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Modo: Corpus Pro

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2014. · Registro digital (IUS): 26029
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESI
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 218.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 26 DE MAYO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veintiséis de mayo de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio recibido el tres de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio que emitió al resolver el recurso de queja ********** y los sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, al fallar el recurso de queja **********, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al dictar sentencia en el recurso de queja **********, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al dictar sentencia en el recurso de queja **********, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja ********** y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al emitir sentencia en el recurso de queja **********.

SEGUNDO.-El ocho de abril de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara la denuncia bajo el expediente contradicción de tesis 121/2014, la admitió a trámite, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados mencionados que informaran si los criterios denunciados como contradictorios se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, ordenó remitir los autos para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas -según el turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos- y, finalmente, enviarlos a la Segunda Sala para que su presidente concluyera el trámite e integración del expediente.

TERCERO.-En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil trece, el presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento de ésta al conocimiento de este asunto y ordenó turnar los autos para su estudio al Ministro ponente.

CUARTO.-En sesión pública de tres de septiembre de dos mil catorce, la Segunda Sala acordó enviar el asunto al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte para su resolución.

QUINTO.-En proveído de nueve de septiembre de dos mil catorce, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se devolvió el asunto al Ministro ponente para formular el proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO.-A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República.

Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, **********, **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra del secretario, el subsecretario de Telecomunicaciones, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el titular de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano que asumió las facultades y funciones que hasta el diez de septiembre de dos mil trece desempeñó la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De las citadas autoridades reclamó, en esencia, el oficio, resolución o cualquier acto por medio del cual se resolvió prorrogar la vigencia y/o modificar cada uno de los títulos de concesión de **********, **********, para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas del espectro radioeléctrico para los servicios de televisión y audio restringidos vía microondas o para cualquier otro uso determinados en la banda de frecuencias de 2500 a 2690 MHz ("Banda de 2.5 GHz").

Por acuerdo de diez de octubre de dos mil trece, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada bajo el expediente **********, y solicitó a las autoridades responsables la rendición de su informe justificado.

Inconforme con la admisión de la demanda, el secretario de Comunicaciones y Transportes, representado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia secretaría, interpuso recurso de queja, mediante oficio presentado el catorce de octubre de dos mil trece, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República.

Seguidos los trámites de ley, en sesión de siete de noviembre de dos mil trece, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió declarar infundado el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo de diez de octubre de dos mil trece, dictado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, en el juicio de amparo **********.

En acatamiento a lo anterior, la Juez del conocimiento, mediante proveído de doce de noviembre de dos mil trece, reanudó el procedimiento y acordó los informes justificados rendidos por las responsables; en particular, con relación al formulado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, determinó registrar con el número de guarda ********** las documentales exhibidas por dicha autoridad y las resguardó en el seguro de ese juzgado, sin que hubiera lugar a dar vista con ellas a la quejosa, en atención a que dicha autoridad las clasificó como información confidencial.

Mediante auto de trece de noviembre de dos mil trece, la juzgadora acordó negativamente la solicitud de la quejosa de poner a su disposición las documentales que obraban en el seguro de ese juzgado, exhibidas por las autoridades dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al rendir su informe justificado, ya que debía estarse a lo acordado en proveído de doce del propio mes y año, pues los documentos de mérito fueron clasificados como información reservada.

En contra de los proveídos de doce y trece de noviembre de dos mil trece, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual se registró bajo el expediente **********. Seguidos los trámites de ley, el citado Tribunal Colegiado, declaró fundado el recurso de queja, con base en los siguientes razonamientos:

El artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que los Jueces de Distrito deben dar vista a las partes con el informe justificado rendido por las autoridades; de tal suerte que a éstas les asiste el derecho a tener acceso a las pruebas que se adjuntan a los informes de mérito y que obran en el expediente, atento al principio de publicidad que impera en el juicio constitucional.

