INFORMACIÓN PÚBLICA. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS RELATIVA A LOS RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES CONTRACTUALES A FAVOR DE SUS TRABAJADORES. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
INFORMACIÓN PÚBLICA. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS RELATIVA A LOS RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES CONTRACTUALES A FAVOR DE SUS TRABAJADORES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, EN AUXILIO DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2013. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, SONIA ROJAS CASTRO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ANGELINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y DAVID DELGADILLO GUERRERO, EN CUANTO A LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. DISIDENTES: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. UNANIMIDAD DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, SONIA ROJAS CASTRO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ANGELINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y DAVID DELGADILLO GUERRERO, EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. AUSENTE POR MOTIVOS DE SALUD: JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO. PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MANUEL MANDUJANO GORDILLO. SECRETARIA: NOEMÍ LETICIA HERNÁNDEZ ROMÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 41 bis y 41 ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 6o., 14, fracción VII, 17, fracción III, 18 y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia fueron del conocimiento del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien resolvió en auxilio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que se considera que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito; atento a que no obstante que en términos del referido artículo 6o. del acuerdo general precitado, los Tribunales Colegiados Auxiliares no integrarán plenos, no se debe pasar por alto el que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo, por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva; de ahí que la competencia para conocer de esta contradicción de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante de este Pleno de Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; en razón de que fue formulada por el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en suplencia por ausencia del comisionado presidente de dicho instituto, quien figuró como autoridad responsable en los juicios de amparo indirecto del conocimiento de los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el denunciante considera contradictorios:
Así, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver, el seis de septiembre de dos mil doce, el amparo en revisión 366/2012 (78/2012 del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"OCTAVO. El recurrente Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos manifestó, como agravios, los siguientes. ... El agravio es infundado, como se explica a continuación. La recurrente precisa, en esencia, que se debió actualizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto que se reclamó ante el Juez de Distrito, porque los tiempos de reserva de la información que se solicitó, terminaron. ... Motivos por los cuales resulta infundado el presente agravio. NOVENO. El recurrente, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sustancialmente, argumenta que: 1. El Juez de Distrito no se ocupó debidamente del primer concepto de violación, porque se limitó a afirmar que lo señalado por la responsable es correcto, atendiendo a lo que aquella misma expresó. ... El agravio es inoperante. ... 2. Indebidamente, el Juez de Distrito calificó de inoperante el segundo concepto de violación, porque a consideración del recurrente, se podía combatir la nueva resolución emitida por el Pleno del instituto en cuestión, con base en lo ordenado por el Tribunal Colegiado, que modificó la del Juez de Distrito primeramente impugnada. ... El agravio es infundado. 3. Que, contrariamente a lo señalado por el Juez de Distrito, el recurrente sí combatió los fundamentos torales del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para permitir el acceso a la información de mérito. ... El agravio es inoperante. ... 4. Señala que el recurrente argumentó falta de fundamentación y motivación, por lo que el Juez de Distrito debió entenderlo como una ausencia de los fundamentos legales del acto y los motivos que tuvo la autoridad para aplicar esa legislación, y no requerir que se señalara por qué se carecía de esto. El agravio es infundado. ... 5. Precisa que no es del todo cierto, que en su tercer concepto de violación se hubiera limitado a argumentar en relación a que: a. La información solicitada por el particular no fue obtenida por el sujeto obligado Petróleos Mexicanos, en ejercicio de sus funciones públicas, sino por la relación obrero-patronal que mantienen. b. Por el hecho de que los recursos que le entregó Petróleos Mexicanos, provengan del erario federal, sean presupuestados y con carácter de recursos públicos, no por ello implica que su información en cuanto a su uso y destino por el recurrente, constituya información pública. En relación al primer argumento, señala que el Juez de Distrito pasó desapercibido que, de acuerdo con los artículos 3 y 8 del Convenio Número 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación, y los parágrafos 426 y 442 del Manual sobre la Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que todo sindicato de trabajadores tiene derecho a organizar libremente su administración, sus actividades y su programa de acción; la obligación de las autoridades de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o a entorpecer su ejercicio legal, y que al ordenar el Pleno del instituto la entrega de la información de mérito, se da injerencia a aspectos relativos al patrimonio del recurrente, de