Sin rubro
CONTRADICCIÓN DE TESIS 271/2014. ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 26 DE ENERO DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiséis de enero de dos mil quince.
Vo. Bo.
Ministro:
V I S T O S para resolver los autos de la contradicción de tesis 271/2014, entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 200/2014 y lo sostenido por el Pleno del Trigésimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2014.
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Denuncia. El veintiséis de agosto de dos mil catorce,(1) se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito mediante el cual, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, informó sobre la denuncia de posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el juicio de amparo directo 200/2014 y el sostenido por el Pleno del Trigésimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2014.
SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Recibidos los autos, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil catorce,(2) admitió a trámite la denuncia de posible contradicción, formándose el expediente 271/2014, mismo que se radicó en el Pleno de este Alto Tribunal, ordenó que se solicitara, por conducto de MINTERSCJN, a la Presidencia del Pleno del Trigésimo Circuito que remitiera únicamente mediante versión digitalizada el original de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 1/2014 de su índice, así como el proveído en el que informara si el criterio sustentado en el asunto con el que se denuncia la presente contradicción de tesis se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; se ordenó dar vista al Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, así como al del Trigésimo Circuito, para su conocimiento y se turnó el asunto para su estudio, al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Lo anterior, en virtud de que el problema jurídico materia del aparente punto de contradicción derivado de la denuncia de la presente contradicción de tesis se encontraba estrechamente relacionado a las diversas contradicciones de tesis 38/2014, 40/2014, 103/2014, 108/2014 y 250/2014,(3) siendo que al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se le turnaron para su estudio y resolución las contradicciones de tesis 38/2014 y 40/2014.
TERCERO. Integración del asunto. Mediante escrito con folio electrónico 948/2014, con sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del cinco de septiembre de dos mil catorce, el Pleno del Trigésimo Circuito remitió la versión digitalizada de la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 1/2014, así como el proveído en el que informa que el criterio sostenido en la misma se encuentra vigente.
Por proveído de dieciocho de septiembre de dos mil catorce el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentados los oficios y anexos enviados por conducto del MINTERSCJN; asimismo concluyó que la presente contradicción de tesis se tenía por debidamente integrada con los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis, por lo que la remitió a la Ponencia del Señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII del Acuerdo General 5/2013. Dado que se plantea respecto de una cuestión sobre la competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer del juicio de amparo, temática que constituye materia común.
No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que en el caso, la contradicción de criterios ocurre entre el sustentado por un Pleno de Circuito, respecto del sustentado por un Tribunal Colegiado de un diverso Circuito. Sin embargo, tomando en consideración el contenido conducente del punto segundo fracción VII, del Acuerdo General Plenario 5/2013 de este Tribunal,(4) resulta claro que en materia de contradicciones de tesis, se reconoció entonces que son del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de tesis sustentadas entre los plenos de circuito y los tribunales colegiados de un diverso circuito.
Tal determinación plenaria encuentra apoyo además, en la normatividad constitucional y legal aplicable, dado que, si bien es cierto el artículo 107 constitucional no prevé de manera específica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de contradicciones de criterios entre un tribunal colegiado de un circuito, respecto del sostenido por el pleno de un diverso circuito; no menos cierto resulta que ese precepto de la Constitución General sí prevé de manera expresa que corresponderá a la ley reglamentaria (Ley de Amparo) desarrollar las bases fijadas en la Constitución.
En esa tesitura, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo(5) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece en lo conducente, que corresponde al Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos o entre los tribunales colegiados de diferente circuito.
Lo que permite una interpretación bajo un criterio de mayoría de razón, en el sentido de que, si este Alto Tribunal tiene competencia para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos o entre los tribunales colegiados de diferente circuito, sobre la base subyacente de que respecto de esos criterios no existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno sobre el otro; entonces, también tiene competencia para conocer y resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre un Pleno de Circuito y un tribunal colegiado de diferente circuito; dado que no existiría razón jurídica para proponer que este último tipo de contradicciones de criterios deban tratarse de manera diferente a las señaladas en primer término, cuando entre las tesis de jurisprudencia de un pleno de circuito respecto de la tesis de un tribunal colegiado de diferente circuito, tampoco existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno de tales criterios sobre el otro.