El mencionado artículo es correlativo con el diverso 149 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó en diversos criterios jurisprudenciales,(3) en el sentido de que es de suma trascendencia que las partes, en particular el quejoso, pueda tener acceso al contenido de los informes justificados y anexos que las responsables rindan, a efecto de que esté en posibilidad de formular ampliación de demanda si así lo desea, en caso de que del informe o documentos de mérito se advierta la intervención de nuevas autoridades responsables no señaladas con ese carácter en el escrito inicial de demanda.

Ahora, con el objeto de esclarecer qué efectos jurídicos produce la clasificación de reserva de documentos que la autoridad realizó, resulta conveniente tener en cuenta los artículos 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,(4) y 82 y 86 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.(5)

De los mencionados artículos se advierte que la clasificación de reserva de algún documento, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, implica que las documentales así consideradas no pueden ser públicas, esto es, que ninguna persona ajena al juicio de amparo pueda imponerse de ellas, salvo las partes que intervienen en él; de tal suerte que esa información deberá ser mantenida con ese carácter, lo cual no impide que las partes en el juicio puedan conocer la totalidad de las constancias, pues la circunstancia de que la Juez de Distrito los dé a conocer a la quejosa no les resta el carácter de reservados.

Dicho de forma diversa, si bien los órganos jurisdiccionales deben velar por mantener el carácter de reservados de los documentos, ese cuidado se observa, al no dejarlos disponibles en el expediente judicial para consulta de cualquier persona, pero sí para las partes que intervienen en el juicio.

Asimismo, conforme a los artículos correspondientes de la Ley de la Propiedad Industrial, no es factible considerar que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos o autorizaciones.

Además, en los procedimientos judiciales en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia, aunado a que ningún interesado tiene facultades para revelar o usar el secreto industrial de mérito.

Ahora -continúa el citado Tribunal Colegiado Especializado- el hecho de que los concesionarios (terceros interesados en el sumario de amparo) en su momento proporcionaran a la autoridad correspondiente la información respectiva, a efecto de obtener sus títulos de concesión y prórrogas correspondientes, por disposición legal no debe entenderse que la información proporcionada entró a dominio público; de modo que conserva su clasificación de reservada aun cuando esos documentos se revelen a la quejosa, pues la autoridad jurisdiccional sólo debe adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación frente a terceros ajenos a la controversia y no con relación a las partes.

Así, la circunstancia de que las documentales de mérito se trasladen al cuaderno de amparo no les resta el carácter de reservadas, pues la juzgadora tomará las medidas pertinentes, a efecto de que la información se mantenga con ese carácter y no dejarla disponible en el expediente respectivo, para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia, salvo las partes, particularmente la quejosa.

Lo anterior no se traduce en que, al dar a conocer a la quejosa la información, ésta de manera automática se divulgará, ya que las partes en la controversia no tienen derecho a difundirla, ni a usarla en su beneficio fuera del juicio de amparo, pues se exponen a ser sancionados al pago de daños y perjuicios, en caso de que generen alguna afectación al titular de la información.

En ese orden de ideas, debe permitirse a la parte quejosa el acceso a la información contenida en las pruebas documentales exhibidas adjuntas al informe justificado por la autoridad responsable, a efecto de que tenga conocimiento de ellos y pueda hacer valer lo que a su derecho e interés convenga, para así tener la oportunidad de probar y exponer sus pretensiones dentro del juicio de amparo, fundamentalmente, porque dice que no conoce su contenido y en la etapa procesal no obra prueba en autos que logre desvirtuar su afirmación.

Resolver en sentido contrario sería dejar a la quejosa indefensa, lo que atentaría contra la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo, que los juicios constitucionales tienen como objetivo preponderante tutelar los derechos fundamentales del gobernado, pues es de vital importancia constituir la materia con que se formará la litis constitucional.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República.

Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil trece, **********, ********** y **********, **********, promovieron demanda de amparo indirecto en contra del secretario, el subsecretario de Telecomunicaciones, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el titular de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano que asumió las facultades y funciones que hasta el diez de septiembre de dos mil trece desempeñó la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De las citadas autoridades reclamó, en esencia, el oficio, resolución o cualquier acto por medio del cual se resolvió prorrogar la vigencia y/o modificar cada uno de los títulos de concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas del espectro radioeléctrico para los servicios de televisión y audio restringidos vía microondas o para cualquier otro uso determinados en la banda de frecuencias de 2500 a 2690 MHz ("Banda de 2.5 GHz").

Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil trece, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente **********, solicitó a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado y remitieran las documentales y constancias necesarias que sirvieron de base para la emisión de la determinación por la que se prorrogó, modificó o concedió algún título de concesión a favor de diversas sociedades mercantiles y personas físicas para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones en la banda de 2.5 GHz, dentro del plazo de quince días, señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley y, finalmente, se reservó el derecho de acordar respecto del señalamiento que hizo la quejosa de las sociedades y personas físicas, en su carácter de tercero interesadas.

El veintinueve de noviembre de dos mil trece, la Juez del conocimiento dictó un acuerdo en el cual ordenó el resguardo en el seguro del juzgado de las constancias exhibidas adjuntas a los informes justificados firmados por el director general adjunto de Procesos Contenciosos, en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien, a su vez, actuó en representación del subsecretario de Comunicaciones -en su denominación correcta- y del secretario, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Inconforme con la admisión de la demanda, las quejosas interpusieron recurso de queja mediante, escrito presentado el diez de diciembre de dos mil trece, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República.

Seguidos los trámites de ley, el citado Tribunal Colegiado dictó sentencia el trece de febrero de dos mil catorce, en la que declaró fundado el recurso de queja, de conformidad con los siguientes razonamientos:

De la revisión de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental(6) se advierte que el ente que posea la información a que se refiere dicha ley está obligado a clasificarla como reservada o confidencial, según sea el caso, en el ámbito de su competencia, y si las autoridades responsables clasificaron como reservada la información remitida al juzgado, resulta que la juzgadora estaba imposibilitada a cambiar la naturaleza de la documentación, pues fue la autoridad quien clasificó la información y no la juzgadora de distrito.

En consecuencia, la juzgadora no tenía la carga de fundar y motivar en el auto recurrido el que la información remitida por las responsables consistente, por una parte, en la copia certificada del oficio 1.2.306.-012741, de seis de septiembre de dos mil trece, por el cual el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos emitió opinión jurídica respecto de diversos proyectos de resoluciones, prorroga y modificaciones de títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, así como de prórroga y modificación de títulos de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y permisos y, por otra, en las copias certificadas de diez convenios de cumplimiento de ejecutoria suscritos por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes y la empresa **********, **********, encuadraba en los supuestos de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues quien clasificó la información fue la autoridad responsable que la remitió y no la Juez de Distrito, como indebidamente lo sostiene la quejosa recurrente.

Por tanto, la clasificación de reservada de los documentos exhibidos por las autoridades responsables, adjuntos al informe justificado, no podían ser objeto de análisis y pronunciamiento por la juzgadora federal en el acuerdo recurrido, en razón de que ello obedeció a una clasificación realizada por la autoridad que remitió los documentos que no corresponde al ámbito de competencia del órgano jurisdiccional.

Así, los planteamientos de la quejosa recurrente encaminados a demostrar que la clasificación de la información allegada al juicio de amparo que hizo la Jueza Federal como reservada, resultan inoperantes, pues no podían ser objeto de análisis y pronunciamiento en el acuerdo recurrido, en razón de que obedecían a una clasificación realizada por la autoridad que remitió los documentos que no corresponde al ámbito de competencia del órgano jurisdiccional.

