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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO SE DEMANDA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y EL PAGO DE LOS COSTOS CON MOTIVO DE HABER REALIZADO TRABAJOS EN FAVOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE RESOLVER EN SU INTEGRIDAD TALES PRESTACIONES Y NO DEJAR A SALVO LOS DERECHOS PARA EJERCERLOS EN LA VÍA MERCANTIL O CIVIL. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES PROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y, POR TANTO, SE SURTE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA VÍA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. JUICIO MERCANTIL O CIVIL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE EJERCE EN CONTRA DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS, Y SE DEMANDA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO EL PAGO POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS, PUES NO SE FINCA LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA VÍA EN UN JUEZ DE DISTRITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. · Registro digital (IUS): 30985
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-10-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, Pág.2871.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, ILIANA FABRICIA CONTRERAS PERALES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, JUDITH MOCTEZUMA OLVERA, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO Y MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO (PRESIDENTA) QUIEN FORMULÓ VOTO DE CALIDAD. DISIDENTES: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE, GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. LOS MAGISTRADOS PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y MANUEL ERNESTO SALOMA VERA FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ TOPETE. ENCARGADO DEL ENGROSE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: OCTAVIO ROSALES RIVERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y vigente hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales, ello en términos del artículo primero transitorio, fracción II, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica vigente y se reformó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como lo previsto en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el citado medio de información oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince.

Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia proviene de parte legítima, pues la formuló una de las partes que intervino en uno de los asuntos en el que se sustentó uno de los criterios que dieron origen a la presente contradicción; quien se encuentra facultada para ello de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los referidos órganos jurisdiccionales ahora contendientes.

I. Postura del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 358/2021.

Origen: El anterior expediente proviene de un juicio oral mercantil en que la empresa privada actora demandó de ********** –así se le menciona al inicio– o ********** –así se le denomina en los hechos de la demanda–:

a) La formalización del contrato de prestación de servicios derivados de los trabajos de atención de emergencia ambiental por el derrame de hidrocarburos, ocasionado por acto vandálico o perforación.

b) La declaración judicial consistente en que la enjuiciante dio cumplimiento al citado contrato, en que dijo haber prestado los trabajos de atención de emergencia ambiental por dicho derrame.

c) El pago de las cantidades por la realización de tales trabajos e intereses moratorios.

En los hechos de la demanda, la actora precisó:

1. El trece de mayo de dos mil diecisiete ********** invitó a la actora a participar en los trabajos de atención de emergencia ambiental por derrame de hidrocarburos ocasionado por acto vandálico.

2. El trece de mayo de dos mil diecisiete, se giró la orden de inicio del trabajo; los trabajos concluyeron el doce de junio siguiente

3. El diecinueve de junio de ese año se levantó acta de verificación con motivo de la emergencia ambiental por derrame de hidrocarburo.

4. La actora elaboró hoja de estimación de gastos que ascendieron a veintiún millones novecientos veintisiete mil ciento cuarenta y nueve pesos, treinta y nueve centavos, el cual adujo fue autorizado para pago por **********.

La demanda se turnó al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, donde se registró con el número de expediente allí indicado; en resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno no se admitió la demanda, pues se consideró improcedente la vía elegida porque la prestación de servicios de emergencia no se encuentra contemplada como un acto de comercio; se citó como fundamento la jurisprudencia de rubro:

"HIDROCARBUROS. COMPETENCIA PARA CONOCER LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA RELACIONADAS CON LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO DE USO U OCUPACIÓN PARA SU EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL O, EN SU CASO, CON COMPETENCIA MIXTA."(1)

Contra la anterior resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el expediente 358/2021, el que en ejecutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno concedió la protección constitucional solicitada.

