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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LA RESCISIÓN, CUMPLIMIENTO O CUALQUIER ACTO JURÍDICO DERIVADO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2021. · Registro digital (IUS): 30275
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-12-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Pág. 1603.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, FRANCISCO J. SANDOVAL LÓPEZ Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER (PRESIDENTE EN FUNCIONES). AUSENTE: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ. DISIDENTES: LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO Y MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN. SECRETARIA: VERÓNICA FLORES MENDOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en términos del artículo Primero Transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse realizado por el Magistrado presidente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; órgano que resolvió el juicio de amparo directo civil D.C. 318/2020, en el que se sustentó uno de los criterios discrepantes en el presente asunto.

TERCERO.—Posturas contendientes. Cabe precisar, en forma preliminar, que el problema jurídico, en este caso, consiste en determinar si la competencia para resolver las controversias en las que se demande la rescisión, cumplimiento o cualquier acto jurídico derivado de los convenios de coordinación, celebrados por el Ejecutivo Federal con los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los Municipios, en términos del artículo 33 de la Ley de Planeación, corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Civil o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así deriva de los criterios contendientes, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes:

1. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo civil D.C. 130/2019,(1) promovido por la **********, cuya ejecutoria informa lo siguiente:

1.1. Acto reclamado: lo constituyó la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, pronunciada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el toca de apelación 1065/2018, derivado del juicio ordinario civil seguido por la **********, por conducto de su apoderada, en contra del ********** y del **********, de quienes reclamó la rescisión del convenio de coordinación de treinta y uno de julio de dos mil trece, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas. A través del fallo reclamado, el tribunal responsable confirmó la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, por la que la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México declaró carecer de competencia legal, por razón de la materia, para conocer del asunto y desechó la demanda.

1.2. Ejecutoria de amparo: el citado juicio de amparo directo fue resuelto mediante ejecutoria de treinta de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de negar la protección constitucional a la institución quejosa, al calificar de ineficaces los conceptos de violación, conforme a las consideraciones sustanciales siguientes:

Expuso que la Ley de Planeación, en sus artículos 1o., fracciones III y VI, 28, 32, 33, 37 y 38,(2) prevé dos tipos de convenios que la administración pública federal puede celebrar:

A) Los convenios de coordinación, que sólo pueden celebrarse con los órganos constitucionales autónomos o los gobiernos de las entidades federativas, incluidos los Municipios.

B) Los convenios de concertación e inducción, que sólo pueden celebrarse con los sectores sociales o particulares.

El tribunal referido sostuvo que la Ley de Planeación establece una regulación especial para cada tipo de convenios; que en el caso de los de coordinación, está prevista en el capítulo V, conformado por los artículos 33 a 36, y los de concertación e inducción, en el Capítulo VI, integrado por los numerales 37 a 41.

Respecto a los últimos mencionados, precisó que el artículo 39(3) de la Ley de Planeación establece que los contratos y convenios que se celebren conforme al citado capítulo, se considerarán de derecho público, en tanto que las controversias que se susciten con motivo de ellos, serán resueltas por los tribunales federales, y que sobre ese precepto, la Primera Sala ya definió sus alcances en la jurisprudencia 1a./J. 107/2008, de rubro: "CONTRATOS DE CONCERTACIÓN REGULADOS POR LA LEY DE PLANEACIÓN. SU RESCISIÓN, CUMPLIMIENTO O CUALQUIER ACTO JURÍDICO DERIVADO DE ELLOS DEBE HACERSE VALER EN LA VÍA CIVIL."

Por tanto, sostuvo, para resolver las controversias derivadas de los convenios de concertación que la administración pública federal celebre con particulares, sólo era procedente la vía civil, lo cual no se actualizaba en el caso analizado.

Lo anterior, afirmó el tribunal, porque en el juicio de origen, la actora **********, demandó el pago de prestaciones derivadas del convenio de coordinación que celebró con el **********, y con el **********, de manera que no se trataba de un convenio de concertación celebrado con el sector social o privado.

