad, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Civil, mandó agregar el oficio que remitió la secretaria de Tesis del Quinto Tribunal Colegiado de la materia y circuito en cita, al que adjuntó las copias certificadas de la ejecutoria en contradicción y su versión pública en disco óptico e informó que se encontraba vigente el criterio sustentado.

CUARTO.-En auto de once de febrero del mismo año, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, fracciones VI y VII, del entonces vigente Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el punto 8, fracción I, de las reglas básicas fijadas por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito para el año dos mil catorce, se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Carlos Arturo González Zárate.

QUINTO.-Finalmente, por acuerdo de siete de abril del año en curso, con motivo de la nueva integración del Pleno en Materia Civil de este circuito, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se returnó el presente expediente al Magistrado Francisco José Domínguez Ramírez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito y como representante ante el Pleno de Circuito, a fin de que elaborara el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) y 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) ya que se trata de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la formuló el Magistrado Víctor Jáuregui Quintero, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que pronunció la ejecutoria correspondiente en el amparo en revisión 290/2014, del que derivó uno de los criterios en contradicción.

TERCERO.-Criterios denunciados como contradictorios. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis son las siguientes:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 290/2014, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil catorce, en lo que interesa, sostuvo:

"VI. Falta de objeción de la firma contenida en la diligencia de emplazamiento.-El recurrente manifiesta que el juzgador de amparo contravino lo previsto por los artículos 74, fracción III y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que no fundó adecuadamente su determinación, debido a que interpretó desacertadamente los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, además de que la sentencia es incongruente con las actuaciones del juicio, pues el juzgador, incluso, en suplencia de la deficiencia de la queja, concedió el amparo, sin atender las circunstancias que se deducen del juicio constitucional.-A decir del recurrente, de la demanda de amparo se advierte que no se valoraron las probanzas en forma conjunta, al tenor de lo dispuesto por el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que de las constancias del juicio se advierte que en la diligencia de emplazamiento consta su firma y no la objetó, ni se cuestionó de falsa, por ende, con esa firma se acredita que participó en el acto mismo.-Luego entonces, el disidente insiste en que la quejosa no señaló que no se le hubiese emplazado o que su firma no sea la de ella, puesto que tenía la carga procesal de acreditar su falsedad para desvirtuar la diligencia cuestionada, porque en actuaciones del juicio consta en el emplazamiento su firma autógrafa y legible y este hecho no fue rebatido en el juicio de amparo, lo que implica un reconocimiento de que la firma es suya.-Los agravios de previa síntesis son infundados.-Para justificar la anterior calificativa, se estima conveniente reproducir, a continuación, el acta de emplazamiento cuestionada: De lo anteriormente reproducido se llega al conocimiento de que contrario a lo que aduce el recurrente, es jurídicamente correcto el razonamiento del Juez de Distrito al considerar que el emplazamiento realizado en el juicio natural a la quejosa **********, es violatorio de sus derechos fundamentales en razón de que no se cumplieron las formalidades previstas por el artículo 112, en relación con el 70, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-Ahora bien, el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, establece que si la diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado, si el diligenciario lo conoce deberá dar fe de ello; si no es así, deberá cerciorarse de la identidad de éste en la forma prevista en el artículo 70, dispositivo que prevé dos mecanismos para identificar al demandado: primero, por algún medio fehaciente, como documentos oficiales expedidos por autoridades federales, estatales, municipales y organismos paraestatales, descentralizados o similares; y, segundo, mediante la intervención de dos testigos, conocidos o identificados por el demandado.-Es decir, de acuerdo con los citados numerales, existen tres mecanismos posibles de identificación cuando la diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado: 1) Cuando el diligenciario lo conozca, deberá dar fe de ello; 2) Que el demandado se identifique con algún documento oficial; y, 3) Con la intervención de dos testigos que identifiquen al demandado y que éste deberá conocer.