Criterio: En la citada sentencia de amparo directo, dicho Tribunal Colegiado consideró:

a) Conforme al artículo 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos, los contratos que celebra ********** se rigen por el procedimiento de contratación por la normatividad administrativa y que el contrato y los actos posteriores se encuentran vinculados por la legislación mercantil o común aplicable; que ello era natural, porque el objeto social de la demandada tenía relación con los hidrocarburos.

b) No era aplicable la jurisprudencia citada por la autoridad responsable, porque se refiere a un supuesto previsto en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos y con relación a la competencia de los Jueces de Distrito en materia civil cuando se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria.

c) El acto sustancial objeto de la demanda debe considerarse mercantil, porque el artículo 75, fracción VI, del Código de Comercio contempla como actos de comercio los que realizan las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados; por tanto, es admisible en la vía oral mercantil.

Razón por la cual, se concedió el amparo para los efectos siguientes:

1. Deje insubsistente la resolución reclamada;

2. Emita una nueva, en la cual considere que el contrato invocado como base de la acción, sí es de carácter mercantil, y provea lo conducente.

II. Postura del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 337/2021.

Origen. El anterior expediente proviene de un juicio ordinario mercantil en que la actora demandó de **********:

a) La formalización del contrato de prestación de servicios derivados de los trabajos ejecutados para la atención de la emergencia ambiental por el derrame de hidrocarburo, ocasionado por una toma clandestina descontrolada.

b) La declaración judicial consistente en que la actora dio cumplimiento al contrato verbal de prestación de servicios por los trabajos ejecutados para la atención de la emergencia ambiental por el derrame de hidrocarburos.

c) El pago de las cantidades por concepto de tales trabajos ejecutados, intereses moratorios, gastos y costas.

En los hechos de la demanda se precisó, en síntesis:

1. El dos de mayo de dos mil diecisiete la actora recibió de la demandada una invitación para participar en los trabajos de atención de emergencia derivados de un incidente ocurrido en esa misma fecha, por lo que aquélla externó su interés para participar en las actividades de remediación.

2. Mediante el oficio allí indicado de parte del personal de la demandada, se giró la orden de inicio de los trabajos, y se levantó el acta circunstanciada; los trabajos iniciaron el dos de mayo de dos mil diecisiete y concluyeron el doce de junio siguiente.

3. La actora elaboró la hoja de estimación en donde precisó el costo de los trabajos ejecutados por la suma de **********, y adujo que fue autorizado para su pago por el personal de la demandada.

4. Ante el incumplimiento de pago, la actora promovió medios preparatorios ante el juzgado federal en materia civil allí indicado, con lo cual se acreditaba:

i. La relación contractual.

ii. El cumplimiento de los trabajos.

iii. La interpelación judicial.

La Jueza Décima Tercera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió la demanda en la vía ordinaria mercantil bajo el expediente allí indicado; en el escrito de contestación a la demanda, **********, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria derivada del artículo 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otros preceptos.

Dicha excepción se declaró fundada en resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el tribunal unitario allí indicado.

En contra de esa resolución, la actora promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el expediente 337/2021, el que en ejecutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno negó la protección constitucional solicitada.

Criterio. En esa ejecutoria, el referido Tribunal Colegiado sostuvo las premisas siguientes:

a) Las reglas que rigen las contrataciones que celebren las empresas productivas del Estado, como es **********, subsidiaria de **********, se encuentran reguladas en los artículos 7, 77, 78 y 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos, ya sea por concurso, invitación restringida o adjudicación directa.

b) Conforme al citado artículo 80, todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación son de naturaleza administrativa y no podrá reclamarse en la vía civil o mercantil.

c) En términos del segundo párrafo del mismo precepto, es hasta que se firme el contrato y, por tanto, todos los aspectos derivados de él serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común que sea aplicable.

d) En el caso el contrato no ha sido firmado, pues la actora refirió que fue celebrado verbalmente; por tanto, debe sujetarse a lo que establece la legislación especial para la formalización, otorgamiento y firma que prevé la legislación especial; de no ser así, la autoridad judicial estaría resolviendo en contra de disposiciones especiales, pues hasta que no se firme el contrato, todos los actos que se realicen son de índole administrativa.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

El objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes, a fin de generar seguridad jurídica.

Para determinar la existencia de una contradicción de tesis, se deben analizar los aspectos siguientes:(2)

• No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.

• Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

• Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

• Con motivo de lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una interrogante genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

• Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

• Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que, sin constituir el tema central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto.