Continuó explicando que, de acuerdo a la jurisprudencia y tesis aislada, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."(4) y "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON EL GOBIERNO, NATURALEZA DE LOS.",(5) cuando la finalidad del contrato está íntimamente vinculada al cumplimiento de las atribuciones del Estado, se está en presencia de un contrato de carácter público, porque se encuentra sujeto a las leyes administrativas o especiales, encuadrando dentro de ese supuesto los convenios de coordinación, por lo que no constituyen contratos de naturaleza civil.

Ello, porque tales acuerdos de voluntades los celebra la administración pública federal con los gobiernos estatales y municipales, conforme a la Ley de Planeación, lo cual también se contempla en el artículo 82, primer párrafo,(6) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que a través de esos convenios se podrán transferir recursos públicos presupuestarios para la ejecución de funciones, programas o proyectos federales, con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales, y en su caso recursos humanos y materiales; teniendo dichos subsidios federales su fundamento en el artículo 26 de la Ley Fundamental, que faculta al titular del Ejecutivo Federal para celebrar esos convenios con los gobiernos locales, a fin de que ambos órdenes de gobierno coadyuven en la planeación nacional.

Al efecto, citó la jurisprudencia P./J. 112/2005, de rubro: "SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. SON DE NATURALEZA DISTINTA A LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES."(7)

Así, consideró que tal hipótesis se actualizaba en el caso, porque en la cláusula primera del convenio de coordinación base de la acción, se acordaron las bases de la entrega de subsidios federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, para la construcción de una cancha deportiva, por el monto de un millón ochocientos cuarenta y un mil ciento setenta y seis pesos moneda nacional, en atención a diversas disposiciones, entre ellas, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Luego, sostuvo que si bien a los convenios de coordinación no se les puede denominar contratos administrativos, porque de acuerdo con la jurisprudencia citada en primer término, éstos solamente se denominan o clasifican así, en los casos en que interviene como contratista un particular, lo cierto es que esa circunstancia no significa que los convenios de coordinación adquieran el carácter de civiles, porque no debe perderse de vista que en el derecho público se encuentran contemplados esos pactos contractuales como convenios de coordinación.

Lo anterior, porque conforme a la tesis referida en segundo lugar, para que un instrumento contractual adquiera carácter civil, el Estado no debe someter a compromiso el cumplimiento de sus atribuciones; lo que no acontecía con los convenios examinados.

Que por tanto, era evidente que los convenios de coordinación constituían contratos públicos de los cuales debía conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 3o., fracción VII, de su Ley Orgánica,(8) el cual no se refería a contratos administrativos, sino a contratos públicos en general, al ser instrumentos para dar cumplimiento a la planeación nacional prevista en el artículo 26 constitucional, cuya atribución originaria corresponde al Ejecutivo Federal.

De ahí que no fuera trascendente que la relación jurídica entre las partes surgiera en un plano de coordinación o de igualdad, ni que las obligaciones, derechos y prestaciones recíprocas no derivaran de un procedimiento de licitación (propios de la contratación con un particular), ya que lo relevante era el objeto del contrato, consistente en dar cumplimiento a la planeación nacional a cargo del Poder Ejecutivo Federal, para satisfacer necesidades colectivas que corresponden a un interés público.

Al respecto, citó por analogía la jurisprudencia PC.I.C. J/69 C (10a.),(9) de este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESOS CONTRATOS CORRESPONDE A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA."

Finalmente, el órgano colegiado precisó que la circunstancia de que en el convenio base de la acción los contratantes pactaran que se sometían a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, no hacía competentes en razón de la materia a los Jueces de Distrito en Materia Civil, porque esa competencia no era prorrogable, de conformidad con la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA."(10)

2. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo D.C. 318/2020(11) relacionado con el D.C. 348/2018, promovido por la **********, de cuya ejecutoria se advierte lo siguiente:

2.1. Acto reclamado: se señaló como tal, la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veinte, pronunciada por el Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el toca 75/2019 y su acumulado 125/2019, relativos a los recursos de apelación interpuestos en el juicio ordinario civil 433/2017-VII, seguido por la secretaría quejosa, en contra del **********, de quien demandó la restitución de la cantidad entregada con motivo del convenio de coordinación **********, de dieciséis de octubre de dos mil trece, así como el pago de los rendimientos financieros, intereses y costas, señalado como causa de pedir, el incumplimiento del citado Municipio, a su obligación de rendir los informes trimestrales a los que se comprometió y exhibir el soporte documental correspondiente, con el fin de verificar la correcta aplicación del subsidio otorgado.

