Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE ES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. V. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN DE ÉSTOS Y LA PROTECCIÓN Y CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, CONSTITUYE UN MANDATO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA FACULTAD CONCURRENTE DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO DEBE INTERPRETARSE EN EL CONTEXTO NORMATIVO QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL. VII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN AJUSTAR SUS PROCESOS DE PLANEACIÓN AL PROGRAMA Y PROYECTO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE LA FEDERACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA FORMULAR. VIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL CONGRESO LOCAL AL INCORPORAR EL "DERECHO A LA CIUDAD" EN LA CONSTITUCIÓN ESTATAL, NO INVADE LAS ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN EN LA MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, PUES SÓLO SE LIMITA A SU RECONOCIMIENTO (ARTÍCULO 2, PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, ADICIONADO MEDIANTE EL DECRETO 539/22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. FEDERALISMO DEL ESTADO MEXICANO. PARA DEFINIR A QUÉ NIVEL DE GOBIERNO CORRESPONDE REGULAR UN DETERMINADO ÁMBITO, ÉSTE DEBE ESTUDIARSE DE MANERA CASUÍSTICA Y, A LA PAR, ACUDIR AL RÉGIMEN COMPETENCIAL CONSTITUCIONAL Y LEGAL. X. ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA. XI. DERECHOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN VÁLIDAMENTE ESTABLECERLOS EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES MIENTRAS NO CONTRAVENGAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O LOS DERECHOS HUMANOS PREVISTOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE LIMITA A ESTUDIAR AQUELLAS AFECTACIONES RELACIONADAS CON LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, Y PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE LEGALIDAD O SOBRE VULNERACIONES A DERECHOS HUMANOS, ÉSTAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA PARTE ACCIONANTE. XIII. DERECHO A LA CIUDAD. EL ESTUDIO DE CARÁCTER SUSTANTIVO DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFOS TRECE Y CATORCE, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, QUE LO RECONOCE, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE POLÍTICA PÚBLICA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, RESULTA IMPROCEDENTE A TRAVÉS DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, AL NO EXISTIR UNA INVASIÓN DE FACULTADES POR PARTE DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 193/2022. · Registro digital (IUS): 32550
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-28
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo I, Pág.1013.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 193/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA. 11 DE MARZO DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugna el Decreto 539/2022 por el que se modificó la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de inclusión del derecho a la ciudad, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el ocho de agosto de dos mil veintidós.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al once de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 193/2022, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós a través del buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán.

2. En la demanda se solicitó la invalidez del Decreto 539/2022, por el que se modificó la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de inclusión del derecho a la ciudad, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el ocho de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se adicionaron los párrafos trece y catorce al artículo 2o. de dicha Constitución.

3. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 14, 16, 27 y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Concepto de invalidez. La parte actora, en su único concepto de invalidez, expuso los argumentos que a continuación se sintetizan:

a. Invasión de esferas competenciales

• La reforma al artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Yucatán, invade las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en materia de asentamientos humanos y vulnera los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, ya que el contenido de los párrafos trece y catorce adicionados al referido precepto, difiere de la política nacional contemplada en el artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al establecer una nueva configuración del derecho a la ciudad.

• De acuerdo con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, impulsar la incorporación del ejercicio del derecho a la ciudad en las legislaciones estatales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en apego al marco de la mencionada Ley General.

• El texto reformado del artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Yucatán, hace incompatible la formulación y conducción de la política nacional a cargo de la Federación, pues omite los elementos de acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, así como añade el concepto de usufructo, el cual no prevé la Ley General y que es específico del derecho privado.

b. Vulneración a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica

• La omisión de incorporar al concepto de derecho a la ciudad los elementos de acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos previstos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la inclusión del término usufructo, generan un estado de inseguridad jurídica respecto de la propiedad privada y de la operación de los derechos reales relativos a los asentamientos humanos, en perjuicio de las y los ciudadanos y de la Federación.

• Si bien la Constitución local no debe reproducir literalmente el texto previsto en la Ley General respecto del derecho a la ciudad, no puede alterar su configuración al grado de tornarlo irreconocible por modificar su identidad.