El análisis de las mencionadas ejecutorias de amparo pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, pues:

a) Ambos tribunales conocieron de casos en los que se promovió una demanda en contra de una empresa productiva de Petróleos Mexicanos, en cuya prestación principal se reclamó la formalización de contratos de prestación servicios derivados de trabajos realizados para hacer frente a emergencias ambientales con motivo del derrame de hidrocarburos; la declaración del cumplimiento del contrato de servicios, así como el pago de la suerte principal reclamada, intereses moratorios, gastos y costas del juicio.

b) El Cuarto Tribunal Colegiado citó el artículo 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos y determinó que corresponde conocer a un órgano jurisdiccional en materia mercantil, al tratarse de actos contemplados en el Código de Comercio.

c) En tanto que el Sexto Tribunal Colegiado razonó que al tratarse de actos que están contemplados dentro del procedimiento de contratación, entonces, son de naturaleza administrativa y, por ende, no pueden resolverse en la vía mercantil o civil, conforme a lo previsto en dicho precepto legal.

Lo anterior demuestra la discrepancia de criterios de los tribunales contendientes, en cuanto a la aplicación del artículo 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos con relación a si debe o no conocer un Juez de Distrito y en la vía mercantil lo relativo a las acciones ejercidas en contra de las empresas productivas de Petróleos Mexicanos, en que se pretende la formalización de un contrato de prestación de servicios con motivo de emergencias ambientales por derrame de hidrocarburos.

Entonces, el punto a dilucidar radica en establecer si conforme al artículo 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos la vía mercantil es procedente cuando se demande a una empresa productiva de Petróleos Mexicanos en que pretende obtener la formalización de un contrato de prestación de servicios con motivo de emergencias ambientales por derrame de hidrocarburos.

QUINTO.—Examinadas las resoluciones que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, así como precisada la existencia y tema de ésta, se considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la sustentada en la presente ejecutoria.

En principio, debe precisarse que, para resolver la presente contradicción, se parte de los datos siguientes:

I. La materia de la litis planteada en los juicios que dieron origen a los criterios contradictorios, consiste en una falta de formalización de supuestos contratos de prestación de servicios o de obras que según se prestaron a Petróleos Mexicanos, porque la prestación principal se encuentra formulada expresamente en ese sentido, es decir, obligar al demandado a celebrar o tener celebrado ese acto jurídico.

II. Se demanda a un ente público del Estado, que es Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, cuyos derechos y obligaciones se encuentran regulados por normas especiales y que son reglamentarias de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Como consecuencia de obtener la declaratoria de formalización de los contratos, se pretende el pago de diversas sumas de dinero a cargo del patrimonio de Petróleos Mexicanos; por tanto, constituyen fondos públicos, cuya reglamentación se encuentra contemplada en el artículo 134 de la Constitución Federal.

Por tanto, es indispensable determinar la legislación aplicable en forma preferente, pues en términos de los artículos 14, último párrafo,(3) y 17, segundo párrafo,(4) de la Constitución Federal, las resoluciones jurisdiccionales deberán ser dictadas conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y sólo a falta de ésta, se fundarán en los principios generales del derecho; aunado a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo que significa que debe ponderarse la aplicación de la norma específica que regule o prevea el caso concreto.

En ese orden, Petróleos Mexicanos y sus empresas constituyen un ente productivo del Estado Mexicano, el cual se rige por una norma especial, que es la Ley de Petróleos Mexicanos, en términos de su artículo 1.(5)

Por tanto, conforme al principio de la ley especial, todos los actos en que intervenga Petróleos Mexicanos o sus empresas productivas, como son los actos relativos a prestación de servicios y obras, entre otros, se rigen por la Ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y las disposiciones que de ellos deriven.

Asimismo, conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos, sólo serán supletorias las disposiciones en materia mercantil y civil, cuando no se opongan a dicho ordenamiento; cuando exista alguna duda, deberá privilegiarse la interpretación que favorezca a los fines y objetos de esa empresa del Estado Mexicano,(6) tal como se advierte de los artículos 1 al 4, 6, 7 y 75 de ese ordenamiento.(7)

Esto último, desde luego, siempre que no se advierta alguna transgresión a los derechos humanos que dé pauta a un ejercicio de control constitucional o convencional en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal.