ahí que este argumento no debió ser calificado como inoperante por el Juez de Distrito. También causó un perjuicio el que el Juez de Distrito hubiera calificado de novedosos, los anteriores razonamientos relativos al citado convenio internacional, por no haberlos hecho valer ante la autoridad administrativa, pues la necesidad de expresarlos surgió con motivo de la resolución de acceso a la información por parte del Pleno del instituto, que está en contra de los intereses del recurrente. Con base en el argumento anterior, resulta inaplicable la tesis que hizo valer el Juez de Distrito para sustentar este punto de la resolución. El agravio es, esencialmente, fundado. Para arribar a esta conclusión, deben destacarse los argumentos que sobre el tema de la información pública señaló Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 333/2009. Así, el Máximo Tribunal de País se centró en determinar, si el monto al que ascienden las cuotas sindicales que aportan anualmente los trabajadores de Petróleos Mexicanos es o no información pública susceptible de darse a conocer a terceras personas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Para ese efecto, desarrolló los temas siguientes: I. Concepto de información pública. Precisó que en diversa ejecutoria de amparo en revisión, la propia Segunda Sala interpretó que el derecho a la información implica la obligación del Estado de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a todo individuo la posibilidad de conocer aquella información que, incorporada a un mensaje, tenga un carácter público y sea de interés general, es decir, todos los datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema. Sin embargo, estableció que quedó pendiente de resolver una importante interrogante: ¿Es información pública exclusivamente aquel conjunto de datos cuyo origen proviene de los Poderes Constituidos, o bien, dicho concepto comprende también los datos cuyo origen proviene de particulares pero que está en posesión de los poderes públicos?-Dicha interrogante la resolvió con base en la Constitución y la ley de la materia. El artículo 6o. constitucional prevé lo siguiente: ‘Artículo 6o.’ (se transcribió). La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé, en la parte que interesa, lo siguiente: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ‘Artículo 1.’ (se transcribió). ‘Artículo 2.’ (se transcribió). ‘Artículo 4.’ (se transcribió). ‘Artículo 6.’ (se transcribió). Con base en lo anterior, manifestó que era posible apreciar de la lectura del artículo 6o., fracción I, constitucional, en relación con los numerales 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el concepto de información pública comprende todos los datos que se encuentren en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal, por lo cual dicha información es susceptible, en principio, de divulgarse a terceros en los términos previstos por el legislador en dicho ordenamiento legal. Sin embargo, para que sea posible catalogar como información pública al conjunto de datos provenientes de particulares, no basta que aquélla se encuentre en posesión de los poderes públicos, sino que es necesario que tal información de particulares haya sido recabada por las autoridades del Estado en ejercicio de funciones de derecho público. Así, señaló que dentro de un Estado constitucional, los representantes están al servicio de los intereses de la sociedad, y no la sociedad al servicio de los gobernantes, de lo que se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones legalmente tasadas, que operan cuando la revelación de datos sea susceptible de afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas; todo lo cual impone reconocer que es información pública el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los Poderes Constituidos del Estado, que hayan sido obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que es en este ámbito de actuación en el que rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y trasparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, constitucional, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En tal sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó apuntado en diverso amparo en revisión, que: (se transcribió). En relación con las cuotas sindicales destacó que los artículos 110, 132, 371 y 377 de la Ley Federal del Trabajo prevén lo siguiente: Ley Federal del Trabajo. ‘Artículo 110.’ (se transcribió). ‘Artículo 132.’ (se transcribió). ‘Artículo 371.’ (se transcribió). ‘Artículo 377.’ (se transcribió). Con base en lo señalado, interpretó que es información pública el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los Poderes Constituidos del Estado, que hayan sido obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y trasparentar sus acciones frente a la sociedad. Por tanto, el monto total al que ascienden las cuotas sindicales que aportan anualmente los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que sin la autorización del sindicato deba darse a conocer necesariamente a los terceros que lo soliciten, tomando en cuenta que dicha cantidad constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato), y un dato que si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se ha obtenido por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales que aportan los trabajadores para posteriormente enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y trasparentar acciones frente a la sociedad. Esto fue así, máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversa contradicción de tesis, en sesión de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve, por mayoría de cuatro votos, determinó que el sindicato, como persona jurídica de derecho social, tiene derecho a poseer un patrimonio, el cual se conforma, entre otros recursos, de las aportaciones de sus socios denominadas cuotas sindicales cuyas características se determinan en el estatuto sindical acorde con lo que prevé el artículo 371, fracción, XII, de la Ley Federal del Trabajo, por ello su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II y 16 de la Norma Suprema, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3 y 8 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, que establecen lo siguiente: Constitución. ‘Artículo 6o. ... II. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 16.’ (se transcribió). Convenio Número 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical. ‘Artículo 3.’ (se transcribió). ‘Artículo 8.’ (se transcribió). Acorde con lo anterior, concluyó que si Petróleos Mexicanos pudiera disponer de la información sobre el monto global de las cuotas sindicales, sin la autorización del sindicato, se pondrían en tela de juicio la libertad y la privacidad de dicha persona jurídica de derecho social que implica, entre otros aspectos, el derecho de los trabajadores a organizar su administración y actividades sin injerencia alguna de las autoridades públicas. De esta forma, la citada argumentación formó la ejecutoria y base para la emisión de la siguiente jurisprudencia. Novena Época. Registro: «IUS» 164033. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia administrativa, tesis 2a./J. 118/2010, página 438: ‘INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.’ (se transcribió). Ahora, en el caso, la solicitud de información se expresó en el siguiente sentido (foja 259): dice la Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió la legalidad del convenio de transacción que firmó Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex, con el sindicato petrolero, para la entrega de mil 724 millones de pesos, para casas de sus trabajadores, mantenimiento y remoción de centros deportivos y hasta desfiles. En este sentido, la información pretendida no se trata de cuotas-obrero patronales, ni el uso o destino que les dio el recurrente, pero sí de prestaciones que otorgó Petróleos Mexicanos en el marco de las negociaciones sobre revisiones contractuales y salariales. Lo anterior fue considerado así por el Juez de Distrito, en la sentencia en revisión, en donde se señaló (fojas 52 a 56 de la sentencia recurrida, o folios 840 vuelta a 842 vuelta del juicio de amparo): (se transcribió). De lo expuesto, se deduce que la información pretendida se encuentra relacionada con cuestiones propias de las prestaciones contractuales que paga el organismo descentralizado, Petróleos Mexicanos, a sus trabajadores, a través del sindicato. En estas condiciones, el contenido de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, es aplicable al presente caso, no obstante que la materia de la litis, se aparte del tema de las cuotas sindicales, pues en observancia a los argumentos de la ejecutoria, se debe interpretar el alcance de la misma, el cual es mucho más general que lo referido a las citadas cuotas. En efecto, el Máximo Tribunal para arribar a la elaboración de la jurisprudencia, tuvo que aclarar que la información pública, solamente ocurre cuando el Estado cuenta con conocimientos que derivan propiamente de sus funciones en calidad de autoridad. Esto es, cuando el Estado aplicando su ius imperium, obtiene información de particulares, que de no ejercer esa facultad, no estarían obligados a otorgarla, por motivos personales, de interés o de cualquier otro. En este sentido, atendiendo a la materia de la presente litis, no puede perderse de vista que la información que se solicitó de Petróleos Mexicanos, tiene que ver con la relación de trabajo que guarda éste, en su calidad de patrón, con sus empleados, pues se trata de negociaciones contractuales propias del ámbito laboral. Así, Petróleos Mexicanos cuenta con la información solicitada, porque como patrón, debe saber las prestaciones a que tienen derecho sus trabajadores, inclusive negociar con éstos para el logro de la justicia social. Lo anterior se traduce en que, Petróleos Mexicanos, no obstante ser parte integrante del Estado, en su calidad de organismo descentralizado, tiene acceso a la información solicitada, sin ejercer su ius imperium, sin acudir a las facultades legales que le otorgan la Constitución y legislación derivada para formular un requerimiento a un particular, el cual está obligado a obedecer, a fin de respetar el orden jurídico de nuestra nación. En efecto, sin atender a tales prerrogativas jurídicas frente a un ciudadano, Petróleos Mexicanos tiene la información, porque es patrón de diversos obreros; lo que demuestra que su naturaleza frente a aquéllos, no es de una autoridad o propia del derecho público, sino absolutamente laboral, la que se encuentra entre dos particulares. En relación al estatus quo demostrado, fue que el Máximo Tribunal concluyó que, en tales situaciones no es posible dar transparencia en la información, pues los particulares no están obligados, como lo tienen (sic) las autoridades. Interpretados en tales alcances los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, dado que la información solicitada tiene que ver con las prestaciones que otorga un patrón a sus trabajadores, igualmente no es procedente dar a conocer tales temas, pues ninguno de los sujetos obligados actúa en calidad de autoridad o ejercita una facultad de derecho público con la que obtenga tal conocimiento, de ahí lo fundado del agravio. En consecuencia, al resultar esencialmente fundado el último de los agravios, procede revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, deje insubsistente la resolución de once de mayo de dos mil once, dentro de los autos del expediente del recurso de revisión número 0017/08, y emita una nueva, atendiendo para ello, lo resuelto en esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se ..."
De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se identifica y transcribe:
"Registro: 2002321
"Décima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XV, diciembre de 2012
"Tomo 2
"Materias: constitucional y administrativa
"Tesis: II.8o.(I Región) 15 A (10a.)