• De diversas aproximaciones internacionales relativas al derecho a la ciudad, no se advierte que en ellas se reconozca o implemente el uso del término usufructo, como lo hace el artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

• En ese sentido, es clara la invasión de facultades del Estado de Yucatán al modificar los principios de política nacional en materia de asentamientos urbanos y tornarla irreconocible por alterar la configuración y generar, a su vez, inseguridad jurídica para las personas con la definición del derecho a la ciudad plasmada en el artículo reformado, por lo que la norma impugnada debe invalidarse.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 193/2022 y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que fungiera como instructora del proceso.

6. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán, a quienes ordenó emplazar. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Por oficio recibido el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, el Poder Legislativo del Estado de Yucatán presentó su contestación de demanda, en la que sostuvo esencialmente los siguientes argumentos:

• Con la incorporación del derecho a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Yucatán no se invade la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que la entidad federativa tiene facultad para legislar, en el ámbito de su competencia, en materia de asentamientos humanos.

• El artículo 73, fracción XXIX-C de la Constitución Federal establece la facultad del Congreso para expedir una ley general que establezca la concurrencia con las entidades federativas y municipios, en materia de asentamientos humanos. En ese sentido, se emitió la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que reconoce en su artículo 10 que, atendiendo a las facultades concurrentes, las entidades federativas podrán legislar, entre otras, en materia de asentamientos urbanos; lo que demuestra que el Congreso local tiene facultad para expedir normas en ese sentido.

• Las entidades federativas al emitir sus propios instrumentos constitucionales, deben incluir todas aquellas normas que estimen necesarias para mejorar el nivel de vida y disfrute de los derechos de sus habitantes, aunado a que deben apegarse a los parámetros establecidos en la Constitución Federal, lo que no implica que no puedan reconocer y ampliar derechos fundamentales, incorporando principios y reglas que universal o regionalmente se han considerado indispensables para el respeto de la dignidad y desarrollo humano.

• Para resolver la controversia entre el reconocimiento del derecho a la ciudad en la Constitución local y como principio de planeación establecido en la Ley General, debe realizarse un análisis para identificar la existencia de una posible identidad en cuanto a su objeto de protección, idéntica titularidad y una idéntica estructura de limitación.

• La mencionada Ley General representa un parámetro de regularidad del que se infiere que la Federación tiene a su cargo la formulación de criterios, mecanismos, objetivos e indicadores para el desarrollo de los asentamientos humanos, que permitan la congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; pero no para el reconocimiento de derechos humanos.

• Por otra parte, el derecho a la ciudad es un concepto en construcción que tiene como antecedente la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en cuya definición de dicho derecho utiliza el término "usufructo", adoptado por el legislador yucateco.

• Como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las facultades de planeación sobre el desarrollo de los asentamientos, no funciona en una relación jerárquico-normativa o de distribución competencial, sino que cada nivel de gobierno tiene autonomía para dictar las regulaciones sobre la planeación territorial.

• Si la planeación de las políticas locales debe ajustarse a la estrategia nacional de ordenamiento territorial, esto se cumple con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, misma que no es objeto de la presente controversia.

• Aun cuando existen diferencias entre el reconocimiento del derecho humano a la ciudad previsto en la Constitución Política del Estado de Yucatán y un principio de planeación territorial establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en cuanto a su redacción, objeto de protección, titularidad y estructura; actúan de manera complementaria en beneficio de la ciudadanía.

• No existe una afectación al principio de división de poderes, pues el poder legislativo de la entidad tiene la libre configuración de ampliar el catálogo de derechos humanos desde la Constitución local.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Mediante oficio recibido el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto del Consejero Jurídico, presentó su contestación a la demanda, en la que hizo valer la siguiente causa de improcedencia:

• La controversia constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo Federal es improcedente pues no reclama, si quiera, un principio de agravio a sus atribuciones constitucionales. Es decir, la parte actora no aduce ningún tipo de invasión a su esfera competencial reconocida en la Constitución Federal, sino que pretende hacer valer una violación a un principio de política pública nacional contenido en la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.

• La actora pretende que a través de la presente controversia la Suprema Corte estudie si la norma impugnada se ajusta al contenido de una legislación secundaria. Cuestión que no es posible, pues la propia Corte ya ha determinado la imposibilidad de aducir violaciones indirectas a la Constitución.

• Aunado a lo anterior, para que la controversia sea procedente, el planteamiento de inconstitucionalidad debe evidenciar un principio de afectación, al ejercicio de una competencia reconocida en la Constitución general, sin embargo, lo reclamado por la actora corresponde únicamente a supuestas vulneraciones a los principios de derecho a la ciudad, legalidad, seguridad y certeza jurídica.

