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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2021. · Registro digital (IUS): 31191
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2023-01-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y EL DECIMOSEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, Pág.4164.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY (VOTO CONCURRENTE), ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JUDITH MOCTEZUMA OLVERA, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ (VOTO CONCURRENTE) Y ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. DISIDENTES: ILIANA FABRICIA CONTRERAS PERALES, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA Y MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO (PRESIDENTA). PONENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. SECRETARIA: HATZIBETH ERIKA FIGUEROA CAMPOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; el precepto 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como el artículo 41 Ter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, pero que mantiene su vigencia en tanto los Plenos de Circuito sean sustituidos por los Plenos Regionales, en términos del artículo primero transitorio, fracción II, y quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por **********, por conducto de su administrador único **********, a través de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo **********, persona jurídico-colectiva que tiene el carácter de parte recurrente en el recurso de queja QC. 51/2021, del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es uno de los asuntos que dio origen a la presente denuncia de contradicción.

TERCERO.—Posturas contendientes.

I. El criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentado en sesión celebrada vía remota por videoconferencia el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que sus integrantes resolvieron por unanimidad de votos el recurso de revisión RC. 141/2020.

Enseguida se precisa un resumen del asunto:

a) **********, también conocida como **********, por propio derecho, ostentándose como tercera extraña a juicio promovió juicio de amparo indirecto contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento de solicitud de providencias precautorias 110/2018 seguido ante el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, en el que a petición de la tercera interesada **********, ordenó la retención de cuentas bancarias, como la inscripción preventiva del embargo sobre un inmueble ubicado en el Estado de México. Asimismo, reclamó del Juez Cuarto Mercantil de Tlalnepantla y del Instituto de la Función Registral, ambos con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ejecución de la referida inscripción registral.

b) El Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México radicó la demanda bajo el número de expediente 82/2020, en el que dictó sentencia en la audiencia constitucional de catorce de agosto de dos mil veinte, en el sentido de otorgar a la quejosa la protección constitucional solicitada, pues consideró que la autoridad responsable omitió exigir a la tercera interesada la exhibición de la garantía prevista en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, pues aunque es una institución bancaria, ello no la exime de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar a la parte deudora.

c) Inconforme con esa resolución, la tercera interesada interpuso recurso de revisión, en cuyos agravios sostuvo además de otros temas, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no interpuso recurso de apelación en contra del acto reclamado y, por tanto, no observó el principio de definitividad.

d) Ese recurso fue turnado al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número de toca RC. 141/2020 y en sesión ordinaria virtual de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, confirmó la sentencia que concedió el amparo.

El Sexto Tribunal Colegiado destacó los antecedentes siguientes:

Que en escrito de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, **********, por conducto de su apoderado ********** solicitó providencias precautorias, consistentes en retención y/o secuestro de bienes, en contra de ********** y **********, hasta por la cantidad de $********** (**********), derivado del incumplimiento de las obligaciones de pago en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado entre las partes de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

Que las providencias precautorias se radicaron en el expediente 110/2018, del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, en donde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se les dio trámite en términos del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, decretándose de plano en el sentido de ordenar la retención por la suma de $********** (**********), sobre el dinero depositado en las cuentas que tengan ante las instituciones de crédito y/o financieras que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, para lo cual se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que haga del conocimiento a todas y cada una de las instituciones de crédito dichas providencias precautorias en contra de ********** y **********, y que retengan las sumas de dinero que tengan depositadas en dichas instituciones hasta por la cantidad de **********. Asimismo, se decretó la retención del bien inmueble inscrito en el Instituto de la Función Registral de Naucalpan, Estado de México, en el folio real electrónico ********** de fecha siete de agosto de mil novecientos ochenta, siempre y cuando el titular registral sea **********.

- Que se apercibió al actor que en caso de no promover la demanda en el término que señala el artículo 1181 del Código de Comercio, esas providencias precautorias serían revocadas, conforme a lo dispuesto en el numeral 1182 del propio código. Asimismo, el juzgador señaló que una vez que fuera ejecutada la providencia, se haría de inmediato conocimiento a los afectados, para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su derecho conviniera, como lo señala el artículo 1179 del Código de Comercio, debiéndosele correr traslado con un juego de copias certificadas del escrito inicial, así como los demás anexos exhibidos.

- Que de las constancias que tuvo a la vista el Sexto Tribunal Colegiado advirtió que al no haber sido notificada la quejosa de las providencias precautorias, le asiste la calidad de tercera extraña al juicio. En consecuencia, desestimó los agravios de la recurrente en los que hizo valer la causa de improcedencia relacionada con el principio de definitividad, lo que hizo al tenor de las consideraciones que en síntesis se reseñan a continuación:

- Que la quejosa no estaba obligada a interponer recurso de apelación contra el auto reclamado que otorgó la retención de bienes, antes de promover el juicio de amparo indirecto, debido a que operó el supuesto de excepción previsto en el inciso c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se refiere a personas extrañas al procedimiento.