En ese orden, para determinar los presupuestos procesales consistentes en la competencia y la vía, debe aplicarse en primer término la Ley de Petróleos Mexicanos y no inversamente, como es lo previsto en el Código de Comercio,(8) pues aquél constituye una norma especial que prevalece sobre la general(9) y condiciona en qué momentos, acontecimientos y actos es aplicable o cobra vigencia la legislación mercantil,(10) como se verá más adelante.

Lo anterior no riñe con el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, porque las condicionantes previstas en la ley para la procedencia del juicio mercantil o civil no privan a los gobernados de los derechos consagrados en la Constitución Federal, pues el legislador únicamente está ejerciendo la facultad conferida constitucionalmente para establecer otras vías, como la administrativa, para hacer valer sus derechos.

Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos de carácter judicial o jurisdiccional, por lo que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos procesales de competencia por razón de la vía.(11)

Sin que sea obstáculo a lo anterior, la reforma energética contemplada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, y que se vio reflejada en diversos párrafos de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) porque la Ley de Petróleos Mexicanos vigente se publicó con posterioridad en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, máxime que también forma parte de su reglamentación en términos de su artículo 1. Además, este Pleno de Circuito no advierte alguna disposición constitucional reformada que determine que todos los actos en que intervenga Petróleos Mexicanos deban regirse únicamente conforme a la legislación mercantil o civil.(13)

Las anteriores consideraciones relativas a que la reforma energética no tiene trascendencia a lo previsto en la Ley de Petróleos Mexicanos son acordes, en parte, con las que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio de amparo directo en revisión 1015/2021, en el que también se analizan las facultades en materia administrativa que conserva esa empresa del Estado Mexicano, en los términos siguientes:

"... Cabe señalar, que tal y como lo refiere **********, esta disposición transitoria no tiene el alcance de impedir la transformación de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en empresas productivas del Estado, conforme a los tiempos que fueron establecidos en los artículos transitorios de la reforma constitucional, respecto a los contratos base de la acción. Sin embargo, no le asiste razón cuando señala que dicha transformación implica necesariamente que los citados contratos se conviertan en acuerdos de carácter privado, lo anterior, porque no existe disposición que así lo establezca.

"Tal argumento, de que la transformación de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en empresas productivas del Estado implica necesariamente que los contratos de arrendamiento base de la acción ya no puedan considerarse como de naturaleza administrativa, sino comercial, lo desarrolla **********, esencialmente, en la aplicación por analogía de la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTA ES RECLAMABLE EN LA VÍA CIVIL.’, criterio en el que, efectivamente, se arribó a la conclusión de que la conversión de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, implicaba que su actividad de prestar el servicio de energía eléctrica, ya no pudiese considerarse bajo ninguna circunstancia como de naturaleza administrativa, sino comercial, dado el nuevo régimen jurídico previsto en la Constitución Federal, incluso respecto de servicios prestados con antelación a la citada reforma constitucional.

"Sin embargo, dicho criterio ha sido superado por la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES RECLAMABLE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.’

"En la que esencialmente se indicó que la transformación de la Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva del Estado, no la excluye por completo del ámbito del derecho público en el que se halla el fundamento de su existencia, en tanto no sólo ha de cumplir los valores y principios tutelados en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sino también otros igualmente tutelados en la Norma Fundamental, como los que derivan del último párrafo del artículo 109.

"Que si bien, con motivo de la reforma constitucional se estableció un nuevo régimen comercial con la finalidad de facilitar los convenios con los particulares, permitiendo un actuar flexible y eficiente, para generar mayor valor a los bienes de la Nación y competitividad, lo cierto es que respecto de la transmisión y distribución de energía eléctrica se definió que tales actividades son un servicio público por involucrar la existencia de redes en la prestación del servicio, por lo que el Estado Mexicano conserva el dominio de las distintas actividades involucradas en la prestación de dicho servicio público como actividad administrativa que exclusivamente corresponde al Estado prestar.