-En el caso, según lo asentado en el acta relativa, se habría actualizado la tercera de esas hipótesis, esto es, la identificación de la demandada por medios de dos testigos.-Aspecto que no se satisfizo.-Pues bien, como se advierte del contenido de los agravios en análisis, lo pretendido por el recurrente es evidenciar que aun cuando no se cumplimentó lo previsto en los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la quejosa no justificó la ilegalidad del emplazamiento cuestionado debido a que, en el acta relativa, consta su firma y, por ende, debió demostrar su falsedad, pues, de otra manera, ello implica que ese llamamiento a juicio se entendió personalmente con la buscada.-Sin embargo, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que aun cuando en el acta de emplazamiento conste una firma que se atribuye a la demandada, este aspecto no convalida esa actuación.-Efectivamente, lo que se pretende con las anteriores disposiciones es que exista plena certeza de que la persona con quien se entendió la diligencia es en realidad la parte demandada, para lo cual es obligación del funcionario asentar todas las circunstancias concretas de la manera como llegó a esa convicción, a fin de crear seguridad absoluta de que sí se identificó a la persona buscada, de ahí la necesidad de que, cuando se llegue a ese extremo, los testigos señalen que conocen al buscado.-Sin que tenga razón el inconforme, al aducir que como el pretranscrito numeral 70 no lo señala de esa manera, el Juez Federal pretende imponer más requisitos de los establecidos por el legislador; toda vez que, según se vio, ese artículo establece que ‘intervendrán dos testigos que certifiquen la identidad de dichos comparecientes’, entendiéndose por éstos, los demandados con quien se entiende la diligencia, lo que resulta obvio si se toma en cuenta, como se dijo, que no debe quedar duda de que se identificó plenamente al emplazado.-Por otra parte, el hecho de que en el acta de emplazamiento aparezca la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, sin que la quejosa hubiera demostrado que es falsa, ello no subsanaría aquella irregularidad (falta de identificación del reo por parte de los testigos).-Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247 que aparece publicada en el Tomo IV del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 168, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.’ (transcribe texto).-Entonces, si, como lo dijo el Juez de Distrito, en la diligencia de emplazamiento de la demandada, no se hizo constar cómo se cercioró el diligenciario de que la persona con quien entendió la diligencia es la demandada, a fin de evidenciar que se cumplió con el requisito de certificar la identidad de éste, es claro que tal actuación ciertamente resulta violatoria de los derechos fundamentales de la impetrante.-Así es, cabe destacar que quien controvierte el contenido de una actuación judicial como la que se analiza, tiene que demostrar que se practicó ilegalmente y que, por consecuencia, al tratarse del llamamiento a juicio esa transgresión es de gran trascendencia y relevancia.-Al efecto el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: ‘Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.’.-Luego entonces, el quejoso debe demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que se traduce en que le corresponde la carga de acreditar que el emplazamiento cuestionado se hizo en contravención de las normas que rigen el procedimiento.-Y para ello, es necesario considerar que la diligencia de emplazamiento debe satisfacer todos y cada uno de los requisitos previstos en la norma para su legalidad, tal como se establece en la jurisprudencia de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, página 12, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.’ (transcribe texto).-De la cual se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, entre otras cosas, que en tratándose del emplazamiento a juicio deben cumplirse estrictamente los requisitos legales conducentes, ya que el emplazamiento, como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporciona la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación.-De lo que se colige, que es mediante este acto procedimental que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con el derecho fundamental de audiencia consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales.-Esta consideración deviene como resultado de la importancia que para el legislador ordinario reviste esta diligencia procesal, dado que no sólo la regula en forma particularizada, sino también por los efectos procesales que se le confieren en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales se encuentran expresamente contenidos en su artículo 270, que al respecto establece: a) El de prevenir el juicio a favor del Juez que lo hace; b) Sujetar al demandado a seguir el juicio ante el Juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo en relación con el demandado, sea porque éste haya cambiado de domicilio, o por cualesquiera otros motivos legales; c) El de obligar al demandado a contestar ante el Juez que lo emplazó, dejando siempre a salvo su derecho de provocar su incompetencia; d) El de producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por cualquier otro medio no se hubiese constituido ya en mora el obligado; y, finalmente, e) El de originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos.-Es por ello, que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/99, en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, se pronunció por considerar que cuando exista algún vicio o irregularidad en el desahogo de esta diligencia de llamamiento a juicio, ésta debe ser considerada como una ‘... violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goce el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental’, consideración ésta que se encuentra plasmada en la jurisprudencia relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 209, de rubro y texto siguientes: ‘EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.’ (transcribe texto).-Entonces, para resolver este asunto, debe partirse de lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias previamente reproducidas de donde se obtiene la premisa de que la estricta observancia de la normatividad procesal que regule el emplazamiento, garantiza al demandado el cumplimiento de las garantías formales de audiencia y de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así, que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión, lo que significa que durante su desahogo el funcionario judicial autorizado debe cumplir estrictamente con los requisitos y formalidades previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.-Ahora, en el caso, no resulta correcta la premisa en que se sustentan los agravios expuestos, puesto que implica el que se asuma que quien firmó el acta de la diligencia de emplazamiento realmente fue la demandada.-Es verdad que el notificador asentó haber entendido personalmente el emplazamiento con la parte demandada y que al final del acta se hizo constar su firma; sin embargo, ello no es suficiente para considerar que, al no haberse demostrado la falsedad de esa firma se deba deducir, por consecuencia, que la diligencia se practicó personalmente con la demandada a quien se le atribuye, puesto que, para tener esa certeza debieron seguirse los mecanismos que la norma establece.-Efectivamente, es menester insistir en que el argumento en que se sustentan los agravios en análisis consiste en que aun cuando el funcionario que practicó el emplazamiento no dio cumplimiento a lo previsto por los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ello resulta irrelevante ante el evento de que en el acta relativa a esa diligencia consta una firma que se atribuye a la propia demandada y que, al no haberse objetado y demostrado su falsedad, ello origina que quede acreditado que participó en el acto mismo del emplazamiento, esto es, que ese llamamiento realmente se entendió personalmente con ella.-Sin embargo, pretender que la quejosa tenga la carga de demostrar la falsedad de la firma que consta en la diligencia controvertida implicaría partir del supuesto de que realmente el emplazamiento se entendió con ella, cuando precisamente al no haberse cumplido con lo previsto por los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se encuentra en duda que la persona con quien se entendió ese llamamiento a juicio fuera realmente la demandada.-En efecto, debe precisarse que la actuación relativa al emplazamiento no puede considerarse como una comparecencia (entendida como el acto de comparecer las partes de un proceso ante un Juez o tribunal [nota al pie]), sino que, ante la búsqueda que hizo el notificador que practicó el emplazamiento, una persona se ostentó como la demandada y, por ello, llevó a cabo esa diligencia.-Caso contrario sería el considerar que, por ejemplo, constara en el juicio natural un escrito atribuido a la parte demandada, presentado con posterioridad al emplazamiento cuestionado, de donde surgiría la obligación de la quejosa de demostrar la falsedad de la firma que contuviera, puesto que ese escrito, en términos generales, sería demostrativo del conocimiento del juicio, o que, en la diligencia de emplazamiento se hubiera identificado plenamente a la demandada, por lo que, para justificar que no se entendió la diligencia personalmente con ella, se tendría que acreditar la falsedad de la firma que se le atribuye.-Por ende, la tesis invocada por el recurrente de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ADMITIRSE AUN CUANDO TENGA QUE DESAHOGARSE SOBRE UN DOCUMENTO QUE OBRE EN EL JUICIO NATURAL, CUANDO ESTÁ RELACIONADA CON LA HIPÓTESIS DE IMPROCEDENCIA DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA.’, no resulta aplicable, porque en este criterio se analizó un caso específico en el que la quejosa, que reclama un emplazamiento, compareció, a través de un escrito, al procedimiento de origen, supuesto que, en este asunto no se actualiza.