No obstante lo anterior, resulta fundado el argumento formulado por la quejosa -aun cuando para ello deba ser analizado en atención a la causa de pedir-, en el que denuncia la falta de fundamentación y motivación en la determinación por la cual, las constancias clasificadas con el carácter de reservadas por la autoridad responsable se guarden en el seguro del juzgado, para consulta exclusiva del titular y de la secretaria encargada de la mesa, aunado a que el auto recurrido es de naturaleza trascendental y grave, por lo que se le puede causar un perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, debido a que no podrá formular su ampliación de demanda en contra del contenido completo de los documentos guardados en el secreto del juzgado, no obstante que tenía conocimiento de la existencia de los actos reclamados, mas no de su contenido.

En efecto, correspondía a la juzgadora pronunciarse fundada y motivadamente acerca de dicha determinación, sin que ello haya acontecido, pues únicamente señaló que estimaba procedente ordenar el resguardo de las constancias exhibidas para consulta exclusiva de la titular y de la secretaría encargada de la mesa en donde se tramita el asunto.

En ese orden de ideas, el Tribunal Colegiado del conocimiento reasumió jurisdicción, a efecto de ocuparse de la violación alegada, en los siguientes términos:

Los actos originalmente reclamados en el juicio de amparo indirecto del que se derivó el recurso de queja versaron sobre la prorroga y/o modificación de los títulos de concesión expedidos a favor de los terceros interesados, entre ellos, **********, **********, para usar, aprovechar y explotar 60 MHz en diversos segmentos de la banda 2.5 GHz.

La prueba documental exhibida por la responsable respectiva consistió en la copia certificada de los diez convenios de cumplimiento de ejecutoria suscritos por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes y la empresa aludida, en la cual se pactó la prórroga y modificación de los títulos de concesión de la empresa citada, respecto de diversas regiones, con relación a las frecuencias del espectro radioeléctrico, relativos a la banda 2.5 GHz.

Como se observa, al estar íntimamente relacionados, en el caso, cobra especial relevancia la necesidad de permitir a la parte quejosa el acceso a la información que conste en dichos convenios, en atención a lo siguiente:

El juicio de amparo indirecto se rige por su propias reglas, en la medida que se discuten violaciones a derechos fundamentales y debe primar un debido proceso que permita la tutela judicial efectiva; de modo tal que, cuando de las constancias que se acompañan al informe justificado se exhibe el acto reclamado que desconoce la parte quejosa, indefectiblemente se debe permitir el acceso a la información esencial contenida en él, a fin de que tenga conocimiento y pueda hacer valer lo que a su derecho e interés convenga, lo que incluye una reconsideración o revisión a los criterios de clasificación de la información, a efecto de conseguir este fin garantista.

Por tanto, con independencia de la clasificación efectuada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que la Juez de Distrito debe respetar y preservar, sucede que, en el caso, se está ante la necesidad de proteger y garantizar el derecho de tutela judicial efectiva.

Al suscitarse en la especie una tensión entre los derechos fundamentales previstos por una parte en los artículos 14 (derecho de defensa) y 17 (tutela judicial efectiva) y, por otra, en los diversos 6 (información reservada o confidencial), en correlación con el 16 (derechos patrimoniales que conminan a clasificar información secreta), deben ponderarse mediante lo que se conoce como "prueba de daño o interés público", para evaluar y determinar qué información es preciso desclasificar o develar para hacer funcionales los principios en pugna.

Lo anterior en el entendido de que no basta que en un documento se contenga determinada información que deba ser clasificada para impedir que las partes tengan acceso a la información necesaria, a efecto de poder deducir sus derechos y fundar sus impugnaciones.

En efecto, una adecuada clasificación debe tomar en cuenta y distinguir en el contexto general de un documento cuál es la información específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos, que puede y debe ser evitado en la medida de lo posible; frente a la información que debe ser accesible a las partes para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar esa información esencial.

Por tanto, es necesario distinguir esas diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información -con lo que se genera una regla individualizada y pertinente para el caso-, por medio de aplicar la prueba o test del daño e interés público ex officio, con el propósito de obtener una versión que sea pública para la parte interesada.