- Que a la solicitante de la protección constitucional le asiste la calidad de tercera extraña al juicio, ante la falta de notificación de las providencias precautorias de origen, pues no tuvo intervención en el mismo ni fue enterada de las diligencias, lo que la coloca en el caso de excepción previsto en el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relevándola de la carga de agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto.

- Que si bien los artículos 1336, 1183, 1187 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio establecen que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo (acorde con el monto del negocio); sin embargo, ante la falta de notificación de las medidas, que ocasionó el desconocimiento total de parte de la quejosa, entonces es una auténtica tercera extraña a juicio que la releva de agotar el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.

- Que en el caso es inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 886 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, materias común y civil, Décima Época, con número de registro digital: 2017693, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", porque en ésta no se analizó la hipótesis consistente en que la promovente del amparo es tercera extraña al procedimiento en que se tramitan las medidas precautorias.

II. El criterio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentado en sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el que sus integrantes resolvieron por unanimidad de votos el recurso de queja QC. 51/2021.

Enseguida se precisa un resumen del asunto:

a) **********, por conducto de su administrador único **********, ostentándose como tercera extraña a juicio promovió juicio de amparo indirecto contra los proveídos de siete de mayo y dos de julio, ambos de dos mil diecinueve, dictados en el procedimiento de solicitud de providencias precautorias 368/2019 seguido ante el Juez Quincuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, en el que se otorgó a favor de **********, la retención de un bien inmueble y la inscripción preventiva del embargo trabado sobre dicho inmueble, ubicado en la Ciudad de México.

Asimismo, reclamó del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, la ejecución de la referida inscripción registral.

b) La Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México radicó la demanda bajo el número de expediente 100/2021, y la desechó al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al considerar que la quejosa no agotó en contra de los actos reclamados, el recurso de apelación previsto en los artículos 1183, 1339 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio.

c) Inconforme con esa decisión, la quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número de toca QC. 51/2021 y en sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, declaró infundado dicho recurso.

A continuación, se sintetizan las consideraciones sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado, las cuales esencialmente, son las siguientes:

- Que la quejosa estaba vinculada a agotar previo al juicio de amparo el recurso de apelación en contra de las resoluciones reclamadas.

- Que el Código de Comercio establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares (providencias precautorias) cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación de acuerdo con lo previsto en los artículos 1183, 1339 y 1345, fracción IV, que prevén el recurso de apelación contra toda clase de medidas cautelares, incluso como acto prejudicial.

- Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de los parágrafos 36 a 47, 49 y 92, 95 a 97 de la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", establece que el recurso de apelación procede contra la resolución que decreta la retención de bienes, dentro de un procedimiento mercantil de providencias precautorias, de ahí que si la promovente omitió interponer ese recurso ordinario, no observó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo.

- Que la promovente carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en tanto que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, aunado a que en las consideraciones de la ejecutoria de la Primera Sala que transcribió, se sostuvo que el futuro demandado contra quien se decreta la medida cautelar o providencia precautoria, debe interponer el recurso de apelación, previo a la promoción del juicio constitucional, siempre y cuando la sentencia que deba recaer al juicio sea apelable por razón de cuantía.

- Que otra razón para no considerar a la quejosa como tercera extraña, obedece a la naturaleza propia de las medidas precautorias, que al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada".

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes, a fin de generar seguridad jurídica.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los elementos que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis, como se destaca a continuación:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.

2. Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

3. Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

4. Lo anterior puede dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial.

6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que, sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto.

Sirve de sustento, la (sic) de jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 164120, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." Asimismo, es oportuno mencionar que la divergencia de criterios también puede suscitarse en torno al alcance y aplicabilidad que los Tribunales Colegiados de Circuito dan a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 53/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es."(1)

De igual manera cobra aplicación la tesis 2a. CLXXXIV/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE DERIVAR DEL SENTIDO Y ALCANCE QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO LE DEN A UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo no exigen para la configuración de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, que los criterios jurídicos opuestos provengan del análisis de la ley, sino que se trate de opiniones jurídicas contrapuestas, lo que válidamente puede derivar del sentido y alcance antagónico que los órganos colegiados le den a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."(2)

Las consideraciones de la sentencia del juicio de amparo indirecto en revisión y de la sentencia del recurso de queja, que en su parte conducente han quedado sintetizadas en los apartados I y II de este considerando, son suficientes para que este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considere que, en la especie, sí existe contradicción de tesis, pues los tribunales contendientes arribaron a conclusiones distintas sobre un mismo punto jurídico, consistente en determinar si el auto que impone una providencia precautoria, como acto prejudicial al juicio mercantil, obliga al futuro demandado a interponer en su contra el recurso ordinario procedente, o bien, si se ubica en el supuesto de excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo y puede promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el medio ordinario de defensa, por tener este último el carácter de tercero extraño a juicio.