-En conclusión, la validez de un emplazamiento se sustenta en que se cumplan sacramentalmente los requisitos previstos en la norma.-Y, en el caso, la quejosa logró demostrar la inconstitucionalidad de ese acto, puesto que, aun cuando no ofertó prueba pericial para justificar la falsedad de la firma que consta en la diligencia y que se le atribuye, finalmente, se probó la contravención a los artículos 70 y 112, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dado que el diligenciario no se cercioró, a través de los mecanismos previstos en estos preceptos, de la identidad de la persona con la que entendió la diligencia.-En ese orden de ideas, dado que del acta misma del emplazamiento, sin necesidad de otra prueba, se acredita su inconstitucionalidad, no benefician al recurrente las tesis invocadas de rubros: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN GRAFOSCOPIA EN EL AMPARO. SON EXTEMPORÁNEAS SI DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE CONOCEN LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES VERSARÁN, POR LO QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO DEBÍAN OFRECERSE, SIN ESPERAR LA LLEGADA DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, NI QUE SE APERSONARA EL TERCERO PERJUDICADO.’, ‘INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. TRÁMITE DEL RELATIVO A LA FALSEDAD DE FIRMA.’ y ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’.-Luego, siendo el llamamiento a juicio la base para que toda clase de procedimiento se lleve conforme a derecho es menester que se practique estrictamente apegada a derecho, en términos de la ley que rija al acto, pues de lo contrario, aun y cuando el funcionario diligenciante cuente con fe pública, dicha facultad no suple o convalida las deficiencias de los actos que realice, pues si bien es cierto que todos los actos de autoridad se presume la buena fe es evidente que dicha atribución no puede ser usada para legitimar los actos contrarios a la norma.-Así, dado que la certeza de lo actuado en todos los procedimientos depende básicamente del acatamiento irrestricto del principio de probidad; es evidente que si se acredita su contravención en relación a una determinada actuación, tal evento deriva forzosamente en que el acto cuestionado se torne no apto para producir eficacia en la causa de la que deriva.-Tratándose de emplazamientos, es evidente que el funcionario que los practica, al proceder bajo mandato de ley, actúa con la calidad de ente público, revestido su proceder con fe pública, por lo que lo asentado en los autos en uso de tales facultades por una autoridad se presume de cierto, salvo prueba en contrario; no sobra decir que sin esta atribución, la práctica de cualquier diligencia dependería del interés y conveniencia de la partes, lo cual haría casi imposible que se practicara cuando no le sea conveniente a la parte a notificarse haciendo así los juicios interminables.-La fiabilidad de esa actuación tiene por sustento que dada la calidad de quien lo practicó, se encuentran revestidas de ‘fe pública’, mediante la que se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta la intervención del funcionario en el acto.-Esto es así pues, la complejidad y consecuencias que entrañan las relaciones jurídicas, en la actualidad ha generado un sistema a través del cual puedan ser aceptados como ciertos algunos hechos, a pesar de no haberse presenciado su realización.-Esta atribución es otorgada a esta categoría de funcionarios judiciales con la finalidad de que en las actas que se levanten en las diligencias en que actúan se asienten las circunstancias fácticas en las cuales se lleva a cabo dicha actuación. Esto permite la consecución de un doble objetivo: integrar a los autos de la causa judicial elementos objetivos sobre aspectos fácticos que otorgan certeza sobre la eficacia del emplazamiento y, por otra parte, otorgan certidumbre a la parte demandada sobre las condiciones en las que se le ha vinculado a un juicio y, en consecuencia, le aporta aquellos elementos sobre los cuales puede desarrollar una defensa en caso de que considere que el emplazamiento no se realizó con apego a la legalidad.-En ese sentido, el funcionario facultado que práctica una citación o emplazamiento tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de tal función, razón que es suficiente para considerar que está investido de fe pública; de manera que todo lo que él asiente en el acta respectiva, como lo es la razón de la persona con quien entendió la diligencia, las datos relativos al cercioramiento de su identidad, que efectivamente se encuentra en el domicilio correcto, si vive ahí o no el buscado; debe estimarse cierto salvo prueba en contrario.-De suerte que si existe una constancia de emplazamiento firmada y sellada por autoridad facultada para tal efecto, debe tenerse por cierto lo ahí asentado, atento a que se trata de una documental pública.