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Modo: Corpus Pro

ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2014. · Registro digital (IUS): 25649
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 12 DE MARZO DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: CARMEN VERGARA LÓPEZ.

Sumario

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los amparos directos 21/2014, 22/2014, 27/2014 y 29/2014 y el amparo en revisión 274/2014, de los que derivó la jurisprudencia 1a./J. 62/2014 (10a.), y el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte al, resolver la contradicción de tesis 162/2013 y la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2014, de las que surgieron, respectivamente, las jurisprudencias 2a./J. 151/2013 (10a.) y 2a./J. 62/2014 (10a.). El posible tema a debatir sería determinar si la validez de las actuaciones judiciales y las de las autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, depende de que los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, expresen su cargo, nombre y apellidos, además de la firma autógrafa de éstos. Así, la Primera Sala, al resolver los asuntos mencionados, concluyó que bastaba con que el funcionario que intervino en la actuación jurisdiccional imprimiera su firma o rúbrica en el documento, siempre que su nombre, apellidos y cargo puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial o del propio expediente, inclusive, pudiera ser que, a través de otros medios, esta información sea determinable para las partes. En cambio, la Segunda Sala de este Alto Tribunal consideró que la mención expresa del nombre, apellidos y cargo de los referidos servidores públicos constituye un requisito para su validez, siendo insuficiente, al efecto, que sólo estampen su firma.

Cuestionario

A partir de lo anterior, es necesario preguntarse: ¿Cuál es el sentido y alcance del requisito de validez consistente en la firma de las actuaciones judiciales?

México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día doce de marzo de dos mil quince, emite la siguiente:

Resolución

Mediante la que se analizan los autos relativos a la contradicción de tesis número 357/2014, y en la que se resolverá si la validez de las actuaciones judiciales y las de las autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, depende o no de que los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, expresen su cargo, nombre y apellidos, además de la firma autógrafa de éstos.

I. Antecedentes

1. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México denunciaron la posible contradicción de tesis(1) entre el criterio que sostuvo la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los amparos directos 21/2014,(2) 22/2014,(3) 27/2014(4) y 29/2014(5) y el amparo en revisión 274/2014,(6) de los que derivó la jurisprudencia 1a./J. 62/2014 (10a.), de rubro: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE."; y el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 162/2013 y la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2014,(7) de las que surgieron, respectivamente, las jurisprudencias 2a./J. 151/2013 (10a.) y 2a./J. 62/2014 (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA." y "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN."

II. Trámite

2. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la contradicción de tesis número 357/2014; asimismo, requirió a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas mencionadas, a efecto de que informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunció la contradicción de tesis se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado y, por otra parte, dispuso que se turnara el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución.

3. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil catorce,(8) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por desahogado el requerimiento formulado a las Salas y por integrado el expediente; asimismo, ordenó remitir los autos al Ministro ponente.

III. Competencia

4. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, dado que los criterios denunciados como supuestamente divergentes provienen de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

IV. Legitimación

5. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, la denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue realizada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México.

V. Posturas contendientes

6. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario conocer los argumentos y consideraciones en que basaron sus resoluciones las dos Salas de este Alto Tribunal.

a) Criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

7. En las sesiones de dieciocho y veinticinco de junio de dos mil catorce, la Primera Sala de este Alto Tribunal, en ejercicio de su facultad de atracción, resolvió los amparos directos 21/2014, 27/2014, 29/2014 y 22/2014, así como el amparo en revisión 274/2014. En las resoluciones respectivas, en síntesis, se dijo lo siguiente:

8. Gramaticalmente, la "firma" es un conjunto de rasgos de una figura determinada, que por sí sola implica afirmación de voluntariedad. La "firma" o rúbrica es independiente del nombre y apellidos de la persona que la plasma, es decir, se trata de un elemento distinto al nombre y apellidos, puesto que no son inherentes a ésta. Así, la firma puede ir o no acompañada del nombre y apellidos, sin que ello implique que no pueda ser atribuida a una determinada persona por un diverso medio.

9. Es decir, la "firma" tiene una función identificadora que asegura la relación jurídica entre el acto firmado y la persona que lo ha firmado. Ello dejaba claro que no debe identificarse nombre con firma, sino persona firmante con acto. Estas últimas categorías se encuentran intrínsecamente relacionadas, ya que la "firma" se erige como un signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que lo vincula con el acto. Por tanto, bajo ese contexto de función identificadora, a efecto de tener como autor de un documento a una persona determinada, la "firma" o rúbrica colocada al pie del escrito es idónea para identificar a las personas que suscriben el acto. Al tenor de esos razonamientos, se entendió que la "firma" y rúbrica son la misma cosa.