Lo anterior máxime que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica, al terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción.(6)
Sobre esas premisas, es posible afirmar que ante la existencia de criterios contradictorios emitidos en jurisprudencia por un Pleno de Circuito, respecto del emitido por un Tribunal Colegiado de diverso circuito, se configura un escenario de incertidumbre para los justiciables que quedan expuestos a la posibilidad de que los juicios en los que intervengan, sean resueltos de manera incierta, al existir como jurídicamente válidos dos criterios jurídicos cuyo sentido es contradictorio.(7)
En consecuencia, con la finalidad de atender el propósito y objetivo fundamental que persigue el procedimiento de contradicción de tesis, consistente en dotar de mayor seguridad jurídica al sistema jurídico Nacional, este Tribunal Pleno estima que deben ser interpretados de esta manera extensiva y teleológica los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII del Acuerdo General 5/2013; en el sentido de que es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre el criterio de un Pleno de Circuito respecto del criterio de un Tribunal Colegiado de distinto Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución General y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Pleno del Trigésimo Circuito.
TERCERO. Criterios contendientes. Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias que dieron lugar a la presente contradicción de tesis, son las que a continuación se sintetizan:
I. El siete de agosto de dos mil catorce, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito resolvió el juicio de amparo directo administrativo 200/2014, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. Ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, ********** y otros, en su carácter de presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente, del comisariado ejidal denominado "**********",**********, demandaron a ********** y otros, diversas prestaciones, entre ellas, la recisión de la transacción y las novaciones al pre convenio de dieciocho de marzo de dos mil dos; acordadas entre ********** y **********, individuo que sin autorización de la asamblea, cedió-donó (sic) ********** hectáreas a los demandados, para que pudiera ejecutar la sentencia de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada al fallar el juicio agrario ********** del índice de ese Unitario (sic), así como la nulidad y cancelación de diversas partidas, escrituras y certificados, y la restitución de un predio de aproximadamente ********** hectáreas, superficie en la que se encuentran las ruinas de la ex hacienda de "**********".
2. Seguidos los trámites legales, el Tribunal del conocimiento dictó sentencia el tres de agosto de dos mil nueve, en la que declaró improcedentes las pretensiones del comisariado ejidal actor y, por consecuencia, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas.
3. En contra de esa resolución, el comisariado ejidal promovió juicio de amparo (**********), del que conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien el treinta de abril de dos mil doce dictó sentencia en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordenó la remisión de los autos y lo cuadernillos de suspensión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien radicó el asunto (**********) y por sentencia de ocho de noviembre de dos mil doce quien resolvió que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y que la responsable proveyera mediante perito designado si la superficie en conflicto guardaba identidad con el inmueble detentado por los demandados.
4. En cumplimiento, la autoridad responsable dictó sentencia el veintidós de enero de dos mil catorce en la que resolvió que resultaron parcialmente procedentes las pretensiones deducidas por los integrantes del comisariado ejidal, en consecuencia, condenó a ciertos demandados a la desocupación y entrega de la superficie de 36-03-49.15 hectáreas a favor del núcleo ejidal y absolvió a los demandados del resto de las prestaciones.
5. Inconforme con esa determinación, los demandados promovieron demanda de juicio de amparo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, expediente 200/2014, quien declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, en esencia, por las siguientes consideraciones:
• Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo directo promovido por las quejosas de conformidad con los artículos 107, fracciones V y VI, de la Constitución General y 170, fracción I de la Ley de Amparo.
• De la interpretación de los artículos antes citados se obtiene que el juicio de amparo directo compete a un Tribunal Colegiado de Circuito, en contra de las sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno que tienda a modificarla o revocarla. Lo anterior de acuerdo a la jurisprudencia P./J.17/2003 de rubro "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO."
• Conforme a los artículos 198 de la Ley Agraria, 9, fracción III y 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales, le compete al Tribunal Superior Agrario conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones de los Tribunales Agrarios dictadas en los juicios sobre restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal, no así de sus integrante, o en lo individual, es decir, de acciones individuales de los ejidatarios y comuneros cuando exista una afectación de intereses individuales, pues los derechos del ejidatario, que en todo caso se generarían serían de índole posesorio, no de propiedad, en tanto que esta protección sólo es privativa del núcleo de población ejidal o comunal.
• Por lo que, si en el caso el juicio agrario versó sobre la restitución de tierras ejidales; entonces, del contenido del artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria y con fundamento en la interpretación que ha hecho la Segunda Sala del Máximo Tribunal, es inconcuso que la sentencia reclamada es susceptible de ser controvertida a través del recurso de revisión agraria ante el Tribunal Superior Agrario, pues, tal medio de impugnación procede en contra de sentencias emitidas por Tribunales Unitarios Agrarios donde se decida sobre un conflicto relacionado con la restitución de tierras ejidales, es decir, uno en el que un núcleo de población ejidal o comunal reclama la restitución de tierras. No es obstáculo que el juicio agrario verse sobre acciones adicionales. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J.96/2013 de rubro "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES Y SÓLO ALGUNA SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 9°, FRACCIONES I A III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS."