Establecido lo anterior, de la lectura de los aludidos convenios resulta que no se actualiza alguna de las excepciones al acceso por la parte quejosa, como pudieran ser daño al interés público, al ponerse en peligro o entredicho la seguridad pública o nacional que pudiera implicar una restricción a la publicidad para proteger así la seguridad, la vida privada o el patrimonio de manera injustificada, lo que sucede cuando se ocasiona una desventaja comercial o daño sustancial a la posición competitiva de agentes económicos, que excepcionalmente se exceptúa de tutela, en caso de que un interés público específico y concreto supera a los de carácter privado.

Sin embargo, como los convenios citados no satisfacen los requisitos apuntados, resulta incorrecto considerar la información en ellos contenida como confidencial o reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Consecuentemente, si de las constancias acompañadas al informe justificado rendido por la responsable se observa que la información remitida pudiera consistir en los actos reclamados, se le debe permitir a la quejosa recurrente el acceso a la información que conste en ella pues, de lo contrario, la administración de justicia no sería eficaz ni completa.

En efecto, se debe permitir a la parte quejosa recurrente el acceso a la información contenida en la prueba documental citada, a fin de que tenga conocimiento de la documentación exhibida y pueda hacer valer lo que a su derecho e interés convenga, para que así tenga la oportunidad de ofrecer pruebas y exponer sus pretensiones; de lo contrario, quedaría inaudita e indefensa, con lo que se transgrediría en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 75, primer párrafo, 111, fracción II y 121, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

El treinta y uno de junio de dos mil trece, **********, sociedad de **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la omisión o falta de contestación a la petición que mediante escrito de veintinueve de noviembre de dos mil doce realizó a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde se admitió a trámite y registró bajo el expediente **********.

En auto de dos de diciembre de dos mil trece, la mencionada Juez tuvo por rendido el informe justificado del director general Jurídico Consultivo y de Intermediarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y ordenó que las pruebas remitidas se mantuvieran en el seguro del juzgado, por tener el carácter de reservado, pues ello impedía que las partes se impusieran de su contenido.

Inconforme con el acuerdo anterior, la quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se registró bajo el expediente **********.

Concluidos los trámites de ley, el Pleno de ese órgano colegiado dictó sentencia, en el sentido de declarar infundado el recurso intentado, en los términos siguientes:

Es ineficaz el argumento en el cual, la recurrente, medularmente, sostiene que la Juez de Distrito le negó el acceso a la justicia al no permitirle consultar las documentales exhibidas por la responsable, debido a que tiene derecho a consultar los informes justificados y las pruebas que acompañan, así como objetarlas y formular alegatos.

Lo anterior es así, ya que el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y se hubiera ofrecido en el juicio, la cual conservará ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.

En ese sentido, si en el caso la autoridad responsable presentó documentación que estimó con carácter de reservada, la Juez de Distrito sí puede ordenar su resguardo sin permitir su consulta a las partes, y dicha actuación no implica, por sí misma, que se le niega el acceso a la justicia, ni el derecho a consultar el informe justificado y, en su caso, de las pruebas ofrecidas por las partes.

Por otro lado, resultan ineficaces los argumentos en los cuales la recurrente sostiene que es incorrecta la fundamentación que utilizó la Juez de Distrito para determinar que la documentación exhibida por la autoridad responsable tiene el carácter de reservada, dado que no se actualizan los supuestos establecidos en los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el 27 de su reglamento.

Al respecto, cabe señalar que, en atención a la garantía de acceso a la información, resulta necesario analizar el tipo y contenido de la información que contiene la documentación exhibida en el juicio de amparo y, de acuerdo a sus características, determinar si es procedente reservar su contenido.

Sobre el acceso a la información resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 54/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) en la que se expuso que el derecho o acceso a la información tiene una doble

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26029-662b1518/informacion-clasificada-como-reservada-o-confidencial-exhibida-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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