9. Por otro lado, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán presentó argumentos ad cautelam para sostener la validez del decreto impugnado, esencialmente, en los siguientes términos:

• En primer lugar, se sostiene que, aunque el derecho a la ciudad no está reconocido por la Constitución Federal su reconocimiento a nivel local es constitucional, debido que las entidades federativas pueden reconocer, conceptualizar, matizar, ampliar o crear derechos humanos. Criterio que ha sostenido la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017.

• En segundo lugar, la falta de incorporación textual de los elementos "acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos", no implica que las autoridades locales no deban observarlos, pues se encuentran obligados por lo previsto en la Ley General. La inclusión de la porción "de acuerdo a la legislación aplicable" refuerza dicho argumento.

• Por último, la utilización de la palabra usufructo no vulnera los principios de legalidad, seguridad ni certeza jurídica. Esto es así, pues la norma ni siquiera establece que dicho término refiera a un concepto relacionado con el derecho privado. Incluso, su incorporación también se ha realizado en otras normas locales, como la Constitución de la Ciudad de México y en normas internacionales como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

10. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía no emitió opinión en la presente controversia constitucional.

11. Audiencia. El treinta de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria,(1) en la que se relacionaron las pruebas documentales presentadas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Asimismo, se relacionaron los alegatos por lo que se dio cuenta con los oficios presentados por los poderes Ejecutivo Federal y Ejecutivo Local, respectivamente. En consecuencia, la Ministra instructora puso el expediente en estado de resolución.

12. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora determinó el cierre de instrucción para la elaboración del proyecto correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional debido a que se impugna un decreto de reforma que modifica una constitución local. Esto, conforme a lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) 7, fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(5) y el punto de acuerdo Segundo, fracción I, del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno.(6)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

14. De acuerdo con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(7) la presente sentencia debe fijar los actos objeto de controversia.

15. Del escrito de demanda se advierte que la parte actora señaló como acto reclamado el Decreto 539/2022, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de inclusión del derecho a la ciudad, publicado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

16. La porción normativa que en concreto que se reclama es la siguiente:

"Artículo 2.

"...

"El derecho a la ciudad permite garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegurarle la ciudadanía.

"El Estado garantizará el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de los asentamientos humanos, fundado en principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sustentabilidad, sostenibilidad, respeto a la diversidad en todas sus formas de expresión a la naturaleza y al ambiente, de acuerdo a la legislación aplicable."

17. La existencia del referido acto se acredita a partir del ejemplar de dicho medio de difusión oficial de la entidad federativa, que obra en el expediente.

18. No pasa inadvertido que la parte actora señalara como porción normativa impugnada los párrafos catorce y quince del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, toda vez que de la lectura del Decreto impugnado se advierte que los párrafos relativos al derecho a la ciudad son el trece y catorce, de modo que se trata de un error mecanográfico que se subsana al haber transcrito la parte que efectivamente quiso impugnar.

III. OPORTUNIDAD

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) el plazo para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales es de treinta días a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o de aquel en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé a lugar a la controversia.

20. El precepto impugnado contenido en el Decreto 539/2022 se publicó el ocho de agosto de dos mil veintidós, por lo que el plazo de treinta días hábiles transcurrió del nueve de agosto al veintidós de septiembre del referido año, de modo que, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de la Nación el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, fue promovida oportunamente y por lo tanto se acredita el requisito de oportunidad.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. El artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal establece los órganos legitimados para promover una controversia constitucional y, por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia(9) prevén que esos órganos pueden tener el carácter ya sea de actores o demandados, quienes podrán comparecer por conducto del funcionario que, en los términos de las normas que lo rigen, esté facultado para representarlo.

22. En el caso, este Tribunal Pleno estima que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal está facultada para promover esta controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo Federal.

23. Lo anterior, pues, por una parte, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria, el Poder Ejecutivo Federal debe ser representado por quien ocupa la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;(10) y, por otro lado, María Estela Ríos González quien suscribió la demanda, acreditó tener el cargo de Consejera Jurídica, con copia certificada del nombramiento que le otorgó el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

24. En consecuencia, es evidente que están presentes las condiciones para tener por satisfecho el presupuesto procesal de legitimación activa.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria en la materia,(11) tienen el carácter de parte demandada aquellos poderes u órganos que hubieren emitido y promulgado la norma general impugnada.