En este sentido, debe advertirse que la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito, se da porque el Décimo Sexto Tribunal Colegiado estableció que la quejosa debió interponer, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la retención de bienes dentro de un procedimiento mercantil de providencias precautorias, seguido en contra de dicha agraviada y otro, como acto prejudicial, pues ese medio de impugnación, de acuerdo con la cuantía del asunto, resultaba procedente para combatir esa medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1183, 1339 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio y la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", pues la futura demandada contra quien se decretó la providencia precautoria, carece de la calidad de tercera extraña a juicio, porque fue vinculada al proceso cautelar por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque en las consideraciones de la ejecutoria que originó dicha jurisprudencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el futuro demandado contra quien se decreta la medida cautelar o providencia precautoria, debe interponer el recurso de apelación; además de que en la jurisprudencia P./J. 21/1998 del Pleno del Más Alto Tribunal del País estableció que las medidas cautelares no constituyen actos privativos, por lo que para su imposición no rige la garantía de previa audiencia.

En tanto que el Sexto Tribunal Colegiado consideró que la quejosa no estaba obligada a interponer el recurso de apelación en contra del auto dictado en las providencias precautorias seguidas en contra de ella y otro, que decretó la retención sobre dinero depositado en cuentas bancarias de dicha agraviada, debido a que operó el supuesto de excepción previsto en el inciso c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se refiere a personas extrañas al procedimiento, pues a la peticionaria de garantías le asistía la calidad de tercera extraña al juicio, porque no se le habían notificado las aludidas providencias precautorias, ni tuvo intervención en ese procedimiento, lo que la colocaba en el caso de excepción previsto en dicho numeral, y la eximía de agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Que si bien los artículos 1336, 1183, 1187 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, establecen que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo (acorde con el monto del negocio); sin embargo, ante la falta de notificación de las medidas, la quejosa era una auténtica tercera extraña a juicio y no estaba obligada a interponer el recurso ordinario.

Que, además, no resultaba aplicable la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), para resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra dicho acto, porque en ésta no se analizó el supuesto de excepción al principio de definitividad, consistente en que la quejosa se encuentra exenta de observar ese principio, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, cuando es tercera extraña al procedimiento donde se tramitan las medidas precautorias.

Deriva de lo anterior que la contradicción de criterios sólo se da en cuanto a un aspecto de dicha jurisprudencia, pues ambos tribunales coinciden en señalar que contra la resolución que decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, procede el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, entre otros; sin embargo, discrepan en un diverso aspecto, como es el relativo a si la persona en contra de la cual se decreta la medida o medidas precautorias en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene o no tiene la obligación de interponer dicho recurso en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues un tribunal sostiene que esa persona sí estaba vinculada a agotar el recurso de apelación en contra de las resoluciones reclamadas, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.

Por tanto, de las posturas jurídicas antagónicas que cada uno de los Tribunales Colegiados sostuvo, surge el siguiente cuestionamiento jurídico:

¿Se debe exigir a la persona "futura demandada" contra quien se decreta una providencia precautoria como acto prejudicial interponer el medio ordinario de defensa que conforme a la cuantía del asunto resulte procedente, o bien, se actualiza una excepción al principio de definitividad porque debe considerársele tercera extraña a las providencias precautorias decretadas en su contra ante la falta de notificación?

QUINTO.—Criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

Este Pleno de Circuito considera que debe prevalecer el criterio que se sostiene en esta resolución, el cual coincide esencialmente con el que expuso el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QC. 51/2021.

Para estar en aptitud de corroborar lo anterior y dar respuesta a la interrogante planteada, resulta indispensable establecer previamente qué se entiende por tercero extraño a juicio, y posteriormente analizar si la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria (futuro demandado), tiene el carácter de tercero extraño en ese procedimiento.

Al respecto, existen dos tipos de tercero extraño: típico o auténtico (en sentido estricto) y por equiparación.

El primero es aquella persona física o jurídica, que no siendo parte material (actor o demandado) del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad que emana de aquel procedimiento.

Por su parte, el segundo es el sujeto que, siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, o bien, qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31191-f670245c/medidas-cautelares-decretadas-en-forma-previa-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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