A través del fallo reclamado, el tribunal responsable revocó la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la cual dicha juzgadora declaró procedente la acción ejercida y condenó al Municipio demandado a la devolución de la cantidad reclamada por concepto de suerte principal y al pago de los intereses legales, sin decretar condena en costas. El Tribunal Unitario revocó el fallo apelado, al considerar que la Juez Federal no era competente para resolver el juicio natural, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es quien debía conocer de los juicios que versaran sobre la interpretación y cumplimiento de los contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada, paraestatal, empresas productivas del Estado y aquellas que estuvieran bajo responsabilidad de los entes públicos federales, cuando las leyes señalaran expresamente la competencia de ese tribunal administrativo.

2.2. Ejecutoria de amparo: en el juicio de amparo directo civil D.C. 318/2020, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado concedió la protección constitucional solicitada por la secretaría actora. Al respecto, expuso en principio qué se entiende por "competencia" y por "materia", a cuyo efecto citó los artículos 33, 34, 35 y 39 de la Ley de Planeación y explicó:

• Que los artículos 33 y 34 ponen de manifiesto que el Poder Ejecutivo Federal puede celebrar convenios de coordinación con los órganos constitucionales autónomos y las entidades federativas, para que coadyuven en la planeación y consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de sus competencias, a través de la presentación de las propuestas respectivas y los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno a fin de llevar a cabo la ejecución de las acciones que deben realizarse en cada entidad federativa.

• Que el artículo 35 señala que en los convenios de coordinación, el Ejecutivo Federal definirá la participación de los órganos de la administración pública centralizada que actuarán en las entidades federativas y en las actividades de planeación que realicen los respectivos gobiernos de las entidades, mientras que el artículo 39 establece que los contratos y convenios que se celebren conforme a los indicados preceptos legales, se considerarán de derecho público, y que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de esos actos jurídicos serán resueltas por los tribunales de la Federación.

El tribunal explicó que del artículo 4 de Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se desprende que la actora estaba facultada para celebrar acuerdos de coordinación con dependencias de la administración pública federal, entidades federativas, Municipios y alcaldías de la Ciudad de México, concluyendo que los convenios de coordinación suscritos en términos del artículo 33 de la Ley de Planeación, no son contratos administrativos, porque aunque son celebrados por personas de derecho público del propio Estado, ello no implica el ejercicio de una función administrativa, pues los contratantes actúan conjuntamente en auxilio del cumplimiento de los objetivos del Ejecutivo Federal, en relación con la planeación nacional de desarrollo, pero no conlleva el ejercicio de una función administrativa propia de la contratante y no se sujeta a un régimen exorbitante del derecho privado, por lo que tales convenios son de naturaleza civil.

Que ello se robustecía con el hecho de que la Ley de Planeación no regula específicamente el objeto de esos acuerdos ni las cláusulas a las cuales debían sujetarse; por lo cual, si tenían por objeto la entrega de una suma de dinero para que la parte que lo recibe lo invirtiera en los términos estipulados y conforme al Plan Nacional de Desarrollo o, en su defecto, prestara algún servicio, ese objeto estaba regulado en las leyes civiles federales y la controversia suscitada no podía decidirse en la vía administrativa.

El tribunal de mérito apuntó también, que en la contradicción de tesis 292/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, que mediante la celebración de contratos administrativos, el Estado, a través de la administración pública, solicita la colaboración de los particulares para satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público, por lo cual determinó que los contratos administrativos son aquellos celebrados entre un particular o varios y la administración pública, en ejercicio de su función pública, para satisfacer el interés público o con fines de utilidad pública, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho privado.

Que en ese sentido, la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que no se considerarían contratos administrativos los celebrados: i) entre particulares, ii) entre personas de derecho público del propio Estado y iii) por personas de derecho público, sin implicar el ejercicio de la función administrativa, sin satisfacer el interés público o sin sujetarse a un régimen exorbitante del derecho privado.