26. En el caso, el Poder Legislativo del Estado Yucatán, como autoridad emisora, y el Poder Ejecutivo de la misma entidad, como autoridad promulgadora, cuentan con legitimación pasiva en el presente medio de control.

27. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 11 de la Ley Reglamentaria y 32, fracción XI, del Código de la Administración Pública y de Yucatán,(12) la Consejería Jurídica tiene facultades para representar al Gobernador del Estado, por lo que si Yussif Dionel Heredia Fritz acreditó su cargo como Consejero Jurídico de dicha entidad federativa con copia certificada de su nombramiento, se le tiene acreditado tal carácter.

28. Por otro lado, respecto de la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el citado artículo 11 de la Ley Reglamentaria, así como los diversos 33 y 36 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, establecen que la Presidencia de la Mesa Directiva tiene la representación legal del Congreso del Estado y, en los periodos de receso, asumirá tales funciones la Presidencia de la Diputación Permanente.(13) De modo que, si Ingrid del Pilar Santos Díaz acreditó su calidad de diputada presidenta de la Diputación Permanente durante el periodo de receso del Congreso de la entidad con la copia certificada del Acuerdo por el que se decidió su nombramiento, entonces se advierte que cuenta con la facultad de representar a dicho órgano.

29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado en votación económica por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo de Yucatán hizo valer las causas de improcedencia contenidas en las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, consistentes en la falta de interés legítimo de la parte actora por no actualizarse siquiera un principio de agravio a sus atribuciones constitucionales.(14)

31. En ese sentido, señaló que no se advierte que el Ejecutivo Federal hiciera valer la invasión de alguna de sus atribuciones exclusivas reconocidas constitucionalmente, sino que sus argumentos se encaminan a señalar una presunta violación al principio de política nacional respecto del derecho a la ciudad, contenido en el artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), el cual tampoco prevé alguna atribución constitucional expresamente reconocida a favor de la Federación.

32. Además, precisó que los argumentos relativos a la vulneración de los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica tampoco demuestran de qué forma la norma impugnada invade alguna facultad de la Federación prevista en el texto constitucional, sino que únicamente se trata de violaciones a cláusulas sustantivas y de estricta legalidad.

33. Sostiene que es insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional que la parte actora haya referido que la LGAHOTDU determine la concurrencia de facultades, pues no otorga competencia exclusiva a la Federación, sino que remite a otras disposiciones que establecen dicha distribución de competencias, además de fijar instrumentos de ordenamiento territorial, propiciar mecanismos de participación y definir los principios, entre otras cuestiones.

34. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal estima que la causa de improcedencia interpuesta es infundada, toda vez que los argumentos hechos valer por el Poder Ejecutivo de Yucatán en torno a la improcedencia del asunto son jurídicamente ineficaces por encontrar íntima vinculación con el estudio de fondo del asunto.

35. Para determinar si el artículo 2 de la constitución local invade las facultades del Poder Ejecutivo Federal dispuestas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desarrolladas en la ley general en la materia, es necesario realizar un análisis que involucraría un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el que se distinga las facultades que corresponden a cada ámbito y si, en su caso, existe la invasión alegada por la actora.

36. De esta forma, el hecho de que la parte actora haya planteado la existencia o no de una invasión de esferas competenciales, así como una posible trasgresión a derechos fundamentales, son cuestiones que involucran el estudio de fondo del asunto, de forma que no es posible resolver esos aspectos en este apartado y por lo tanto deben desestimarse.

37. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(15)

38. Toda vez que se las partes no hicieron valer alguna otra causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distinta a la analizada y este Tribunal Pleno no advierte de oficio que se actualice alguna otra, se procede a realizar el estudio de fondo.

39. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. El señor Ministro Aguilar Morales votó por consideraciones diversas. El señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra.

VII. ESTUDIO DE FONDO

40. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en su concepto de invalidez, sostiene que el derecho a la ciudad introducido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán difiere del previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y que, incluso, establece una nueva configuración del mismo. En consecuencia, sostiene que tal diferencia provoca una invasión a las atribuciones de la Federación en materia de política nacional de asentamientos humanos, contenidas en el párrafo tercero del artículo 27 y la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Federal y desarrolladas en la LGAHOTDU .