-En el caso, la fe pública del funcionario que practicó el emplazamiento reclamado únicamente alcanza a demostrar y a tener por cierto que la persona con la que entendió la diligencia dijo ser la demandada; sin embargo, esta fe pública no tiene el alcance para tener por demostrado que realmente esa persona fuera la demandada y que, por ende, la firma se le atribuya a la hoy quejosa y que deba demostrar su falsedad.-Por tanto, con lo anterior se demuestra que aun cuando el juzgador de amparo al reproducir la diligencia de emplazamiento reclamado exclusivamente estableció que cuenta con dos firmas ilegibles, cuando la realidad es que se asentaron tres firmas, finalmente, su determinación es congruente y, además, no interpretó desacertadamente los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, antes bien, su determinación se encuentra ajustada a estos preceptos legales, aun cuando, para sustentar su determinación se hubiese apoyado en la tesis del ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. SI SE ENTIENDE CON EL DEMANDADO, ES NECESARIO QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DE LA IDENTIDAD DE AQUÉL.’ y que ese criterio hubiese sido superado, debido al resultado de la contradicción de tesis 70/90 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia relativa a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 195, de rubro y texto siguientes: ‘EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (transcribe texto).-Sin embargo, la anterior jurisprudencia interpretó, entre otros, los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que actualmente se encuentran reformados, puesto que el artículo 112 en vigor en la fecha en la que se practicó el emplazamiento, expresamente prevé que si el emplazamiento se realiza personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 del propio código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.-Incluso, cabe destacar que el Juez de Distrito, al conceder el amparo no se sustentó en cuestiones distintas a las alegadas por la quejosa, porque si bien, en los conceptos de violación se dolió de que la cédula agregada al juicio natural consta de diversas irregularidades, no menos lo es que, también argumentó que el emplazamiento reclamado es violatorio de los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ya que no se practicó ‘conforme a los ordenamientos legales para ese efecto’.-De ahí que, en suplencia de la deficiencia de este argumento, el a quo federal estimó fundadas sus pretensiones y concedió el amparo, lo que es concordante con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada en la sentencia que se revisa, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.’.-En tales condiciones, no resulta aplicable al caso en particular, la tesis invocada por el recurrente de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO, CASO DE LEGALIDAD DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, al encontrarnos en un supuesto diverso, dado que en este criterio se habla de que el emplazado no negó el domicilio y reconoció la firma que calza el documento fundatorio de la demanda, firmando dicha actuación y, en el caso, en particular, como se vio, se demostró la inconstitucionalidad del emplazamiento reclamado, debido a que, aun cuando la quejosa no objetó de falsa la firma que consta en el acta relativa, lo cierto es que el funcionario que la practicó no cumplió los requisitos previstos en los artículos 70 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, esto es, no se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia.-Luego entonces, al no estar justificado en el juicio de amparo que la quejosa hubiese conocido de la existencia del juicio natural a través de esa diligencia de emplazamiento, no es factible considerar que los vicios que se pudieran haber cometido al practicarla se encuentren convalidados, de ahí que no es aplicable, en beneficio del recurrente, la tesis que invoca de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. NO SE VIOLAN GARANTÍAS SI A PESAR DE LOS VICIOS EN EL MISMO, EL AFECTADO CONOCIÓ DEL PROCEDIMIENTO ANTES DE CORRER EL TÉRMINO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS.’, o que, en su caso, debió apersonarse al juicio natural a defender sus derechos.-Ante el sentido del presente fallo en el que se consideró que para justificar la inconstitucionalidad del emplazamiento reclamado, dado el vicio en el que incurrió el notificador que lo practicó al no haberse cerciorado de la identidad de la parte demandada, sin necesidad de que se objetara de falsa la firma que se atribuye a la emplazada y que consta en el acta relativa, habrá de denunciarse la contradicción de tesis, conforme a lo previsto por los artículos 226, fracción III y 227, fracción III, de la actual Ley de Amparo, ante el Pleno de Circuit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26080-4bd5da04/emplazamiento-personal-la-omision-del-diligenciario-de-cerciorarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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