En el mismo tenor, precisó el Tribunal Colegiado, se resolvió que los contratos administrativos cumplen con los siguientes requisitos: i) se celebran entre un órgano del Poder Público, en ejercicio de sus funciones administrativas, y un particular; ii) tienen una finalidad de orden público, identificada también como utilidad pública o utilidad social, y iii) tienen un régimen exorbitante en comparación con el derecho civil.

De ahí que un contrato celebrado entre la administración pública, en cumplimiento a sus atribuciones del Estado, y un particular, que tuviera por objeto la satisfacción de necesidades colectivas, debía considerarse como un contrato administrativo. En apoyo a tal consideración, citó la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.),(12) que derivó de la referida contradicción de tesis 292/2017, de rubro: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."

Sostuvo que, en tal virtud, si el documento base de la acción lo constituía el convenio de coordinación **********, suscrito por la secretaría actora y el Municipio demandado, no se trataba de un contrato administrativo, por haberse celebrado entre dos personas de derecho público, debido a que la prestación principal consistía en que la parte demandada (ente de gobierno) asumiera la responsabilidad por el incumplimiento del convenio de coordinación y devolviera los recursos públicos federales que se le otorgaron a fin de recopilar imágenes de zonas turísticas y arqueológicas, para su conocimiento y valoración como patrimonio cultural, así como el pago de los rendimientos y cargas financieras generadas, siendo la materia de la litis en el juicio de origen, la demostración de que esos recursos se aplicaron.

De ahí que, razonó el tribunal, no se estuviera en presencia de un contrato administrativo, porque el convenio de coordinación no tuvo como parte a un particular que auxiliara a la administración pública para satisfacer el interés público, en razón de que la pretensión de la actora tuvo origen en el cumplimiento de las obligaciones recíprocas que adquirieron las partes en un plano de igualdad al celebrar el convenio base de la acción, a fin de concretar las políticas de cultura instrumentadas por el gobierno federal, para hacer cumplir los objetivos planteados por su administración en el Plan Nacional de Desarrollo, sin que ello implicara el ejercicio de una función administrativa propia del contratante, teniendo por tanto naturaleza civil federal.

Reiteró que el hecho de que el convenio de coordinación fuera suscrito por entes del Estado, no le otorgaba naturaleza administrativa, al haberse celebrado en un plano de coordinación entre las partes, surgiendo derechos y obligaciones, sin que existiera una relación de supra a subordinación, pues la actora no ejerció sobre los demandados actos de autoridad, sino un vínculo surgido en el "ámbito de coordinación jurídica", de tipo particular; tanto así, que la actora acudió a la vía jurisdiccional para obtener la declaración de rescisión del convenio de coordinación, lo que conllevaba la aplicación del Código Civil Federal y, por ende, su conocimiento por un Juez de Distrito en Materia Civil.

Al respecto, citó por analogía la jurisprudencia 1a./J. 107/2008,(13) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATOS DE CONCERTACIÓN REGULADOS POR LA LEY DE PLANEACIÓN. SU RESCISIÓN, CUMPLIMIENTO O CUALQUIER ACTO JURÍDICO DERIVADO DE ELLOS DEBE HACERSE VALER EN LA VÍA CIVIL."

De igual manera, consideró que no era aplicable la jurisprudencia PC.I.C. J/69 C (10a.),(14) de este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de título y subtítulo: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESOS CONTRATOS CORRESPONDE A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.", porque el documento base de la acción no era administrativo, al haber sido celebrado por entes de derecho público, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), supracitada.

Señaló también, que existían razones de índole constitucional para considerar que la competencia para conocer sobre las controversias que surgen con motivo de los convenios de coordinación corresponde a un Juez de Distrito especializado en Materia Civil, en virtud de que el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dotó de competencia a los tribunales de la Federación, para conocer, entre otros asuntos, de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, como lo es la Ley de Planeación.