41. Por su parte, los poderes locales demandados, al dar contestación a la demanda promovida en su contra, manifestaron que son infundados los planteamientos de la accionante, por considerar que con la emisión del precepto impugnado no se invade alguna atribución del Poder Ejecutivo Federal, pues se encuentran facultados para legislar, en el ámbito de sus competencias, en materia de asentamientos humanos.

42. En ese sentido, corresponde a este Tribunal Pleno determinar si con la modificación de los párrafos trece y catorce del artículo 2 de la Constitución de Yucatán, se invadieron o no las atribuciones de la Federación relativas a la materia de asentamientos humanos, establecidas en los artículos 27, párrafo tercero(16) y 73 fracción XXIX-C(17) de la Constitución federal.

43. En primer lugar, resulta oportuno establecer algunas cuestiones generales sobre la política nacional en la materia, así como las atribuciones que al respecto corresponden a la Federación y a las Entidades Federativas, respectivamente.

44. Al respecto, es importante precisar que en la fracción XXIX, inciso C, del artículo 73 constitucional se encuentra constitucionalmente regulada de manera concurrente la materia de asentamientos humanos, lo que implica que los tres niveles de gobierno intervienen en la misma.

45. Asimismo, de conformidad con dicho precepto, la regulación en la referida materia debe cumplir con los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución federal.(18)

46. Resulta pertinente precisar que de la exposición de motivos y del dictamen de la cámara de origen, relativos a la reforma del seis de febrero de mil novecientos setenta y seis a los artículos 27, 73, fracción XXIX-C, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la intención del constituyente fue la siguiente:

Exposición de motivos:

"... Los elementos y acciones que inciden en los centros urbanos de población por parte del sector público corresponden a los tres niveles de gobierno previstos en el sistema constitucional mexicano, lo que implica que para la ordenación de los centros urbanos, las acciones de los ayuntamientos, gobiernos estatales y del propio Gobierno Federal deberán darse de acuerdo con las competencias que la Constitución General de la República les ha conferido, respondiendo a objetivos comunes en el marco de una visión de conjunto de la problemática urbana, debiendo por tanto fijarse dichas bases en la carta fundamental y en la Ley Reglamentaria correspondiente.

"...

"La multiplicidad de elementos y de competencias que inciden en el fenómeno urbano nos lleva al principio de que la estructura jurídica que dé regulación al mismo, deberá establecer la concurrencia de los tres niveles de Gobierno a través de nuevas formas de colaboración de las Entidades Federativas entre sí, y de éstas con la Federación, como única forma de ser congruente al federalismo, dentro de un cauce de responsabilidad institucional compartida. Federalizar estas acciones públicas, sería una posición conservadora, antihistórica, que escindiría responsabilidades y afectaría profundamente nuestro sistema federal; sólo la acción compartida entre la Federación y los Estados, permitirá una acción intergubernamental de amplia comunicación que dé atención al problema de manera integral.

"...

"Finalmente, en el artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión para que expida las leyes que establezcan la adecuada concurrencia en las Entidades Federativas, de los Municipios y de la propia Federación en la solución de los problemas expresados."

Dictamen. Cámara de Diputados:

"... La adición de la fracción XXIX-C al artículo 73 constitucional, facultará al Congreso de la Unión para legislar en materia de asentamientos humanos. Esta disposición fundamentará la expedición de una Ley Federal que defina bases generales para regular y coordinar la incidencia de los tres niveles gubernamentales en el ordenamiento de los centros de población.

"Con esta estructura normativa, Gobierno Federal, Entidades Federativas y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán al cumplimiento de los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional. Se evitarán interferencias competenciales en materia urbana propiciadas por el actual régimen; se favorecerá el crecimiento controlado de las áreas, citadinas, una más adecuada distribución poblacional y un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.

"Avance significativo en materia de coordinación constituye la adición al artículo 115 constitucional con las fracciones IV y V. La primera estatuye la facultad de los Estados y Municipios para expedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, a efecto de cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la filosofía de esta reforma y con la Ley Federal de la materia.

"La nueva fracción V del citado precepto, permitirá afrontar eficazmente el problema de las megalópolis. La continuidad geográfica formada por varios centros urbanos, comprendidos en territorios municipales de dos o más Entidades Federativas, podrá enfocarse por los niveles competenciales federal, estatal y municipal. El desarrollo de estas áreas se plantará y regulará en acción conjunta y coordinada ..."

47. Así, se evidencia la competencia de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32550-e4e2a7ef/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.