10. Se destacó que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de votos, la contradicción de tesis 42/2004-PL, señaló que el nombre y apellidos de una persona no son elementos inherentes a la "firma", siempre y cuando éstos sean identificables por cualquier otro medio, en tanto que no cumplen con la referida función de identificación, la cual sólo es propia de los signos manuscritos que, por sus características, pueden ser atribuidos a una determinada persona, pues el aspecto relevante de la firma es el grafoscópico, ya que son los rasgos y características los que permiten identificar los signos con su autor, y no así el nombre y apellidos, por considerarse éstos como elementos diversos de la firma.

11. Para dotar de un contenido jurídico al concepto de firma, se analizaron diversas disposiciones legales (artículos 98 del Código Federal de Procedimientos Penales y 70, 91 y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales), de las cuales, interpretadas sistemática y teleológicamente, se advirtió la existencia de una obligación legal a cargo de los servidores públicos, consistente en "firmar" las actuaciones judiciales en las que intervengan, entendiendo que el objeto de tales disposiciones es el de vincular a los funcionarios jurisdiccionales con las resoluciones que sean emitidas por ellos, sin que en ninguno de los ordenamientos adjetivos referidos se imponga como una obligación adicional la de plasmar su nombre o cargo. Insistiéndose en que con absoluta independencia de que a través de otros medios, esta información sea identificable para las partes. De ahí que para que las actuaciones judiciales emitidas por los servidores referidos sean legales y válidas y, por tanto, brinden certeza del acto procesal, sólo se requiere que contengan la firma autógrafa o rúbrica de los servidores públicos que intervengan en su emisión.

12. De ahí que el concepto "firma", por regla general, queda satisfecho cuando el funcionario público plasma su firma o rúbrica en la actuación judicial de que se trate, ya que este símbolo grafoscópico cumple por sí mismo la doble función de identificar a su autor e imputarle la autoría del texto que procede a la misma. Esto, sin perjuicio de que cada entidad federativa, en sus legislaciones respectivas, eventualmente, pueda establecer requisitos legales adicionales, tales como el nombre y cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto.

13. Asimismo, se consideró necesario interpretar de manera conjunta la Ley de Amparo vigente y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Así, del análisis de los artículos 184 y 188 de la Ley de Amparo vigente, y 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se dijo que las disposiciones mencionadas, al referirse al vocablo "firma", tampoco señalan expresamente que dicha categoría normativa deba integrarse también con el nombre, apellidos y cargo del funcionario judicial que interviene en la realización del acto jurídico. Por lo tanto, se determinó que para efectos de validez de los actos jurídicos emitidos durante la tramitación de un proceso constitucional autónomo de amparo, sólo es necesaria la "firma" o rúbrica de los servidores públicos que intervinieron en su emisión.

14. Además, que tal aserto coincide con diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal del País.(9) Por otro lado, la Sala sostuvo que la conclusión alcanzada también encuentra sustento en el ámbito internacional; lo anterior, con base en el artículo 67 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disposición que no exige que sea plasmado el nombre, apellidos o cargo de la persona o funcionario que intervino en la emisión del acto jurídico.

15. Por todo lo expuesto, la Primera Sala concluyó que, para efectos de dotar de validez a un acto o resolución jurisdiccional, tanto de autoridades administrativas, como judiciales que intervienen en la misma y, además, identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el mismo, sin que sea necesario que asiente nombre, apellidos y cargo, por ser éstos distintos a la firma; siempre y cuando estos últimos elementos puedan ser identificables por las partes en diverso apartado de la resolución judicial, o bien, a través de otros medios.

16. De las resoluciones sintetizadas derivó la jurisprudencia 1a./J. 62/2014 (10a.), que es del siguiente tenor:

"ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o bien, que a través de otros medios en el propio expediente de que se trate, esta información sea determinable para las partes. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto."

b) Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

17. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece, resolvió la contradicción de tesis 162/2013, de la cual se originó la jurisprudencia número 2a./J. 151/2013, misma que, por solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2014, se sustituyó en parte, en tanto que, por resolución de treinta de abril de dos mil catorce, se declaró improcedente sobre la exigencia de hacer constar en todas las actuaciones judiciales y jurisdiccionales la firma, el nombre y el cargo de quien las suscribe; y procedente respecto de acotar el ámbito temporal de aplicación de ese criterio jurisprudencial y de su oficiosidad. Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente hacer referencia a las consideraciones sustentadas en la citada contradicción de tesis y en la solicitud de sustitución de jurisprudencia, en la parte que interesa:

18. Contradicción de tesis. Se estableció como punto jurídico a dilucidar la determinación de si para la validez de las actuaciones judiciales o jurisdiccionales basta la firma de los servidores públicos que en ellas intervengan, en su caso, ante la fe del secretario, o si es necesario que también se consigne el nombre de éstos.