• En tales condiciones, como se adelantó, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda materia de este juicio de garantías, en virtud de que dicha resolución no reúne las características para ser reclamado a través de la vía del juicio de amparo directo, pues no se trata de una sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, para la procedencia del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones V y VI, de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que en su contra procede el recurso de revisión agraria, de conformidad con el artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria.
• Bajo ese contexto, al carecer de competencia este Órgano Colegiado por no estar en alguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia en esta ejecutoria; en consecuencia, no se está en posibilidad de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo; por ende, a quien corresponde decidir sobre la citada procedencia es a un Juez de Distrito con residencia en esta ciudad capital. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 16/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA."
• No deja de atenderse que el Pleno del Trigésimo Circuito sustenta la tesis de jurisprudencia PC.XXX. J/8K (10ª) de rubro "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./16/2003).", esencialmente, con base en la circunstancia de que el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil catorce, simplemente prevé que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; pero, ya no añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra.
• Sin embargo, no se comparte el aludido criterio, que no es obligatorio para este Tribunal por no ubicarse dentro del Circuito correspondiente, dado que la sola circunstancia de que el primer párrafo del artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor no defina a las sentencias impugnables en el juicio de amparo directo como aquellas "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", como se obtenía de los artículos 44, 46 y 158 de la ley vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sino que sólo prevea el principio de definitividad como un aspecto de procedencia en su diverso párrafo tercero, no tiene el propósito de dar competencia al tribunal colegiado para conocer de las sentencias que decidan el juicio en lo principal o las resoluciones que sin decidirlo, lo den por concluido, a pesar de que exista algún recurso por el cual puedan ser modificadas o revocadas.
• Lo anterior porque la obligación del justiciable relativa a agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, como lo exige el principio de definitividad y la previsión de que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra de sentencias definitivas es el Tribunal Colegiado de Circuito, que se contenían en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, se reiteran, esencialmente, en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de ese mes y año.
• Por tanto, al ser materia del juicio de amparo directo las sentencias definitivas, conforme con tales preceptos, si la resolución reclamada no tiene tal característica (ser definitiva) el Tribunal Colegiado debe declararse incompetente y remitir la demanda al juez de distrito que corresponda, en aplicación de la jurisprudencia P./J.16/2003 antes citada.
• Conforme con dicho criterio, la competencia del órganos jurisdiccional que debe conocer del juicio de amparo directo está relacionada con la procedencia, de tal manera que no es posible explicar ésta sin aludir a la otra, por lo que es irrelevante la circunstancia de que la redacción del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente difiera la anterior que preveían los numerales 44, 46 y 158 abrogados, no incluya el principio de definitividad al esclarecer el significado de "sentencia definitiva", sino como un aspecto de procedencia del propio juicio.
• La competencia es un aspecto que se debe resolver de manera preferente a cualquier otra, incluida la relativa a la procedencia de la acción, pues constituye uno de los presupuestos en que se basa la facultad del órgano jurisdiccional para conocer las controversias que se someten a su consideración.
• Al recibir una demanda de amparo, el órgano de control constitucional debe determinar si tiene o no competencia para conocer de tal demanda antes de pronunciarse sobre la procedencia del juicio de amparo, ya que este último aspecto únicamente puede ser resuelto por el órgano competente, como lo interpretó la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro "IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARLA EL TRIBUNAL QUE CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER".
• En tal virtud, este Tribunal Colegiado carece de competencia para conocer del presente juicio, por tanto, remítanse los autos al Juzgado de Distrito en turno para que se avoque al conocimiento del mismo. Y denúnciese la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. El veintinueve de abril de dos mil catorce, el Pleno del Trigésimo Circuito resolvió la contradicción de tesis 1/2014, de la que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. Mediante oficio de veinte de enero de dos mil catorce, el Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez, en su carácter de integrante del Segundo Tribunal Colegiado de ese Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho tribunal, al resolver el juicio de amparo directo 837/2013 y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al fallar los juicios de amparo directo 592/2013, 631/2013 y 807/2013.