"Página: 1375
"INFORMACIÓN PÚBLICA. NO TIENEN ESA CALIDAD LOS DATOS EN PODER DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL RELATIVOS A LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE ÉSTA GUARDA CON SUS EMPLEADOS EN SU CALIDAD DE PATRÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 118/2010). De los argumentos que originaron la citada jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 438, de rubro: ‘INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.’, se advierte que aun cuando se refiere al tema de cuotas sindicales, su alcance es más general, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que la información pública es el conjunto de datos en posesión de los Poderes Constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de sus funciones en calidad de autoridad, es decir, cuando al aplicar su ius imperium, obtienen información de particulares, que de no ejercer esa facultad, no estarían obligados a otorgarla, por motivos personales, de interés o de cualquier otro. En ese sentido, los datos en poder de una entidad paraestatal relativos a la relación de trabajo que ésta guarda con sus empleados en su calidad de patrón -los cuales obtuvo sin ejercer su potestad de imperio-, no tienen la calidad de información pública, pues los particulares no están obligados a darles transparencia.
"Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
"Amparo en revisión 366/2012. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 6 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alberto Zerpa Durán. Secretario: Roberto Carlos Hernández Suárez."
Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el veintiocho de noviembre de dos mil doce el amparo en revisión 98/2012, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"SÉPTIMO. En el primer agravio, la autoridad recurrente afirma que la sentencia que por esta vía se recurre, carece de exhaustividad porque el Juez de Distrito, al analizar la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, invocada en el informe justificado, lo hizo de manera equivocada, en virtud de que no observó que el acto reclamado es un acto consumado de manera irreparable. ... Así las cosas, contrario a lo afirmado por la autoridad recurrente, no está acreditado de manera fehaciente que se trata de un acto consumado; por lo que no se actualiza la causal de improcedencia planteada. Por ende, que se estimen INEFICACES los argumentos en estudio. ... OCTAVO. En el segundo agravio aduce la autoridad recurrente, en esencia, que la sentencia reclamada viola lo dispuesto en los artículos 73, 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 2, 4, 6, 49, 53, 54 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los artículos 40 y 41 de su reglamento. Estima que la Jueza de Distrito no tomó en consideración que la información solicitada versa sobre los montos pagados anualmente por el organismo subsidiario Pemex-Refinación, a diversas secciones sindicales, es decir, información que es de naturaleza eminentemente pública, porque obra en los archivos del sujeto obligado y no de la parte quejosa. Considera que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no acreditó tener el carácter de tercero interesado, pues para revestir tal carácter requeriría que el acto emitido le causara un perjuicio en su esfera jurídica, situación que no acontece, pues la documentación entregada por el sujeto obligado se trata de información que obra en los archivos de Pemex Refinación, y no de la ahora quejosa, por lo que al no tener esta última injerencia sobre la misma por no ser información de su posesión o propiedad y al no depararle menoscabo alguno, resulta imperioso llamarlo a concurrir sus derechos. Alega que, el instituto tiene plena libertad para interpretar la ley de la materia en el ámbito administrativo, y válidamente pueden resolver los recursos de su competencia sin necesidad de traer al procedimiento aquellos elementos que pueden llegar a limitar la aplicación de los principios de máxima publicidad, sencillez y expeditez en toda su amplitud. Refiere que al llevar el procedimiento correspondiente, no vulneró la garantía de audiencia en perjuicio de la parte quejosa, la cual se consagra en el artículo 14 constitucional. Para dar respuesta a los argumentos de que se trata, se estima necesario realizar las siguientes precisiones: ... . Para determinar si al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, le reviste el carácter de tercero interesado en el recurso de revisión número 3871/11, se estima necesario realizar las siguientes precisiones: El artículo 6o. constitucional prevé lo siguiente: ‘Artículo 6o.’ (se transcribió). La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé, en la parte que interesa, lo siguiente: ‘Artículo 1.’ (se transcribió). ‘Artículo 2.’ (se transcribió). ‘Artículo 4.’ (se transcribió). ‘Artículo 6.’ (se transcribió). Como es posible apreciar de la lectura del artículo 6o., fracción I, constitucional, en relación con los numerales 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el concepto de información pública comprende todos los datos que se encuentren en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal, por lo cual dicha información es susceptible, en principio, de divulgarse a terceros en los términos previstos por el legislador en dicho ordenamiento legal. Sin embargo, para que sea posible catalogar como ‘información pública’ al conjunto de datos provenientes de particulares, no basta que aquélla se encuentre en posesión de los poderes públicos, sino que es necesario que tal información de particulares haya sido recabada por las autoridades del Estado en ejercicio de funciones de derecho público. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dentro de un Estado constitucional, los representantes están al servicio de los intereses de la sociedad, y no la sociedad al servicio de los gobernantes, de lo que se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones legalmente tasadas, que operan cuando la revelación de datos sea susceptible de afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas; todo lo cual, impone reconocer que es información pública el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los Poderes Constituidos del Estado, que hayan sido obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que es en este ámbito de actuación en el que rige la obligación de aquéllos de rendir cu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24767-7746c18b/informacion-publica-tiene-ese-caracter-la-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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