19. Así, se consideró necesario tener como punto de partida las distintas legislaciones ordinarias que rigen los actos analizados por los tribunales contendientes (resolución de un Juez Cívico del Distrito Federal, el acta de audiencia constitucional y el laudo emitido por una Junta de la Federal de Conciliación y Arbitraje), esto es, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ese análisis se dijo que éstas tienen en común que establecen como requisito de validez que la actuación judicial o jurisdiccional correspondiente esté firmada por el funcionario que en ella intervenga y autorizada con la firma del secretario.

20. Sin embargo, a partir de la definición del significado del vocablo "firma", que dijo da el Diccionario de la «Lengua Española de la» Real Academia Española (nombre y apellido o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido), en relación con los principios de seguridad y certeza jurídica consagrados en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, concluyó que todo acto de molestia, para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa, sino también el nombre y apellidos del funcionario público emisor.

21. En este contexto, la Segunda Sala sostuvo que las actuaciones judiciales y las que provengan de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para que sean legales y válidas, además de contener la firma autógrafa, deberán expresar el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien la imprime y con la firma se prueba su voluntad, que es la misión fundamental de la firma, pues el nombre es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales. De ahí que ante la omisión del nombre y apellidos de los servidores públicos mencionados, no existe certeza de la autenticidad del acto procesal y, por lo tanto, sea inválido.

22. Se destacó que tal criterio no se contraponía con el emitido por el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 62/2006, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO.", toda vez que el Tribunal Pleno determinó que en las actuaciones judiciales firmadas por el funcionario que en ellas interviniera no era necesario asentar su nombre y apellidos de propia mano, lo que no implica que se haya eximido de la obligación de expresar en dichas actuaciones los nombres y apellidos de los servidores públicos que participan en ellas.

23. De la resolución de la contradicción de tesis sintetizada derivó la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), que dice:

"ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA. Conforme al principio de legalidad y seguridad jurídica contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y las de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien firma; de modo que ante la omisión del nombre y apellidos del titular o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, no existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez; además, la falta del nombre del servidor público que actuó como titular o como integrante del órgano jurisdiccional deja en estado de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones."

24. En sesión de doce de marzo de dos mil catorce, el Ministro presidente de la Segunda Sala hizo suya la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 2a./J. 151/2013, arriba transcrita, la cual se registró con el número 2/2014, misma que, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, se resolvió en el sentido de declararse fundada y, por ende, se estableció el criterio jurisprudencial que debe prevaler, en el cual se determinó el ámbito temporal de la jurisprudencia 2a./J. 151/2013.

25. En la resolución respectiva se estableció que no era procedente sustituir la jurisprudencia arriba citada, respecto a la exigencia de hacer constar en todas las actuaciones judiciales y jurisdiccionales la firma, el nombre y el cargo de quien las suscribe.

26. Así, se abundó en los argumentos que se esgrimieron en la contradicción de tesis 162/2013, enfatizando que los principios que fundaron el sentido de los razonamientos que se vertieron en ésta fueron los de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que la omisión de asentar en las actuaciones judiciales o jurisdiccionales la firma, el nombre y apellidos de los servidores públicos que intervienen en ellas provoca que carezcan de autenticidad y deja en estado de indefensión a las partes, por no contar con los datos de identificación necesarios de su emisor, ni de quien autoriza o da fe de aquéllas, además de impedirles promover, en su caso, recusaciones o impedimentos.

27. Se señaló que el marco de legalidad referido es de observancia no sólo respecto de las resoluciones definitivas, sino de todas y cada una de las actuaciones que sean emitidas por los servidores públicos que tengan facultades para ello. Agregó que los elementos inherentes a la firma son requisitos constitucionales tendentes a asegurar el respeto al derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica.

28. Que el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al disponer que todo acto de molestia debe emanar de una autoridad competente, implica, en el ámbito de los procesos judiciales, no sólo que en las actuaciones que se dicten se estampe la firma de quienes las emiten, sino también todos los datos necesarios que permitan la identificación y den certeza de que, efectivamente, aquéllas se despliegan por quienes actúan con una atribución emanada de la ley, y tal cuestión no admite excepciones, ni aun atendiendo a las particularidades que puedan caracterizar al proceso, ya que la observancia total e integral del derecho humano a la legalidad debe cumplirse con el mayor escrúpulo y cuidado, precisamente porque entre mayor sea la diligencia de la autoridad, mayor certeza se confiere a los destinatarios.