2. De dicha contradicción de tesis conoció el Pleno del Trigésimo Circuito quien determinó que la misma era existente en virtud de que los tribunales contendientes se ocuparon de una misma cuestión jurídica, a saber: determinar si sigue o no siendo aplicable la jurisprudencia P./J.16/2003 de rubro "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COELGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En los juicios de amparo que se tramitan conforme a la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; y si, en consecuencia, el tribunal colegiado de circuito resulta o no competente para conocer de una demanda de amparo en la que se reclama una sentencia que admite en su contra algún recurso o medio de defensa.
3. En ese sentido, resolvió que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de rubro "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J.16/2003).". Lo anterior, en esencia, bajo los siguientes argumentos:
• El escenario jurídico conforme al cual se generó la jurisprudencia P./J.16/2003 ya no es igual al que aparece en la Ley de Amparo vigente, pues cambió el contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo vigente.
• Del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, respecto de lo que debe entenderse por sentencia definitiva y por resolución que pone fin al juicio, se reiteró que la primera es la que decide el juicio en lo principal y la segunda la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido pero ya no se reprodujo lo que se decía en los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la ley abrogada en el sentido de que: "y respeto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas" pues esta circunstancia, que era de singular importancia para establecer la competencia, se fijó como un aspecto no de competencia sino de procedencia del juicio, al involucrarse el principio de definitividad en el párrafo tercero de esa misma disposición, según el cual para la procedencia del juicio de amparo directo es necesario que se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, pueda ser modificada o revocada.
• A su vez, en el artículo 34 de la Ley de Amparo vigente, lo relativo a la competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer de los juicios de amparo directo, refiere que se rige por criterios de territorio y materia, sin que se involucre lo relativo a la naturaleza del acto reclamado ni a las cuestiones de procedencia del juicio, puesto que éstas -naturaleza y procedencia- están reguladas en el artículo 170 de dicha ley, tal como se aprecia de su lectura y de lo expuesto en el párrafo anterior.
• Esto representa un cambio significativo en la técnica legislativa, ya que mientras en los artículos de la Ley de Amparo abrogada, la competencia del órgano jurisdiccional y la procedencia del juicio de amparo estaban estrechamente relacionados, en la medida en que para la definición de dos de los actos impugnables en amparo directo se involucraba el principio de definitividad para efectos de competencia; ahora, en la nueva ley, se distingue con toda claridad que una cosa es la competencia del tribunal colegiado y otra la procedencia del amparo directo, de manera que la primera se surte por el mero hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio, dado que, de existir tal recurso, se generará la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que conduciría a sobreseerlo, más nada tendría que ver con la competencia del tribunal colegiado de circuito para conocer del asunto.
• Consecuentemente la jurisprudencia P./J.16/2003, integrada conforme a la Ley de Amparo abrogada, ya no puede continuar en vigor por no ser acorde con las nuevas disposiciones sobre competencia y procedencia en el amparo directo, previstas en la Ley de Amparo que empezó a regir a partir del tres de abril de dos mil trece, pues no se comparte la consideración del Segundo Tribunal Colegiado de este Trigésimo Circuito en el sentido de que dicha jurisprudencia sigue siendo aplicable, y de observancia obligatoria, porque no se opone a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, referente a que la procedencia del juicio está supeditada al agotamiento previo de los recursos ordinarios que establezca la ley, en razón de que en ningún momento prevé que sea el tribunal colegiado de circuito el competente para determinar la improcedencia; puesto que al señalar esto último, el órgano en mención únicamente apreció el párrafo relativo al principio de definitividad pero no lo relacionó con el primero en donde al señalarse ciertas obligaciones al tribunal colegiado de circuito; se infiere su competencia para conocer de este tipo de amparo y, sobre todo, con la fracción V del mismo artículo, en el que expresamente se prevé la competencia de aquél, por lo que es indudable que le corresponde decidir sobre la procedencia.
• No representa obstáculo a lo anterior el hecho de que el artículo 37, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no haya sido objeto de reformas y que siga estableciendo la competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer de los juicios de amparo directo, en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal.
• Es así porque, atendiendo al principio de supremacía constitucional, contenido en el artículo 133 de la Constitución Federal, los conceptos de competencia y procedencia del amparo directo ya no están estrechamente relacionados, lo cual se advierte del artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Carta Magna, lo cual se corrobora con lo que dispone el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, según se ha dicho; y por tanto, debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que incluso debe considerarse como la ley especial que prevalece sobre la general, como sería la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• Por tales razones, este Pleno del Trigésimo Circuito considera que la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es la de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE DIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINTIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J.16/2003).- Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80155-50882faf/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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