"Dicha reforma constitucional fue enfática en mantener la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, reiterando a su vez su carácter público.

"En consecuencia, con independencia de la transformación orgánica de esa Comisión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sigue siendo un ente del Estado, por lo que no todo su actuar se rige conforme a la legislación civil y mercantil.

"Entonces, la naturaleza de un ente público así como las normas que son supletorias a las leyes que lo rigen, no pueden tener la aptitud de transformar la naturaleza de las funciones que desde la Constitución General se le encomiendan, de ahí que una función materialmente administrativa no se puede tornar en civil o mercantil sólo porque se haya diseñado a un ente público con un régimen de tipo corporativo, o bien, porque en lo que atañe a sus actividades sea supletoria la normatividad civil y mercantil, pues todo ello está encaminado sólo a la forma de operar de la Comisión Federal de Electricidad y a su estructura, con el propósito de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano.

"Para mayor claridad, a continuación se transcribe dicho criterio jurisprudencial.

"‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES RECLAMABLE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

"‘Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinaron casos en los que diversas personas sufrieron daños con motivo de la transmisión y distribución de energía eléctrica, específicamente por descargas eléctricas provenientes de las líneas o los cables de conducción de energía eléctrica. En los juicios de origen la persona afectada o un familiar demandaron diversas prestaciones con motivo de los daños ocasionados por la descarga eléctrica con la búsqueda de una indemnización, y la reparación de los daños fue reclamada en diversas vías, en unas ocasiones por la vía civil y en otras por la vía administrativa a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esto dio lugar que a la postre se examinara en los juicios de amparo cuál era la vía adecuada para demandar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si la administrativa o la civil. A partir de ello, la Primera Sala determinó que debía ser por la vía administrativa, a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, mientras que la Segunda Sala se decantó por la civil, en términos del artículo 1913 del Código Civil Federal.

"‘Criterio jurídico: Las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica que realiza la Comisión Federal de Electricidad pueden llegar a actualizar la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando dicha empresa productiva del Estado presta el servicio público de transmisión o distribución de energía eléctrica de manera irregular, pues se actualiza un acto materialmente administrativo y, en consecuencia, resulta aplicable el régimen de responsabilidad patrimonial; por tanto, el pago de la indemnización por los daños generados con la prestación de dicho servicio es reclamable en la vía administrativa, a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

"‘Justificación: Lo anterior es así, ya que con motivo de la transformación de la Comisión Federal de Electricidad en empresa productiva del Estado ésta se rige, en lo que concierne a su estructura y operación, por su ley, por el reglamento de ésta, y por el derecho civil y mercantil; y si bien su ley y la Ley de la Industria Eléctrica no establecen la vía para exigir el pago indemnizatorio a dicha empresa, ello se debe a los objetos que tienen dichas normatividades, siendo que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado la que tiene por objeto, en términos de su artículo 1, fijar las bases y los procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La naturaleza inherente a la Comisión Federal de Electricidad, así como la cuestión de que el derecho común le sea supletorio, no la excluye por completo del ámbito del derecho público en el que se halla el fundamento de su existencia como empresa productiva del Estado, en tanto no sólo ha de cumplir los valores y principios tutelados en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sino también otros igualmente tutelados en la Norma Fundamental, como los que derivan del último párrafo del artículo 109. En cuanto a las funciones que realiza, con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, aun cuando se transformó a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa productiva del Estado y se estableció un régimen comercial en relación con los actos o las cuestiones derivadas de los contratos, lo cierto es que respecto de la transmisión y distribución de energía eléctrica se definió que tales actividades son un servicio público por involucrar la existencia de redes en la prestación del servicio, por lo que el Estado Mexicano conserva el dominio de las distintas actividades involucradas en la prestación de dicho servicio público, actividad administrativa que exclusivamente corresponde al Estado prestar. Dicha reforma constitucional fue enfática en mantener la titularidad del Estado sobre los servicios de trans

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30985-52b10d11/juicio-contencioso-administrativo-federal-cuando-se-demanda-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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