Por tanto, concluyó el órgano colegiado, por razón de la materia, los competentes eran los juzgados civiles federales, de conformidad con el artículo 53, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (actualmente abrogada), que los dota de competencia para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales y de las contiendas en las que la Federación sea parte, como ocurría en el caso, en que la litis sólo consistía en determinar si las partes cumplieron o no con las obligaciones que contrajeron en un convenio de coordinación, celebrado entre el Municipio demandado y la Federación, por conducto de una secretaría del Poder Ejecutivo Federal, por lo cual se trataba de una controversia suscitada con motivo de la aplicación de leyes federales y en la que la Federación era parte.

Finalmente, precisó que de conformidad con el segundo párrafo de la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, no así entre la Federación y un Municipio, debido a que el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece los supuestos normativos de procedencia, no contempla la competencia de ese tribunal para conocer de controversias derivadas de los convenios de coordinación celebrados entre la Federación y los Municipios.

CUARTO.—Presupuestos para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis. A continuación debe determinarse si en este asunto se actualizan las condiciones de existencia de las contradicciones de tesis fijadas por el Alto Tribunal de la Nación, que atienden a la necesidad de unificar criterios, para lo cual es indispensable determinar la posible discrepancia en el proceso de interpretación, no así en el resultado adoptado por cada uno de los tribunales contendientes,(15) conforme a los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina para resolver las posturas discrepantes.

Tales requisitos se contienen en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(16)

Debe precisarse además, que es innecesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(17)

De las ejecutorias de amparo reseñadas en el considerando que antecede, se advierte:

I. Los Tribunales Colegiados contendientes realizaron un análisis interpretativo del artículo 39 de la Ley de Planeación, en relación con el diverso 33 de ese propio ordenamiento, para determinar en qué juzgador recae la competencia para conocer de las controversias en las que se reclame la rescisión, cumplimiento u otra pretensión derivada de los convenios de coordinación celebrados entre algún órgano del Ejecutivo Federal y los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los Municipios, en términos del citado artículo 33 de la Ley de Planeación.

II. Dichos tribunales adoptaron criterios jurídicos discrepantes, porque en el análisis interpretativo que efectuaron, uno arribó a la conclusión de que la competencia corresponde a los Jueces de Distrito en Materia Civil, mientras que el otro consideró que aquélla pertenece al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En efecto, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que la competencia referida corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que el convenio de coordinación base de la acción rescisoria era administrativo; mientras que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y entidad estimó que dicha competencia se surte en favor de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, porque el acuerdo de voluntades de iguales características al analizado por el otro órgano colegiado, del que se demandó la restitución de la cantidad entregada para el proyecto respectivo, era de naturaleza civil.

Así, de la confrontación de las consideraciones en comento, se concluye que sí existe contradicción de criterios, pues los Tribunales Colegiados contendientes abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, esto es, determinar la competencia del órgano que debe conocer de las controversias que surgen con motivo de los convenios de coordinación a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Planeación, celebrados por el Ejecutivo Federal con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos estatales o municipales, con el propósito de coordinarse para que estos últimos participen en la planeación del desarrollo nacional, de acuerdo a su naturaleza, y arribaron a conclusiones discrepantes.

De lo expresado deriva que, para resolver la presente contradicción de tesis, deben responderse las siguientes preguntas:

¿Qué naturaleza tienen los convenios de coordinación que el Ejecutivo Federal celebra con los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos estatales y los Municipios, para favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas, de acuerdo a la Ley de Planeación?

En virtud de lo anterior, ¿a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer de las controversias que se susciten con motivo de la rescisión, cumplimiento o algún otro acto jurídico derivado de ese tipo de convenios?

QUINTO.—Decisión sobre la divergencia existente. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución.

A fin de dar respuesta a las preguntas señaladas en párrafos precedentes, se estima conveniente examinar, en primer orden, el marco jurídico que da origen a los convenios de coordinación, su naturaleza y, a partir de ello, determinar a qué órgano corresponde conocer de las controversias que puedan surgir de su interpretación y cumplimiento.

Marco jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Fundamental determina, en su artículo 25, primer párrafo,(18) que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, a efecto de garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30275-5de949f7/competencia-para-conocer-de-las-controversias-sobre-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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