29. En tales términos, la Segunda Sala concluyó que las actuaciones judiciales y jurisdiccionales, como actos de autoridad, deben ser emitidos por órganos competentes, y en ellos deben hacerse constar en forma fehaciente los elementos que permitan autenticar en forma individualizada que quien signa aquéllas es competente para emitirlas o dar fe de esas actuaciones; de tal manera que, además de la firma que, en general, cumple la función esencial de identificar su autor, así como imputarle la autoría del texto que precede a la misma, debe ser acompañada del nombre y cargo de quien la asienta, porque en aras de salvaguardar esa legalidad y certeza, deben proporcionarse los elementos de identidad que permitan la certeza de que quien actúa lo hace con base en una atribución conferida en la ley.

30. Lo anterior parte del principio de que la firma puede constituir un signo ilegible no identificable por sí mismo para imputar ésta a una persona determinada, pues si bien es cierto que conforme a un análisis grafoscópico podría atribuirse la autoría al signatario, lo cierto es que las partes en el proceso carecen de esos elementos técnicos especializados que permitan dilucidar a quién corresponde aquélla; de ahí la necesidad de acompañar esa firma con el nombre y cargo respectivos.

31. En ese orden de ideas, se concluyó que, tal como se sostuvo en la ejecutoria correspondiente, la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas por el funcionario que en ellas intervenga comprende también la de asentar su nombre y apellidos, toda vez que éstos son elementos que dan certeza sobre ese signo, al cumplir con una función de identificación.

32. En consecuencia, se precisó que la materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia era realizar un acotamiento en el ámbito temporal y oficiosidad de la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 151/2013, por lo que después del estudio correspondiente, se emitió la jurisprudencia 2a./J. 62/2014 (10a.), que es del tenor siguiente:

"JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco constitucional anterior al 3 de abril de 2013, por lo que no es aplicable al caso concreto. Así, en observancia al artículo 217, párrafo último, de la Ley de amparo en vigor, al prever que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, se concluye que la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.) resulta aplicable a partir del 11 de diciembre de 2013, fecha en que terminó la distribución del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de noviembre de 2013, medio de difusión de la tesis aludida, lo que implica que dicho criterio jurisprudencial cobra vigencia respecto de actuaciones procesales o intermedias, sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas a partir de la fecha referida, y no respecto de las acontecidas con anterioridad, pues de lo contrario se daría una aplicación retroactiva al criterio mencionado. Por otra parte, la observancia del requisito aludido en las actuaciones mencionadas debe verificarse, de oficio, por el órgano jurisdiccional, por constituir una exigencia de rango constitucional y, en su caso, de advertir que no se cumple, deberá ordenar reponer el procedimiento respecto de las actuaciones procesales, a fin de que se subsane esa violación formal, en la inteligencia de que, realizado lo anterior, tanto la actuación convalidada como las que le siguieron surtirán todos sus efectos legales y, tratándose de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, bastará con que se emita uno nuevo subsanando la violación formal apuntada, sin afectar las demás actuaciones previas."

VI. Existencia de la contradicción de tesis

33. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, es el caso de resolver si existe la contradicción de tesis denunciada. Para determinar lo anterior, debe analizarse si las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes.

34. Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.".(10) Lo anterior con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

35. Para determinar si existe la contradicción de tesis, conviene atender a las consideraciones contenidas en las ejecutorias de las Salas de esta Suprema Corte.

36. De la relación efectuada en el apartado anterior, se advierte que la Primera Sala, al resolver los amparos directos 21/2014, 27/2014, 29/2014 y 22/2014, así como el amparo en revisión 274/2014 de su índice, analizó si el requisito de validez, consistente en la firma de las actuaciones judiciales, se satisface con el asentamiento de la sola rúbrica del funcionario que en ellas interviene, o si ésta debe estar acompañada de su nombre, apellidos y cargo; las conclusiones a las que arribó son, sustancialmente, las que a continuación se expresan:

• De una interpretación gramatical del vocablo "firma", estimó que el mismo se erige como un signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que lo vincula con el acto. De ahí que "firma" y rúbrica sean la misma cosa.

• De un análisis sistemático y teleológico del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley de Amparo vigente y del Re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25649-cac652d3/actos-y-resoluciones-jurisdiccionales-para-dotarlos-de-validez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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